Los privilegios de las eléctricas, historia de una estafa:

Lo siento, pero lo que pasa en España no sucede en ningún país de nuestro entorno, esos con los que tantas veces nos comparan nuestros políticos manipulando datos u ofreciendo cifras sesgadas. Cuando leemos que España es uno de los países europeos con la electricidad más cara, debemos tener en cuenta que, las estadísticas que utiliza Eurostat para elaborar sus informes con el fin de comparar los precios de la energía en los diferentes países de la Unión Europea se hacen antes de impuestos, lo cual indica que, independientemente del puesto que ocupe España en la clasificación final en el continente, el precio que pagamos es aún mayor que el declarado por Eurostat, atendiendo también al salario medio de nuestro país, al coste de la vida y al impacto de los impuestos en el recibo final.

Corría el año 1997, hasta entonces, el sector eléctrico estaba regulado en nuestro país. Era el Estado, tan denostado en su papel gestor por el Partido Popular, el que establecía los precios a cobrar por las propias empresas. Josep Piqué, entonces ministro de Industria, anunció ufano y satisfecho el comienzo de una pesadilla de alza de precios-que aún continúa-con el eufemismo de “reducción de tarifa”, que sería, según los defensores de la privatización del sector público en España, la principal consecuencia de liberalizar el mercado eléctrico. Sólo faltó que el ideario grabado a fuego en las mentes de los acérrimos partidarios del neoliberalismo dentro del PP fuera cincelado en piedra y entregado al pueblo en unas nuevas tablas de la ley. Una y otra vez, se repitieron en los medios de comunicación afines al Gobierno consignas como que una parte importante del precio a pagar por la energía sería decidida por el sacrosanto mercado a través de sus infalibles leyes de la oferta y la demanda, lo cual conllevaría, insisto, una bajada de precios. Pero esa retórica rimbombante fue desmentida año tras año por la realidad monopolística española porque cinco empresas controlan el mercado de forma rígida: Endesa, Iberdrola, EDP, Viesgo y Gas Natural Fenosa. Entre 2004 y 2015, la subida del recibo de la luz ha sido de un 76%. Los aumentos entre 2016 y 2017 son del 12% anual, aproximadamente. Desde 2004, la electricidad, simplemente, se ha convertido en un lujo en nuestro país.

cinco empresas controlan el mercado de forma rígida: Endesa, Iberdrola, EDP, Viesgo y Gas Natural Fenosa. Entre 2004 y 2015, la subida del recibo de la luz ha sido de un 76%

 1. Los Costes de Transición a la Competencia:

El enorme coste de producción de la energía es la excusa utilizada por las eléctricas para aumentar los precios de la luz todos los años. No es fácil rebatir estos argumentos porque las empresas energéticas en España no son precisamente transparentes. Casi todos los datos relacionados con las eléctricas son confusos y difíciles de interpretar. El Observatorio de la Deuda en la Globalización (ODG) ha calculado las cantidades de pagos ilegítimos abonados a las compañías eléctricas entre 1998 y 2013, la cantidad asciende a entre 60.000 y 80.000 millones de euros. Las cinco grandes empresas de energía no sólo aprovecharon su enorme influencia en los sucesivos gobiernos con el fin de perpetuar su monopolio, sino que ya fueron sancionadas por la Comisión Nacional de la Competencia por tratar de impedir el cambio de empresa comercializadora y por intentar fijar los precios a los grandes clientes. Pese al control de las grandes empresas sobre el mercado español, el Gobierno creó en 1997 los llamados Costes de Transición a la Competencia para que las eléctricas aceptaran de buen grado las oscilaciones del nuevo mercado “liberalizado”. Para conseguir el privilegio de los Costes de Transición, las empresas utilizaron uno de los viejos recursos del neoliberalismo, que apela a la seguridad jurídica (protección por parte del Estado) cuando ve peligrar sus inversiones, mientras pide respeto para la libertad de mercado-el pez grande se come al pequeño-cuando los beneficios son seguros. Así, las compañías exigieron garantías para competir en un mercado abierto en el cual pudiera darse el caso de que no recuperasen las inversiones. Así es como se hizo el cálculo de los Costes de Transición, estableciendo una distinción entre las expectativas de ganancias de las compañías y los ingresos a cobrar en el nuevo sistema regulado, siempre con la premisa de que el propio mercado fijaría el precio medio del megavatio por hora (MWh) en 36 euros durante la vida útil de las centrales involucradas. La cantidad final quedó establecida en aproximadamente 8.664 millones de euros, a los que había que sumar un incentivo al consumo de carbón español, que se fijó en 2.000 millones de euros a recibir entre 1998 y 2010. El Gobierno de Zapatero acabó en 2006 con los Costes de Transición, pero nunca reclamó a las compañías lo que habían cobrado de más a los ciudadanos.

