El drama de los desahucios sigue muy presente en España. Pese a la gradual reducción de las cifras globales desde el pico que se alcanzó en 2015, es una realidad que se revuelve descarnada en los barrios y periferias, donde las cifras se disparan. Según los últimos datos del Consejo General del Poder Judicial, desde enero hasta agosto de 2017 tuvieron lugar 27.337 lanzamientos en el conjunto del territorio español, de los cuales 3.634 corresponden a la Comunidad de Madrid. En 2016, el último año completo contabilizado, se registraron más de 60.000. La periferia madrileña, en concreto, ha sido blanco de grandes privatizaciones de vivienda pública protegida que, desde 2013, han enriquecido a los denominados “fondos buitre” y llevado a una situación de colapso a miles de familias que denuncian el abandono de las instituciones. Esta es una muestra de personas que luchan por una vivienda digna. 

Mohkar, 70 años (en la foto que encabeza el artículo).  Junto a su esposa, llevan más de 28 años en España. IVIMA les adjudicó la vivienda en 2008 con alquiler social. Con la venta de 2013 de los inmuebles al fondo buitre ENCASA CIBELES, éste les subió el alquiler al precio de mercado. No pudieron hacer frente a la situación y esperan, con insomnio y ansiedad, un desahucio inminente. La sentencia es firme desde diciembre de 2017. 

María Ángeles, 52 años. Tras más de tres años recuperando junto a sus hijos un inmueble propiedad del fondo buitre FIDERE, dependiente a su vez del estadounidense BLACKSTONE,  María Ángeles fue finalmente desahuciada el pasado 15 de enero. No recibe ningún tipo de prestación por parte del Estado a pesar de encontrarse sin recursos y al cargo de uno de sus hijos, de 16 años, con minusvalía.

Abdeltef. Logró la adjudicación de una vivienda social solicitándola a la Instituto de la Vivienda de Madrid (IVIMA) en 2007, la cual le tocó por sorteo y de cuyo mantenimiento y pago del alquiler se hizo cargo junto a su familia, con cuatro hijos e hijas menores. En 2013, el fondo buitre ENCASA CIBELES (filial de Goldman Sachs-Azora) se hizo con los bloques de vivienda protegida comprándolos al consistorio. Desde entonces, han subido el alquiler al precio de mercado con mensualidades de, al menos, 700€. A pesar de seguir haciéndose cargo de las nuevas cuotas, Abdeltef y su familia están denunciados por impago y pendientes de desahucio.

Israel. Junto a su esposa y sus cuatro hijos e hijas, viven en una vivienda social concedida por IVIMA también afectada por la venta a ENCASA CIBELES en 2013. Debido a la voluntad del fondo buitre de recuperar el inmueble a toda costa fueron llevados a juicio por pequeños impagos, el cual se resolvió a favor de los inquilinos. El contrato de alquiler es de siete años, de los que llevan transcurridos tres, con opción de compra. A pesar de ello, el fondo buitre sigue tratando de recuperar las llaves puesto que está vendiendo los pisos del bloque a particulares a un mayor precio del convenido originariamente con IVIMA. Por el momento, Israel y Virginia resisten. 

Encarna, 57 años. Recupera, desde 2015, un piso propiedad de la Sociedad de Gestión de Activos procedentes de la Reestructuración Bancaria (SAREB), conocido como el “banco malo”. Al divorciarse de su ex-pareja tras haber sufrido malos tratos psicológicos a lo largo de muchos años, Encarna se encontró sin recursos ni vivienda. Junto a otras ocho familias pasó a ocupar el edificio. Ante sus intentos de regularizar su situación, el IVIMA no ofrece ninguna solución puesto que se encuentra ocupando, lo que la imposibilita a solicitar un alquiler social.

Bárbara. 34 años. Divorciada tras sufrir malos tratos prolongados en los años,  volvió a la vivienda familiar que tuvo que abandonar, a su vez, debido a los golpes de su padre frente a sus propios hijos. Recupera pisos desde entonces. El IVIMA concedió un piso social a su madre, la cual falleció y pasó a su padre. Bárbara solicita uno desde 2016 pero, al estar ocupando, desde IVIMA la única solución ofrecida es que “haga las paces” con su padre y vuelva con él. 

Guadalupe. Tras divorciarse de su ex-pareja y abandonar éste la vivienda propiedad del fondo buitre FIDERE, el alquiler se hizo insoportable. Se quedó con sus tres hijas hasta el momento del desahucio en septiembre de 2016. Al día siguiente, obtuvo una vivienda de emergencia a través de la Empresa de Municipal de la Vivienda y Suelo (EMVS), dependiente del Ayuntamiento de Madrid, en la que ya lleva seis meses. Denuncia el abandono de los servicios sociales y sólo con el apoyo de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) pudo realizar las tramitaciones necesarias. Según la información con la que cuenta, lo más probable es que le concedan un contrato de alquiler social en esta misma vivienda.  

Mercedes. Entró a recuperar la vivienda en 2011 cuando ésta aún era propiedad de BANKIA, tras separarse de su ex-pareja al sufrir malos tratos. En agosto de 2017, con la SAREB como nueva entidad responsable y teniendo en cuenta su situación (con una hija de cuatro años a su cargo sin recibir pensión por parte de su expareja) se le aplicó un alquiler social así como una multa de 300€ por haber estado ocupando la vivienda. Ahora tiene un contrato de alquiler de 3 años revisable cada año.  

Lara. 28 años. Dos hijas a su cargo. Tras quedarse embarazada fue despedida de su trabajo en 2015. Al encontrarse sin recursos, recuperó un piso en propiedad del SAREB, cuya gestión pasó después a Solvia, filial del BANCO SABADELL. Sigue trabajando y ayuda económicamente a sus padres. IVIMA le contesta lo mismo que a las demás personas que se ven en la necesidad de ocupar; no hay vivienda social para ellas. Ahora, Lara debe pagar la multa impuesta por la juez y abandonar la vivienda a finales de marzo.

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Agradecimientos especiales: PAH Vallecas, PAH Centro y a Cristian, Iván, Encarna.