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“Podemos tener nuevas enfermedades que desconocemos o incluso morir. Es por culpa de la ONU. Pero le prometo que seguiremos recordando lo que hicieron. Porque recordar es lo único que podemos hacer hasta que paguen por sus errores”. En el barrio Mahalla de Mitrovicë, en la tercera planta de un renovado edificio, Bayram Babajboks no deja de extraer documentos, algunos amarillentos por el paso de los años aunque todos con un sello que parece oficial. Son el aval de sus palabras, la prueba que certifica su tragedia: la contaminación por plomo de toda su familia por residir entre 1999 y 2010 en el campo de desplazados de Cesmin Lug. Ahora, después de que la ONU no reconociera su culpabilidad ni compensara directamente a los damnificados de una de las mayores crisis sanitarias en niños de la Europa moderna, Bayram se muestra desesperado ante tanta injusticia. Asegura que su verdad es irrefutable e insiste en una sola cosa: “Es simple, que la ONU reconozca su culpabilidad”.

La tragedia de los Babajboks comenzó al concluir la guerra de Kosovo, en el verano 1999, cuando una turba albanesa destrozó las viviendas de los 8.000 romaníes del barrio Mahalla del sur de Mitrovicë, ciudad aún segregada, serbios al norte del río Ibar y albaneses, al sur. Todos esos romaníes afectados se convirtieron en desplazados, pero 600 de ellos iniciaron un particular calvario: la Misión de Administración Interina de la ONU en Kosovo (UNMIK), que gobernó el país hasta 2008, decidió establecerlos en campos construidos en la zona de impacto medioambiental del complejo minero de Trepca, en los años 80 una de las principales minas de Europa y el motor económico de la región norte de Kosovo. Así nacieron, en 1999, los campos de Zhikoc, Leposaviq y Cesmin Lug, situados en la región norte de Mitrovicë. 

En los documentos de Bayram se leen los nombres de sus nietos, sus fechas de nacimiento y los resultados de la pruebas para detectar el nivel de plomo en sangre. Concluyen lo mismo: altos niveles, propios de una emergencia médica

En los documentos de Bayram se leen los nombres de sus nietos, sus fechas de nacimiento y los resultados de la pruebas para detectar el nivel de plomo en sangre. Concluyen lo mismo: altos niveles, propios de una emergencia médica. En una prueba realizada a una de ellas, Anita, el 8 de junio de 2002, cuatro meses después de nacer, la cifra es de 45,6 microgramos de plomo por decilitro de sangre (mcg/dl). En otro test del 23 de julio de 2014, cuatro años después de abandonar Cesmin Lug, en un documento blanquecino, el dato cae hasta los 21,5 mcg/dl. El caso de Suad, nacido el 8 de agosto de 2010, es alarmante: no hay números, sino la palabra “Hi”, que debido a las limitaciones de los instrumentos de testado refleja un dato indeterminado por encima de 65 y que probablemente alcance los 70 mcg/dl, cifra que constituye, según la Agencia para Sustancias Tóxicas y el Registro de Enfermedades, una emergencia médica. En otra prueba realizada después de abandonar el campo de desplazados, Suad, haciendo que las letras se conviertan en números, baja hasta el 52,6 mcg/dl. La tendencia de los documentos de sus otros nietos es similar: la reducción del plomo en sangre cuando no persiste la exposición a los metales contaminantes. 

La Organización Mundial de la Salud (OMS) estipula que el plomo en sangre no debe superar los 10 mcg/dl, por lo que los dígitos de la familia Babajboks hablan de la magnitud de la tragedia. El plomo penetra en el cuerpo humano al respirar, por eso las actividades físicas son contraproducentes, y al ingerir alimentos, por lo que no es recomendable comer productos frescos de una zona contaminada, y tiene sus efectos más graves cuando la exposición se produce entre la época de gestación en el vientre materno y los primeros años de vida. De esta forma, son sobre todo los pequeños concebidos en terrenos contaminados quienes padecen enfermedades crónicas que pueden alterar su memoria, ralentizar su crecimiento, dificultar su aprendizaje y generar problemas auditivos y migrañas. 

