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"Cuando el dedo apunta al cielo, el tonto mira al dedo" dice el proverbio que bien podría ilustrar el despiste general de la nueva política, aquella que se presumía participativa pero audaz, aguerrida pero estratégica y tan arraigada a sus bases como lúcida. Recoger la indignación social por la degradación de los derechos humanos, civiles y económicos para elaborar programas políticos fue para muchos de los indignados reunidos en plazas un proceso de negociación con uno mismo en el que había que transigir con importantes contradicciones.

Asumir la Ley electoral implicaba validar aspectos que no nos convencían tras la experiencia del 15-M, donde concurrimos al grito de 'lo llaman democracia y no lo es' o 'no nos representan`. Porque aquel movimiento apuntaba a los agujeros de democracia que supone la vulneración de derechos. Sin embargo, el pragmatismo se impuso al ver que nuestras voces marcaban la agenda política estatal: la renta básica universal era un gran debate público, así como la situación de los Centro de Internamiento de Extranjeros y los civiles allí retenidos, el derecho efectivo a la vivienda digna y un largo etcétera de cuestiones humanitarias que no mucho antes nos habían convocado en la Puerta del Sol y en cientos de plazas españolas.

¿Lo recuerdan? Parece que ha pasado mucho tiempo. Porque ha sido asombrosa la velocidad con que quienes se erigieron en herederos de esa indignación abrazan hoy los asuntos más ajenos, todos ellos impuestos por la derecha. Y porque ninguno de los nobles motivos que nos llevaron a aceptar el escenario electoral se ha resuelto: ser migrante en este país implica estar expuesto a toda vulneración de derechos, ser mujer sigue siendo un riesgo, una vivienda estable continua siendo un privilegio y el asfixiante clima laboral determina aún quien come cuatro veces al día y quien lo hace una o dos.

Vivimos sin garantías. Por esto resulta sorprendente el quehacer de muchos cargos electos. Les invito a consultar la hemeroteca y las minutas del Congreso de los Diputados para observar el viraje en el discurso de Unidos Podemos sobre estos asuntos. ¿Todo el ecosistema político estatal y local que bebió del movimiento indignado ha tenido tan poquito que decir en estos últimos dos años sobre crisis humanitarias que afectan a personas migrantes y refugiados, mujeres, personas sin hogar y niños y niñas en situación de pobreza, entre otros muchos asuntos?  

Una importante base social indignada, entre la que me incluyo, toleró apoyar con su voto a Unidos Podemos. Buena parte de esta base social se niega a participar por su proceder vertical y por ese tufo innegable a trotskismo que tan bien encarna el hombre que lo dirige. Tuvimos fe en que la movilización del entorno podría controlar su rol como herramienta de transformación social e institucional. Pero ha perdido el sentido en la medida en que los cargos electos bailan la música que impone la derecha, abandonan la agenda de derechos humanos, civiles y económicos por la que pudo merecer la pena ampliar las tragaderas.

La crisis catalana es el mejor ejemplo de ello. Unidos Podemos parte de un concepto más publicitario que político. Ese 'ser noticia siempre' lo deja a merced de agendas políticas ajenas y ofrece una oposición previsible a las dos derechas corruptas que pretenden dos países a la carta: el de los populares, armados con su Ley mordaza que confirma el modelo de Estado autoritario, sin tutela judicial efectiva, que se nutre del miedo y de la incertidumbre social para justificar las crecientes violaciones de Derechos; y la de los convergentes o populares catalanes, que anhelan un país para gobernarlo sin importar si tienen legitimidad para hacerlo -incluso sin las intolerables agresiones policiales, los resultados del 1 de octubre no pueden ser discutidos con seriedad-. Nada más lejano de un proceso constituyente que empodere a las clases populares y renegocie al alza las condiciones de vida.

Ante este panorama, lo cierto es que las posiciones de Unidos Podemos y Catalunya sí que es Pot en esta crisis no aportan nada de original o novedoso. Ese espacio ya estaba ocupado por ERC, Iniciativa per Catalunya, Convergencia Democrática y no precísamente con un enfoque de derechos humanos, civiles y económicos. Son parte del coro parlamentario que invita a la apatía política. Su presencia es testimonial.

Sin agenda política propia, Unidos Podemos y su ecosistema político estatal y local se condena a sí mismo a diluirse en el paisaje partidista y pierde el rumbo. Ninguno de los problemas que les llevó hasta allí permanece en el debate público gracias a una oposición domesticada y estéril. Urge, por tanto, recuperar un discurso de denuncia que ponga el foco en las graves violaciones de derechos humanos que suceden en la frontera sur, en la violencia machista, en todas las formas de pobreza, en la creciente inaccesibilidad de la vivienda, en la situación de los CIE, etc. Será no menos necesario un análisis de sí mismos, pues la entrada en las instituciones sólo tenía sentido para una transformación de las mismas.

Entre otras muchas cosas, en el 15-M aprendimos que con participación y deliberación, los derechos humanos, civiles y económicos pueden ser agenda y programa político. De otra forma, con o sin ellos en las instituciones, volveremos a gritar que "no nos representan".  

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Javier García Pedraz es psicólogo y periodista. Pertenece al consejo de la Sociedad Internacional de Salud y Derechos Humanos ( www.ishhr.com )