Somos muchos los trabajadores y los sindicalistas de todo el país que hemos visto con interés, empatía y preocupación las noticias sobre la última negociación en Opel. La plantilla de la factoría en Figueruelas (Zaragoza) aprobó el 31 de enero, con 2.897 votos a favor, 2.008 en contra y 54 votos en blanco, el preacuerdo firmado entre dirección y sindicatos sobre el nuevo convenio colectivo. La participación en la votación ha sido de más del 90% de la plantilla, lo que demuestra que los trabajadores y trabajadoras sabían que se jugaban su futuro. El acuerdo aprobado supone para la plantilla de Opel una reducción de sus salarios (a través de subidas menores a la inflación y de una reducción de distintos pluses), cuando llevan ya 13 años de congelación, un aumento de la jornada laboral y la flexibilidad, al reducir los tiempos de descanso pagados; el aumento de la flexibilidad al introducir más turnos y una nueva escala salarial. Para conseguir estas concesiones, la empresa ha utilizado abiertamente poderosas armas en la “negociación”, la amenaza de llevarse inversiones previstas y sobre todo, llevarse de Figueruelas la producción del modelo Corsa, principal producto, con un 45% de la producción de la factoría, que tiene capacidad de producir casi medio millón de coches al año. Y la de hacer ver a los de Figueruelas como privilegiados, haciéndoles competir con los de Vigo o Villaverde, con peores salarios y condiciones. Cuando la Opel fue comprada a General Motors, en 2017, por PSA (Peugeot Citröen), los directivos de esta compañía hicieron público que su objetivo era acabar con las pérdidas y que Opel diera beneficios a partir de 2020. También dijeron los presidentes del gobierno español, Mariano Rajoy, y del gobierno regional de Aragón, Javier Lamban, que los puestos de trabajo y las inversiones estaban aseguradas… Es evidente que la primera afirmación ha primado sobre la (falsa) promesa. El acuerdo arrancado a la plantilla de Figueruelas va en ese sentido. 

Hay que hacer constar que un acuerdo de este tipo profundiza y ahonda un camino con malas perspectivas que ya es conocido en la industria y sobre todo en la automoción. El del chantaje permanente de las multinacionales a los trabajadores y sus representantes exigiéndoles recortes de salarios, aumentos de la flexibilidad, en contra del empleo, y de la conciliación, siempre bajo la amenaza de la externalización, quitar inversiones, no renovar productos o llevarse directamente la producción. La amenaza de la patronal va acompañada de una presión social y política preparada para la ocasión y comienza con un ultimátum en el tiempo de respuesta. La dirección trata de imponer una negociación muy rápida y que se les responda en poquísimo tiempo al eje de su chantaje. De este modo pretenden restar o anular la capacidad de análisis y de resistencia de la plantilla, impedir los debates necesarios donde se ejerza verdaderamente la democracia por los trabajadores, en las asambleas de sus sindicatos, en las reuniones de sus órganos de dirección y en las asambleas generales, donde se puedan contrastar, debatir y decidir sobre diferentes propuestas, dar un mandato preciso al comité, organizar la movilización, es decir, con poco tiempo también, para aislar al comité y los sindicatos de la presión o de las opiniones de sus compañeros, afiliados y trabajadores. Con estos mismos métodos, ahora exitosos, la patronal en otras empresas industriales, podrá seguir redoblando chantajes con traslados y externalización, para que los trabajadores renuncien a las mejoras arrancadas al patrón en años de lucha de clases. Por el camino de estos chantajes, si no lo impedimos, las conquistas de los trabajadores acabarán por irse por el sumidero de la Historia. 

Un difícil dilema

Hay quien dirá que, en última instancia, han sido los trabajadores quienes han decidido bajarse el sueldo en lugar de votar “no” en el referéndum y lanzarse a la lucha. Una argumentación que encaja perfectamente con las de dirigentes defensores de que el acuerdo era inevitable, “porque los trabajadores no se iban a movilizar”. No, la culpa no es de los trabajadores de Figueruelas, que han tenido que tomar una decisión en una situación muy difícil. Presionados en primer lugar y de forma brutal, por la empresa, también por los gobiernos de Aragón y de España, por los medios de comunicación y, sin duda, influidos y condicionados, lógicamente, por la opinión y la decisión tomada por 3 sindicatos que tienen el 82% de la representación en el Comité de Empresa (UGT, CCOO y ACUMAGNE, central de cuadros), y que son una referencia importante para la plantilla. A pesar de las dudas acerca del órdago echado por la empresa, los trabajadores debían elegir entre decir no y lanzarse a una movilización, bajo la dirección de unos dirigentes que desconfiaban y no apostaban por la movilización (una movilización, por tanto, de resultados dudosos), o aceptar el acuerdo que se les presentaba como la única manera de mantener el Corsa y el futuro de la factoría, a cambio de los sacrificios mencionados. Estaban en juego muchos puestos de trabajo. De esta fábrica de coches dependen unos 5.500 empleos directos y entre 3.000 y 5.000 indirectos en una industria auxiliar que tiene unos 25.000 trabajadores. Un 23% del Producto Interior Bruto de Aragón está ligado a la fábrica de Opel (8.000 millones de euros).

