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“Una cosa es la ilegalidad, que se tendría que probar en un tribunal, pero que haya un conflicto de interés… Eso no requiere un doctorado. El mismo tipo que fue presidente de un banco, el Santander, que creció durante cierta época, luego es el presidente del Banco Nacional de Puerto Rico en el momento en el que se aplican las medidas de austeridad más ridículas”. 

Estas frases son de Xiomara Caro, abogada y directora de nuevos proyectos en Center For Popular Democracy, una ONG estadounidense para la transformación política y la construcción de poder popular. Caro habla sobre la salvaje crisis que lleva asolando el país caribeño varios años en una pequeña plaza de Madrid. Su relato es pausado, distendido. La deuda que acabó llevando a la ruina a Puerto Rico, ‘Estado libre asociado’ de EE.UU, es una crisis interpuesta, asegura, “ficticia y para beneficio de unos pocos”.

Su narración toma fuerza cuando proyecta la actividad del banco español al marco de la historia colonial de este país del tamaño de Cantabria y población un poco mayor que la de Madrid capital, 3,4 millones de habitantes: “Esto no es una crisis, es una colonia. Tú no tienes control sobre tu economía, el imperio jala, cambia las cosas, y tú tienes un boquete bien grande. Localmente, desde nuestro gobierno, se pintó como una crisis, se dijo que había que recortar servicios públicos, pero…”. 

El motivo de la visita de la abogada a Madrid a mediados de junio era denunciar las prácticas del banco liderado por Ana Patricia Botín en el archipiélago caribeño. Varias organizaciones internacionales de Estados Unidos, Puerto Rico, Brasil y España presentaron en el Congreso de los Diputados el ‘Día internacional de denuncia de las prácticas del Santander’, una suerte de llamamiento y denuncia colectiva contra las actividades del banco en distintas partes del mundo.

––¿Cuál es el beneficio que ha obtenido el Santander de la emisión de bonos para deuda en Puerto Rico?

––En números generales, la deuda oficial de Puerto Rico es de 71.000 millones de dólares. Pero hay otras partes de la deuda que no se está contando ahí –unos 60.000 millones adicionales–. En cualquier caso, del informe de los compañeros del Centro de Comunicación Estudiantil de la Universidad de Puerto Rico se puede deducir que 61.000 de los 71.000 millones fueron emitidos por el Santander. Eso significa enormes comisiones y ganancias en el momento de hacer la transacción.

Según el estudio de los universitarios puertorriqueños, la participación del Santander en emisión de deuda y posterior quiebra de Puerto Rico tiene nombre y apellidos: Carlos García –al que Xiomara Caro se refiere como el ‘Rodrigo Rato de Puerto Rico’–. Este banquero pasó de ser director del Banco Santander a dirigir el Banco Gubernamental de Fomento (el banco central del país) en el momento en el que se formalizaba el plan de reestructuración de deuda. No se trató de un proceso gradual y sibilino: los traspasos de poder y las decisiones sustanciales se tomaron en unos pocos días, tras el acceso del conservador Luis Fortuño al Gobierno (2009-2012).

García también se ha movido durante años, con un alto grado de responsabilidad, por muchas de las estructuras y comités públicos e institucionales –troika incluida– del país, artífices de las durísimas medidas de austeridad que han asolado Puerto Rico en los últimos años. En 2015, el 46% de las personas y el 43% de las familias se encontraban bajo el nivel de la pobreza, según el Instituto de Estadística del país. 

Carlos García pasó de ser director del Banco Santander a dirigir el Banco Gubernamental de Fomento en el momento en el que se formalizaba el plan de reestructuración de deuda

Carlos García, graduado por la Universidad de Pensilvania a principios de los años 90, comenzó su carrera profesional en el Credit Suisse de Boston como analista financiero. Tras la absorción de la firma de inversión por el Banco Popular de Puerto Rico, García ocupó desde 1995 el cargo de Vicepresidente de Banca de Inversión de la entidad. Dos años después accede a la rama financiera del Santander –Santander Securities–, en la que ocupará distintos puestos de importancia hasta 2005. Entre 2004 y 2008 actúa como vicepresidente ejecutivo de Santander Bancorp, pasando durante un corto periodo de tiempo por la presidencia del banco antes de su acceso al cargo público puertorriqueño en 2009. En 2013 regresa al grupo Banco Santander. 

