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Los juzgados y tribunales deportivos van a determinar en los próximos días cuál es el futuro inmediato de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF). Todas las posibilidades están abiertas. Puede ocurrir que el imputado Ángel María Villar vuelva a ocupar su puesto como presidente, que se tenga que repetir el último proceso electoral o que se presente una moción de censura contra el dirigente vasco por parte del ya exresponsable de la Asociación de Futbolistas Españoles, Luis Rubiales, una vez que se han cumplido los seis meses preceptivos desde los pasados comicios. Y en cada una de esas opciones tiene un papel relevante el Consejo Superior de Deportes (CSD), cuyo presidente, José Ramón Lete, se juega mucho en este caso.

Muchos pensaron que la etapa de 29 años de Villar al frente del fútbol español se acababa el pasado mes de julio, cuando tras ser detenido junto a su hijo Gorka y a su vicepresidente Juan Padrón en la operación Soule, fue imputado por el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz por  corrupción entre particulares, apropiación indebida, administración desleal, falsedad documental y alzamiento de bienes durante su gestión federativa. Esto provocó que el Tribunal Administrativo del Deporte (TAD) le abriera expediente y el CSD le suspendiera para ejercer su cargo por un año. Pero Villar no es de los que tiren la toalla fácilmente. Desde que saliera de prisión el pasado 1 de agosto, su principal ocupación ha sido buscar argumentos para su defensa. Y él y sus abogados están convencidos de haberlos encontrado.

Desde que saliera de prisión el pasado 1 de agosto, la principal ocupación de Villar ha sido buscar argumentos para su defensa. Y él y sus abogados, están convencidos de haberlos encontrado

Villar ha impugnado, por vía contencioso-administrativa, la decisión tomada por la Comisión Directiva del CSD el pasado 25 de julio de inhabilitarle en su puesto y solicita la adopción de medidas cautelares contra esa suspensión. A su favor juega que el organismo que rige el deporte español no haya hecho lo mismo con los seis presidentes de federaciones territoriales (Ceuta, Melilla, Cantabria, La Rioja, Murcia y Valencia) imputados también por Pedraz. En esos casos, el CSD ha esgrimido que “no hay una atribución directa y detallada sobre los hechos de los que se les acusa”, por lo que pospone la decisión a la espera de recibir más información de la Abogacía del Estado. El TAD sí ha abierto expediente a los dirigentes por el mal uso de los fondos públicos y privados de la Federación, abuso de autoridad e incumplimiento de los acuerdos generales de la Asamblea y los reglamentos electorales.

La falta de concreción de los supuestos hechos cometidos por Villar, tanto en el expediente sancionador iniciado por el TAD como en el acuerdo del CSD, en los que sólo se refieren a “indicios racionales de la posible comisión de infracciones”, es, precisamente, uno de los pilares en que se basa su recurso. En él también señala la vulneración del derecho al secreto de las comunicaciones al haberse obtenido muchas de las pruebas en su contra mediante escuchas telefónicas y la intervención de su correo electrónico. En el escrito, desvelado por El Español, se alude asimismo a que uno de los miembros de la Comisión Directiva del CSD que votó a favor de su suspensión, Jesús Castellanos, presidente de la Federación Española de Taekwondo, no ha sido suspendido pese a estar también imputado por varios de los mismos delitos que el expresidente de de la RFEF.

Villar, que ha acudido hasta en cinco ocasiones, en las últimas semanas, a la sede de la federación en Las Rozas, está convencido de que el tribunal de lo contencioso-administrativo le concederá la anulación cautelar de su suspensión, lo que le permitirá volver a ejercer sus funciones en un plazo breve de tiempo. Así se lo ha hecho saber a conocidos suyos. La decisión judicial podría conocerse en diciembre. Si es favorable al dirigente futbolístico, supondría un duro varapalo para Lete.

El secretario de Estado para el Deporte mantiene un pulso desde hace meses con Villar. El pasado 10 de octubre Lete, como presidente del CSD, presentó un recurso extraordinario de revisión ante el TAD en el que solicitaba la anulación del último proceso electoral, celebrado en mayo, en el que se reelegió a Villar por octava vez al frente de la Federación. En junio el Tribunal Administrativo ya había desestimado los recursos de Jorge Pérez, aspirante a suceder a Villar, y Oscar Garvin, presidente de Proliga, el ente que agrupa a los equipos de 2ªB” y 3ª división, por presuntas irregularidades en la elección de la Asamblea de la Federación. El CSD fundamenta su petición en la aparición de “documentación de valor esencial para la resolución del asunto que fue decidido por ese órgano y que evidencia el error de la resolución recurrida”. Para este organismo, los hechos reflejados en el auto del 20 de julio del juez Pedraz “desvirtúan la transparencia y objetividad del proceso electoral”.