La Comisión Nacional de la Energía (CNE), hoy integrada en la Comisión Nacional de Mercados y de la Competencia (CNMC), calculó que hasta 2006 las grandes empresas eléctricas habían cobrado a los ciudadanos a través del recibo de la luz 3.558 millones de euros más de lo que les correspondía por los Costes de Transición. La Plataforma por un Nuevo Modelo Energético anunció en 2013 que el Estado había perdonado a las grandes eléctricas una deuda de 3.396 millones de euros y denunció el hecho ante la Fiscalía Anticorrupción, que abrió una investigación con el fin de aclarar por qué motivo los responsables del Ministerio de Energía entre 2007 y 2010 (Gobierno de Zapatero) no demandaron a las eléctricas el sobrante que fue cobrado a los ciudadanos en concepto de Costes de Transición a la Competencia. La Administración tuvo la posibilidad de cobrar esas cantidades hasta 2010, fecha en que prescribió el posible cobro. El Gobierno no hizo efectivo ese derecho, pese a un informe favorable por parte de la Abogacía del Estado en 2008, a los que hubo que sumar dos informes de la antigua Comisión Nacional de la Energía del mismo año instando al Gobierno de Zapatero a proceder a la liquidación. La investigación de la Fiscalía contó con el testimonio de varios altos cargos del Ejecutivo socialista, pero dictaminó que no existía delito alguno en no reclamar esos sobrecostes, de manera que el caso terminó siendo archivado. El Gobierno del PP tampoco consideró la posibilidad de reclamar la deuda a las compañías eléctricas. Desde la Plataforma por un Nuevo Modelo Energético se insiste en que no reclamar la devolución de los Costes de Transición y no fijar mecanismos de corrección posteriores constituyen dos vulneraciones de la normativa europea de Ayudas de Estado. En definitiva, pese a contar con varios informes técnicos y jurídicos para reclamar el dinero a las eléctricas, el Gobierno no lo hizo.

La Comisión Nacional de la Energía calculó que hasta 2006 las grandes empresas eléctricas habían cobrado a los ciudadanos a través del recibo de la luz 3.558 millones de euros más de lo que les correspondía por los Costes de Transición

En nuestro país todo favorece a las grandes empresas y corporaciones: en mayo de 2008, el Ministerio de Industria elaboró un borrador de orden ministerial con el fin de reclamar a las eléctricas el dinero cobrado de más a los clientes en concepto de Costes de Transición a la Competencia. El entonces ministro de Industria, Miguel Sebastián, declaró que nunca fue informado de esa orden.

La regulación a medida de las eléctricas explica este despropósito: aunque en 1997 se establecieron las cuantías máximas de 8.664 millones de euros para compensar las eventuales pérdidas de las eléctricas, el mercado eléctrico no se estabilizó en el precio fijado en la Ley del sector eléctrico LSE 54/97, que era de 36 MWh, creado para hacer un cálculo máximo de los Costes de Transición, sino en precios mucho más altos. Así, en junio de 2005 el valor más alto de los Costes de Transición actualizado y establecido en la ley en esos 8.664 millones ya había sido cobrado por las empresas en su totalidad. Esta cantidad se cobró a través de dos vías: una parte en forma de tarifas de los propios Costes de transición, la otra mediante un exceso de precio sobre el precio de referencia que, en las cifras resultantes correspondía restar del valor máximo, que de esta forma quedaba actualizado sobre la estimación inicial. Según Economistas Frente a la Crisis, “si la regulación de los CTC’s no hubiera sido derogada en julio de 2006 y se hubiera mantenido hasta su final previsto en 2010 por la LSE 54/97, las empresas eléctricas hubieran tenido que devolver a los consumidores, a la vista de los precios reales del mercado que en este periodo han cobrado, todo exceso de precio por encima de 36€ MWh que hubieran cobrado entre junio de 2005 y diciembre de 2010 por la generación del conjunto de sus centrales. Es decir, si en julio de 2006 no se hubiera derogado la norma que regulaba el mecanismo de cobro de los CTC’s, hoy no tendríamos ni déficit tarifario ni una tarifa tan alta ni a nadie se le hubiera pasado por la cabeza recortar la retribución –recortes consolidados y aumentados en la LSE 24/13- de las centrales eléctricas renovables”.

