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Ricardo Costa, exsecretario general del PP valenciano, se retorcía, nervioso, en la mañana del viernes a las puertas de la sala de vistas de la Audiencia Nacional. Si la ropa de Massimo Dutti echara a hablar, tendría la voz de Ricardo Costa, oiríamos una tesitura gomosa, la misma con la que el ex rechazó a los periodistas que se acercaron: “No he hablado con ningún periodista y no voy aasasaoras”, lo último no se entendió, pero quería decir que ahora no iba a hacer una excepción. Había brotado una información de manos de la Cadena Ser: al parecer el jueves Costa recibió tres llamadas de Francisco Camps: presiones. Se temía que, acuciado por la declaración de Correa y por lo que, presumiblemente, iban a largar Pablo Crespo y Álvaro Pérez El Bigotes, Costa confesara también y se rompiera en pedazos la cuarta pared de la omertá.  

Hacía rato que un miembro de seguridad se había acercado al abogado de Paco Correa para indicarle que le acompañara hacia el interior: los presos debían estar allí. El inicio de la sesión se retrasaba. Días atrás también ocurrió: dos horas de demora. El resultado fue que Crespo y Pérez solicitaron un aplazamiento para intentar arrancarle un pacto a la Fiscalía. Quizás por ese precedente, y porque Correa había apuntado a él en su interrogatorio, Costa hincaba los codos en las rodillas, se levantaba y se sentaba, y se estiraba la camisa por dentro del traje con una sacudida de brazos. Salió Javier Vasallo, el abogado de Álvaro Pérez. Se colocó frente a Costa con la mano en la boca, una postura consustancial a los abogados mediáticos. En un punto de la conversación, Costa se desinfló como un neumático y perdió un par de centímetros de estatura. Se relajó.

La historia judicial de la Gürtel puede dividirse en pequeñas escenas, unas más sutiles como la de Costa y otras más escandalosas como la carantoña que Francisco Camps envió al público cuando lo absolvieron del caso de los trajes. Hoy, aquella sonrisilla amorosa del expresidente iba a adquirir un significado más dramático para la democracia. Camps, médula histórica de la hegemonía política del PP, iba a quedar radicalmente destruido como personaje, pero indemne como persona: el delito que se le atribuyó durante esa jornada ha prescrito para él.

Camps, médula histórica de la hegemonía política del PP, iba a quedar radicalmente destruido como personaje, pero indemne como persona

Miguel Durán, abogado de Pablo Crespo, enchufó el micrófono y confirmó que la tentativa de pactar con el ministerio público no había dado fruto, pero que su defendido iba a decir toda la verdad. La verdad era aceptar como cierto el escrito de confesión de Correa y desvelar el reverso de lo que los nueve empresarios acusados habían reconocido a principios de semana: que el PPCV se financiaba ilegalmente haciendo que las facturas de sus actos electorales las abonaran los señores feudales de Castellón, Valencia y Alicante (nombres como Enrique Ortiz, Gabriel Batalla, José Francisco Bevià o Vicente Cotino). “Aquí no están todos los empresarios que son, aquí no se le ha preguntado a ningún empresario qué es lo que agradecía cuando soltaba la mandanga”, diría horas más tarde Álvaro Pérez casi a gritos. Los empresarios aplicaron sus destrezas comerciales al proceso judicial y no han salido mal parados: la petición de pena se rebaja a menos de dos años; evitarán la cárcel. En esta pieza sobre la financiación ilegal del PPCV, la Fiscalía estima que la cantidad que los populares no declararon por las contrataciones correspondientes a las campañas de las municipales y autonómicas 2007 y a las generales 2008 excede los dos millones de euros.

Los hombres de Correa no estaban dispuestos a limar la contundencia del escrito de acusación. Pablo Crespo contó que mientras Orange Market (filial valenciana de las empresas gurtelianas) desarrollaba su actividad, él viajaba constantemente a Valencia para supervisar el negocio y hablaba con Álvaro Pérez casi todos los días. Es decir, frente al tribunal, Crespo avisaba de que reunía las credenciales suficientes para aclarar sombras. “Se cobró en efectivo del PP en dinero que no se declaró. Dinero que fue a parar en su integridad a la caja B de Correa. También hubo una parte de facturación de trabajos del PP que fueron pagados a través de los empresarios que prestaron declaración aquí”, aseguró. La fiscal Miriam Segura le mostró un documento Excel en el que aparecían los motivos “Alicante” y “Barcelona”. Él resolvió el enigma: “Eso es una denominación de dinero A y dinero B”. Según Crespo, las facturas que pasaban a los empresarios implicados correspondían a trabajos reales que el PP no pagaba. La deuda con el partido la satisfacían los jeques amigos. Otra parte de la cuenta, la abonaba el PP, pero en dinero negro: “El 99% de esas cantidades iba yo a Valencia a recogerlas, me las entregaba Pérez en un paquete, las trasladaba a Madrid y se las daba a Correa para que las metiera en la caja B”. Una entrega en fardos, al estilo contrabandista.

