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Integrantes de la Brigada Móvil de Caballería, Unidades de Intervención Policial, guías caninos, especialistas en subsuelo, Tedax, agentes de la Oficina Nacional del Deporte de la Policía Nacional, Policía Municipal, además de Samur y Cruz Roja, forman el despliegue habitual en España en materia de seguridad pública para un partido de fútbol de los catalogados de “alto riesgo”. En total, más de 1.000 efectivos. Un dispositivo que en el global de una temporada supone un coste de 10 millones de euros que sufraga el Estado y del que se benefician los clubes. ¿Deberían contribuir estas entidades deportivas a pagar parte de ese gasto? En Alemania ya ha habido una sentencia que apunta en ese sentido.

El Tribunal Superior de lo Contencioso-Administrativo de Bremen, uno de los estados federados que forman el país germano, falló hace unos días a favor de que la DFL (la Liga de fútbol alemana) comparta los gastos policiales que se originan en los partidos más importantes. El proceso se originó en una demanda de la propia DFL contra una notificación de la Policía de Bremen, en la que le reclamaba una cantidad de 425.718,11 euros por el dispositivo adicional que empleó para un encuentro entre el Werder Bremen y el Hamburgo en 2015. Desde entonces, la policía de esa ciudad ha remitido facturas a la organización que alcanzan ya los dos millones de euros por ese concepto. La DFL tiene la posibilidad de presentar un recurso.

La decisión judicial está argumentada en que los partidos de fútbol generan beneficios para una entidad privada que, en parte, se consiguen también gracias a las medidas que garantizan su seguridad. Para el Tribunal, “el coste compartido no puede descartarse por el mero hecho de que se considere que la seguridad es una tarea central del Estado”. En nuestro país, esta situación sólo se da en el País Vasco desde 2015, cuando fue aprobada la Ley de Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas, que permite cobrar a entidades privadas, como los clubes deportivos, una tasa por prestación de servicios especiales de la Ertzaintza en las citas de “alto riesgo”. El importe es de 31 euros por funcionario y hora. El Athletic ya ha tenido que hacer frente a facturas que han superado los 13.000 euros por partido.

Los sindicatos policiales han reclamado en varias ocasiones que esta medida se extienda al resto del Estado, de momento sin suerte. Hace unos años, Jorge Fernández Díaz reconoció durante su mandato al frente del Ministerio del Interior que estaban estudiando “si tendría que haber una contribución más activa por parte de los equipos a la hora de sufragar los gastos de los despliegues policiales, ya que son los que se benefician". El secretario de Estado de Seguridad de la época, Ignacio Ulloa, llegó a manifestar ante la Comisión de Interior del Congreso que la tasa que pensaban cobrar a los clubes se destinaría  “a financiar los gastos del organismo autónomo de la gerencia de infraestructuras y equipamiento de la seguridad del Estado, así como a pagar los costes que se deriven de la prestación del servicio de la seguridad pública”. Sin embargo, aquella declaración de intenciones quedó finalmente en nada.

En su época de delegada del Gobierno, la actual presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, también se mostró partidaria de que los clubes colaboraran a la hora de sufragar los gastos que generan estos operativos. “Todos los clubes deberían corresponsabilizarse de un servicio que pagamos todos los ciudadanos. El fútbol es un deporte de interés nacional y el Estado puede responsabilizarse de una parte, pero esto cuesta mucho dinero a todos los españoles”.

El portavoz del Sindicato Unificado de la Policía (SUP), Ramón Cosío, afirma a CTXT que “muchas veces la Administración no tiene dinero para recursos materiales, para formación o para los sueldos de los policías y sin embargo, tiene que asumir el enorme coste que suponen los despliegues especiales de seguridad de estos eventos de los que se benefician unos equipos que tienen grandes ingresos económicos”.  

Cosío explica que “para cubrir los dispositivos lo que se suele hacer es que a los agentes les cambian jornadas de trabajo de lunes a viernes por otras de fin de semana. En otros casos hay que recurrir a horas extras  que en ningún caso se cobran en metálico. Y muchas veces se tienen que desplazar una serie de unidades especiales que vienen de otros lugares y eso supone un gasto en agentes, vehículos y vuelos de helicópteros que suponen un dineral. Por eso entendemos que de una forma u otra se debería exigir a los clubes como organizadores que sufragaran parte del coste que supone para el Estado garantizar la seguridad”.