Siendo los principales actores del drama, el Santander y su personalización en la figura de Carlos García no son los únicos protagonistas: tienen importancia otros bancos compradores de deuda, como el Popular de Puerto Rico (nada que ver con el homónimo español) o el conglomerado suizo UBS; también José Ramón González, banquero y mentor de García; así como distintos gobernantes y personalidades adscritas a las idas y venidas entre instituciones públicas y bancarias. 

“Ahora mismo, estamos estudiando y dando a conocer el rol del Santander porque es el banco que está detrás de Junta de Control Fiscal –la troika puertorriqueña–, al tener a Carlos García y a su mentor José Ramón González decidiendo qué se va a hacer en el país. Por no hablar de toda la gente del Santander que empezó a trabajar en el Banco Gubernamental de Fomento”, explica Caro.

Tras terminar sus estudios en Yale y Harvard, José Ramón González comenzó a ejercer como abogado a principios de los años 80. En poco tiempo, accede a la vicepresidencia de Banca de inversión en Credit Suisse First Boston, puesto que abandona en 1986 para presidir el Banco Gubernamental de Fomento (BGF) de Puerto Rico. Acabado su mandato, vuelve a la entidad financiera de Boston, desde donde ficha a Carlos García en 1993. Tras un breve periodo como Vicepresidente de la MOVA Pharmaceuticals, en 1996 se convierte en presidente de Santander Securities, para el que vuelve a reclutar a Carlos García. Hasta 2008, González ocupó los puestos más importantes en la filial del primer banco español. 

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Xiomara Caro ha pasado muchos años del lado del activismo: movimientos estudiantiles, organizaciones de base… Quizá por eso su relato es sistémico, estructural, histórico. Insiste en que lo del Santander es solo una piedra más –grande: el banco se ha hecho con el 89% de los bonos de deuda que Puerto Rico emitió desde 2009– en la larguísima crónica colonial de más de 500 años: “Es la cosa más obvia, y la más complicada. Carajo, no tenemos soberanía, cómo vamos a tomar decisiones económicas, cómo vamos a salir de la crisis si no tenemos derecho a decidir…”, exclama.

Según esta abogada de 33 años, la bancarrota de Puerto Rico solo tiene explicación si se observa con perspectiva la ausencia de soberanía y la dominación, presentes en el país a lo largo del tiempo con distintas formas y colores. “Aquí el colonialismo es igual a paraíso fiscal. Cómo se ve, ese paraíso va variando en función de cómo se reorganiza el capital”.

Tras la caída de las colonias españolas en 1898, el gobernador del archipiélago fue elegido durante 50 años por designio directo del presidente de Estados Unidos. Fue un tiempo, recuerda Xiomara Caro, de persecución política de la izquierda y tortura a líderes nacionalistas: “Había un departamento completo de la CIA que tenía carpetas sobre los progresistas del país. Esto es importante para entender cómo se ha dado la lucha en Puerto Rico”. En 1952, y tras un proceso constituyente, Puerto Rico se convirtió en Estado Libre Asociado: “Así de irónico, porque no es Estado, ni es libre, pero es asociado… Incluso la Constitución fue enmendada en el Congreso de EE.UU”.

En ese momento, continúa Caro, las bases del expolio quedaron asentadas: “El Congreso estadounidense legisla la política económica de Puerto Rico, generalmente influenciado por un sector empresarial que está haciendo lobby. Este sector, controlado por capital norteamericano, busca lugares donde obtener beneficios y exenciones. Y Puerto Rico es un lugar perfecto para crear estas situaciones fiscales sin ningún tipo de responsabilidad, ya que los puertorriqueños no pueden votar al presidente estadounidense ni tienen representación en el Congreso”. 

Los privilegios se renuevan de forma cíclica, independientemente de los protagonistas: “Ha habido exenciones fiscales de muchos tipos en distintos momentos. La última época de oro fue la de la industria farmacéutica. A ese tipo de empresas se les daban varios tipos de exenciones, y ni siquiera tenían que pagar impuestos. Su única obligación era que el dinero debía permanecer dos años en la banca local”. Esto, asegura la abogada, generó un sector de banca comercial enorme, con cerca de 25 bancos que no existían antes. Y con ellos, una apariencia de bienestar: “Para esas compañías que venían a instalarse necesitas infraestructuras –aguas, carreteras, luz–. Pero como eres tú el que paga las infraestructuras de un sector económico que no paga impuestos, pues el país se endeuda… Lo endeudan”.

