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Hace tan solo unas semanas el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, ya adelantaba que el Gobierno Central pospondría el compromiso adquirido en la Conferencia de Presidentes para iniciar este mismo año la reforma de la financiación autonómica. A ese incumplimiento se suma ahora una imposición que define mejor la voluntad y la forma de perpetrar la política que tiene el Ejecutivo de Mariano Rajoy. Desde despropósito a chantaje se pueden enumerar unos cuantos calificativos. Vincular el acceso al Fondo de Liquidez Autonómica (FLA) con la adhesión a un convenio entre el Gobierno Central y la patronal de la industria farmacéutica es eso y más. Es poner a las comunidades autónomas entre la espada y la pared porque se ven obligadas a cumplir esta exigencia para recibir esta transferencia estatal.

La voluntad recentralizadora del Gobierno Rajoy castiga con especial virulencia a estas comunidades autónomas infrafinanciadas que necesitan del FLA para llegar a fin de mes y pagar a los proveedores

A los calificativos ya mencionados puede sumarse lo absurdo que resulta decir que se trata de una adhesión voluntaria al convenio pero que es condición imprescindible para acceder a las partidas del FLA, que ascienden este año a 10.276 millones a repartir entre diez comunidades autónomas.

En el caso de la Comunitat Valenciana (según el último informe Fedea de 2015 la comunidad peor financiada), la necesidad de ese fondo es acuciante para seguir ofreciendo los servicios básicos a la ciudadanía. Esta voluntad recentralizadora del Gobierno Rajoy castiga con especial virulencia a estas comunidades autónomas infrafinanciadas que necesitan del FLA para llegar a fin de mes y pagar a los proveedores.

El convenio firmado entre el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad y Farmaindustria pone obstáculos a las comunidades para desarrollar una política farmacéutica coste-eficiente. La razón es que incentiva el gasto farmacéutico en medicamentos de marca (de Farmaindustria) sobre medicamentos coste-eficientes como son los genéricos y los biosimilares. Para tratar una misma enfermedad se incentiva la utilización de medicamentos de marca que generalmente son un 15% - 20% más caros, en su momento de comercialización, que los genéricos o los biosimilares.

Este convenio confronta con la política farmacéutica del Gobierno valenciano que apuesta de manera firme por los medicamentos coste-eficientes para que el mantenimiento de la calidad asistencial sea compatible con la sostenibilidad del sistema. Esta apuesta decidida tiene resultados a corto y a largo plazo. A corto por el menor precio que suponen respecto a la marca y a largo plazo porque son medicamentos que actúan como reguladores del mercado, y por tanto son competidores naturales de los medicamentos de marca. Sin estos, la industria farmacéutica no tendría que bajar sus precios.

Pero esto no es todo, además el convenio garantiza una cuota de mercado a la industria farmacéutica de medicamentos de marca ya que se fijan unos niveles de gasto farmacéutico (siempre de medicamentos de marca) en función del PIB (real y a medio plazo) y si el Sistema Nacional de Salud (SNS) gasta por debajo de este indicador, deberá “incentivar” a Farmaindustria para que las empresas cuadren sus previsiones de ingresos. Si es al contrario deberá ser Farmaindustria quien económicamente o con otro tipo de medidas compense al SNS.

En síntesis, la adhesión a este convenio suscrito entre el Ministerio de Sanidad, el Ministerio de Hacienda y Farmaindustria se orienta más a blindar el mercado de los medicamentos de marca que a velar por la sostenibilidad del sistema sanitario público.

La obligación de un gobierno, al menos del gobierno valenciano del cambio, es salvaguardar el interés general. La obligación de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública es garantizar los derechos y el acceso universal a una asistencia de calidad. Ese es el camino que ha elegido desde que las valencianas y los valencianos le encomendaron la gestión sanitaria. El derecho legítimo de las empresas a proteger sus intereses privados no debe garantizarse a costa de poner en riesgo la viabilidad de un sistema público o de intentar definir la política farmacéutica a seguir en el marco de la utilización de medicamentos. Esa no es la función de un gobierno, pero la experiencia demuestra, y este es un ejemplo más, que Rajoy práctica la dejadez para los asuntos trascendentes, caso de la financiación, y se esfuerza en solucionar otros asuntos más concretos que solo afectan a determinados sectores, en este caso a la industria farmacéutica de medicamentos de marca.

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Carmen Montón Giménez es consellera de Sanitat Universal i Salut Pública, de la Generalitat Valenciana, desde junio de 2015.