El Museo National Trust del Reino Unido, el proyecto Románico Atlántico y Románico Norte, el Open Museum de Glasgow, la Librería Central de Helsinki o la comunidad La Paranza de Nápoles son algunos de los ejemplos más emblemáticos europeos que están abriendo la gestión y la gobernanza de entidades culturales a la participación de los ciudadanos.

Desde hace ya algunos años el concepto de participación en las artes y la cultura es más relevante que nunca. La idea de que la ciudadanía debe participar, no solo en actividades culturales, sino también en la propia gestión de la cultura y del patrimonio cultural, y que ello debería reportar una serie de beneficios parece ser una consecuencia de la creciente demanda por parte de la sociedad de establecer democracias más abiertas.

si el público y los profesionales están implicados en la gestión de los recursos culturales, se puede generar un mayor sentido de propiedad colectiva en la comunidad, promover su bienestar y facilitar la sostenibilidad 

El propio Parlamento Europeo instaba en junio de 2015 a que los Estados miembros velaran  por “la elaboración de instrumentos jurídicos que permitan modelos de financiación y administración alternativos, como la participación de las comunidades, la sociedad civil y las asociaciones público-privadas, con vistas a implementar acciones relativas al patrimonio cultural (conservación, restauración, preservación y promoción”. Además pedía a la Comisión y a los países de la UE que pusieran en marcha un diálogo a escala europea entre los responsables de las políticas en todos los niveles de gobernanza, junto con las industrias culturales y creativas, las redes de agentes turísticos, las asociaciones entre agentes públicos y privados y las organizaciones no gubernamentales.

Por un lado, la tendencia a democratizar las organizaciones del patrimonio ha tenido como consecuencia que éstas resulten accesibles a públicos más amplios y ha provocado un mayor interés por parte de los ciudadanos en participar en la vida cultural de manera más comprometida.

Ahora bien, el término participación en un concepto muy amplio que puede englobar distintas prácticas. En el ámbito cultural Nina Simon, autora del libro The participatory Museum, establece cuatro categorías:

-- Proyectos contributivos: se solicita a los visitantes que aporten objetos concretos y limitados y acciones e ideas a un proceso controlado institucionalmente.

-- Proyectos colaborativos: se invita a los visitantes a actuar como socios activos en la creación de proyectos institucionales impulsados por una institución y fundamentalmente controlados por esta.

-- Proyectos co-creativos: los miembros de una comunidad trabajan desde el principio con el personal institucional en la definición de los objetivos del proyecto y la generación del programa o exposición conforme a los intereses de dicha comunidad.

-- Proyectos alojados: la institución cede una parte de sus instalaciones y/o recursos para presentar programas desarrollados y ejecutados por el público.

Según esta autora la participación no es un fin en sí mismo, sino una estrategia. El objetivo debe ser cumplir las expectativas de los visitantes por una implicación activa y hacerlo de manera que proyecte adelante la misión y los valores de la institución.

Pero si bien es cierto que las prácticas participativas responden al deseo de democratizar la cultura y ampliar el acceso a los recursos culturales, Margherita Sani, del Istituto per i Beni Artistici, Culturali e Naturali de la Región Emilia-Romaña (Italia) advierte de que estas son también fruto de la reducción de la financiación pública y de los servicios y apoyo prestados al patrimonio cultural, lo cual obliga a incrementar la participación de la población en su conservación y mantenimiento.

La gobernanza participativa

Un paso más avanzado para lograr una mayor implicación de la ciudadanía es caminar hacia la gobernanza participativa. Esta se entiende como la colaboración entre la administración local y los ciudadanos, que permita a estos participar en la vida cultural y en las políticas culturales participativas o deliberativas.

No es fácil encontrar casos de gobernanza participativa aunque diversos estudios citan como ejemplo el plan de remodelación del St Fagan’s Open Air Museum de Gales, donde el órgano rector consultó a más de 120 organizaciones nacionales y regionales de base comunitaria para recabar ideas sobre cómo representar la identidad galesa en el nuevo museo y coproducir programas orientados a satisfacer las necesidades comunitarias identificadas por la propia comunidad.

Margherita Sani, en su artículo La gobernanza participativa del patrimonio cultural destaca el caso del Teatro Sociale di Gualtieri, en una pequeña ciudad italiana, donde un grupo de jóvenes se propusieron recuperar y restaurar, en un principio de forma totalmente autofinanciada, un edificio abandonado que en su día había albergado un teatro. El resultado fue que lo volvieron a abrir y le infundieron nueva vida, por lo que la Administración pública a la que el edificio pertenece se vio prácticamente obligada a formar parte de la iniciativa y acabó financiando una parte del proyecto años después de que este comenzara. Sani considera que las experiencias de gobernanza participativa más fructíferas suelen proceder de proyectos que surgieron como una iniciativa de carácter local y que solo posteriormente se vincularon a una institución.

Según los expertos en gestión cultural, los beneficios que se obtienen al integrar enfoques participativos en la gestión de las organizaciones de patrimonio cultural son evidentes porque si el público y los profesionales están implicados en la gestión de los recursos culturales, históricos y naturales, se puede generar un mayor sentido de propiedad colectiva en la comunidad, promover su bienestar y calidad de vida y facilitar la sostenibilidad de las organizaciones culturales que intervienen a largo plazo.

Pero para conseguirlo es necesario realizar ajustes en la estructura de gobernanza y cambiar la cultura organizacional de las instituciones, que deben estar dispuestas a renunciar a una parte de su autoridad y poder. Hay que construir nuevos marcos jurídicos y mecanismos políticos para lograr una gobernanza compartida, transparencia e información, además de educación y formación para todas las personas implicadas: políticos, gestores y comunidades.

Sani anticipa que los profesionales del patrimonio cultural deben adquirir competencias que les permitan actuar como facilitadores e intermediarios en los procesos participativos. En su opinión, el reto principal reto es reflejar las necesidades e ideas de las personas involucradas, empoderándolas y ayudándolas a construir comunidades más fuertes.

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Este artículo se ha elaborado partiendo del texto La gobernanza participativa en el patrimonio cultural publicado por Margherita Sani, del Instituto de Bienes Artísticos, Culturales y Naturales de Emilia-Romana, en el Observatorio Social de La Caixa