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Chapó: uno por uno, los candidatos a la presidencia catalana van siendo descartados por parte de la justicia. En Brasil, tras Dilma Rousseff, Lula es apartado de la presidencia. Se trata, en efecto, de golpes de Estado democráticos. Sin embargo, Cataluña radicaliza la lógica de estos golpes: si bien los líderes del Partido de los Trabajadores no son condenados por su ideología, los independentistas sí son vetados del poder debido a su independentismo.

En Brasil acabamos de presenciar un golpe de Estado democrático. Se ha llevado a cabo en dos tiempos: en 2016 se produjo la destitución de la presidenta en ejercicio, Dilma Rousseff, a través de una votación del Senado; ahora, tras una votación de la Corte Suprema, su predecesor, Lula, es condenado a prisión pese a que (o precisamente porque) el expresidente era también el gran favorito para las próximas elecciones presidenciales de octubre de 2018. Con la eliminación política de sus dos grandes figuras, el Partido de los Trabajadores se encontraría de facto apartado del poder. El golpe de Estado judicial redobla así el impacto del golpe de Estado parlamentario.

Es cierto que no nos encontramos en los tiempos de la dictadura militar que sometió a Dilma Rousseff a torturas, pese a que Jair Bolsonaro –diputado de derechas que gracias a la eliminación de Lula podría ser el próximo presidente dentro de seis meses– dedicó su voto, durante la destitución de 2016, al torturador de la presidenta; y pese a la presión en Twitter del jefe del Estado mayor, que escribió el día anterior a la decisión de la Corte Suprema: “El ejército brasileño comparte el sentimiento de todos los buenos ciudadanos que rechazan la impunidad”. 

Como ocurre en Brasil, los candidatos de la mayoría independentista a la presidencia de Cataluña van siendo apartados, uno por uno, por el Estado español

El ejemplo brasileño puede ayudarnos a reflexionar sobre la situación en Cataluña: la comparación es la forma de romper con la ilusión de una excepción catalana que podría favorecer una dimensión regional del asunto. Como ocurre en Brasil, los candidatos de la mayoría independentista a la presidencia de Cataluña van siendo apartados, uno por uno, por el Estado español: Carles Puigdemont, Jordi Sànchez y después Jordi Turull. Sin embargo, tal y como ocurre en Brasil, los requisitos de forma del derecho son respetados (a falta de respetar los propios derechos): son decisiones judiciales las que les impiden ser candidatos, aunque por supuesto se permite dudar de la imparcialidad e independencia del poder judicial. Así, en Brasil, los mismos jueces que se ensañan con el Partido de los Trabajadores perdonan a sus adversarios situados a la derecha, a pesar de que las acusaciones que pesan sobre ellos son mucho más graves. En España, el arresto –pese a que después fue liberado– de quien dio la voz de alerta, Hervé Falciani, hace temer que sirva de moneda de cambio para obtener la extradición de representantes electos independentistas refugiados en Suiza.

En Cataluña, como en Brasil, puede pues hablarse de un golpe de Estado democrático, lo que no quita –no hace falta decirlo– ni la violencia de la represión por parte de la policía o la justicia, ni el despertar de los herederos de las pasadas dictaduras. Solo falta que el ejemplo catalán radicalice la lógica de este golpe: mientras que Dilma Rousseff y Lula han sido condenados por maquillar las cuentas públicas y por corrupción respectivamente y no por su ideología, los líderes catalanes ven impedido el acceso a sus responsabilidades explícitamente por su programa y su acción política. En Brasil, todavía podría considerarse que Lula es un político en prisión; en Cataluña debemos admitir que los diputados en prisión preventiva, puesto que se encuentran en esta situación por una motivación política, deben ser calificados de presos políticos.

La batalla de las candidaturas a la presidencia de Cataluña es pues hoy en día un desafío democrático. La cuestión no es ya saber qué se piensa sobre la independencia, sino si se tiene derecho a pensar sobre la independencia. Encarcelar a todas las personalidades independentistas supone en la práctica desterrar el independentismo de la esfera política. Los partidos mayoritarios en Cataluña tienen pues la posibilidad de poner a prueba lo que queda de democracia en España. Han sido propuestos ya tres candidatos distintos, que podemos designar como número 1, número 2 y número 3. Puede que alguien recuerde una serie de televisión británica de hace ahora cincuenta años titulada precisamente El Prisionero. Un agente secreto que sabía demasiado se encontraba misteriosamente en un pueblo surrealista, una prisión a cielo abierto donde los seres humanos se convertían en piezas vivientes de ajedrez. Bajo el nombre de número 6, se enfrentaba en particular a cierto número 2 –¡interpretado por varios actores!– con el fin de descubrir quién era realmente…el número 1. Para sublevarse: “¡No soy un número! ¡Soy un hombre libre!”. 

También en Cataluña, los demócratas, independentistas o no, deberían tomarse en serio estos números. Es la ocasión de medir, a través de estos representantes, cuánto queda de la democracia. Basta con un cálculo simple: asignando un punto al número 1, dos al número 2 y así sucesivamente según una progresión aritmética, se podrá tomar nota del retroceso democrático asignándole un número. Hoy en día, son ya 6 puntos menos. Podría también transformarse este resultado en porcentaje, a prorrata de los diputados independentistas. Pero no se trata solo de cuantificar. El desafío no es tanto saber qué nombre será finalmente extraído del sombrero de la justicia española, la cuestión es más bien poner de manifiesto que, en democracia, esto poco importa. Es algo así como un sorteo.

Lo que cuenta no es la persona del líder (número 1), en una lógica vertical, sino la posibilidad o imposibilidad de hacer existir ideas políticamente, se compartan estas o no. Si los diputados son números más que nombres propios, entrevemos una lógica horizontal. Este rechazo de la personalización del poder ya la anunciaban las máscaras de Puigdemont que llevaban los manifestantes: si todo el mundo puede revestir su apariencia, ¿qué importa su identidad? Diputados y ciudadanos encarnan el principio mismo de la democracia, especialmente cuando son intercambiables. Con este derribo político del número, la represión antidemocrática podría ser una oportunidad contra la lógica jerárquica, de una invención o al menos de una afirmación democrática: “¡Somos números y así manifestamos nuestra libertad!”.

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Este artículo está publicado en ara.cat

Traducción: Andrea Sancho Torrico.