Celdas oscuras y húmedas en dependencias policiales, ese suele ser el destino que espera a aquellas personas que acaban de llegar hasta las costas españolas o han sido rescatadas en el mar por Salvamento Marítimo o la Guardia Civil. Lo denuncia la ONG internacional Human Rights Watch (HRW), tras visitar a mediados de mayo los centros de detención inmigratoria de Algeciras y Tarifa, las instalaciones portuarias de la policía en Motril y Almería y la estación central de policía en Málaga.

Potenciales demandantes de asilo e inmigrantes, la mayoría de los adultos y niños acompañados de un familiar que llegan a las costas andaluzas sufren el mismo proceso: 72 horas en instalaciones policiales para su identificación y procesamiento. Luego, un centro de internamiento de extranjeros (CIE) para los adultos durante un máximo de 60 días. Más tarde, si existe convenio con sus países de origen, deportación. Si no, puesta en libertad, pero sin derecho legal a permanecer en el país y con la obligación de irse. Un limbo jurídico en el que la amenaza de una nueva detención y estancia en un CIE está siempre presente.

Para los menores no acompañados, el destino suele ser un centro de acogida.

En su informe HRW describe las ‘precarias’ condiciones de los establecimientos en los que se encierra a los migrantes tras desembarcar: grandes celdas con poca iluminación y colchones en el suelo en Motril –en este centro existe una única célula con literas en la que se interna a las mujeres y a los niños-- y Almería; una cárcel subterránea sin luz natural ni ventilación en la dependencia policial de Málaga. Además, señala la ONG, “las personas detenidas permanecen encerradas en todo momento, y solo se les saca para efectuarles controles de salud, tomarles las huellas dactilares, entrevistarles o para usar el retrete en Almería y Málaga, al no haber dentro de las celdas”. En Almería y Motril existen espacios externos cercados, pero a las personas detenidas por motivos inmigratorios “no se les permite usarlos”.

En las 72 horas marcadas como plazo máximo de detención, la policía, tras tomar las huellas dactilares y entrevistar a los inmigrantes, tiene que emitir una orden de devolución que un juez ha de confirmar o desestimar. El magistrado debe además decidir si la persona será privada, o no, de libertad. HRW constató que en Motril y Almería es habitual que los magistrados realicen entrevistas grupales –a veces, incluso mediante teleconferencia-- en las que plantean preguntas tipo y luego internen a casi todos los adultos en CIE hasta su deportación. En Málaga, reconoce la ONG, el colegio de abogados local junto con otras organizaciones ha conseguido que los jueces realicen entrevistas individuales y dicten órdenes de detención individualizadas.

Conforme a la legislación española, el internamiento con fines de deportación solo debería de aplicarse cuando exista la probabilidad de que la deportación pueda ser y sea efectivamente llevada a cabo con una celeridad razonable. Los datos recopilados por el Defensor del Pueblo indican que solo el 29% de las personas detenidas en CIE fueron expulsadas de España en 2016.

HRW recuerda que el derecho español contempla medidas alternativas al encierro como la retención de documentos, la obligación de comparecencia y/o de vivir en un lugar determinado para garantizar que una persona pueda ser localizada con el fin de ejecutar una orden de devolución o deportación. En España existe además, incide la ONG internacional, un sistema de centros de acogida humanitaria financiado por el gobierno y gestionado por asociaciones, en los que los inmigrantes indocumentados pueden permanecer hasta tres meses.

Según la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), entre el 1 de enero y el 26 de julio de 2017 llegaron a las costas españolas 7.847 personas. Unas 5.400 más que en el mismo periodo del año anterior.

La OIM estima además que 119 personas han muerto en el cruce del Mediterráneo occidental desde comienzos 2017. A principio de julio en un solo naufragio perdieron la vida 49 personas.

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Espacio de información realizado con la colaboración del Observatorio Social de “la Caixa”.