En 1996, sin embargo, se anunció el fin de esta situación ‘excepcional’ en Puerto Rico. El anuncio, pese a todo, fue prudente: aún restaban 10 años para que terminara esa política económica. Según Caro, el fin de esta era no responde a un ajuste democrático o una mejora sustancial en términos de justicia social, sino a las dinámicas globalizadoras: la industria farmacéutica ya no necesitaba estar en Puerto Rico, al que aportaba un capital “cíclico y temporero”, porque se podía ir a otro lugar aún más beneficioso.

Conocida por el número 9:36 –la sección del código de rentas internas que permitía a las compañías asentarse en Puerto Rico–, la época de las farmacéuticas acaba en los albores de las crisis financiera mundial. Por esas fechas, en 2006, el país ya tiene problemas para conseguir préstamos con los que pagar una deuda que siempre fue alta. El déficit, según Caro, fluctuó constantemente con los intereses del gobierno de turno, los lobbies y otros sectores, beneficiarios de una legislación muy laxa en materia contributiva. Es precisamente este aspecto, la impagable deuda que arrastra el país, la que protagoniza los acontecimientos a partir de 2008. 

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Saqib Bhatti es el director del ReFund America Project –plataforma con sede en Chicago que estudia el impacto de la crisis financiera en la población– y miembro del Instituto Roosevelt. También acudió a Madrid en junio para participar en las jornadas sobre el Santander. Bhatti acompaña a Xiomara Caro en la conversación con CTXT y refuerza la idea de la abogada sobre el papel decisivo del banco español en la impagable deuda de Puerto Rico, sobre su gestión y aprovechamiento.

En 2008 la deuda per cápita del país caribeño era tres veces mayor que la del siguiente estado norteamericano más entrampado, Connecticut

En 2008, recuerda, la deuda per cápita del país caribeño era tres veces mayor que la del siguiente estado norteamericano más entrampado, Connecticut. El poder financiero no podía dejar escapar la oportunidad: “Cuando llega el crash económico, los bancos básicamente se aprovechan y toman ventaja de esta situación. En el caso de Puerto Rico, el objetivo es hacerse con más y más deuda y conseguir lograr beneficio. Pero sabían que era insostenible. Sabían que el país no podía pagar esa cantidad”.

En principio, se suponía que la emisión de nuevos bonos –algunos refinanciados hasta a 30 años– estaría destinada a proyectos materiales: carreteras, escuelas… “Se usa la deuda a largo plazo para hacer proyectos a largo plazo”, apunta Bhatti. “El problema es que, como en Puerto Rico ya no entraba dinero, los gobernantes comienzan a usar esa deuda para tapar brechas en el corto plazo, y continúan trasladando los pagos al futuro”.

Ante la falta de liquidez, este proceso se repite de forma cíclica año tras año, manteniendo los pagos para el futuro con intereses crecientes. Según el investigador, han llegado a encontrar bonos emitidos en los años 80, refinanciados una y otra vez.

El 4 de noviembre de 2008, el republicano y neoliberal –así lo define Xiomara Caro– Luis Fortuño gana las elecciones a gobernador de Puerto Rico. Solo unos días después hace pública su intención de nombrar a Carlos García –que en ese momento lidera la filial del Santander– director del BGF, y constituye un Consejo Asesor de Reconstrucción Económica y Fiscal –el CAREF–, que a finales de año emite un informe con recomendaciones sobre la situación del país: “Básicamente, aconseja tomar más dinero prestado para pagar la deuda vieja, el despido de funcionarios y el cierre de industrias”, dice Xiomara Caro.  

