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El juicio contra Joaquín Guzmán Loera alias el Chapo en la Corte Federal de Nueva York no es el primero de este tipo. Tan solo de 2010 a la fecha una docena de narcotraficantes mexicanos de alto rango han pasado por el sistema de justicia de Estados Unidos: Benjamín Arellano Félix, Osiel Cárdenas Guillén, Manuel Fernández Navarro, los gemelos Flores, Vicente Zambada Niebla, Alfredo Beltrán Leyva.

Hay, sin embargo, una diferencia importante: todos y cada uno de los arriba mencionados se declararon culpables y por lo tanto no tuvieron juicios propiamente dichos, solo audiencias. Todos, además, negociaron la reducción de sus sentencias a cambio de colaborar con la justicia –con la notable excepción de Alfredo Beltrán Leyva, quien acaba de ser sentenciado a cadena perpetua por una corte de Washington D.C–. 

El Chapo en cambio se declaró no culpable, por lo tanto los fiscales que representan al gobierno de Estados Unidos tendrán que exponer, en juicio público y frente a un jurado, pruebas suficientes para demostrar que es responsable de los delitos imputados. ¿Qué tipo de evidencia presentarán? ¿Quiénes serán los testigos?

Joaquín Guzmán Loera enfrenta acusaciones en más de seis estados, incluyendo California, Arizona, Chicago y Texas. En cada una de ellos, su nombre figura junto al de un grupo de presuntos socios o “co-conspiradores”. De hecho, la denuncia que el Chapo enfrenta en Nueva York se titula USA vs. Beltrán Leyva et al., y en ella se imputan los mismos delitos a seis personas como miembros de una misma conspiración: Arturo y Héctor Beltrán Leyva, Ignacio Coronel Villarreal, Joaquín Guzmán Loera, Jesús Zambada García e Ismael Zambada García. El último de la lista, mejor conocido como el Mayo Zambada, es él único de este grupo que no está muerto ni encarcelado.

La denuncia consta de una lista de 14 violaciones a tres leyes, la mayoría relacionadas con el tráfico internacional de cocaína

La denuncia consta de una lista de 14 violaciones a tres leyes, la mayoría relacionadas con el tráfico internacional de cocaína. La acusación principal es Empresa Delictiva Continua (Continuing Criminal Enterprise, CCE en adelante), mejor conocida en Estados Unidos como la Kingpin Law –algo así como la ley de capos–. Esta ley, aprobada en 1988 y ampliada en varias ocasiones, es el instrumento legal más importante en la “guerra contra las drogas” pues permite inculpar a los jefes de las bandas criminales sin necesidad de probar que han participado directamente en la comisión de los delitos. Lo que se tiene que probar es que se trata no de un caso aislado, sino de una operación continua en la que han participado de manera concertada por lo menos cinco personas. La pena mínima son 20 años de cárcel y la confiscación de todos los bienes obtenidos con los beneficios de la empresa ilegal. 

Este delito puede además castigarse con cadena perpetua si se prueba que el acusado era un capo o kingpin, es decir, que ha cumplido funciones de “administración, organización o supervisión” dentro de la organización, y que ésta ha generado un mínimo de 10 millones de dólares en ganancias. Si además se prueba que el acusado estuvo vinculado de manera directa o indirecta a un homicidio, particularmente si se trata del asesinato de un agente de seguridad de Estados Unidos, el juez puede considerar la pena de muerte. Sin embargo, en el caso del Chapo Guzmán, el acuerdo de extradición entre México y Estados Unidos invalida esa posibilidad.

Bajo el apartado de CCE se enumeran una docena de transgresiones particulares: entre 1990 y 1995 se les acusa de haber traficado 84 toneladas de cocaína; solo 10 más que en septiembre de 2004. Todas las operaciones contempladas en esta denuncia habrían ocurrido entre 1990 y 2005, es decir, antes de la escisión de 2008 entre el Cártel de Sinaloa y los hermanos Beltrán Leyva que desató una guerra funesta entre las facciones. Para efectos de este juicio, el cartel de Sinaloa y los Beltrán Leyva son una misma entidad.

El segundo delito imputado refuerza la premisa del primero: conspiracy es el acuerdo entre dos o más personas para actuar de manera conjunta con un objetivo ilegal. Se puede acusar de conspiración a un narcotraficante lo mismo que a un terrorista o un funcionario corrupto. Esta ley atiende a la intención de los acusados, sus planes y estados mentales, no a sus acciones concretas: basta que un solo miembro del grupo haya actuado una sola vez en el sentido de la conspiración para que se pueda imputar este delito. Lo más peculiar de esta ley es que los co-conspiradores no necesitan saber de la existencia de otros miembros de la conspiración para ser declarados culpables.