2.  El déficit de tarifa:

La segunda norma del marco regulatorio hecho a medida de las grandes empresas fue el tan traído y llevado “déficit de tarifa”. En el año 2000, el entonces ministro de Economía, Rodrigo Rato, elaboró una legislación que favorecía a las grandes eléctricas para que nunca resultasen perjudicadas. Las empresas alegaron que los ingresos procedentes de los recibos no bastaban para cubrir los gastos fijos: transporte de electricidad, distribución, generación, y primas a las energías renovables. Durante la negociación con el Gobierno, desarrollada en la más absoluta opacidad, las compañías expusieron al Ejecutivo sus costes estimados, de manera que, si el dinero que ingresaban a través de la factura de la luz era menor que las cantidades previstas, el Estado debería abonar la diferencia a las eléctricas. En definitiva, el déficit tarifario no es, como tantas veces se dice, la diferencia entre el coste real de la energía y la tarifa a pagar por los ciudadanos, sino la diferencia entre los costes de la electricidad reconocidos por las normas regulatorias y las tarifas reguladas que pagan los consumidores. Como siempre hace el poder, se creó un armazón jurídico para perpetrar la tropelía: cuando un neoliberal dice “Estado” quiere decir también “ciudadanos”, claro, de manera que la “deuda” la abonan los consumidores y no el Estado, aunque lo cierto es que esa deuda ni siquiera la pagamos a las empresas eléctricas, sino a los propietarios de fondos de inversión que, desde 2011, fueron adquiriendo deuda eléctrica a través del Fondo de Titulización de Déficit del Sistema Eléctrico (FADE). En realidad, la deuda se encuentra dividida en cuatro bloques con diferentes actores con derecho de cobro. El citado Fondo de Titulización fue creado en 2009, y su creación facilitó a las cinco grandes compañías que forman UNESA (Endesa, Iberdrola, Gas Natural, EDP y Viesgo) acabar con sus derechos de cobro, que así terminaron siendo adquiridos por fondos de inversión españoles y extranjeros. El beneficio medio del Fondo de Titulización en el año 2016 fue del 4,092%, un interés extraordinariamente alto en el actual panorama financiero, esta rentabilidad influye en el precio final del recibo y sitúa el coste medio de la deuda eléctrica para particulares y empresas en el 3,5%.

Según los expertos, la eliminación del “déficit de tarifa” supondría un descenso del precio de la luz del 11%

La estrategia de estos fondos, aquí y en cualquier otro lugar del mundo, se desvincula del espíritu de los proyectos originales que, en el caso de empresas como Iberdrola o Endesa, consistían en crear una red eléctrica que cubriese la totalidad del territorio nacional con el único fin de construir un país más moderno. El déficit de tarifa se calculó nuevamente en 2005 y 2013, de resultas de este engaño la deuda se eleva a más de 23.000 millones y no será pagada hasta 2028. Los propietarios de los fondos de inversión no suelen ser muy pacientes, de manera que cobran intereses de demora del 4,5%. Según los expertos, la eliminación del “déficit de tarifa” supondría un descenso del precio de la luz del 11%. El Gobierno de Zapatero no movió un dedo para modificar la legislación heredada del PP respecto a las eléctricas. El 5 de abril de 2017, la Comisión Nacional de Mercados y de la Competencia publicó la deuda del sistema eléctrico a 31 de diciembre de 2016, que ascendía a 23.070 millones de euros. En el sector del gas, que también está regulado, la deuda era de 2.471 millones de euros. Esta cifra es un 66% más alta que la reconocida en 2015, la razón es que ahora se incorpora a la contabilidad el déficit generado entre 2004 y 2014, algo que antes no se hacía.

Puede salir a dar explicaciones acerca del mercado eléctrico cualquier ministro de cualquier gobierno con toda su retórica técnica y mentirosa, que nada justifica que algo tan esencial como la energía esté sujeta a los vaivenes del mercado financiero. Peor aún, las compañías eléctricas fueron construidas con el esfuerzo de todos, para que ahora, en vez de existir una relación directa empresa eléctrica-ciudadano, exista una relación plagada de intermediarios tales como los fondos de inversión, que en modo alguno buscan generar riqueza para el país o crear infraestructuras, sino tan solo obtener rentabilidad a costa de lo que sea. El déficit de tarifa es, en realidad, una conjetura, una suposición, aunque esta haya sido tenida en cuenta por todos los gobiernos y haya recibido una dotación jurídica y legal. La explicación a los enormes beneficios de las empresas eléctricas se debe no sólo a que los costes reales de generación son menores que los que las empresas reconocen, sino a que nos venden la energía a un precio mucho mayor respecto al coste real de obtención. 