El documento permanece secreto mientras concluye el periodo de transición gubernamental y se nombran los puestos clave. Según la investigación de los estudiantes puertorriqueños, el 23 de diciembre de 2008 se cierra una negociación en el BGF para emitir cerca de 1.200 millones de dólares de deuda nueva. En ella participan las élites del país, independientemente de su situación y del posible conflicto de interés: “Ahí están el gobernador entrante –Fortuño– y el gobernador saliente; el presidente del Banco Nacional entrante, Carlos García –que todavía no está sentando como cargo público, sino como presidente del Santander–, y Banco Popular y UBS. Las tres entidades terminan firmando”, señala Xiomara.

A partir de 2009, ya con Carlos García como presidente del BGF, el Santander, la UBS y el Popular participarán en seis emisiones de bonos consecutivas: “Nosotros nos preguntamos: ¿Para qué el dinero? Si tomas 1.200 millones de dólares en tiempos de crisis, ¿no será para mantener los servicios sociales? No, es para pagar deuda vieja con préstamos que empiezan a llegar con intereses. Algunos de ellos acumulan, hoy en día, un 800% de interés”, asegura Caro.

Toda esta emisión de deuda y la posterior se trazó a través de una estructura pública conocida como COFINA. Creada en 2006 –justo al final de la era de las farmacéuticas–, esta corporación adscrita al Banco Gubernamental de Fomento de Puerto Rico tenía como principal función la emisión de bonos para refinanciar el déficit. Será, en resumen, el mecanismo facilitador para el gigantesco endeudamiento del país: en 2009, y con todos los actores ya en juego, COFINA llevará a cabo la emisión de bonos más grande de la historia de Puerto Rico –más de 5.500 millones de dólares, según la investigación de los estudiantes–. 

Techo de deuda

Antes del surgimiento de COFINA, apunta Bhatti, existía una norma constitucional que establecía un techo de deuda. Con ese límite, no había posibilidad de gastar todo el dinero en refinanciación del déficit. Esto permitía, por ejemplo, mantener los servicios públicos. “Cuando decimos que la estructura COFINA es inconstitucional, es porque viola el límite de deuda. Ellos [el gobierno] crearon una estructura para quebrantar la ley, ignorando la Constitución”. 

Según Xiomara Caro, COFINA –“una especie de cuenta ficticia, que tiene buen crédito porque no existe”– pretendía ser consolidada a través de un impuesto de venta del 12,7%: “A esta estructura se le dan préstamos con intereses muy altos, y la promesa de repago es el impuesto que yo voy a pagar sobre el café a 40 años”.

––¿Y qué ocurrió con eso? ¿No hubo investigación, nadie lo denunció, la oposición…? 

––Lo cierto es que, de momento, nadie ha logrado un caso exitoso sobre el tema COFINA. En Puerto Rico hay un sistema bipartidista --responde Caro. Unos son capaces de poner a Carlos García a dirigir el Banco Gubernamental de Fomento. Los otros defienden el statu quo. La realidad es que los movimientos de oposición son en su gran mayoría asociaciones sociales, el estudiantado. Pero la vía hasta ahora no ha sido la legal. Entre los abogados dudamos de que realmente tengamos un caso… En Puerto Rico no existe un mecanismo por el que el contribuyente tiene derecho a reclamar ante los tribunales. Realmente, la única vía sería que el gobierno se demande a sí mismo…”. 

Según la letrada, el Gobierno no estaba capacitado para resolver el problema: “A los pocos días de que Fortuño asumiese el cargo de gobernador, éste anunció su sorpresa ante la falta de liquidez y la necesidad de hacer ajustes. ¡Todo eso lo dice cuando acababa de pedir un préstamo!”. La restructuración y los recortes llegaron a través de la Ley 7 de 2010, que facilitaba “el despido de 30.000 empleados públicos, el cierre de agencias, el recorte de presupuestos…”  y que provocará masivas protestas estudiantiles. 

La Ley 7 creó también una Junta de Reconstrucción y Estabilización Fiscal –una suerte de escalación del anterior consejo, el CAREF– que estará presidida por, ni más ni menos, Carlos García. Esta junta tendrá la responsabilidad de aplicar las medidas de austeridad y manejar el déficit del país.

durante sus 29 meses como banquero central, García autorizó la emisión de deuda por valor de cerca de 20.000 millones de dólares

Cuando García abandona en 2011 sus distintos cargos públicos, regresa al Banco Santander, llenando de sentido la expresión ‘puerta giratoria’. Según el informe de los estudiantes, durante sus 29 meses como banquero gubernamental, García autorizó la emisión de deuda por valor de cerca de 20.000 millones de dólares, todos suscritos por el trío Santander, UBS y Banco Popular. La emisión generó 230 millones en ganancias limpias a esas entidades.

