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Tras dos años de la toma de los ayuntamientos por 'el cambio', en el ecuador del mandato de estas nuevas formaciones políticas, es un momento idóneo para comenzar a evaluar sus políticas, voluntades y dificultades. Se han podido ver numerosas valoraciones en periódicos web y desde los propios ayuntamientos, pero los análisis en profundidad y transversales a todas las ciudades escasean en ambos géneros. Sirva este artículo para intentar llenar este vacío analítico, cuestión tan necesaria para comprender estos nuevos fenómenos políticos.

Recordemos en un primer momento que la política local tiene unos códigos y unas reglas del juego que son muy diferentes de los de la política nacional. Competencias restringidas, la importancia del color del gobierno central o la inercia interna de las políticas pasadas que afectan a las futuras son algunas de las características propias del gobierno a nivel municipal. Curiosamente, los nuevos actores que critican el pacto social de la Transición y su deriva han abanderado una de las líneas de trabajo de la Constitución del 78 como es la previsión de la descentralización de las competencias y del poder hacia los ayuntamientos. Como ya se ha hecho efectivamente del Estado hacia las CCAA, muchas de las iniciativas de los ayuntamientos del cambio como la remunicipalización o los presupuestos participativos pretenden descentralizar poder y competencias de las CCAA a los ayuntamientos.

En la tabla que hemos elaborado valoramos ocho variables elegidas por su importancia en este mandato (Gobernabilidad, Vivienda, Planes Sociales, Deuda, Polémicas, Modelo de Ciudad, Participación Ciudadana y Remunicipalización) de las principales ciudades del cambio (Madrid, Barcelona, Valencia, Zaragoza, Cádiz, Santiago y A Coruña). La primera lección que desgajamos del estudio es la heterogeneidad de los éxitos, problemáticas y velocidades de los diferentes gobiernos. Esto se debe, en parte, a las diferentes situaciones de las que partían. Sin embargo, encontramos una serie de similitudes e intereses compartidos, como la reducción de su deuda (desde la más exitosa Madrid hasta Coruña, con más dificultades), la importancia de lo simbólico y la apuesta por iniciativas de participación ciudadana y transparencia, así como la necesidad de mejorar las políticas sociales.

Gobernabilidad

Todas las ciudades, salvo el caso valenciano, parten con el inconveniente de ser gobiernos en minoría y además, en algunos casos, de tener un pleno muy fragmentado. Este es el caso de Barcelona, Zaragoza o Coruña, donde los alcaldes no solo dependen del apoyo del PSOE, sino de otros actores que apoyaron su investidura. Esto es lo que significa el fin del bipartidismo: gobiernos con más socios y dependientes de más actores, lo que les obliga a dialogar y convencer más que antes, algo que no ha sido cumplido en muchos casos. Otra restricción a la gobernabilidad la ha protagonizado el PSOE en los casos zaragozano y coruñés, donde ayudaron a investir a los alcaldes del cambio en un primer momento, pero a posteriori bloquearon los presupuestos y sabotearon votaciones fundamentales. Sin embargo, ha ocurrido exactamente lo contrario en el caso de Barcelona, con un PSC que ha integrado el gobierno para reforzarlo.

De otro lado, considerar las confluencias como actores unitarios sería un error analítico, como han demostrado las grandes disensiones internas en el equipo de Manuela Carmena. Tenemos que tener en cuenta la correlación de fuerzas internas en cada confluencia. No es casualidad que hayan existido pocas disensiones en el caso zaragozano, donde la balanza se inclina hacia una IU apoyada por un Podemos que no obtuvo concejal alguno, pero sí hayan existido en Madrid, donde existe un equilibrio precario/jaula de grillos entre Podemos y Ganemos.