Han pasado casi veinte años desde la guerra de Kosovo y diez desde su independencia, y los documentos de la familia Babajboks no hacen más que apuntalar la idea de que la UNMIK tendría que haber dado prioridad a la evacuación de los 600 romaníes de los campos de desplazados, como recomendó la OMS en 2000, 2004 y 2005. Haciendo caso omiso a cada una de las advertencias, a los informes internos y públicos, la UNMIK no actúo hasta 2006, cuando cerró los campos de Zhikoc y Kablare –abierto en 2001. Pero de nuevo cometió otro error: volvió a asentar a los afectados en otros campos contaminados. No sería hasta 2010, dos años después de que Kosovo declarase su independencia y por tanto la gestión de los campos ya no estuviera en manos de la UNMIK, cuando las autoridades comenzaron a cerrarlos: Cesmin Lug (2010), Osterode –habitado desde 2006– (2012) y Leposaviq (2013). 

Inacción de la UNMIK

Como resultado de la inacción de la UNMIK, una niña, Dzenita Mehmeti, murió a consecuencia de las enfermedades relacionadas con la contaminación por plomo. El pediatra Zoran Savic elevó a 77 las muertes infantiles en 2008. Pero lo que más irrita de la catástrofe sanitaria es que la UNMIK conocía los pormenores desde al menos noviembre de 2000. Sabía que el suelo de la región contenía hasta 122 veces más concentración de plomo que los límites aceptados por el Reino Unido. La culpabilidad parece obvia tras leer los archivos de la demanda colectiva facilitados por Dianne Post, la abogada que se atrevió a ir contra la UNMIK, inmune incluso ante el Tribunal Europeo, y así lo refrendó el Panel Consultivo de los Derechos Humanos de Kosovo, instaurado por la propia UNMIK debido a las obligaciones de la ONU cuando interviene un país. 

Respecto al conocimiento de la catástrofe, las medidas que tomaron las fuerzas internacionales de pacificación KFOR tras conocer los altos niveles de plomo en el aire de la región de Mitrovicë demuestran el doble rasero internacional a la hora de valorar la situación de la zona. En la cronología de los hechos, junio de 2000 es clave: la mina Trepca recobra su actividad. Seis semanas después, las fuerzas KFOR detectan en el aire altos niveles de plomo y otros metales pesados. Como prevención, el Ejército de EE.UU. retira al personal que supera los 50 mcg/dl. Las medidas del Gobierno francés son más extremas: decide que los miembros de su contingente no pueden estar desplegados en la región durante más de cuatro meses. En el caso de las mujeres en edad de procrear se reduce el periodo a un mes. Además prohíbe que consuman agua y productos locales frescos y sugiere reducir la actividad física. Pero los romaníes, en contraste con las fuerzas internacionales, estuvieron allí durante más de una década sin recibir un tratamiento adecuado ni la información pertinente. Incluso se les recomendó realizar actividades físicas en una pista de carreras llamada Alley of the Health.

Emine Toska, de 30 años y cautelosa ante lo extraño, asegura que tres de sus cinco hijos dieron positivo en las pruebas que las autoridades realizaron entre el año 2003 y 2004. Dice no recordar la fecha con exactitud, pero no duda cuando se refiere a la información recibida en Leposaviq, el campo que por estar a 45 kilómetros de la mina Trepca arrojaba los niveles más bajos de contaminación: “Pregunté al doctor por la salud de nuestros hijos. Tenía miedo. Nos dijeron que tenían altos niveles de plomo, pero que no nos preocupáramos porque estarían bien”. Hoy, tras abandonar Leposaviq en 2010, asegura afrontar una delicada situación económica por, entre otros factores, las enfermedades de sus hijos, cuyos tratamientos forzaron a la familia Toska a vender parte de sus pertenencias y aún obligan al marido de Emine a trabajar en Novi Pazar, ciudad fronteriza de Serbia. “Mi hija y mi hijo tenían niveles superiores a 40 y ahora sufren problemas en los dientes y la memoria. Mi hijo además sufre epilepsia desde los 13 años y tenemos que ir a Serbia para el tratamiento”, añade.