Un equipo cobra unas entradas de forma privada para un evento cuya seguridad garantiza a través de recursos públicos

Otro de los sindicatos que también se muestra claramente a favor de que los clubes colaboren económicamente en este asunto es la Unión Federal de Policía. Su portavoz, Serafín Giraldo, reclama a través de CTXT “una ley que estipule y distinga cuando un evento es público y cuando es privado. No sólo tenemos este problema con los partidos de fútbol. También con las corridas de toros o  los conciertos. Pasa en todos aquellos espectáculos que son de carácter privado pero que consumen seguridad pública en detrimento de otros ciudadanos que no la reciben en ese momento. La argumentación que hacen ellos es que la ley de espectáculos públicos nos obliga a hacernos cargo de la seguridad en el exterior, pero la norma no dice que no se pueda cobrar un canon, porque al fin y al cabo quien origina el desplazamiento de personas es una empresa particular. Un equipo cobra unas entradas de forma privada para un evento cuya seguridad garantiza a través de recursos públicos”.

La UFP hizo un estudio en el que cuantificaba en 380.000 euros el gasto en seguridad de los partidos de Liga del Real Madrid para las arcas de Estado. La cantidad salía de multiplicar cinco horas de trabajo exclusivo a 10 euros la hora teniendo en cuenta que haya 200 policías de media en cada uno de los 38 encuentros del campeonato. Si a esa cifra le sumamos la que se necesita para dar cobertura a todos los partidos del resto de los equipos de Primera nos sale un coste anual de 7.500.000 euros. El resto, hasta llegar hasta los 10 millones citados, corresponden a la Segunda división.

Hay quién dice que si se llegara a cobrar a los equipos por recurrir a la seguridad del Estado, también debería pasar con los partidos políticos cuando hacen un mitin electoral. Giraldo no está de acuerdo porque “en ese caso se está ejerciendo un derecho fundamental, que es recibir información para ejercer tu derecho al voto. Cuando ejerces derechos fundamentales que son de todos es necesario que la seguridad sea sufragada por todos. Entiendo que un mitin de un partido político es un acto público, no privado”.

La seguridad la pagamos todos, pero ellos la consumen de forma específica para su negocio

Los clubes pueden argumentar que ya contribuyen al Estado a través del pago de sus impuestos y que eso sería suficiente para cubrir este capítulo. Sin embargo, el portavoz de la UFP tiene otra visión. “Ellos pagan impuestos, como cualquiera de nosotros. Pero si un ciudadano tiene mil invitados a una boda, no recibe seguridad pública en el exterior de la iglesia. La seguridad la pagamos todos, pero ellos la consumen de forma específica para su negocio”. La Liga de Fútbol Profesional (LFP), que ante la solicitud de este medio ha preferido no pronunciarse sobre este asunto, regaló hace dos años siete furgonetas a la Policía Nacional con un valor estimado de 350.000 euros en señal de agradecimiento por su labor durante la temporada. El cuerpo reconoce prestar servicio en más de 520 partidos en una temporada, en los que utiliza a más de 22.000 policías en los dispositivos especiales.

Giraldo llama la atención sobre el hecho de que la Vuelta Ciclista a España sí se haga cargo de los gastos que genera tener a su disposición a la Policía. “Yo no distingo entre Unipublic, una empresa privada, y un equipo de fútbol. Sé que unos organizan un espectáculo, como la Vuelta a España, y que Florentino Pérez o Bartomeu, por poner unos ejemplos, me montan otro evento. Si unos soportan el gasto que supone tener a agentes cortando carreteras, poniendo y quitando vallas, y garantizando seguridad, tendría que ocurrir lo mismo en otros casos”.

Desde la UFP se insiste en que “es la propia Liga la que defiende a capa y espada que los partidos no son de interés general. De hecho, cobra derechos de retransmisión a radios y televisiones. Son espectáculos realizados por una empresa privada o sociedad anónima en su caso, que explota según cree conveniente y desde un punto de vista empresarial”. Este hecho hace, para Giraldo, “que nuestra reivindicación no sea un acto egoísta, sino de lógica. ¿Cuál es el canon que se debería establecer? Eso ya no lo sé. Habría que calcularlo por funcionario y por tiempo. Pero es necesario tener una ley que regule el consumo privado de seguridad pública cuando sea para un evento donde haya un beneficio económico. Y que quede bien claro que el dinero que se pudiera recaudar a través de esa tasa sería para el Estado. No pedimos nada para nosotros”.