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Una idea esencial de los artículos anteriores de esta serie es que España crece, sí, pero sin resolver los problemas sociales y económicos que condicionan el futuro de la mayoría. Buena parte del nuevo empleo es muy precario, temporal y con bajos salarios. El resultado de esto, y de que no se hayan revertido los recortes al Estado de Bienestar, es que se ha cronificado un insoportable nivel de desigualdad. Así, crecimiento económico y progreso social son fenómenos que en este momento parecen conjugarse en tiempos distintos: la “recuperación” tiene un carácter ciertamente regresivo y ya no garantiza la mejora de las condiciones de vida de la mayoría social del país.

Es necesario, por tanto, no sólo asegurar que el crecimiento se mantiene, sino también transformarlo. Sabemos además que las “reformas estructurales orientadas al mercado” no han propiciado un cambio productivo: siguen predominando los sectores de contenido tecnológico medio, e incluso medio-bajo; la actividad está creciendo sobre todo en sectores tradicionales como la hostelería, el turismo, el comercio minorista y la actividad inmobiliaria; y la mejora de la balanza externa no responde tanto a un avance en la capacidad de penetración de las exportaciones españolas como al abaratamiento de la factura energética importada.

Apuntalar y, simultáneamente, transformar el crecimiento de nuestra economía exige una estrategia industrial más audaz y proactiva que, involucrando al sector público junto al sector privado, sea capaz de fijar prioridades sobre qué sectores pueden servir de palanca para esa transformación, y poner en marcha medidas para impulsar su desarrollo. En concreto, nos parece que España requiere una estrategia que impulse un crecimiento sostenible en términos medioambientales (verde), que asegure la igualdad de género (morado), y que mejore la productividad a través del desarrollo del proceso de digitalización. Consagramos el resto del artículo a perfilar los dos primeros vectores, y dejamos el tercero para el siguiente artículo.

¿Por qué una estrategia de crecimiento verde y morado?

Una estrategia de este tipo permitiría transformar y mejorar los perfiles del crecimiento económico, en diferentes formas.

En primer lugar, se podría desplazar la oferta productiva hacia sectores de mayor valor añadido. Por ejemplo, la transición energética requiere que parte de la actividad constructora se traslade hacia actividades de rehabilitación inmobiliaria para reducir el consumo energético, o que industrias energéticas obsoletas se sustituyan por el fomento de energías renovables. Del mismo modo, parte de la actividad de servicios, excesivamente concentrada en hostelería, turismo y comercio minorista, podría desplazarse hacia servicios personales vinculados a la atención a la infancia o la dependencia, necesarios para avanzar en la integración laboral de las mujeres.

crecimiento económico y progreso social son fenómenos que en este momento parecen conjugarse en tiempos distintos

Por supuesto, esta nueva estrategia permitiría una reducción drástica de las emisiones de CO2, la desmaterialización de la producción económica y la mejora de la eficiencia de los procesos.

Un crecimiento verde propiciaría una reducción de los elevados costes energéticos de los hogares españoles (disminuyendo la pobreza energética) y del tejido empresarial, que es notablemente más elevado que en los países de nuestro entorno. Esta reducción de los costes energéticos –particularmente de la electricidad–, y el menor consumo que se derivaría de una mejora de la eficiencia de instalaciones y procesos industriales, permitirían mejorar la competitividad externa de nuestra economía, reducirían su factura importadora y contribuirían a sanear nuestra balanza por cuenta corriente. Esto ayudaría también a reducir la tendencia de nuestra economía al endeudamiento externo. 

La brecha económica y salarial existente entre hombres y mujeres se explica por distintos factores, pero uno de ellos es sin duda la organización del sistema de cuidados y la insuficiencia de los servicios públicos que deberían garantizarlos. Por tanto, un crecimiento morado permitiría no sólo reducir esa brecha, sino que ayudaría también a atender la profunda “crisis de cuidados” que amenaza a nuestra demografía, facilitando un aumento de la tasa de empleo de las mujeres y de la natalidad. Ambos factores contribuirían además al sostenimiento de nuestro actual sistema de pensiones.