De acuerdo a la definición de estos delitos --CCE y conspiración-- lo que es ilegal es la membresía a una cierta organización. Ese fue precisamente el sutil cambio en el código penal italiano --el artículo 416 y su agregado bis titulado “asociación de tipo mafioso”-- que permitió sentenciar a cientos de acusados en los llamados maxi-procesos de los años ochenta y noventa por el simple hecho de pertenecer a la mafia.

En el mismo Distrito Este de Nueva York donde hoy se juzga al Chapo, de 1985 a 1987 se llevó a cabo el juicio conocido como Pizza Connection

En el mismo Distrito Este de Nueva York donde hoy se juzga al Chapo, de 1985 a 1987 se llevó a cabo el juicio conocido como Pizza Connection, uno de los más largos y complejos en la historia de Estados Unidos. En él fueron procesados 35 acusados de operar una red de tráfico y distribución de heroína. Entre los sentenciados estaban mafiosos legendarios como Salvatore Toto Catalano, del clan Bonanno de Nueva York, y Gaetano Badalamenti, jefe de la Commissione en Sicilia durante los años setenta.

La Pizza Connection fue uno en la serie de los maxi-procesos: juicios masivos que tuvieron lugar en Italia y Estados Unidos simultáneamente como resultado de la cooperación entre las agencias de investigación y los sistemas de justicia de ambos países. En Palermo, de 1986 a 1992 el juez Giovanni Falcone sentenció a 475 miembros de la Cosa Nostra, lo que le costó la vida. En Nápoles, tan solo en la noche del 17 de junio de 1983, la policía arrestó a 856 acusados de “asociación de tipo mafiosa”; cerca de 1.000 serían sentenciados durante el maxi-proceso a la Camorra.

Estos juicios se sostuvieron casi enteramente con las declaraciones de los pentiti o testigos protegidos. La función principal de estos testigos, sin embargo, no fue denunciar delitos específicos cometidos por los acusados, sino confirmar la existencia de la organización como tal. El don de Tommaso Buscetta, el más famoso de los pentiti, fue la elocuencia y precisión con que describió la estructura organizativa de la Cosa Nostra --incluyendo los rituales de ingreso o la toma de decisiones–. Así logró darle una realidad material que hasta entonces no tenía y desmentir la corriente de pensamiento que sostenía que la mafia no existía como organización, sino solo como una serie de prácticas culturales, como lo sería el compadrazgo. Establecer la diferencia entre deberle un favor a alguien y ser objeto de extorsión, por ejemplo, requirió que se ampliara la definición del delito de racketeering, que cubre tanto fraude como extorsión. En Estados Unidos esto se hizo en gran medida en 1970 por medio de la controvertida ley RICO (Racketeer Influence and Corrupt Organizations).  

La denuncia contra Joaquín Guzmán Loera no incluye extorsión ni ningún otro delito contemplado por la ley RICO. Sin embargo, su culpabilidad por tráfico de cocaína depende de que se pruebe la existencia del Cártel de Sinaloa como organización y que él haya ocupado una posición de mando en ella. Los párrafos introductorios de la denuncia despachan la cuestión rápidamente y sin mucha precisión: “Desde los años noventa, ‘la Federación’, también conocida como ‘el Cártel de Sinaloa’ o ‘la Alianza’, ha existido como organización criminal fundada en un relación de largo plazo entre los principales capos de la droga mexicanos”. Y continúa explicando que aunque se han dado “rencillas internas entre los miembros”, la organización ha actuado históricamente de manera concertada: “compartiendo rutas, resolviendo conflictos territoriales y compartiendo los gastos de la protección política y judicial”.

El preámbulo de la denuncia menciona casi de pasada que “los acusados reclutaron ‘sicarios’ quienes bajo su mando llevaron a cabo cientos de actos violentos, incluyendo asesinatos, secuestros y tortura”. Pero a Joaquín Guzmán no se le está juzgando por la muerte, desaparición y tortura de cientos de mexicanos, sino por “envenenar las calles de Estados Unidos”, frase que aparece con frecuencia en las declaraciones oficiales. Aún así, queda por ver hasta qué punto la evidencia que presenten las partes durante el juicio nos dice algo, aunque sea de manera oblicua, no sobre la cocaína sino sobre la violencia y la protección que el cártel recibió de funcionarios públicos en ambos países.

