Editorial
Del Estado de Derecho al Derecho del Estado
30/01/2018
El J.R. Mora de hoy: Rompiendo España
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Si algo significa la expresión “Estado de Derecho” es que la actuación de todos los poderes públicos queda sometida a un marco indisponible, que es el cumplimiento de la Constitución y la normativa vigente mientras esta no cambie. En un Estado “democrático”, esta sería la última garantía de que la “voluntad popular” (es decir, del pueblo soberano) está por encima de la arbitrariedad de cualquier autoridad constituida.
Sobre esta elemental base se levantó la enmienda a la totalidad, que en CTXT compartimos, a los intentos o amagos de declaración unilateral de independencia de Catalunya realizados por autoridades cuya legitimidad democrática no alcanzaba a romper el marco constitucional del que provenían: en efecto, una mayoría parlamentaria autonómica no tiene mandato democrático para declarar la independencia, ni para convocar un referéndum vinculante sobre esa materia mientras no sea acordado con quien sí tiene esa competencia según el pacto constitucional que ya previó esta hipótesis en cláusulas claras.
Tras años de inacción que solo sirvieron para dar fuerza a las corrientes soberanistas de los nacionalistas catalanes, el Gobierno de Rajoy recurrió a los mecanismos constitucionales para desactivar jurídicamente lo que constitucionalmente no era admisible: logró, así, la suspensión y declaración posterior de nulidad tanto de la ley de transitoriedad como de la ley del referéndum. No insistiremos ahora en si había alternativas políticas más inteligentes, ni nos detendremos en el penoso intento de prohibir “físicamente” el referéndum, con el subsiguiente bochorno internacional al que asistimos el 1-O.
Lo importante es que Estado de Derecho significa también que su autodefensa esté reglada con mecanismos proporcionados y respetuosos con los derechos fundamentales situados en la cúspide del ordenamiento y en el “fundamento del orden jurídico y de la paz social” (art. 9 CE). Pese a la existencia de pasadizos peligrosos como la opacidad del CNI y la existencia de los fondos reservados, cuya finalidad de defensa de razones de Estado tan habitualmente se tuerce en prácticas abusivas y partidistas, ni siquiera la defensa de la Constitución puede plantearse al margen de la misma.
El Gobierno parece abonado a la teoría del “mal menor”: el mal menor es que Puigdemont no sea presidente, y a eso supedita todo lo demás: para evitar lo que presenta como “males mayores”, se retuercen los procedimientos jurídicos por inoperancia o incompetencia; se orillan los mecanismos consultivos (Consejo de Estado); se intentan influjos y presiones sobre el árbitro (contactos publicados con magistrados del Tribunal Constitucional); se abusa fraudulentamente de prerrogativas jurídicas (como la posibilidad de conseguir automáticamente la suspensión de resoluciones de las comunidades autónomas por la vía del recurso al TC del art. 161 CE, sin más finalidad que evitar la investidura de un candidato que reúne las condiciones legales); se sustituye a la Mesa del Parlament en su competencia de interpretar el Reglamento de la Cámara, y se provoca (Fiscalía en ristre) una judicialización “extrema” que impone límites infranqueables a cuestiones que cabrían perfectamente en el concreto campo de juego de la política.
Lo que podría y debería dirimirse en sufragios, referendos y resoluciones arbitrales del Tribunal Constitucional, se encarcela bajo imputaciones deliberadamente exageradas de rebelión para disuadir y reprimir preventivamente.
Estos hechos no tienen la gravedad de los episodios relacionados con el terrorismo de Estado, como los GAL o el BVE, pero conviene recordar que lo que hay enfrente tampoco es una banda terrorista, sino la mitad cívica de una población que quiere cambiar el marco constitucional con votos y resoluciones. La lógica de la reacción, sin embargo, es parecida: se utilizan (cierto que en distinto grado) las mismas armas que utilizan quienes decidieron marginar la Constitución. Todo ello invocando la defensa de la Ley y del Estado, y contando con una aprobación ciudadana que previamente se ha alimentado con una esmeradísima política de comunicación que cuenta con numerosos, y poderosos, altavoces mediáticos.
El político canadiense Michael Ignatieff ya advirtió en sus libros (con relación al terrorismo) sobre la peligrosidad de la teoría del “mal menor”, en tanto que acaba con la credibilidad de todas las instituciones. La lógica del Estado puede acabar con la lógica democrática. ¿Una defensa antidemocrática de la democracia, punteada de artículos legales retorcidos hasta la extenuación, es posible en una verdadera democracia?
Una vez que Puigdemont desaparezca de nuestras vidas, el problema de Cataluña seguirá plenamente vigente: habrá un presidente independentista, un gobierno independentista, un Parlament con mayoría absoluta independentista, y en el otro lado estarán los mismos que no han entendido nada durante este tiempo, confiando un conflicto político a los jueces y haciendo de nuevo como don Tancredo. ¿Qué futuro espera a las relaciones con Catalunya? ¿Cómo podemos aspirar a un Estado funcional y natural si se usa más el corsé que la negociación?
Lo que ya no puede esperar más es una defensa ciudadana del Estado de Derecho frente a la peligrosa deriva del Derecho del Estado. Es importante que aquellos que no aprobamos los aventurerismos secesionistas sin legitimidad constitucional denunciemos sin ambages las prácticas de un Gobierno dispuesto a todo para defendernos de esos fantasmas.
No estamos con ello defendiendo el independentismo, sino a nosotros mismos. No queremos más defensa que la que nos habíamos dado: Constitución, derechos fundamentales, libertades públicas, política, democracia, diálogo. Sin trampas, sin atajos y sin sobreactuaciones electoralistas que, lejos de fortalecer al Estado, lo achatan y lo encorsetan en un uniforme antidisturbios, llevándose por delante la separación de poderes, las garantías constitucionales y el Estado de Derecho.
Si algo significa la expresión “Estado de Derecho” es que la actuación de todos los poderes públicos queda sometida a un marco indisponible, que es el cumplimiento de la Constitución y la normativa vigente mientras esta no cambie. En un Estado “democrático”, esta sería la última garantía de que la...
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