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Hace exactamente dos años saltó una noticia que corrió como la pólvora por radios, televisiones, periódicos y redes sociales. El Ayuntamiento de Madrid iba a suspender los contratos que tenía suscritos con las agencias de calificación de deuda, anunciaron los medios, llevándose las manos a la cabeza. Se trataba de “un error innecesario” como titulaba su editorial un periódico de gran tirada.

Madrid tiene mucha menos deuda y con menor coste porcentual que hace dos años. Pagamos 233 millones de euros al año menos que el PP y además no dedicamos dinero a que las agencias de calificación den opinión sobre nuestras políticas

La decisión fue tomada en el Área de Economía y Hacienda, de la que me encargo desde que Manuela Carmena fue nombrada alcaldesa. Y debo reconocer que nos sorprendió el enorme impacto que tuvo a nivel estatal. Simplemente habíamos decidido no renovar dos contratos con unas empresas privadas cuyos servicios eran prescindibles. Poco más de 100.000 euros al año para un ayuntamiento con un presupuesto de más de 5.000 millones.

Las agencias de calificación conforman un sector oligopolístico, se reparten el pastel entre muy pocas. Se dedican a publicar calificaciones en las que valoran el riesgo de impago y la solvencia de los potenciales emisores de deuda. Es decir, que cuando un gobierno u otra entidad quieren emitir deuda o solicitar financiación, encarga a una de esas pocas agencias que le evalúe.

Lo cierto es que esas agencias no pueden presumir de haber acertado en sus evaluaciones y han actuado de forma habitual como juez y parte. El hecho de que les paguen las entidades a las que dan notas ya da que pensar. Pero es que además de las sospechas, hay hechos: su responsabilidad en la crisis financiera de 2008 las ha llevado a ser investigadas judicialmente.

Nada de eso fue en todo caso decisivo para prescindir de sus servicios en Madrid. El motivo más importante es que no las necesitábamos, porque el Ayuntamiento no tenía previsto volver a emitir deuda en esta legislatura.  

Una locura, vamos. En el Partido Popular, con Esperanza Aguirre al frente, llegaron a advertir que la no renovación nos costaría 70 millones de euros anuales de coste financiero. Ciudadanos, con unos planteamientos dignos de un potente lobby de presión, propuso al Pleno municipal restablecer la relación con las agencias con argumentos catastrofistas y muy poco rigurosos. La falta de rigor, por cierto, es la marca habitual de ese partido, pero el empeño por salvar esos contratos llegó a sorprendernos.

Se cumplen dos años y parece buen momento para hacer balance de lo que se presentó como una temeridad peligrosísima.

En 2017 Madrid abonará 140 millones de euros en concepto de gastos financieros, un 62% menos que en el último año de gobierno del Partido Popular ya que en 2014 los intereses pagados ascendieron a 373 millones de euros. El coste medio de las emisiones de deuda es ligeramente inferior en septiembre de 2017 al de 2014 (-0,0049%) y de igual forma ocurre con el precio de los préstamos (-0,43%). En conjunto, la deuda de Madrid tiene un coste medio inferior en la actualidad en 0,27% comparado con el de 2014.

En resumen, nuestra ciudad tiene mucha menos deuda y con menor coste porcentual que hace dos años. Pagamos 233 millones de euros al año menos que el Partido Popular y además no dedicamos dinero a que las agencias de calificación den opinión sobre las políticas que realizamos. Esos recursos que Madrid ahorra van ahora a destinos como construir escuelas infantiles, mejorar los centros de mayores, arreglar las calles y los colegios, renovar la flota de autobuses de la Empresa Municipal de Transportes o incrementar la inversión social.

Parece que Madrid no está precisamente en la marginalidad y la gestión de su deuda a la mitad de la legislatura ha dejado en evidencia a quienes auguraron la catástrofe sin fundamento alguno.

Se cumplen dos años de un escándalo construido en base a premisas falsas. No es el único, la lista es larga. Recordamos las tasas a los cajeros automáticos, que decían que se convertirán en comisiones más altas para los clientes de los bancos. O los controles más rigurosos a las terrazas, que acabarían con la hostelería. Nos vienen a la memoria los conflictos con el Ministerio de Hacienda, que auguraban que terminarían con el recorte de inversiones municipales. Y, como no, tenemos presentes la peatonalización de calles, la construcción de carriles bici y otras medidas valientes de movilidad que iban a sumergir a Madrid en un caos de tráfico y destrucción. Nada de esto ha ocurrido, más bien todo lo contrario.

Es de imaginar que las tozudas evidencias no gusten a algunos partidos de la oposición, como el PP y Ciudadanos, y a otros poderes. Se les ha caído ese castillo de naipes basado en que no sabríamos gestionar, en que gobernaríamos a golpe de ideología. Tenemos ideología, por supuesto, pero también mucha sensatez. Seguimos, con mucha ilusión y con la certeza de que vinimos a transformar Madrid en una ciudad más justa y vivible.  Continuamos trabajando con un sentido de la responsabilidad hacia el dinero público y la ciudadanía que debería al menos hacerles ruborizar.  

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Carlos Sánchez Mato es concejal de Economía y Hacienda del Ayuntamiento de Madrid.