Durante toda la jornada se aludió a una reunión que mantuvieron Costa, Crespo y Pérez cuando la deuda se amontonó. Fue entonces, relató Crespo, cuando se sumaron a la matrioska de financiación ilegal de los populares: “Costa, ante nuestra presión para cobrar, dijo que no tenían dinero para pagar y que la única solución era que facturáramos a determinados empresarios en vez de a ellos. Mi respuesta fue que la solución no me gustaba, intenté negarme al cobro por ese medio, pero me dijo [Costa] que era hacerlo así o no cobrar. Cuando salí de la reunión llamé a Correa. Finalmente, aceptamos porque si no, la opción que había era el concurso de acreedores y el cierre de la compañía”. En esa narración, Crespo dijo que intuía que Ricardo Costa realmente no tenía voz en esa propuesta, que solo trasladaba órdenes y no sabía qué empresas se encargarían de las facturas.

Se abrió la veda de exculpaciones del exsecretario general del PPCV. Comenzó él y continuó, cargado de ira y ganas de mear, El Bigotes. La Gürtel son pequeñas escenas: otra vez, rebobinando las horas, sucedía esa metáfora de Costa desinflándose como un neumático frente a Javier Vasallo en el vestíbulo. Álvaro Pérez, con un sentido de la teatralidad que en su día consiguió mitigarle la fealdad a Aznar en los mítines, tiró de cebo: “Yo le puedo contar cosas que son las que espera la gente que está detrás sentada”. “No me voy a callar nada”, amenazó. Y cumplió, al menos en lo que tocaba a la cúpula del PP valenciano. Pero primero centró las coordenadas de su vinculación con el partido: “Tenía una tarjeta para entrar sin pasar los controles de Génova como cualquier empleado. Tenía y TENGO, por si alguien la necesita”, ese tengo lo dijo en mayúsculas.

Pérez consiguió meter el mostacho en el Olimpo conservador valenciano gracias al Alejandro Agag, yernísimo de España, que le presentó a Francisco Camps. “Vente a vivir a Valencia. Vais a tener una calidad de vida que no tenéis”, cuenta que le propuso un Camps que todavía no detentaba la presidencia. Aquello fue una luna de miel, o una versión corrupta y jaranera del País en la mochila de Labordeta: “Íbamos por todos los pueblos de España y todas las ciudades trabajando con todos los PP’s, nadie del PP quería no trabajar con nosotros”. Se oyó una voz como de sicofonía: “Todos, todos”, era Correa desde su silla.

Pérez interpretó su faceta bufonesca, a veces intencionadamente (“yo no sabía lo que era un Excel hasta el juicio, me pensaba que era la marca de los folios”) y otras sin querer, levantando risas simplemente porque se ha convertido en la nota cómica que requiere todo culebrón. Las risas de fondo, cascabeleando entre acusados, abogados y el público, parecían, en ocasiones, sólo en ocasiones, dolerle en la nuca. Pero ese no es el tema de la crónica. Entre aspavientos, Pérez aportó un testimonio fundamental: “Cuando le digo a Costa que es una barbaridad hacer lo de los empresarios, llama delante de mí a la persona a la que le consultaba todo y le dice que hay problemas importantes si se hace de esta manera, problemas muy serios que pueden ir a más, y esa persona le dice que es lo que hay que hacer y que si le interesa así sí, y que si no, que lo deje. Esa persona es Francisco Camps”, clamó.

Se quejó de que el grueso del trabajo no iba para él: “Otras empresas se lo llevaban todo y esas no salían en los periódicos, yo sí”. El Bigotes se sublevó, peroró, se exasperó, confesó que uno de los paquetes de billetes lo recogió de la consejería de Obras Públicos, del fallecido Ramón García Antón. Tradujo varias conversaciones telefónicas pinchadas en las que se le oía pelear para cobrar, desveló que cuando Enrique Ortiz hablaba de magdalenas, se refería a dinero, a dinero B. Sentenció que Vicente Rambla, exvicepresidente, no “mandaba una mierda”, que Costa tampoco, que en la Comunitat sólo mandaba Ana Michavila (jefa de Gabinete de Camps), Juan Cotino (exvicepresidente tercero) y el presidente Camps. Se sublevó, peroró, sentenció, clamó, y ya, cuando su abogado lo interrogaba, le quitó la anilla a la granada:

— ¿Quién es la persona que idea y crea ese sistema de pagos?— preguntó Vasallo.

— Francisco Camps.

— ¿Lo sabe?— terció el juez

— Sí, es el único que podía hacerlo— cerró Pérez.

El viernes se estercoló el legado de Camps, y casi aplaudimos todos. Pero el expresidente no está imputado, no se hizo en su día y el delito prescribió. A cambio de apuntar tan alto, allí, a unos metros por debajo, en la vieja cúpula autonómica sentada en el banquillo, parecieron despejarse las culpas. Como catarsis no estuvo mal: un espectáculo, un magnicidio simbólico que, escrutado a fondo, resultaba, en parte, inocuo. Aun así, parece ser que los ciudadanos lo necesitábamos. En enero de 2012, en Valencia, Francisco Camps escuchó el veredicto del jurado y se echó a reír.