Mes y medio después de la presentación del recurso por parte del Consejo, el TAD aún no se ha pronunciado sobre su admisión. Tras pedir alegaciones a los 140 miembros que componen la Asamblea General de la RFEF, el pasado viernes 17 el Tribunal anunció que demoraba su decisión para poder estudiarlas. Es posible que esta semana se pronuncie por fin. En caso de aceptar el recurso, el TAD deberá trasladarlo al Consejo de Estado, que a su vez tiene que dar su visto bueno antes de que vuelva al Tribunal para su resolución definitiva.

El expresidente de la Asociación de Futbolistas Españoles, Luis Rubiales, afirma tener los apoyos necesarios para ser elegido nuevo presidente aunque no ha desvelado si impulsará la moción de censura o esperará a un nuevo proceso electoral

La segunda iniciativa emprendida por Lete ha sido pedir a la Abogacía del Estado que presente un recurso de casación ante Tribunal Supremo contra la sentencia de la Audiencia Nacional que anulaba la orden ministerial, impulsada por el anterior secretario de Estado para el Deporte, Miguel Cardenal, en la que se fijaba una mayoría absoluta como requisito para que saliese adelante una moción de censura contra los presidentes de las federaciones deportivas. La RFEF, en cuyos estatutos está fijado que hacen falta dos tercios de los votos para que se apruebe una moción, recurrió la orden ministerial y la Audiencia le dio la razón. El asunto es capital. Así, en la Federación Española de Fútbol solo harían falta 71 votos, para la  mayoría absoluta,  y 92 votos, para los dos tercios. En principio, la presentación del recurso deja en suspenso el fallo de la Audiencia, por lo que seguiría en vigor la orden ministerial.

Esto puede decidir el éxito o el fracaso de Luis Rubiales en su camino a la presidencia de la Federación Española. El ya expresidente de la Asociación de Futbolistas Españoles --cargo que dejó para afrontar su postulación en la RFEF--  afirma tener los apoyos necesarios para ser elegido. No ha desvelado, sin embargo, si impulsará la moción de censura, opción que puede poner ya en marcha, o esperará a un nuevo proceso electoral en caso de que el TAD atienda el recurso del CSD. Rubiales no confia demasiado en esta segunda posibilidad y además no le gusta. “No está acreditado que los miembros de la Asamblea se eligieran de manera irregular. No voy a permitir que se llame corruptos a las personas que votaron”, ha afirmado.

Para poder presentar la moción Rubiales necesitaría en primera instancia el apoyo del 15% de la Asamblea, si prevalece la orden ministerial, o un tercio de los miembros (46 votos), en base a los estatutos. El día de la  votación tendría que obtener como mínimo 71 votos, siempre y cuando se realice bajo los parámetros de la orden ministerial. La Federación, presidida  en funciones por Larrea Sarobe, tiene a su disposición una vía para alargar el conflicto: solicitar un incidente de ejecución de sentencia que dejaría sin efecto el recurso de casación del CSD hasta que no haya una sentencia firme. De esta manera, volverían a estar en vigor los estatutos y la necesidad de dos tercios para sacar adelante la moción.

Si eso ocurriera, se complicaría la elección de Rubiales, que cuenta con el visto bueno de Lete. De ahí la decisión de recurrir el fallo de la Audiencia. Hay incluso quien señala que la dilación del CSD a la hora de suspender a los presidentes de las territoriales se debe a que Rubiales necesitaría sus votos. Casualmente, el exresponsable de la AFE fue el único que votó en contra de pedir más información a la Abogacía del Estado sobre los supuestos hechos delictivos cometidos por los dirigentes, algo que finalmente se decidió en la última reunión del Consejo Directivo del CSD.

A pesar de su deseo de “tender puentes”, la vía Rubiales no cuenta con el apoyo de todas las partes con intereses en el conflicto. Tiene en contra tanto a Villar, que dejó de confiar en él cuando Rubiales votó a favor de su suspensión, como al presidente de la Liga de Fútbol Profesional, Javier Tebas, con el que mantiene desde hace tiempo serias discrepancias. Rubiales ha lanzado mensajes muy duros contra Tebas: “provocador”, “manipulador” y “lávate la boca para hablar de la AFE” son algunas de las palabras que le dedicó hace unos meses en Twitter tras la denegación del TAD del recurso contra la proclamación definitiva de los miembros electos de la Asamblea de la RFEF.

Hasta en su propia casa, la AFE, ha encontrado Rubiales opositores. Así, antes de su dimisión, un grupo numeroso de futbolistas estaba recogiendo firmas para solicitar una Asamblea Extraordinaria en la que pedir su cese. Entre otros motivos, le acusaban de adelantar las elecciones del sindicato a finales de junio pasado, cuando todos los futbolistas están de vacaciones, y así impedir que se organizase una candidatura alternativa

Muchas dudas y pocas certezas en el futuro inmediato de la Real Federación Española de Fútbol. Las próximas resoluciones judiciales y administrativas pueden ayudan a esclarecerlo o enredarlo más aún. De momento, el pulso sigue en el aire. Veremos quién acaba ganando.