Crisis económica y políticas de austeridad, una combinación con graves consecuencias para la salud. Entre ellas, un descenso del gasto sanitario per cápita y una mayor carga sobre los pacientes: en España, los enfermos asumen el 24% de esta partida, muy por encima del 15% de media de la UE. Entre las causas, el copago implantado en el 2012 para centenares de medicamentos y la falta de cobertura pública de la atención odontológica y óptica.

Estos datos se recogen en el informe sobre el Estado de Salud en la UE 2017, elaborado por la OCDE y el European Observatory on Health Systems and Policies, en cooperación con la Comisión Europea. El estudio ofrece una radiografía de la salud y el sistema sanitario de los 28 Estados miembros de la UE, basada principalmente en las estadísticas oficiales nacionales presentadas a Eurostat y la OCDE.

A pesar de que en los últimos años ha comenzado a recuperarse, el gasto sanitario per cápita en España en 2015 --último año con datos disponibles-- fue de 2.374 euros, unos 400 euros por debajo de la media de la UE (2.797euros). El Estado financia alrededor del 71% de esta partida. Es decir, un 9,2% del PIB, medio punto porcentual menos que la media de los 28 Estados miembros.

Además, existen variaciones sustanciales en el gasto sanitario per cápita según la comunidad. Así, por ejemplo, País Vasco, Asturias y Navarra gastan más del 30% más que Andalucía.

Como elemento positivo, el informe destaca que casi toda la población está cubierta por un seguro médico. Así, en 2014, el Sistema Nacional de Salud cubría al 99,1 % de la población residente. A esto habría que añadir a los funcionarios que pueden renunciar y elegir un seguro totalmente privado (un 0,8%). La cobertura total ascendía, por tanto, al 99,9 % de la población.

Ahora bien, el Ejecutivo del PP modificó, mediante el Real Decreto-Ley 16/2012, los criterios de admisión en el sistema de cobertura sanitaria. Se pasó de un derecho universal basado en la residencia a otro ligado a la existencia de un seguro social que solo incluía a los trabajadores afiliados a la Seguridad Social, a los pensionistas y a los beneficiarios de prestaciones sociales.

Este cambio dejó fuera a todas aquellas personas inmigrantes no regularizadas que quedaron excluidos de la plena cobertura de los servicios del Sistema Nacional, excepto de urgencias y atención materno-infantil. Según datos del Gobierno, 873.000 personas se quedaron sin tarjeta sanitaria en 2012. En marzo de 2015 el Ministerio de Sanidad anunció la creación de un documento que diese acceso a la atención primaria a los migrantes sin papeles con un empadronamiento de al menos seis meses. Aún no existe.

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Espacio de información realizado con la colaboración del Observatorio Social de “la Caixa”.