¿Había otra salida?

Si no había más salida que ceder en Figueruelas, no habrá otra salida para los trabajadores de PSA de Vigo, de Seat de Barcelona, o de Ford de Almussafes, que esa misma semana también votaron un acuerdo de convenio por sólo un 51%… En esa lógica, el automóvil, principal industria de nuestro país, estará mostrando al conjunto de la clase trabajadora un camino que pasa por ceder derechos y conquistas para conservar el puesto de trabajo. Si esto han de hacer fábricas de miles de trabajadores, con cientos de afiliados a los sindicatos, y con una tradición de lucha, ¿qué no deberán hacer los empleados de una pequeña empresa de 6 o 12 trabajadores, sin sindicatos que les defiendan? Por esa lógica, los derechos y conquistas sociales están perdidos y tendrán razón los que anuncian que aceptar ahora el chantaje sólo abre el camino a nuevos recortes y pérdidas de empleo de posteriores chantajes. Por esa lógica, la movilización por auténticas reivindicaciones sería ya apartada y los sindicatos perderían su razón de ser, atrapados simplemente en el debate de cómo aplicar las imposiciones patronales y tratando tan sólo de atenuarlas en un “diálogo social” que niega la misma acción sindical. Es importante valorar que no es inevitable esta situación. Debemos recordar que todo lo que se ha conseguido por el movimiento obrero ha sido luchando en condiciones muy complicadas. Nada se ha regalado. La lucha no es garantía de éxito, se debe hacer en las condiciones adecuadas, se debe trabajar para crear esas condiciones, pero sin luchar está claro que tenemos todas las garantías de fracaso y de frustración. La negociación es fundamental. Pero es imprescindible combinar la negociación con la movilización para equilibrar fuerzas, para llegar a acuerdos que satisfagan nuestras reivindicaciones o que pueda decirse que son equitativos.

También sería fácil echarles toda la culpa a los dirigentes de las secciones sindicales de Figueruelas, que han firmado el preacuerdo y pedido el sí en el referéndum. La denuncia es muy fácil, nadie querría haber estado estos días en su posición. Las opiniones y las diferencias políticas y sindicales, ante todo, han de tratarse con respeto democrático. Y han de hacerse desde el punto de vista de creer en la firme necesidad de preservar a los sindicatos de clase, como herramientas imprescindibles para los trabajadores, que debemos defender, incluso al no coincidir con su orientación o con alguna decisión particular, o incluso para hacerlo de éstas mismas decisiones, que las pueden debilitar. La semana anterior al referéndum, cuando la empresa amenaza con llevarse el Corsa, sin discutir siquiera las propuestas que llevaban los sindicatos, por unanimidad, todo el Comité de Empresa se retiró de la negociación, la suspendió y convocó a los trabajadores a rápidas concentraciones que fueron absolutamente masivas; la plantilla mostró todo su apoyo al Comité y una tremenda indignación y rechazo a la amenaza de la empresa. Posteriormente, el Comité insistió ante la dirección que la decisión final sobre un acuerdo debía pasar por una consulta en referéndum a toda la plantilla. 

Pero sin duda, los responsables de las secciones sindicales tienen una parte de responsabilidad. Han tomado la difícil decisión de firmar el preacuerdo, aceptando el ultimátum de tiempo de la empresa, desoyendo las voces de muchísimos afiliados, que, tanto en la fábrica como en las asambleas de cada sindicato, llamaban a no ceder y a movilizar. Las asambleas de los sindicatos celebradas fuera de la fábrica durante el fin de semana fueron muy numerosas y tuvieron una gran participación, se tuvieron que alquilar o pedir grandes salas de conferencias, y en ellas se expresó, por un lado, comprensión y apoyo al comité, por la tremenda presión que estaba recibiendo, y, por otro lado, una voluntad decidida y repetida de luchar para no aceptar nuevos recortes de salario y de pausas, aumentos de jornada y flexibilidad, y eso a pesar del chantaje de la empresa. 