La aprobación de la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria o Ley Montoro, sumada al color contrario del gobierno central, ha limitado en gran medida la acción de los ayuntamientos del cambio, quienes se han coordinado más entre ellos para hacer frente al gobierno. No obstante, esto no ha impedido el que puede ser el mejor ejemplo de buena gestión de tipo ‘tradicional’ de los nuevos ayuntamientos: la asombrosa reducción de la enorme deuda heredada de los gobiernos anteriores. Esta ha sido espectacular en todos los casos, y se prevé que se reduzca a la mitad al final del mandato y los plazos de pago sean cada vez menores, exceptuando Valencia y Coruña que van a un ritmo menor. Cabe recordar que la deuda alcanzó la exagerada cantidad de 834 millones de euros en Zaragoza, 974 en Barcelona o los estratosféricos 5.637 millones de euros en Madrid. La mala noticia es que la prioridad del pago de la deuda ha arrebatado un presupuesto imprescindible para el cumplimiento de los programas sociales, urbanos y de vivienda prometidos.

La batalla de las ideas

La intensificación del componente ideológico y simbólico ha sido una regularidad en los consistorios del cambio. Ya sea por lo barato y vistoso de este tipo de políticas o sea por el ADN de la izquierda que pone mucho peso en lo simbólico, se han podido ver todo tipo de iniciativas simbólicas. Estas van desde lo más evidente como la aplicación efectiva de la Ley de Memoria Histórica en los callejeros de las ciudades o la lucha de banderas, hasta lo más novedoso, como la acogida de refugiados o los “banquetes para mendigos”. No se equivocaba el comunista Gramsci cuando subrayaba la importancia de la lucha de las ideas; hemos podido ver cómo, a causa de estas políticas, se han reactivado grandes polémicas que han polarizado ideológicamente a la opinión pública. Dichas políticas son un arma de doble filo: sirven más para llamar la atención sobre un problema que para solucionarlo. Esto ha sido empleado por los medios locales, como Telemadrid, el Heraldo de Aragón, y los medios coruñeses o gaditanos, quienes han conseguido desgastar a sus respectivos gobiernos con campañas de asfixia mediática. Salvo los ayuntamientos valenciano y compostelano, el resto han sufrido grandes polémicas, que se cuentan por decenas y que, pese a no tener comparación con los escándalos reales de los antecesores, sí que han ‘quemado’ a varios concejales, sobre todo en Madrid. La cultura se ha vuelto un laboratorio de políticas para los ayuntamientos del cambio, pero también un campo de minas.

Por ello, y pese a que la reacción de ciertos medios locales y nacionales era perfectamente previsible, los dos años de campañas y decisiones y despistes en la esfera pública han dañado sobremanera a los nuevos consistorios. Algunos casos han estado más sujetos a la acción política que otros, como las continuas polémicas relacionadas con la efectiva aplicación de la Ley de Memoria Histórica en Coruña, Cádiz o Madrid, pero otras polémicas responden a actos más simbólicos, como la retirada del busto del rey en Barcelona.

Sin embargo, aunque el número y calidad de las controversias diga más sobre la calidad de los medios que sobre la calidad de los gobiernos, sí puede darnos un dato interesante sobre la fortaleza o flaqueza de estos. Barcelona y Zaragoza han tenido que lidiar con dos huelgas de transporte público que han hecho peligrar al gobierno. Ada Colau planteó una inesperada oposición a las reivindicaciones de los trabajadores, pero acabó gestionando correctamente el conflicto, y el alcalde de Zaragoza, Pedro Santisteve, rompió con el modus operandi de la resolución de los conflictos ayuntamiento-transportes empleado hasta entonces, y consiguió un pacto in extremis antes de la debacle. Pero ninguno de esos conflictos se saldó con un concejal, cosa que sí ocurrió con Guillermo Zapata, víctima de una campaña que ni siquiera tuvo que ver con su actuación como edil. En el otro extremo, los gobiernos valenciano y compostelano mantienen un expediente prácticamente limpio en cuanto a polémicas.