––¿Y qué actitud tomó Estados Unidos ante esta situación ¿La legitimó, tenía peso en las decisiones, se mostró distante…? 

––Depende de a lo que te refieras cuando dices Estados Unidos. El Gobierno de Puerto Rico tuvo distintos grupos de asesoramiento político durante ese periodo. Existe un documento, el Krueger Report [Caro se refiere al documento de 2015 Puerto Rico – A Way Forward], que recomendaba bajar el salario mínimo por debajo del de EE.UU. Ese documento acabó incluido en la Ley Federal [Ley 7]… Cuando miras quién era la autora, Anne Krueger, resulta que era economista del FMI... El Gobierno de Estados Unidos discute a Puerto Rico cuando le conviene económicamente o cuando no tiene otra opción, pero es un tema del que no se habla en el Congreso”.

El relato del hundimiento va acercándose al presente

La crisis y la acumulación impagable de deuda llevan a que, en 2014, se apruebe en el archipiélago la Ley 71 de quiebra criolla. Pero la norma, que permitía declarar la bancarrota de Puerto Rico, es anulada primero el Tribunal Federal y después por el Tribunal Supremo de Estados Unidos: “Puerto Rico no puede ir a la quiebra porque no es un Estado y tampoco es un país. De esa forma, se cuenta que no hay otra vía que la intervención federal”, explica Caro. “Por eso sabemos bien que la forma de trabajar este tema es hablar de colonización y de soberanía”.

Comienza entonces, según Xiomara, un proceso de negociación, pero también de cabildeo y presión, en el Congreso de Estados Unidos. “¿Y quién va a decir, poco tiempo después, que tiene una propuesta?”, se pregunta la abogada. “¡Carlos García!”, responde. En febrero de 2016, dice en el Comité de Recursos Naturales del Congreso: ‘Ustedes deben crear una Junta de Control Fiscal que tenga más poderes de los que yo tuve cuando presidía la Junta de Reestructuración Fiscal bajo La ley 7’. Entre líneas, García insinúa que hay que superar los problemas que tuvo cuando le tocó bregar con la democracia”.

Se aprueba entonces en el Congreso de Estados Unidos, a mediados de 2016, una ley Federal llamada PROMESA, cuyo objetivo es la reestructuración de la deuda y que Puerto Rico pueda volver a los mercados. Con ella se crea también la Junta de Control Fiscal recomendada por García. “Seis de los siete primeros miembros de la Junta son hombres, blancos, y abogados de la banca. Dos de ellos son, ni más ni menos, José Ramón González y Carlos García. Es decir, el mentor y el mentín”, apunta Xiomara.

“Ahora volvemos a tener a Carlos García, que en cualquier otro país ya estaría investigado civilmente por fraude y conflicto de intereses, en la Junta –la troika– que viene a pagar la deuda, sin auditoría, sin investigación…. Nosotros decimos que es la deuda es ilegítima –e ilegal, en muchos casos– y que tendría que investigarse y auditarse”. 

En abril de 2016, el demócrata Ricardo Roselló, que ganará las elecciones unos meses después y será nuevo gobernador de Puerto Rico a finales de año, propone eliminar el BGF y sustituirlo por una autoridad que gestione la deuda. Una propuesta similar a la que había lanzado Carlos García, el cual, según la investigación de los estudiantes, había aportado donaciones a la campaña del político en marzo de ese año.

Así llegamos a 2017. A principios del pasado mes de mayo, Puerto Rico solicitó acogerse a la quiebra a través del capítulo III de la Ley PROMESA. El mecanismo, trazado a través de la Junta de Control Fiscal, es un híbrido de la Ley de Quiebra de EE.UU, y permite medidas discrecionales como la congelación de las demandas de los acreedores.  Mantiene, sin embargo, la falta de competencia del archipiélago en esta materia –todavía sin capacidad para declararse en bancarrota– y perpetúa la falta de soberanía. 

––¿Y cuál ha sido el impacto de todos estos años de crisis sobre la población puertorriqueña? 