Y la plantilla ha mostrado su determinación mayoritaria por luchar. De ahí el resultado de la votación. En estas condiciones es muy clarificador que más de 2.000 trabajadores, un 42% de los que votaron, rechace el acuerdo, cuando sólo dos pequeños sindicatos (OSTA y CGT), con un 18% de la representación en el Comité de Empresa, llamaron a votar no. O que se tuviera que hacer campaña hasta el final, insistiendo en llamar a votar a favor del acuerdo, en medio de la votación, antes de acabar todos los turnos, alarmando con la impresión de que ganaba el no. 

Tan sólo con que una sección sindical, de las dos mayoritarias (UGT y CCOO), hubiera convocado sus órganos de decisión (consejos y ejecutivas) y hubiera apostado por consultar y proponer emprender la movilización, habría sido decisiva, habría dado la vuelta al resultado del referéndum. Incluso podría haber arrastrado a la otra. Y eso habría servido para convocar movilizaciones y paros parciales en una fábrica que tiene la mitad de la producción de vehículos de OPEL en toda Europa, que tendría también muy complicado poner en marcha y ejecutar su amenaza de trasladar el Corsa a otra factoría, con una ausencia total de colaboración por la plantilla en lucha y cuando además sus tres fábricas alemanas, de las diez europeas, están convocadas a las movilizaciones de IG Metall por una subida salarial del 6%.

Por todo ello, creemos que había otra salida al conflicto: primero no aceptar el ultimátum de tiempo, convocando asambleas por sindicatos y una asamblea general, con voluntad sindical de proponer a los trabajadores que rechazasen el chantaje, no apoyar el preacuerdo, y acordar un plan inmediato y estratégico de movilizaciones. 

La responsabilidad de las confederaciones en organizar la movilización

Sin embargo, es cierto, y por eso decimos que los responsables de las secciones no tienen toda la responsabilidad, que probablemente la plantilla, los sindicatos y la representación unitaria, ellos solos, aun así, negándose a firmar e iniciando las movilizaciones, tendrían muy complicado hacer frente a todas las presiones, doblar la mano a los directivos de la multinacional PSA y obligarles a mantener la producción en Figueruelas en las mismas condiciones.

Pero entonces, a partir de iniciar y haber adoptado esta otra salida, lógicamente con el apoyo de los afiliados y los trabajadores, ¿no deberían haberse dirigido las secciones sindicales a las correspondientes Federaciones de Industria y Metal, a sus sindicatos en el ámbito regional y confederal para exigirles que organizaran con ellos la movilización unida en defensa de las conquistas de todos los trabajadores y trabajadoras del automóvil, por el futuro de Aragón y de la industria en todo el país? ¿No deberían haber intervenido de “oficio”, los dirigentes de las federaciones y uniones regionales y las mismas confederaciones, ante todo respetando de antemano la primera decisión en el marco de la empresa pero mostrando toda su disposición y apoyo para ayudar a las secciones sindicales de OPEL, a rechazar el chantaje, a extender, organizar y llamar a la movilización, en las otras factorías de PSA en España, en la industria auxiliar, en el sector del automóvil de todo el país, y a nivel social? 

Porque, cuando parece tremendamente complicado vencer con las solas fuerzas de una fábrica, por importante que sea, hay que recurrir a la acción de conjunto de la clase trabajadora y sus organizaciones. La lucha de Coca-Cola ha indicado, con todas sus dificultades y sacrificios, salvando todas las distancias, que aproximándose a ese camino, así sí es posible al menos obtener victorias parciales, y hoy conservan sus empleos, luchan por mantener sus condiciones, cuando hace cuatro años podrían haberse quedado en la calle. Primero con la movilización de la plantilla y luego buscando el pleno apoyo de las organizaciones y la solidaridad de la población.