“Gobernar para todos, gobernar para la mayoría”

Volver a los planes sociales propios de un Estado de Bienestar decente --o mejor dicho pre-privatizaciones-- ha sido una de las banderas más agitadas por los gobiernos del cambio. En respuesta a la grave crisis económica, social y humana que han sufrido las capas más golpeadas de la ciudadanía, las principales propuestas giraron en torno a los planes contra la pobreza y el problema de la vivienda. En Madrid se ha incrementado el gasto social un 33% en los últimos presupuestos y se ha planificado un Fondo de Reequilibrio Territorial que, de momento, no puede evaluarse por falta de resultados. Mientras, se ha avanzado en la destrucción del Gallinero de la Cañada Real. En Valencia se han aprobado tímidas ayudas a la pobreza energética, y Cádiz acaba de estrenar el Bono Social. El resto de consistorios pasan con buena nota el capítulo de los planes sociales. Estos van desde los planes de choque de Ada Colau y de Kichi, pasando por la ayuda a la pobreza infantil en Zaragoza y la declaración de “ciudad de acogida de refugiados” en Coruña, Barcelona, Zaragoza y Madrid. El plan más exitoso e innovador es la Renta Social Municipal de las Mareas Galegas.

El asunto de la vivienda presenta más claros que oscuros. Allá donde han sido cooptados líderes sociales de la PAH, como Ada Colau o el concejal de vivienda de Zaragoza, Pablo Híjar, se han hecho mayores avances, como la paralización de los desahucios (Barcelona, Zaragoza y Cádiz) o la creación de una oficina de realojos (Zaragoza). Sin embargo, debido a los problemas propios de cada ciudad, las soluciones son más o menos útiles. Este es el caso de Barcelona o Madrid, que se enfrentan al reto de la turistificación y gentrificación asociada a la subida de precios de los alquileres. Combinando el problema económico y habitacional, una solución programática ha sido la apuesta por la vivienda y el alquiler social, que en Madrid ha tomado tintes muy parecidos al modelo ‘ladrillista’ de gobiernos anteriores y en Coruña se enfrenta al problema de la ‘okupación’ y la escasa rehabilitación del casco histórico.

Esto último está asociado a lo que los urbanistas llaman “modelo de ciudad”. Encontramos más continuidad con el modelo anterior, basado en la burbuja inmobiliaria, el coche, la turistificación, los macroproyectos y la subida de precios consecuente, en Madrid --donde muchas asociaciones de vecinos antes optimistas, han criticado duramente a Carmena--, en Cádiz y en Galicia. Los casos valenciano, zaragozano y barcelonés presentan más rupturas que continuidad, orientadas hacia la peatonalización, la apuesta por el transporte público y la bicicleta, la lucha contra la gentrificación y los alquileres de habitaciones y el rechazo de los macroproyectos en favor del pequeño comercio de proximidad.

La redemocratización

Una de las mayores demandas surgidas como consecuencia de los excesos de los gobernantes y del descenso del poder adquisitivo de la población ha sido la lucha contra la corrupción y por la transparencia, unida a la reivindicación de la democracia participativa. Esta ha sido una materia también generalmente adoptada, con dos pilares básicos: los presupuestos participativos y los procesos y herramientas de participación ciudadana. Prácticamente todas las ciudades han descentralizado una parte de los presupuestos hacia los barrios para que puedan debatir en qué invertir el dinero destinado a ellos, como una medida de empoderamiento civil pero también de transparencia institucional. Por otro lado, se han habilitado nuevas herramientas para que la población participe en la vida política, como la asistencia a plenos del ayuntamiento, la actualización del reglamento de participación o la puesta en marcha de campañas de debate sobre proyectos urbanos, como Madrid Decide.

