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Desde hace años, colectivos como Marea Granate, las Oficinas Precarias y, más recientemente, Izquierda Unida Exterior, venimos denunciando que la emigración de más de un millón de personas de nacionalidad española desde el comienzo de la crisis económica es un fenómeno demasiado amplio como para poder ser descrito como una fuga de cerebros: jóvenes con alta cualificación y sin cargas familiares, que disfrutan de estupendos contratos en prestigiosas universidades, empresas y centros de investigación del extranjero. Aunque este sea el tópico sobre la emigración española difundido por muchos medios de comunicación y el que más ha calado en la opinión pública, la realidad —y los datos recientes lo confirman— es bien diferente.

Ni espíritu aventurero ni amplitud de miras. La emigración es sobre todo una cuestión de necesidad, y la crisis económica ha obligado a hacer las maletas a personas de todas las edades y niveles formativos. Ello incluye, por ejemplo, a familias cuyos miembros no cuentan con formación superior ni conocimiento del idioma del país de destino, a personas de más de cuarenta o cincuenta años, y a inmigrantes que llegaron a nuestro país en los primeros años de la burbuja inmobiliaria, consiguieron la nacionalidad, y luego, tras quedarse sin trabajo, emigraron a otro país.

La realidad de la emigración es muy compleja y diversa, y al seguir tratando de encajarla en el tópico de los doctores, arquitectos e ingenieros a los que su país les niega el futuro (que también los hay, evidentemente), estamos consolidando una visión bastante reduccionista. Y francamente clasista, por cierto. Cualquier persona residente en las ciudades donde se ha instalado la diáspora española, puede encontrarse compatriotas casi hasta en la sopa. Hay españoles y españolas haciendo camas en hoteles, trabajando en cafeterías y restaurantes, en hospitales, en el cuidado de niños y ancianos, en la construcción y en los servicios de limpieza de centros comerciales y estaciones ferroviarias.

Por increíble que parezca a quienes son ajenos a esta realidad, muchas de las personas de nacionalidad española que viven en el exterior se encuentran en una situación económica difícil, lo que choca frontalmente con las expectativas que tenían al emigrar. Este hecho, unido a la vulnerabilidad que genera el vivir en un país diferente, el posible desconocimiento del idioma de destino, de las leyes y de ciertos códigos de conducta, produce el caldo de cultivo perfecto para la explotación laboral.

Los casos de abusos son ya numerosos. A los españoles de origen sudamericano explotados en fincas agrícolas del sur de Francia, a las au pair esclavas de familias en Inglaterra, a las enfermeras en Berlín, y a los trabajadores de Amazon en Alemania, por citar algunos casos mediáticos, se han sumado recientemente los trabajadores del sector de la logística en el sur de Holanda. Estas personas aceptan ofertas de empresas de trabajo temporal (ETTs) —algunas de ellas subvencionadas por la UE— que se anuncian en portales de empleo como EURES, o en sus propias páginas web, para contratar a españoles menores de treinta años y ajustarse así a los criterios de subvención. Las condiciones que proponen en cuanto a salario son atractivas y los requisitos exigidos, mínimos: ser mayor de edad, tener título de Educación Primaria y un nivel básico de inglés. Además, las empresas financian el alojamiento y el transporte hasta el lugar de trabajo. Sin embargo, la realidad con la que las y los trabajadores se encuentran al llegar es muy diferente.

Paula Rivera, una de las afectadas, ya lo denunció públicamente en 2016: “Me encuentro en una casa pensada para ocho donde vivimos dieciséis personas y una familia de ratones, con un acondicionamiento precario y que, además, está pendiente de demolición”. Rivera explicaba que al llegar a Holanda el contrato —que muchas veces estaba disponible solo en holandés— se renovaba semanalmente con condiciones distintas, sin previo aviso al trabajador. Asimismo, eran frecuentes los contratos de cero horas, en vigor en países como el Reino Unido y los Países Bajos, y según los cuales la empresa no garantizaba un mínimo de horas de trabajo a la semana, sino que era el propio trabajador quien ponía su tiempo —mañanas, tardes y noches— a disposición de aquella.

De esta forma, las horas trabajadas a menudo no bastan para generar una nómina razonable, e incluso pueden ser insuficientes para cubrir el coste del alojamiento y el transporte, lo que hace a los trabajadores incurrir en deudas con la empresa o nóminas negativas. Una situación llamativamente similar a la de los trabajadores agrícolas de California en los años 30 —magistralmente descrita por John Steinbeck en la novela Las uvas de la ira—, o a la de los empleados de las plantaciones de caucho de la Cuenca Amazónica durante la primera mitad del siglo XX, solo que en el corazón de Europa y en pleno siglo XXI.

