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La sala de un juzgado siempre tiene algo de teatro dramático. Es un lugar donde resulta fácil perder el hilo ante la cascada de palabras que acusadores y defensores tejen y destejen como arañas en un laberinto. Pero la vista que comenzó el lunes en la Audiencia Nacional (AN) contra ocho jóvenes de Alsasua que supuestamente agredieron a dos agentes en un bar de copas rezuma además un fuerte aroma kafkiano. Buena parte de las pruebas que pretendían aportar los abogados de los imputados fueron desestimadas en el trabajo de instrucción, entre ellas las declaraciones de 18 de los 25 testigos propuestos, varias pruebas periciales y algunos soportes videográficos. No es de extrañar que uno de los letrados cite de carrerilla párrafos de El proceso, la asfixiante novela con la que Franz Kafka relata la desesperada búsqueda de Joseph K. por conocer de qué se le acusaba. A pesar de la evidente distancia entre novela y realidad, la obra emerge cargada de resonancias en este caso.

Los acusados, todos de edades comprendidas entre los 20 y 32 años, se juegan la vida. La fiscalía pide para ellos 375 años de cárcel por varios delitos de terrorismo. Un castigo que para magistrados como José Antonio Martín Pallín o exjueces como Baltasar Garzón es desorbitado y muestra “una sobreactuación judicial que está fuera de la realidad social”. Pero no han sido únicamente los otrora admirables juristas quienes advierten de los excesos que envuelven a este proceso. También los vecinos de Alsasua, nacionalistas y los que no lo son, reclaman un debate sobre el rigor que se aplica en España a conceptos como terrorismo y odio, términos que la justicia sigue empleando como si la pesadilla vasca no hubiera terminado. Al parecer, de eso va este proceso: de dirimir la gran cuestión penal de nuestra época, sus límites, y sobre la que no cabe la más mínima fisura. Teatro político de primera magnitud. “Del veredicto de este juicio puede salir una jurisprudencia que resultará fundamental para el futuro”, recalca un abogado penalista que sigue muy de cerca este proceso.

Lo que pase marcará sobre todo el futuro de estos tres jóvenes:

Oihan Arnanz, 22 años de edad, la fiscalía pide para él 62 años de prisión por 4 delitos de lesiones terroristas y un delito de amenazas terroristas

Jokin Unamuno: 24 años de edad. 50 años de prisión por 4 delitos de lesiones terroristas.

Adur Ramirez de Alda: 23 años. 50 años de prisión por 4 delitos de lesiones terroristas.

Bajo el cielo de cristal que luce estos días sobre Madrid, las voces que se arremolinan frente al aislado palacio de la AN en San Fernando de Henares critican las acusaciones contra los ocho acusados. Pero sus argumentos parecen islas en medio de un mar unánime, el que exige aplastarles como si fueran bacterias y que ponen bajo sospecha a quien se atreva a ponerlo en duda. Es lo que ayer sintieron el diputado navarro de Podemos, Eduardo Santos; la portavoz de EH Bildu, Bakartxo Ruiz; y el parlamentario del PNV de Navarra, Unai Hualde; presentes en la puerta de entrada de la sala de vistas para mostrar su disconformidad por el tratamiento de este caso.

En la sesión inaugural, todos los implicados negaron haber golpeado a los guardias civiles siguiendo directrices planificadas y todos negaron tener relación con campaña de hostigamiento alguna contra las fuerzas de seguridad del Estado ni con movimientos diseñados por ETA antes de su defunción. Una visión que contrasta con el testimonio aportado en la segunda jornada por el teniente y el sargento agredidos, para quienes existen pocas dudas de que aquella lluvia de golpes que sufrieron “fuera un acto espontáneo” porque los guardias civiles de Alsasua, dijeron, “estamos vigilados”. “Estoy acostumbrado a situaciones violentas, de estrés, por mi trabajo, pero esa situación nunca la he vivido. Temí por mi vida porque estábamos en inferioridad y esa sensación de odio y de rencor que tenían no la he sentido nunca”, respondió el teniente a preguntas del fiscal.