Todo el mundo en Figueruelas valoró el comunicado sindical de solidaridad que les enviaron desde la fábrica de PSA Citroën en Vigo, una de las posibles beneficiadas si el Corsa iba a otro lugar. Acontecimientos como los de Opel demuestran que, para salir de la situación actual, la única salida está en la movilización unida del conjunto de los trabajadores contra el chantaje patronal. En defensa de los 25.000 puestos de trabajo que dependen de la fábrica de Opel es fundamental la movilización de los trabajadores del sector del automóvil y la movilización de los trabajadores en Aragón. Para ello es necesaria la apuesta decidida de las Federaciones de Industria y Metal, de las direcciones de las Confederaciones Sindicales en Aragón y en todo el estado, por organizar la lucha del conjunto de la clase, en defensa del empleo y de las condiciones laborales, frente a la multinacional y también para exigir medidas e intervención de los gobiernos estatal y autonómico. 

Porque a medidas como las planteadas hay que plantarles cara, y como es muy complicado defenderlo sólo en la lucha aislada en cada fábrica, por eso es necesaria también la movilización unida y generalizada. ¿Difícil? Tal vez, pero para eso fueron creadas las Federaciones de Rama y las Confederaciones Obreras. Por eso es vital que defendamos nuestros sindicatos de clase, luchemos para que se dediquen a lo que fueron creados y por lo que nos afiliamos, defendamos su democracia y su independencia de los gobiernos y la patronal: porque son la herramienta principal para defendernos, movilizarnos y mejorar nuestras condiciones de vida.

Las responsabilidades políticas de los gobiernos y los partidos

Y por último, y no menos importante, existen responsabilidades políticas claras del gobierno estatal, del gobierno autonómico y de la Unión Europea. Sin duda, en primer lugar ésta situación vuelve a poner en evidencia, la urgente necesidad de derogar las reformas laborales y de fortalecer el valor de los convenios y de la negociación colectiva, de forma que no se puedan aplastar derechos, salarios y condiciones de un plumazo. 

Es inaceptable que el presidente de la región de Aragón, Javier Lambán, o el ministro de Economía, Luis De Guindos, se dediquen a sumarse a las presiones a los trabajadores y los sindicatos, para que acepten las duras condiciones del chantaje. Debemos exigir desde el movimiento sindical que los gobiernos defiendan el empleo y apoyen a los trabajadores, y que hagan frente a las amenazas y chantajes de las multinacionales de llevarse la producción, si es preciso tomando medidas coercitivas de urgencia o incluso legislativas en este sentido. 

Cuando además, las administraciones públicas, vienen otorgando a estas empresas miles de millones de euros en ayudas, subvenciones y bonificaciones, de las que General Motors, Opel y el grupo PSA, se siguen beneficiando hoy. ¿No deberían haberles exigido las administraciones su devolución? Cuando tenemos organizadas las infraestructuras del país para que den cobertura a la producción y el empleo que generan éstas empresas... Por ejemplo, en octubre se supo que el gestor público de infraestructuras ferroviarias, ADIF, aprobó un plan de inversiones de 335 millones de euros para multiplicar la capacidad de las líneas del ferrocarril para mercancías desde Zaragoza hasta el puerto de Valencia, en buena medida para sacar la producción de coches de OPEL, que un 87% se destina a la exportación. 

Por eso los gobiernos, los partidos políticos, especialmente los que se reclaman de la defensa de los derechos de los trabajadores, tienen la responsabilidad de actuar en estas situaciones, apoyar claramente a los trabajadores, exigir y tomar medidas contra el chantaje de la multinacional, ayudar a extender y organizar la movilización, ya no sólo de los trabajadores afectados, sino de la inmensa mayoría de la población obrera que habría podido solidarizarse sin duda con la movilización de los trabajadores de OPEL y posiblemente haber contribuido decisivamente a hacerles ganar.

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Suscriben este artículo a título individual, la responsabilidad aparece a modo meramente informativo: 

Santiago Urzay, presidente del Comité de Empresa de TEKA, Zaragoza (Aragón); Manolo Sanz, trabajador jubilado parcial de OPEL, ex miembro del Comité de Empresa, Figueruelas, Zaragoza; Óscar Abanades, miembro del Comité de Empresa PSA Peugeot Villaverde (Madrid); José Lagos, presidente del Comité de Empresa de Corrugados, Getafe (Madrid); Pedro Fernández, presidente del Comité de Empresa de GESTAMP Toledo; Alberto Pérez, miembro del Comité de Empresa de Coca-Cola, Fuenlabrada (Madrid) y de Coca-Cola en lucha; César Serrano, presidente del Comité de Empresa en Schneider Electric (Madrid); y Pablo García-Cano, miembro del Comité de Empresa de John Deere, Getafe (Madrid).