Pese a lo innovador del tema, existen límites a los modelos de participación propuestos. El primero es que los resultados han sido insatisfactorios: muy poca participación, aunque los estándares fueran muy bajos. El segundo tiene que ver con el tipo de participación: el modelo madrileño es casi íntegramente online, lo que puede limitar su acceso a grandes segmentos de la población (tercera edad y excluidos). Esto conlleva un tercer problema, más a largo plazo y sociológico: el tipo de participación que se fomenta. Delegar mediante un clic y evitar todo el proceso de problematización de un tema, el trabajo colectivo que implica y las habilidades participativas del cara a cara, representa claramente un retroceso si esta participación sustituye y no complementa la tradicional. La desactivación de la protesta en España es una evidencia, y cabría preguntarse hasta qué punto estos gobiernos la han canalizado, y de haberlo hecho, si ha sido para legitimarse o para cumplir realmente con el mandato representativo.

La otra cara de la redemocratización ha sido la recuperación de su ‘músculo’, es decir, de los servicios públicos mediante la remunicipalización. Este comenzó siendo uno de los campos de batalla adelantados por las confluencias, pero pronto dicha voluntad política se enfangó entre tribunales, arenas legislativas y férreas oposiciones políticas y económicas. Esto ha llevado a que tan solo en Santiago (ORA) y Zaragoza (010, FCC) esté sobre la mesa la remunicipalización de algún servicio. En la capital aragonesa ha sido sonada la oposición flagrante del concejal Alberto Cubero, del PP, y del PSOE, junto a importantes sectores empresariales locales que han tomado caminos alternativos a los judiciales para dinamitar estas iniciativas. Donde sí existe voluntad política, debido a las condiciones internas de las confluencias y de la propia gestión de la ciudad, ha sido en Barcelona con las aguas, en Cádiz con las playas y en Coruña con las bibliotecas, pero no ha habido acuerdo posible. Al fondo de la lista, se encuentran los casos especiales de Valencia, donde, más que remunicipalizarse, se ha ‘higienizado’ una fundación cercana al caso Nóos; y de Madrid, donde la batalla campal entre las dos facciones de Ganemos y Podemos, con visiones opuestas en el tema, ha impedido cualquier acción.

Conclusiones

Diferentes modelos y condiciones de partida han llevado a variados problemas, resultados y limitaciones. Pero también hemos podido constatar la importancia de la fuerza y los roles de otros actores: un PSOE que apoya en unos lados y derriba en otros; un gobierno central que limita el cumplimiento del programa; el tejido empresarial y mediático local que entumece la maquinaria legislativa cuando le interesa y, sobre todo, la composición fragmentada y en minoría de los gobiernos del cambio. Algunos de los caballos de batalla como las remunicipalizaciones han perdido sus herraduras por el camino, pero otras grandes apuestas, como los planes sociales y culturales, han demostrado ser novedosos y exitosos. La cercanía con la población se opone a la falta de diálogo intrainstitucional, y a este se le opone la discusión dentro de las confluencias. Por último, parece que los nuevos gobiernos son muy ahorradores, tanto en el tema de la deuda como en el de la apuesta por políticas simbólicas ‘baratas’.

Como muchas otras experiencias han demostrado, para provocar cambios de calado no basta con ‘tomar’ el poder/ayuntamiento, ya que en este habitan dinámicas, configuraciones legislativas y equilibrios políticos y de intereses cuya suma de vectores generan una inercia con una fuerza mucho mayor que la de la iniciativa política de los gobiernos. Tener esta constelación de elementos en mente a la hora de gestionar y legislar ha sido un problema para estos equipos con falta de experiencia en gestión municipal. Esto se ha visto principalmente en la manera de abordar los diálogos en temas centrales como los presupuestos o las remunicipalizaciones. Su lugar ya no está en la oposición, ¿deberá cambiar su actitud una vez en el gobierno, como proponen los gurús del populismo en España? Las políticas y cambios más importantes --remunicipalización, cambio de modelo de ciudad-- necesitan varios años de rodaje para poder aplicarse. No obstante, las claves para la reelección y las del cumplimiento programático no tienen por qué ir de la mano, pero justamente deberán asociarse para que los ayuntamientos sean del cambio y no del ‘recambio’.

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Fidel Oliván es miembro de Polikracia.