Esto dependerá en gran medida de la selección de testigos y el modo en que se les interrogue. El juicio del Chapo podría ser, por ejemplo, la primera ocasión en que los gemelos Flores, quienes durante años operaron la principal red para distribuir en varias ciudades de Estados Unidos la cocaína que el Cártel de Sinaloa hacía llegar a Chicago, sean llamados a testificar en público. Hasta ahora todas sus declaraciones han sido presentadas en privado o por escrito. Otro nombre en la lista de posibles testigos es Vicente Zambada Niebla, hijo del Mayo Zambada, socio y compadre del Chapo.

La interrogación de los testigos durante el juicio podría verse afectada por la decisión del Chapo de quedarse con los abogados de oficio que le fueron asignados. Esta decisión sorprendió incluso a los fiscales quienes, en una carta oficial firmada el 27 de enero de 2017, solicitaron a la corte que investigara las finanzas personales del acusado. ¿Es posible que el presunto líder del Cártel de Sinaloa --cuya fortuna fue estimada en 1.000 millones de dólares en 2011-- califique como beneficiario de un servicio legal reservado para aquellos que no pueden pagar un abogado privado? Hasta la fecha, sin embargo, ninguna de las partes ha probado nada respecto a las finanzas personales del acusado.

La interrogación de los testigos durante el juicio podría verse afectada por la decisión del Chapo de quedarse con los abogados de oficio que le fueron asignados

El motivo de la audiencia del pasado 5 de mayo fue explicarle al Chapo que quedarse con los defensores de oficio implicaba renunciar a testimonios que podrían beneficiarle, y darle la oportunidad de cambiar de opinión. La misma corporación de abogados, Federal Defenders of New York, ha representado a otros narcotraficantes en la lista de posibles testigos y por lo tanto, si éstos llegaran a presentarse en la corte, los abogados defensores no podrían interrogarlos. Pero el Chapo no cambió de opinión, dijo: “quiero quedarme con estos abogados porque estoy a gusto con ellos”. Para asegurarse de que el acusado estaba tomando una decisión informada, el juez le tuvo que pedir que le repitiera “en sus propias palabras” lo que se le estaba explicando sobre el costo de su elección. Cosa que el Chapo no logró realmente hacer.

La interacciones entre el juez y el acusado, entorpecidas además por una traducción deficiente, recordaban la relación entre un maestro y un alumno. Joaquín Guzmán se veía empequeñecido y desarticulado en la tribuna, ajeno a todo el ritual judicial. De alguna manera la presencia del acusado no correspondía con el mito del narco de la sierra de Sinaloa que habría dirigido un imperio logístico conectando Colombia con Chicago por todas las rutas y medios de transporte imaginables.

El inicio del juicio propiamente dicho está programado de manera tentativa para abril de 2018, y podría durar varios meses. Mientras tanto, la abogada defensora, Michelle Gelernt, ha introducido dos solicitudes importantes. Pide que se haga público el documento oficial de la extradición y se compruebe que esta fue llevada a cabo conforme a derecho, y también que se relaje la severidad de la situación carcelaria de su cliente. El Chapo está en aislamiento absoluto, no puede recibir visitas, interactuar con otros presos ni hablar directamente con sus abogados. Para revisar el expediente, la abogada se lo tiene que enseñar a través de un vidrio, o por medio de una teleconferencia. En las próximas audiencias se discutirán estas cuestiones y se definirá la lista de testigos.

En este juicio, la sentencia final será seguramente el momento de menor interés; lo importante serán las evidencias que se presenten y los argumentos de las partes. Desde el punto de vista de la guerra en México importa sobre todo que sea un juicio, así tan trivial como suena: un juicio y no una ejecución extrajudicial o un ajuste de cuentas. Un juicio en Estados Unidos, ciertamente, con todas las implicaciones simbólicas y prácticas de ese hecho, pero por lo mismo completamente público. El ritual de la justicia tiene requisitos propios, obliga a pensar en términos ajenos a la lógica militar que ha regido hasta ahora la guerra contra las drogas en América Latina con las consecuencias funestas que conocemos. ¿Es posible pensar en un proceso judicial masivo sobre la violencia mexicana que derive en algún grado de pacificación y desarme? ¿Cómo tendría que ser el aparato técnico y simbólico que pudiera sostener una iniciativa así?