Finalmente, los vectores verde y morado del crecimiento se complementan en la solución de una de las principales contradicciones que experimenta nuestra economía: por un lado, necesitamos impulsar sectores con elevado crecimiento de la productividad, pero a la vez, para absorber nuestro alto desempleo, esto debe acompañarse con el desarrollo de otros sectores muy intensivos en empleo. Precisamente, aquellos servicios con capacidad para promover una mayor igualdad entre mujeres y hombres –por ejemplo, la universalización de la educación de 0 a 3 años, o un verdadero desarrollo de la atención a la dependencia– son intensivos en empleo, igual que algunas industrias asociadas al crecimiento verde, como las actividades de rehabilitación urbanística e inmobiliaria.

necesitamos impulsar sectores con elevado crecimiento de la productividad, pero a la vez, para absorber nuestro alto desempleo, esto debe acompañarse con el desarrollo de otros sectores muy intensivos en empleo

Ahora bien, el logro de estos objetivos económicos, sociales y medioambientales requiere abandonar la visión que la ortodoxia económica tiene hoy de la política industrial, que –en el mejor de los casos– se limita a meras intervenciones horizontales que no ponen en cuestión que es “el mercado” el que ha de decidir qué se produce. Por el contrario, economistas como Mariana Mazzucato, Dani Rodrik o Mario Pianta nos han enseñado que es preciso que el sector público consagre esfuerzos (presupuestarios, crediticios y regulatorios) en sectores y actividades que puedan actuar como catalizadores de la transformación del modelo productivo. Internet hoy no existiría si el gobierno estadounidense no hubiese dedicado décadas de esfuerzo de investigación fundamental en su desarrollo. El mercado por sí sólo se ha mostrado incapaz de canalizar un cambio de modelo productivo como el que aquí se plantea, e incluso ha conducido la inversión hacia direcciones perniciosas (como la burbuja inmobiliaria).

¿Cómo impulsar un crecimiento verde?

Los aumentos del PIB no son necesariamente incompatibles con una drástica reducción de las emisiones de los gases de efecto invernadero, ni con una creciente descarbonización y desmaterialización de la producción. Por tanto, es posible atender a la vez el enorme desafío de empleo que tiene nuestro país (crecimiento) al tiempo que se garantiza la sostenibilidad (verde).

Para ello, lo primero que se requiere es un ambicioso programa de inversiones al servicio de un Plan Nacional de Transición Energética. Un estudio dirigido por el economista Robert Pollin para la economía española estimaba que deberían movilizarse recursos (públicos y privados) equivalentes al 1,5% del PIB al año durante dos décadas, con dos grandes objetivos.

En primer lugar, el ahorro energético, principalmente a través de la rehabilitación de viviendas e instalaciones para mejorar su eficiencia energética. Como esta es muy baja en este momento, el retorno inmediato de estas inversiones es elevado: por cada euro invertido pueden lograrse dos de ahorro en consumo de energía. También tendría resultados muy positivos en términos de creación de empleo, y precisamente en un sector que permitiría mejorar la situación de los muchos desempleados que aún provienen del estallido de la burbuja inmobiliaria. 

En segundo lugar, la promoción de las energías renovables. Tras un notable desarrollo durante el periodo de 2004-2009, con un esquema de incentivos similar al de países como Alemania o Italia, España ha experimentado un preocupante freno a la penetración de energías renovables en el sistema eléctrico durante el periodo 2010-2017, como consecuencia del cambio de políticas del Partido Popular y la implantación de un marco regulatorio muy hostil.

Modificar este marco y fomentar nuevamente el desarrollo de las renovables es crucial para una drástica reducción de las emisiones de CO2. El sector de la energía es el principal responsable de emisiones de gases de efecto invernadero en España (el 77% en 2015, con la generación de electricidad suponiendo un 22% y el transporte un 25%, respectivamente) pero ya existe la posibilidad técnica de alcanzar, en el plazo de una década, un sistema eléctrico en el que las energías renovables generen la electricidad necesaria para cubrir casi el 100% de la demanda. 

Estos dos pilares –ahorro energético y desarrollo de energías renovables– permitirían una drástica reducción de las emisiones de CO2, de hasta el 75% según el trabajo de R. Pollin que mencionábamos antes.

Para financiar una estrategia inversora de este tipo es importante el aumento de la fiscalidad verde, que además contribuiría a desincentivar consumos medioambientalmente dañinos. La recaudación por este tipo de impuestos supone en España el 1,4% del PIB, mientras que la media europea se sitúa en el 2,5%. Además, su reparto es ciertamente regresivo: el 50% de la recaudación proviene de los hogares (vía factura de la luz e impuestos sobre la gasolina), mientras que la aportación de la industria y las empresas energéticas no alcanza el 20%. 