A falta de conocer las pruebas periciales de la investigación, la argamasa que permitirá al tribunal reconstruir el relato completo de aquellos hechos, la impresión que queda tras dos días de juicio es que los encausados están más cerca de ser sentenciados por terrorismo que por agresiones a la autoridad. Y la diferencia no es baladí. De ello depende que los tres principales acusados –Jokin Unamuno, Adur Ramírez y Ohian Arnanz– se hagan viejos entre rejas. El motivo de una disparidad de penas tan abrumadora procede, en opinión de uno de los letrados, en que hay noches que la justicia española se pone la máscara de la política. Quizá por eso, la estrategia de la defensa no se esfuerza en disimular la desazón que les ha provocado la instrucción realizada por la magistrada Carmen Lamela, que forma con la ilustre jueza que preside el tribunal, Concepción Espejel, el dúo más dinámico de las profecías autocumplidas. Si Lamela sacó el sumario de la Audiencia de Navarra para reconstruirlo en la Audiencia Nacional acuñando los cargos “de terrorismo y odio”, el más extraordinario eslogan que puede escribirse sobre los escombros de ETA, Espejel no le va a la zaga con sentencias ejemplares en el Caso Bar Chinaski y el Caso Valtònyc, tras haber sido apartada del megaproceso de la Gürtel por sus relaciones afectivas con el PP.

Los familiares de los encausados repiten una y otra vez que falta proporcionalidad al juicio y sobran prejuicios. “Fue una pelea de bar ocurrida el día grande de las fiestas del pueblo a las cinco de la mañana. Si llega a suceder en otro lugar de España no sería lo mismo”, insisten. Y desempolvan casos similares “donde el tratamiento penal ha sido distinto”, dice la madre de uno de los jóvenes imputados. Por ejemplo, el que sucedió el pasado año en la localidad albaceteña de Tobarra cuando un agente recibió una pedrada en una pelea callejera. Y el de una pareja de guardias civiles brutalmente golpeados en las fiestas del municipio de Tinajo, en Lanzarote. También el que ocurrió hace unos meses en Galapagar, Madrid, cuando dos delincuentes reconocieron a un agente que se encontraba fuera de servicio y comenzaron a golpearle con una ferocidad desmedida. ¿Entonces?

“Pues está la carga emocional de la denuncia de Covite, que fue admitida a pies juntillas por la Audiencia Nacional, que pide a la Guardia Civil un informe que avale esa tesis y termina considerándose terrorismo”, explica en un receso Amaia Izko, abogada de uno de los jóvenes imputados. Palabras como ETA o terrorismo vasco mantienen el interruptor del odio encendido. El teniente, que estuvo 18 meses de baja por la fractura de un tobillo, ha asegurado que aquel día temió por su vida. “Me pegaron 15 personas dentro y 20 fuera sin que nadie hiciera nada por ayudarme ni por intentar calmar la situación”, ha testificado. También ha señalado que conocía a los tres principales acusados “de actos organizados por los colectivos Alde Hemendik y Ospa Eguna (‘Día de la Huída’)” contra la presencia de las fuerzas de seguridad del Estado en Navarra y Euskadi. El sargento, por su parte, ha explicado que cuando le destinaron a Alsasua le avisaron de que tuviera cuidado en su tiempo de ocio, especialmente en “el Casco Viejo, donde hay bares que frecuentan jóvenes radicales abertzales”. Sin embargo, el bar Koxka, el lugar donde se produjo la trifulca, no era peligroso. “Aquí vivimos 7.500 personas y nos conocemos todos. A unos les puede gustar más la presencia de la Guardia Civil y a otros menos, como sucede en cualquier otro pueblo de España, pero aquí nunca se ha educado en el odio”, añade Igone Goikoetxea, madre de Jokin Unamuno, en prisión preventiva desde el 14 de noviembre de 2016.

Difícil tarea la que tiene por delante el tribunal. A un lado de la balanza, un miedo racional. Al otro, una libertad más frágil. Y en medio, la cuestión de cómo reducir el vivero del resentimiento.