El informe Trabajar en Holanda: El calvario de los trabajadores migrantes españoles expulsados por el paro o el infraempleo, elaborado por Pablo López Calle y publicado en 2017 por la Fundación 1º de Mayo de CCOO, señala que las ETTs llegan a cobrar hasta 92 euros semanales a los trabajadores por una cama en una habitación doble en un barracón y hasta 5 euros al día por el transporte al lugar de trabajo. Estas empresas también cargan a los trabajadores otras contraprestaciones como el seguro médico (unos 100 euros al mes), con lo que se produce una reducción aún mayor de las nóminas.

Estas injusticias no han pasado inadvertidas para la federación de IU Exterior, que nació hace poco menos de un año para —entre otras cosas— dar voz en las instituciones a las reivindicaciones de la emigración española. Durante los últimos meses hemos mantenido varias reuniones con algunas de las personas afectadas para conocer de primera mano su situación. Uno de estos trabajadores nos explicó que había empleados a quienes se les prestaba una bicicleta para recorrer los diez kilómetros que separaban los barracones donde estaban alojados de su lugar de trabajo, aunque nevase o lloviera.

También se denunciaba que el precontrato firmado en España acordaba un alquiler de 200 euros mensuales que resultó ser de 424; que ciertas empresas de seguridad vinculadas a las ETTs realizaban inspecciones semanales de forma sorpresiva, y que incluso se habían dado casos de extorsión. A estas irregularidades se añadía que a algunos operarios se les obligaba a desplazarse hasta el lugar de trabajo sobrepasando el límite permitido de cinco ocupantes por automóvil. También hemos sabido que son frecuentes los seguimientos de los vehículos por GPS y las reducciones en la nómina si las paradas para hacer la compra semanal se exceden más de lo previsto.

Otro trabajador nos relató que las empresas suelen desplazar a los trabajadores de sus lugares de trabajo y de alojamiento para evitar agrupamientos entre compatriotas, y que las ETTs no informan a los trabajadores de que el domicilio que les facilitan en campings no va a permitirles censarse en los Países Bajos, lo que les ocasiona una enorme pérdida de derechos y les impide sindicarse, vulnerando con ello el convenio colectivo para trabajadores temporales de la Federación de Agencias de Empleo Privado (ABU según sus siglas en neerlandés).

Basándonos en estos testimonios, hace dos meses elaboramos una batería de preguntas al Gobierno acerca de su conocimiento del problema y de las soluciones que piensa adoptar. Las preguntas fueron registradas en sede parlamentaria por el diputado de IU Miguel Ángel Bustamante, adscrito al grupo Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, y fueron respondidas hace unos días. El gobierno admite conocer el problema, y destaca la labor realizada por las Oficinas de Empleo y Seguridad Social de la Embajada y el Consulado de España en La Haya y Ámsterdam. Estas oficinas asesoran a los migrantes españoles sobre la legalidad de las condiciones de trabajo y alojamiento en estas empresas, y tramitan las posibles denuncias o quejas a las instituciones competentes holandesas. Sin embargo, el caso que nos ocupa demuestra que las situaciones de explotación laboral pueden resultarles inadvertidas, o quedar sin solución.

La respuesta del Gobierno es claramente autocomplaciente, y en ella se advierte incluso cierta aceptación respecto a algunas de las prácticas realizadas por las ETTs, como la de imposibilitar que las personas que trabajan en ellas se den de alta como residentes. Y en IU Exterior, como no podría ser de otra manera, no estamos en absoluto satisfechos. No basta con admitir que se producen irregularidades; hay que aplicarse para erradicarlas.

Desde IU Exterior denunciamos enérgicamente la explotación laboral y la violación de derechos en las que incurren estas empresas, y emplazamos a los diferentes actores sociales y políticos del país a que tomen conciencia de la gravedad de la situación y empleen todos los medios a su alcance para solucionar el problema. Asimismo, reiteramos nuestro compromiso con quienes han sido —y son— víctimas de estos abusos, así como con el resto de la ciudadanía española en el exterior. Mientras la mejora económica pregonada por el Gobierno no llegue realmente a la clase trabajadora, seguirá habiendo personas forzadas a emigrar otros países y en riesgo de sufrir explotación. Los casos antes mencionados son una buena prueba de ello.

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Eduardo Velázquez es co-portavoz de IU Exterior.
Gonzalo Gómez es co-responsable de Comunicación de IU Exterior.
Cristian Bailén es extrabajador de ETT en Holanda.