Para financiar una estrategia inversora de este tipo es importante el aumento de la fiscalidad verde, que además contribuiría a desincentivar consumos medioambientalmente dañinos

También es necesaria una reforma del sector eléctrico, propiciando un nuevo marco regulatorio que permita que la retribución de las distintas fuentes de energía se corresponda con sus costes reales de producción y que impida las prácticas oligopólicas en el sector, incluida la integración vertical. Otros dos elementos importantes de esta reforma serían la derogación del Real Decreto 900/2015 sobre el autoconsumo eléctrico, para permitir su desarrollo, y la recuperación para la gestión pública de las centrales hidroeléctricas cuyas concesiones vayan caducando.

Por último, no habrá de verdad crecimiento verde sin un cambio en el sector del transporte. Hoy ya es posible avanzar de forma rápida y decidida hacia la progresiva electrificación de los vehículos. Para que este proceso sea favorable para una estrategia de crecimiento más sostenible debe hacerse en combinación con la drástica reducción del peso de la electricidad generada a partir de combustibles fósiles –el caso de las centrales de ciclo combinado– y con una creciente colectivización del transporte, en torno a estrategias de desarrollo del transporte público. Esto reduciría la contaminación producida por desechos materiales y residuos sólidos asociada a la renovación del parque automovilístico, que puede ser muy significativa en caso contrario. El impulso a los esquemas de coche compartido debería formar parte de la agenda de políticas públicas para los próximos años, así como la sustitución progresiva del transporte de mercancías por carretera por el transporte mediante ferrocarril.

Crecimiento morado, condición necesaria para un crecimiento inclusivo

La mitad de la población –las mujeres– se encuentra en situación de desigualdad: menores salarios, largas jornadas de trabajo (dentro y fuera del hogar), vidas laborales discontinuas y un reparto inequitativo del trabajo doméstico. Hoy tenemos más tituladas que titulados en nuestras universidades y sin embargo nuestra sociedad y nuestro mercado laboral no facilitan la incorporación de este talento. Acabar con esta situación es una prioridad política por sí misma, pero es que además tendrá implicaciones económicas muy favorables.

Una estrategia de crecimiento morado tiene mucho que ver con un cambio sustancial de perspectiva en la forma en que se organiza en España el sistema de cuidados. En primer lugar, los servicios públicos relacionados con los cuidados están escasamente dotados, y han sufrido recortes importantes durante la crisis: España dedica a cuidados de larga duración el 0,6% del PIB, mientras Holanda y Suecia alcanzan el 3,7%. Pero es que, además, el grueso de las políticas públicas se dirige, en la práctica, a intentar que las mujeres satisfagan la demanda de cuidados en el seno familiar, facilitando que se retiren (total o parcialmente) del empleo durante los periodos en los que las familias experimentan necesidades de cuidados (infancia, enfermedad o vejez, por ejemplo).

La organización del trabajo también refuerza esta tendencia, generalizando la dualidad laboral: por un lado, tenemos jornadas interminables para algunas personas (sobre todo hombres), incompatibles con una adecuada planificación de los cuidados. Por otro, se consolida el empleo precario a tiempo parcial, y las interrupciones que impiden consolidar una trayectoria laboral estable (particularmente para las mujeres). Un 70% de las contrataciones a tiempo parcial son de mujeres, de las cuales más de la mitad son involuntarias. Además, en el 20% de los casos el empleo a tiempo parcial de las mujeres está asociado a la necesidad de atender al cuidado de familiares y otras tareas relacionadas con la casa (en los hombres no llega al 5%). Como consecuencia de todo ello, las mujeres ganan un 23,5% menos que los hombres. 

 Las políticas “natalistas”, consistentes en ofrecer incentivos a las mujeres para permanecer en el hogar, han tenido efectos contrarios a los que pretendían

Esta estructura sociolaboral penaliza la fecundidad y se traduce en bajas tasas de natalidad. Ponemos a las mujeres –pero no a los hombres– entre la espada y la pared, haciéndolas elegir entre carreras profesionales o familia. Las políticas “natalistas”, consistentes en ofrecer incentivos a las mujeres para permanecer en el hogar, han tenido efectos contrarios a los que pretendían: Alemania o España, países que las aplican, presentan las tasas de fecundidad más bajas de Europa. Por el contrario, allí donde se aplican políticas que evitan que las mujeres tengan que elegir entre empleo de calidad y maternidad –como los países nórdicos– se ha conseguido revertir la caída de las tasas de fecundidad. Estas desigualdades en el mercado laboral tienen además una repercusión directa en el sistema de pensiones: las bajas tasas de participación de las mujeres y sus menores salarios disminuyen los ingresos por cotizaciones, y el círculo de la discriminación se cierra después con menores pensiones para ellas.