Emine es consciente de que el agravio a su familia tiene origen en la errónea información proporcionada por la UNMIK. Halil Gushani, de 50 años y broma fácil, apunta en su caso a la falta de la misma: “Yo trabajaba en Trepca y conocía los riesgos, pero nadie nos avisó de los riesgos de Leposaviq”. Y cuando lo supo, ¿por qué continuó allí? “Pues continué. No tenía alternativa y además decían que nos quedáramos porque Mitrovicë no era segura para nosotros. Nos decían que no fuéramos a Albania”. Entonces Halil obedeció: hasta 2013, hasta el final de lo incomprensible, residió en un terreno contaminado. “Incluso aunque lo supiéramos, nuestras casas fueron quemadas tras la guerra y no teníamos dinero”, recuerda Halil, quien se dice internacionalista por sus odiseas por Europa en busca de trabajo, mientras pasea por el renovado barrio Mahalla de Mitrovicë.

Ahora Halil, que ingresa unos 250 euros al mes, busca la fórmula para reducir gastos. Necesita cuadrar las cuentas y una solución está en Serbia, cuyos sistemas de ayudas sociales y salud son mejores que los de Kosovo. Pero incluso ante la mejor situación posible, Halil tiene que desembolsar el dinero de los desplazamientos y los medicamentos, ya que campañas de control como la que dirigía Danish Refugee Council en Mitrovicë han sido detenidas el pasado mayo por la falta de material. “Estoy registrado como serbio porque Kosovo no ayuda. Serbia me paga 90 euros al mes por los años que trabajé en Trepca. Tengo otro extra de 50 euros. Eso y un poco más por algunos trabajillos es lo que tenemos. Pero mi mujer está enferma y me cuesta 30 euros. Luego están los medicamentos de mis hijos. Al final pago unos 60 euros al mes”, cuenta Halil, quien por primera vez en la conversación muestra seriedad y espeta: “La UNMIK conocía nuestra situación. Desde 2008 no han vuelto a hablar con nosotros. Son culpables. Cada una de nuestras enfermedades son por su culpa y queremos que nos paguen el tratamiento. Y luego –de nuevo bromeando tras una pausa– tampoco nos vendría mal un poco de dinero extra”. 

Lucha legal

Los romaníes, al igual que las otras comunidades afectadas, ashkali –romaníes que hablan albanés– y egipcios, comenzaron a entender el giro que habían dado sus vidas en 2005. Poco después, con el apoyo del Centro Europeo de los Derechos de los Romaníes (ERRC), interpusieron una demanda colectiva contra la UNMIK en Nueva York. La abogada Dianne Post trabajaba en el ERRC, que más tarde la despidió y se desentendió de la causa. Entonces Post, cumpliendo la promesa de no abandonar a los romaníes, continuó con la demanda colectiva por cuenta propia. En ella, 138 romaníes –195 si se cuentan los hijos que no escribieron sus nombres para preservar su privacidad– reclamaban que la ONU se hiciera cargo de los gastos del tratamiento médico y el transporte, las pérdidas económicas derivadas de la enfermedad, los costes de la defensa y del entierro de tres fallecidos por supuestas enfermedades relacionadas con la contaminación por plomo, y un máximo de 50.000 dólares por afectado.