––Cerca del 10% de la población se ha ido en los últimos 10 años. El año pasado, más de 5.000 propiedades fueron reposeídas –desahuciadas–. En 2008 eran más o menos 2.500, por lo que la cifra se ha duplicado.

Los servicios sociales, apunta Xiomara Caro, también han sufrido las consecuencias del programa austeridad + deuda: cierre de escuelas en los últimos años, agencias gubernamentales a las que se redujo el presupuesto... La troika que lidera el país –bajo la fórmula de Junta de Control– ha creado, entre tanto, un plan que incluye una serie de nuevos recortes e impuestos. De esas medidas, una de las más importantes ha sido poner en marcha un tijeretazo a la universidad de Puerto Rico de más de 400 millones de dólares –el equivalente al 52% de su fondo general–. “Más que un ataque presupuestario, es un ataque ideológico”, asegura la activista.

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El discurso dominante, comenta Caro, era que la Junta llegaba, ni más ni menos, para enjuiciar a los políticos: “¿De qué están hablando? Esta gente son los políticos. Estos tipos fueron gobernantes y asesores y no tiene ningún tipo de interés por ti, y tampoco por que Puerto Rico sea un país”.

El discurso dominante, comenta la abogada, era que la Junta llegaba, ni más ni menos, para enjuiciar a los políticos

Para la abogada es fundamental que los movimientos sociales ayudan a transformar estas narrativas: “Hay una concepción de que Puerto Rico es un país con pocos recursos, donde la gente está acostumbrada a ser perseguida por los bancos. Por lo general, la gente piensa: ‘¿Deuda?; se paga. Van a venir a tu casa, no hay forma de evitarla’. Por eso es importante insistir en la idea de que yo no tengo que pagar ninguna deuda que no es mía”. 

Caro señala las dificultades que sufre un país tan pequeño a la hora de luchar contra los poderes transnacionales: “Cuando uno empieza a mirar la puerta giratoria que hay entre la banca, los políticos, el control sobre los partidos, los intereses… en un país que tiene 500 años de historia de colonialismo… En Puerto Rico no hay 40 think tanks. Hay solo uno, económico. Y solo hay un centro de periodismo de investigación, que ha empezado a exigir transparencia y a demandar documentos públicos para analizar las distintas emisiones de bonos”.

Quizá por ello, insiste, una vez más, a la hora de enmarcar el problema en un contexto más amplio que supere las barreras de su país: “Para mí, todo esto al final es una agenda de gentrificación y un avance del próximo capítulo económico. ¿Se acabaron las farmacéuticas? Pues vamos a ver cuál es el próximo modelo económico colonial que se puede poner en marcha. Ahora una de las partes dominantes de Wall Street son los fondos buitre; necesitan un lugar donde vivir sin pagar contribuciones”. 

La resistencia, asegura Caro, debe organizarse de la misma forma: “En el momento en el que empezamos a conectar con otros lugares nos damos cuenta de que Santander tiene, por ejemplo, prácticas discriminatorias en Estados Unidos, como darle préstamos a gente negra con intereses más altos”. “Cuanto más investigamos y conocemos, más nos damos cuenta de que esta lucha es internacional, no es de un país. Hay entidades responsables de las crisis”. 

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En 2012, y paralelamente a la restructuración de la deuda y las medidas de austeridad, la aprobación de dos decretos –ley 20 y 22–  abrió un nuevo episodio en las laxas exigencias tributarias del país. Las nuevas normas, orientadas a los incentivos y las exenciones contributivas, permiten, según Xiomara, que “los millonarios se muden al país con unos requisitos ridículamente bajos en términos de desarrollo económico, y sin pagar impuestos”. De hecho, la propia web del banco Popular de Puerto Rico dedica un espacio especial a esta legislación para explicar por qué el país es el “lugar ideal para hacer negocios”.

Estos beneficios impositivos, sin embargo, no tocan a todos: “Esto también es algo de clase. O es Puerto Rico para nosotros o es Puerto Rico para los turistas de lujo. Es parte de nuestro trabajo decirle a la gente que si no nos organizamos y detenemos esto, van a reestructurar y poner la fichas para el próximo capítulo en una agenda que ya tienen cuadrada y que no nos incluye a nosotros”.