Avanzar hacia un modelo de “crecimiento morado” requiere un modelo de cuidados basado en los principios de corresponsabilidad y universalidad, que asegure que todas las necesidades estén atendidas y, a la vez, que todas las personas conserven su independencia económica durante toda su vida, con igualdad real de oportunidades. Esto exige la universalización de los servicios públicos, jornadas laborales a tiempo completo más cortas y un reparto más igualitario de los cuidados entre hombres y mujeres.

Hay medidas concretas que pueden favorecer este cambio de modelo. Aquí destacamos cuatro principales.

Para empezar, la reforma del sistema de permisos por nacimiento o adopción, aumentando el actual permiso de paternidad hasta igualarlo con el de maternidad. Para garantizar la igualdad efectiva de derechos, el permiso debe ser igual para cada persona progenitora, intransferible (como todos los demás derechos laborales y sociales), con una remuneración equivalente al 100% del salario y con protección del puesto de trabajo durante el ejercicio de los derechos de maternidad y paternidad.

Para garantizar la igualdad efectiva de derechos, el permiso debe ser igual para cada persona progenitora, intransferible, con una remuneración equivalente al 100% del salario y con protección del puesto de trabajo 

Esta reforma del sistema de permisos de nacimiento no sólo fomentaría la corresponsabilidad de cuidados en el hogar, sino que favorecería decisivamente los derechos laborales de las mujeres al equipararse las condiciones (reales) de acceso a los permisos para hombres y mujeres. 

Este nuevo sistema de permisos por nacimiento o adopción ayudaría también a cerrar significativamente la brecha salarial, siempre y cuando se garantice la intransferibilidad de los permisos, que es el verdadero caballo de batalla. Las medidas “de transparencia” (auditorías salariales en las empresas, por ejemplo) son necesarias, pero la brecha salarial no se explica tanto por la diferencia de remuneración en los mismos puestos, sino por la fuerte segregación de las mujeres en el mercado de trabajo (ellas trabajan en sectores peor remunerados, y evolucionan menos que ellos hacia categorías laborales mejor remuneradas); asimismo, las mujeres tienen vidas laborales más discontinuas, con más periodos de bajas. Las políticas públicas deben orientarse a que las mujeres dejen de tener –como dice la economista María Pazos– la etiqueta de “menos disponibles para el empleo”.

Es necesario ampliar y desarrollar también el catálogo de los nuevos derechos que deben conformar el Estado de Bienestar del siglo XXI. Algunos existen ya sobre el papel, como la educación infantil pública y gratuita en el periodo de los 0 a 3 años, pero están escasamente reconocidos y muy infradotados. Y es imprescindible la universalización del derecho de las personas a que los servicios públicos de atención a la dependencia les proporcionen la autonomía funcional plena, equiparando las condiciones laborales de quienes lo aseguran a las del resto de personas trabajadoras. El desarrollo de ambos sectores –la educación infantil y la atención temprana a la infancia, y la dependencia– liberaría a millones de mujeres de la doble mochila laboral que en este momento asumen, reforzando con ello su disponibilidad para el empleo. Además, son sectores económicos intensivos en empleo y cuyo consumo de materiales y energía es relativamente bajo, lo que ayudaría ir desplazando progresivamente la producción hacia sectores más sostenibles desde el punto de vista medioambiental.

En tercer lugar, eliminar los incentivos al empleo a tiempo parcial y avanzar hacia la progresiva implantación de una jornada laboral máxima de 35 horas semanales, con cómputo semanal, ayudaría a racionalizar horarios y fomentaría la conciliación laboral y la reorganización del sistema de cuidados. Por supuesto, esta propuesta contribuiría también a un mayor reparto del empleo. La tendencia a la reducción de la jornada laboral, relativamente constante durante todo el siglo XX, se detuvo en las últimas décadas de ese siglo en prácticamente todos los países de la OCDE, también en el nuestro. 

La desigualdad de género y la brecha salarial, por último, debe situarse en el centro de la negociación colectiva en las empresas, para mejorar los protocolos anti-acoso y los planes de igualdad, las medidas de conciliación y la visibilización de las brechas salariales existentes entre mujeres y hombres.

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Nacho Álvarez es secretario de Economía de Podemos y profesor de la UAM. Jorge Uxó es miembro de la  secretaría de Economía de Podemos y profesor de la UCLM.