CTXT está produciendo el documental 'La izquierda en la era Trump'. Haz tu donación y conviértete en coproductor. Tendrás acceso gratuito a El Saloncito, la web exclusiva de la comunidad CTXT. Puedes ver el tráiler en este enlace y donar aquí. 

Los datos son abrumadores. Según la ONU la principal causa de mortalidad en el mundo por causas ambientales es la mala calidad del aire. La Agencia Europea de Medioambiente calcula que en Europa fallecen de forma prematura por esta misma causa 467.000 personas cada año. Más de 24.000 de esas muertes se producen en España. Como referencia, en 2017 fallecieron en nuestro país 1.200 personas en accidentes de tráfico interurbanos, veinte veces menos.

Unas cifras tan contundentes deberían interpelar a cualquier administración sensible con los problemas de salud pública, pero no es el caso del Gobierno central. El martes 30 de enero, el Ejecutivo fue llamado a capítulo por el comisario de Medioambiente europeo para dar cuenta de nuestro incumplimiento reiterado de las directivas sobre calidad del aire. Desde 2009 tenemos abierto un procedimiento de infracción por la superación de los niveles de partículas. En 2015, la Comisión inició otro procedimiento por el dióxido de nitrógeno (del que sigue habiendo incumplimientos sistemáticos en las ciudades con más tráfico). Aún no tenemos ningún procedimiento abierto por el tercer contaminante más problemático, el ozono troposférico, aunque vulneramos ampliamente la ley en doce comunidades autónomas. La Comisión Europea se lo toma con calma a la hora de activar estos expedientes por razones ambientales.

Sigamos con los datos. A lo largo de 2016 la población española que respiró aire contaminado por encima de los límites legales fue de 17 millones de personas, un 36% del total. Y si nos fijamos en las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud, más estrictas, nada menos que un 94% de la población respiró aire malsano. Solo los costes sanitarios derivados de esta contaminación atmosférica representan un 3,5% del PIB español, concluye el Banco Mundial.

En 2016 la población española que respiró aire contaminado por encima de los límites legales fue de 17 millones de personas, un 36% del total

Tenemos un problema tremendamente serio y ni el ministerio responsable ni el conjunto del Gobierno están haciendo sus deberes para solucionarlo con la determinación que requiere; a menudo, todo lo contrario. Por desgracia, hay muchos ejemplos de elusión de responsabilidades y descarga en otras administraciones. Repasemos algunos.

- El último plan del Gobierno, el Plan Aire II aprobado a finales de 2017, es un documento que adolece de actuaciones concretas, específicas, medibles, realistas, sujetas a plazos y con objetivos y presupuestos detallados. No es más que un texto para cubrir el expediente, pero sin voluntad real de solucionar el problema.

- Se sabe que el principal contaminador de nuestras zonas metropolitanas es el tráfico. Pues bien, Fomento tiene aparcados los proyectos para carriles bus desde hace décadas, mientras que se siguen planeando nuevas autovías (se va a ampliar la A1 de Madrid, por ejemplo, mientras que se van a rescatar con dinero público cinco autopistas radiales en esta misma conurbación). También los servicios de cercanías, una de las mejores alternativas de transporte público para grandes urbes, tienen palmarias deficiencias de mantenimiento y gestión por falta de presupuesto.

Fomento tiene aparcados los proyectos para carriles bus desde hace décadas, mientras que se siguen planeando nuevas autovías

- La referencia de algunas administraciones para poner restricciones a los automóviles son las etiquetas de la DGT. Pero este sistema es claramente deficiente: da por hecho que los fabricantes de coches dicen la verdad. Sin embargo, gracias al dieselgate y otros escándalos sabemos que hay marcas cuyos vehículos emiten de media 15 veces más que los máximos legales para algunos contaminantes. De modo que se da la paradoja de que algunos de los vehículos más contaminantes para gases tóxicos como el dióxido de nitrógeno son modelos vendidos en 2015 y 2016, cuando se destapó el escándalo y, claro está, cuentan con la correspondiente etiqueta de la DGT.

Peor aún, después del escándalo por este fraude, el Gobierno del PP defendió en Europa que se diera un margen de tolerancia a los fabricantes –que nos han engañado y jugado inmoralmente con nuestra salud durante años– para que sus coches pudieran emitir 2,3 veces más que el tope marcado por la normativa hasta 2019, aunque finalmente la Comisión Europea “solo” autorizó un factor de 2,1.

- Aunque la gestión sobre la calidad del aire está en buena medida transferida a las Comunidades Autónomas y a algunos municipios grandes, el Gobierno central no está en absoluto ejerciendo el papel de liderazgo que se espera de una administración responsable en un problema de esta magnitud, y el caso del ozono troposférico es diáfano para ilustrar esta situación. Llevamos años vulnerando los límites legales para este contaminante en al menos 12 comunidades autónomas. Como se trata de un gas cuyos precursores se generan en unos lugares que luego son transportados por los vientos hasta otros sitios (p.ej. el ozono que sufren en Guadalajara proviene en buena medida de los óxidos de nitrógeno generados por los tubos de escape del área metropolitana de Madrid), el Ministerio de Medio Ambiente ha desincentivado durante años la elaboración de los preceptivos planes autonómicos contra el ozono con el argumento de que iba a elaborar un plan estatal. A día de hoy este plan ni existe ni se le espera, mientras que el ozono sigue afectando a nuestros pulmones y mermando la productividad de nuestros cultivos.

Ante la situación descrita, resulta indignante que en declaraciones recientes la ministra Tejerina afirmara que el problema de la contaminación provenía de la inacción de los nuevos gobernantes de ciudades como Madrid o Barcelona, cuando son precisamente los que reconocen este problema e intentan, con mayor o menor acierto, mejorar la calidad del aire. Y, por cierto, jamás se le ha escuchado un comentario así en relación a los fabricantes de coches.

resulta indignante que la ministra Tejerina afirmara que el problema de la contaminación provenía de la inacción de los nuevos gobernantes de ciudades como Madrid o Barcelona

Si nos centramos en Madrid, los sucesivos gobiernos del PP han ocultado el problema durante décadas, sin que nadie de la administración estatal les sacara los colores por ello. Así, el consistorio de Ana Botella presentó un plan a la Comisión Europea para pedir una prórroga al cumplimiento de los límites legales de dióxido de nitrógeno. Esta propuesta fue rechazada por la Comisión argumentando que resultaba ineficaz para mejorar la calidad del aire, pero el Gobierno municipal la convirtió en su Plan Aire 2011-2015 sin modificar ni una coma. Y, claro, todos y cada uno de sus años de vigencia se superaron los límites legales de dióxido de nitrógeno.

En definitiva, a estas alturas resulta inadmisible la dinámica de seguir echando la culpa a otras administraciones de la propia inacción en algo tan serio como la contaminación del aire. El problema es de tal magnitud que exige una actuación decidida y coherente en todos los ámbitos de la administración y de la sociedad, con honestidad institucional y sin olvidar nunca que nos va mucha salud, mucho bienestar y muchos recursos en ello.

-------------------------

Paco Segura es coordinador de Ecologistas en Acción.