El próximo mes de septiembre termina el plazo para que el gobierno de España cumpla el acuerdo que firmó en 2015 con la Unión Europea, y que le obligaba a reubicar, en el plazo de dos años, a 17.337 refugiados (15.888 desde Grecia e Italia) y a reasentar a 1.449 desde los campos de Turquía, Líbano y Jordania. 

Año y medio después de adquirir este compromiso, solo han llegado algo más de 1.300 personas (7,5%), según datos de CEAR de junio de 2017. 

La situación en el resto de Europa es bastante similar: apenas 20.000 personas han sido reubicadas desde Grecia e Italia, frente al compromiso de casi 100.000. El objetivo de reasentamiento está bastante más cerca de alcanzarse: 16.400 personas de las 22.500 que implicaba el acuerdo.

Con estas cifras, parece complicado que España y la UE cumplan lo acordado. 

Mientras, miles de personas se siguen viendo obligadas a abandonar sus países, sin recursos, con el drama de la guerra o la persecución a sus espaldas. Solo en 2017 más de 1.700 personas han muerto ahogadas en el Mediterráneo intentando alcanzar Europa. 

Muchas de los refugiados y/o inmigrantes abandonan, además, a sus familias con la esperanza de poder reunirse con ellas más adelante. No son casos excepcionales: durante 2016, cerca de 63.300 demandantes de asilo fueron considerados menores no acompañados en la UE. En otros casos, la situación es al revés, con adultos viajando al continente e intentando ampararse en la ley internacional para poder traer a sus familiares.

Sobre este tipo de situaciones alerta el último informe de Oxfam Intermón, El derecho a la unidad familiar en España, en el que la organización advierte de que tanto las políticas migratorias nacionales como europeas están suponiendo importantes barreras para que las personas desplazadas de manera forzosa pueden reunirse con sus familiares en los países donde están refugiados. En 2015, los gobiernos europeos extendieron 78.772 visados por razones familiares. En España, solo 327.

En 2015, los gobiernos europeos extendieron 78.772 visados por razones familiares. En España, solo 327

Según los datos recogidos por Oxfam –facilitados por el Gobierno–, entre 2011 y 2015 solo llegaron a España 1.190 personas mediante la vía legal de la ‘extensión familiar’. Este procedimiento, recogido en la Ley de Asilo, permite que las personas residente en España con protección internacional –bien como refugiados o con protección subsidiaria–, puedan iniciar trámites para traer a sus familiares al país. Otros procedimientos similares a este y a los que se pueden acoger los refugiados son la ‘reagrupación familiar’ y la ‘Directiva Dublín III’. 

Según la ONG, las trabas para que se cumplan estos procedimientos residen en una definición muy rígida del concepto familia – no incluye, por ejemplo, a hermanos mayores de edad ni a otros parientes como los abuelos–. También a la falta de desarrollo reglamentario de la Ley de Asilo, pese a que “han pasado siete años desde que se aprobó  y se dio un periodo de seis meses para hacerlo”. A falta de reglamento, sostiene Oxfam, las embajadas no están obligadas a atender las solicitudes de asilo y la aplicación de la reunificación familiar se lleva a cabo dentro del régimen de extranjería como marco supletorio. 

Oxfam también señala los problemas que ocasiona la escasa agilidad de los procedimientos administrativos, así como una falta alarmante de información cualitativa: el último informe oficial de la Oficina de Asilo y Refugio es de 2015, y los datos que ofrece no dan información desagregada que permita valorar la aplicación de los procedimientos de reagrupación familiar y la Directiva Dublín III. 

En lo referente al procedimiento de las extensiones familiares, aquellas que se tramitaron a través de las embajadas y que, según Ofxam, son “la única que se considera una vía segura y legal” solo alcanzaron el 4% de las solicitudes entre 2011 y 2015. En el año 2015, el porcentaje era aún menor (2,1%). El resto, llegaron a través de pasos fronterizos, CIE y el territorio nacional. Estos son los casos de aquellas personas que se ven obligadas a usar rutas alternativas, muchas de ellas mortales, para alcanzar los países de destino y poder tramitar las solicitudes ahí mismo . 

La gran mayoría de los desplazados sobreviven en países en desarrollo

En España, y Europa se concentran unos porcentajes muy pequeños del total de  desplazados forzosos que hay en el mundo. En su reciente informe Tendencias globales. Desplazamiento forzado en 2016, la Agencia de la ONU para los refugiados (Acnur) señala que a finales del año pasado había más de 65,5 millones de personas que se vieron obligadas a huir de sus hogares, la mitad de ellas, menores de 18 años. Esta cifra supone un aumento de 300.000 respecto al año anterior. 

La gran mayoría de ellas siguen concentrándose en países en desarrollo –nueve de los 10 que más acogen tienen está consideración–, con Turquía, Pakistán Líbano, Irán y Uganda a la cabeza. 

Acnur señala que a finales de 2016 había más de 65,5 millones de personas que se vieron obligadas a huir de sus hogares, la mitad de ellas, menores de 18 años

De los 65,5 millones, la gran mayoría son refugiados internos, aquellos que permanecen en sus países de origen, 40,3 millones; algo menos de un tercio son refugiados,  22,5 millones; y 2,8 millones son solicitantes de asilo. En este caso, quienes más solicitudes recibieron en 2016 sí  fueron países desarrollados: Alemania (en su mayoría de origen sirio), Estados Unidos (donde algo más de la mitad provienen de América del Sur), o Italia (con origen en África Subsahariana). Turquía, que recibió sobre todo solicitudes de Irak y Afganistán, aparece en cuarto lugar. 

El informe de ACNUR recoge asimismo que más de medio millón de refugiados regresaron a sus países en 2016, muchos de ellos “en condiciones que distan de ser las ideales”.  Una descripción extremadamente ‘diplomática’ si tenemos en cuenta que Afganistán es el país con mayor número de retornados. Es también el segundo país con mayor número de refugiados, y el segundo en presión y número de muertes por terrorismo. 

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Espacio de información realizado con la colaboración del Observatorio Social de “la Caixa”.