En paralelo a este proceso, la UNMIK, obligada por las propias resoluciones de la ONU, estableció el Panel Consultivo de los Derechos Humanos (PCDH) de Kosovo. En julio de 2008, Post presentó su demanda aquí también, aunque fue rechazada en marzo de 2010 por tener en paralelo el proceso de Nueva York, desestimado definitivamente en 2011. Entonces Post, sin el escollo legal anteriormente esgrimido, volvió al PCDH, que aceptó la demanda como fuente para su informe. Finalmente, el 26 de febrero de 2016, el PCDH consideró que “la UNMIK fue responsable por comprometer de manera irreversible la vida, la salud y el potencial desarrollo de los denunciantes que nacieron y crecieron en los campos”. Además subrayó que la UNMIK conoció los riesgos desde al menos noviembre de 2000 y, pese a ello, no los redujo y probablemente los aumentó al permitir la exposición continuada a la contaminación y no proveer los necesarios servicios médicos y de higiene. Por ello, y pese a no reconocer las tres posibles muertes recogidas en la demanda, recomendó que la UNMIK se disculpara y compensara económicamente a los 138 afectados, cifra que Post eleva a 500.

el 26 de mayo de 2017, la ONU no acató la decisión no vinculante del PCDH: mostró su “profundo arrepentimiento” por el sufrimiento de los afectados pero no reconoció en público su culpabilidad

Sin embargo, el 26 de mayo de 2017, la ONU no acató la decisión no vinculante del PCDH: mostró su “profundo arrepentimiento” por el sufrimiento de los afectados pero no reconoció en público su culpabilidad. Además no compensó a las víctimas, sino que estipuló la creación de proyectos comunitarios a través de un Fondo Fiduciario, cuyo montante final depende de las aportaciones voluntarias de los estados miembros de la ONU. Como antecedente, el Fondo Fiduciario para Haití, creado en 2016 para paliar los efectos del cólera que se expandió por los errores de la ONU tras el terremoto de 2010, ha obtenido poco más del 1% de los 400 millones de dólares necesarios. El caso de Kosovo es más sencillo, ya que apenas son 5 millones de dólares y en juego además está el componente moral de la ONU, que gobernó Kosovo hasta 2008. Pero Katharina Rall, responsable de HRW en esta causa, desconfía: “Estamos preocupados con el Fondo: después de seis meses no hay dinero. Pero incluso si lo hubiera, los proyectos comunitarios propuestos no están destinados a las víctimas. Hemos escuchado algo sobre infraestructuras que seguro apreciarán, porque tienen muchos problemas y no creo que lo rechacen, pero la respuesta de la ONU tendría que enfocarse en compensar los daños específicos de la contaminación por plomo”.

Rall, cuyo testimonio es recogido a través de Skype, cree que “la configuración actual del Fondo Fiduciario no va a atajar los problemas de los afectados”, y dice estar interesada en saber la respuesta de la UNMIK. Pero tras dos correos electrónicos enviados al Departamento de Comunicación, no hay respuesta. No hay palabras para lo indefendible, o simplemente no quieren repetir lo ya expuesto ante el PCDH: “se destinaron recursos considerables para la protección y asistencia de desplazados”; no se puede culpar a la UNMIK por un problema que existía 60 años antes de su llegada; “los desplazados no querían moverse”; la forma de vida de los romaníes, que en Kosovo también trabajan con la chatarra, podría ser uno de los condicionantes de la contaminación... Pese a esta defensa, Post asegura, al facilitar los archivos de la demanda, que “no dudará de la culpabilidad de la ONU cuando lea los documentos”. 

Casi tres lustros después, los documentos de Post son tan contundentes como las pruebas médicas de la familia Babajboks. Todos dicen lo mismo: que la UNMIK fue culpable. Lo repite incluso su propio Panel de los Derechos Humanos. Pero, ¿por qué no actuaron si era evidente? Probablemente porque no querían encender ninguna mecha en el conflicto entre serbios y albaneses, sobre todo porque estos últimos veían a los romaníes como colaboradores del régimen yugoslavo de Slobodan Milosevic. Eso es lo que sigue pensando Dianne Post. “Pero no es excusa, tienen que compensar a los afectados”, añade. Porque hasta entonces la lucha continuará para los romaníes, que buscan esperanza en un lago de resignación. Bayram, de 65 años, es el ejemplo: “Merecemos mucho más, pero nos vale con que nos paguen el tratamiento. Muchos periodistas y muchas organizaciones han venido aquí, pero nada ha cambiado”.