España cuenta con una modalidad de distribución público-privada inadecuada en el gasto en I+D. En ese marco, el Estado además mantiene una inversión media inferior a la de sus socios europeos. Pese a que en las últimas décadas se ha producido un proceso de convergencia económica con la UE, en este ámbito ha sido menor. En 2015, España invirtió un 1,22% de su PIB en I+D, mientras que la media en la Unión Europea fue del 2,02%. Esta diferencia ha pasado de un 0,44% en 2008 a un 0,73% en 2015.

Esta baja inversión se repite también en el sector privado, con lo que se desatiende los compromisos del gobierno y de la UE. Según estos, además de aumentar las inversiones generales en I+D (al 3% en la UE y al 2% en España), se debe hacer más evidente la financiación por parte de las empresas.

En 2015 el sector empresarial español invirtió el equivalente al 0,57% del PIB en I+D (algo más de 6.000 millones. La media en la UE estaba en 1,07% (unos 11.500 millones). Las empresas españolas deberían invertir casi el doble para llegar a las cifras europeas, y casi el triple para alcanzar los valores medios de la OCDE.

¿Por qué las empresas españolas invierten tan poco en I+D?

El factor principal se encuentra en el mayor predominio de la pequeña y mediana empresa (PYME) y de las microempresas, combinado con la menor contribución de las grandes empresas. Otras causas tienen que ver con el modelo productivo y la especialización sectorial de la economía española, en los que no predominan aquellos sectores  industriales, de alta tecnología o sectores emergentes (TIC, biotecnología, nanotecnología, etc.) con una mayor inversión en investigación y desarrollo.

Hay que añadir además otros elementos como un nivel insuficiente de cualificación de los directivos, una cultura innovadora limitada o el temor al riesgo empresarial.

La financiación pública representó el 45,2% del gasto en I+D. La diferencia con la media de la UE es menor que en el caso del sector empresarial, aunque se ha ido incrementando desde el inicio de la crisis. Así, en 2008 se situaba en un valor próximo a la media de la UE. En 2014 el sector gubernamental financió, sin embargo, la I+D por un valor del 0,51% del PIB, frente al 0,64% de la media europea.

Los presupuestos públicos para I+D en España se encuentran así entre los más volátiles. España es, junto con Eslovenia, el país de la UE que más los ha reducido. Algo que no ocurre en Portugal, país que, pese a una crisis tan aguda como la nuestra, ha mantenido mejor el compromiso de su Gobierno con la I+D.

La conducta gubernamental española choca con las recomendaciones de los organismos internacionales, que sostienen que las inversiones en I+D ayudan a afrontar mejor la salida de la recesión. También colisiona con la evidencia de que aquellos países que históricamente han invertido  más en I+D sortean mejor las crisis.

Esto contrasta con las expectativas depositadas por los españoles en la ciencia.  Sobre todo, entre los jóvenes y la población con niveles educativos más altos. El Eurobarómetro muestra que el 89% de los españoles creen que la I+D tiene una influencia positiva en la sociedad. Una valoración mayor que las de países como Alemania o Francia.

La confianza de los ciudadanos en España en instituciones relacionadas con la ciencia y la tecnología, como las universidades y los hospitales, se encuentra en lo alto de la escala, con un 80,3%. Muy por encima de aquella que depositan en los gobiernos y administraciones y las empresas, con un 44,6% y un 56,8% respectivamente.

Además, casi uno de cada cuatro españoles expresa su preferencia por la I+D como modelo productivo frente al turismo, la agricultura u otros, lo que contradice la conducta de empresas y gobiernos.

Una de las soluciones para mejorar la escasa inversión española en I+D es un Pacto por la Ciencia que promueva un nuevo contrato social entre la ciencia y la sociedad, que mejore el sistema de I+D y que aumente su impacto en la economía y en la sociedad como una tarea de todos. No son demasiados los recursos adicionales que se necesitan para cambiar el rumbo a corto plazo: aumento de la inversión con mejoras en la eficiencia en la utilización de los recursos públicos, reformas en la gobernanza y cambios en las prácticas de las instituciones públicas de investigación y universidades, así como propiciar un aumento de la responsabilidad inversora en I+D del sector empresarial.

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Espacio de información realizado con la colaboración del Observatorio Social de “la Caixa”.