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El año pasado fue el primer ejercicio en el que Madrid contó con un presupuesto elaborado por Ahora Madrid. Supuso un drástico giro en la forma de utilizar el dinero público en comparación con los años de gobierno del Partido Popular. Durante todo el año se hizo un gran esfuerzo en inversión social y en inversión en infraestructuras, incrementando la primera un 31% y la segunda más de un 150% con respecto al año anterior, y todo ello al mismo tiempo que fue generando suficientes ahorros como para ir reduciendo a un ritmo razonable la enorme y pesada deuda heredada.

Pero a pesar de haber conseguido darle la vuelta a unas cuentas del Ayuntamiento de Madrid que recibimos con un enorme lastre, al Ministerio de Hacienda y al señor Montoro no les parece suficiente. Es más, consideran que los esfuerzos en inversión del consistorio han ido demasiado lejos. Según su interpretación de la legislación, el Ayuntamiento de Madrid no debería haber utilizado tanto dinero en mejorar la ciudad y cubrir necesidades sociales, sino que debería haber utilizado todo el dinero que logró ahorrar para pagar a la banca ¡aunque no tocara hacerlo! Un aberrante sinsentido –fruto del artículo 135 de la Constitución Española– que el gobierno local no está dispuesto a aceptar.

Es la primera vez que el Gobierno estatal ha recurrido a una medida coercitiva de tal envergadura frente a una corporación local

En vano fueron las reuniones que celebramos con Montoro y otros responsables del Ministerio de Hacienda para tratar de llegar a un acuerdo conjunto que no pusiera en riesgo las políticas públicas del Ayuntamiento: desgraciadamente el ministerio terminó por exigir al Ayuntamiento de Madrid un recorte de 238 millones de euros como castigo. Es la primera vez que el Gobierno estatal ha recurrido a una medida coercitiva de tal envergadura frente a una corporación local, lo que contrasta fuertemente con que el Ayuntamiento de Madrid sea precisamente una administración perfectamente saneada que tiene un superávit de más de 1.000 millones de euros y que reduce deuda, mientras que la administración central tiene un elevado déficit público y una deuda pública creciente. Es el mundo al revés: la administración incumplidora sanciona a la administración que gestiona con eficacia.

Esta situación kafkiana apunta a que se trata de una estrategia consistente en dificultar las cosas a un ayuntamiento que está demostrando que se puede gobernar sin aplicar políticas de austeridad al mismo tiempo que presenta las cuentas saneadas. No quieren que cunda el ejemplo y tratan de tumbarlo utilizando todo tipo de artimañas. Pero Madrid va a demostrar que hay alternativa: no recortamos porque damos respuestas a los problemas sociales; cumplimos, pero no olvidamos el mandato político que nos trajo aquí y que fue expresado en las urnas y en las calles. La justicia social, la lucha contra todas las desigualdades, es nuestra prioridad más allá de los números y las exigencias externas. 

Este trato injusto e irregular no podía quedar sin respuesta, y por eso el pasado lunes 29 de mayo el ayuntamiento presentó un recurso en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid para denunciar que las exigencias del ministerio suponen una clara extralimitación normativa y que resultan muy perjudiciales para los intereses generales. Al fin y al cabo, ninguno de los cientos de ayuntamientos y de varias comunidades autónomas que están en una situación similar han recibido el mismo trato que Madrid, amén de que la interpretación que hace el ministerio de la legislación no es compartida ni por la Unión Europea ni por la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal. Esperamos que se haga justicia.

Mientras tanto, el ayuntamiento se veía obligado a cumplir el requerimiento legal bajo amenaza de disolución y de convocatoria a nuevas elecciones municipales, por lo que el gobierno de Ahora Madrid decidió llevar a cabo un plan. La estrategia pasaba por cumplir lo que indicaba la comunicación del ministerio pero sin poner en riesgo ni una sola de las políticas públicas previstas. Se trataba de ser inteligentes y aprovechar todos los atajos que permite la legislación para no recortar ni un solo euro del presupuesto, que era el verdadero sueño del Partido Popular y de Ciudadanos. 

Y así ha sido: puesto que el ministerio nos exigía inmovilizar del presupuesto 238 millones de euros, lo hemos hecho para inmediatamente después incorporar otros 238 millones de euros más para financiar las políticas que tenemos previstas, logrando así un efecto neto nulo. Al fin y al cabo la legislación nos permite hacer tal cosa ya que el ayuntamiento dispone de dinero y fuentes de financiación suficientes como para continuar las políticas públicas que tenía previstas aunque inmovilice una parte de su presupuesto. De hecho, ésta es la mejor prueba de que la exigencia legal de Montoro no está pensada para ayuntamientos saneados como el de Madrid. El legislador de turno nunca previó que la administración sancionada tuviese capacidad de financiación extra porque el objetivo de la Ley de Estabilidad Presupuestaria es castigar a administraciones en números rojos.

Tras este nuevo movimiento, el ministerio no podrá disolver el gobierno municipal porque el ayuntamiento cumple la ley, y ninguna de las políticas municipales previstas dejará de realizarse. Por el camino la justicia tendrá que dictaminar si la actuación del ministerio se ha ajustado a Derecho o si ha sido irregular e injusta. 

Y tras esta larga contienda, al final no recortamos.

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Carlos Sánchez Mato es concejal de Economía y Hacienda de la Comunidad de Madrid.