3. Pagos por Capacidad:

La ley se hizo para las eléctricas y sólo para ellas, de modo que, por si todo lo legislado no fuera suficiente, en 2007 llegaron los llamados “Pagos por Capacidad”, es decir, se paga a las empresas por sus instalaciones-algo inaudito-, tanto si producen como si no. Estos pagos consisten en ayudas en torno a los 700 millones de euros anuales que los clientes pagan a través del recibo y que las compañías cobran por tener plantas de carbón y gas para cubrir la demanda que otras tecnologías de generación como las renovables no pueden atender. Existen alrededor de cien centrales eléctricas que cobran este tipo de ayuda: las 67 que utilizan gas, algunas otras que usan carbón, y, finalmente, algunas hidroeléctricas de bombeo. Las centrales que utilizan gas y carbón están infrautilizadas y sólo producen al 10% de su capacidad. La razón es que las energías renovables, las centrales nucleares y las hidroeléctricas pueden atender la demanda de energía. Las centrales de ciclo combinado que fueron construidas se suman a las renovables, dando como resultado una potencia de 100.000 MW, cuando nuestra demanda está en torno a los 45.000 MW. La cuestión es de tal gravedad que, por poner un ejemplo, en 2014, 13 centrales de ciclo combinado cuya potencia ascendía a 5.900 MW de potencia no funcionaron en ningún momento. Se calcula que este concepto aumenta el precio medio del recibo en 50 euros anuales. 

en 2014, 13 centrales de ciclo combinado cuya potencia ascendía a 5.900 MW de potencia no funcionaron en ningún momento

4. El Pago por Interrumpibilidad 

En nuestro país, desgraciadamente, la pasividad del pueblo ha dado pie a que nuestros políticos lleven a cabo políticas descabelladas de todo tipo. Por si todos estos excesos fueran pocos, el Gobierno de Zapatero creó en 2008 el “Pago por Interrumpibilidad”. Mediante este mecanismo legal, el Gobierno acordó con las grandes empresas consumidoras de energía (las acereras y el sector cerámico, principalmente, pero también cementeras, empresas fabricantes de papel y RENFE) la posibilidad de restringirles el servicio eléctrico con el fin de garantizar el suministro a la población. Por este concepto, la factura de la luz tiene un sobrecoste con el cual los ciudadanos subvencionan a la gran industria con 500 millones al año. Durante los últimos diez años, los consumidores han pagado un suplemento en el recibo de la luz de 4.900 millones de euros por Pago por Interrumpibilidad, según datos proporcionados por la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia. Estos precios no se justifican por causa real alguna, puesto que este recurso sólo se ha utilizado dos veces en diez años. Red Eléctrica Española es el organismo encargado de decretar los paros si fuera necesario. Lo hizo en junio de 2016 y en octubre de 2017, en las dos ocasiones por averías, y no por el exceso de demanda previsto en la normativa. El paro de 2016 afectó a las plantas asturianas de Alcoa, Arcelor y Asturiana de Zinc por un fallo de la subestación de Soto de Ribera. El paro de octubre de 2017 perjudicó a las mismas compañías por una avería en la central eléctrica de Aboño. Debemos preguntarnos si este sobreprecio en el recibo de la luz se justifica por dos parones de cinco horas en un plazo de una década. Es el precio a pagar por tener un monopolio de cinco empresas que controlan el 67% de la oferta y el 87% de la demanda. Este concepto, el Pago por Interrumpibilidad, acaba constituyendo una subvención encubierta a la gran industria en nuestro país.

¿Qué empresas pueden acogerse al Pago por Interrumpibilidad? Para otorgar esta subvención, se subastan dos productos de potencia interrumpible. El primero se centra en las disminuciones de consumo de 5 MW y el segundo en las de 90 MW. Sólo las grandes compañías eléctricas pueden acogerse a estos criterios de mercado, por esta razón no existe una verdadera competencia y todo ello acaba derivando en los precios finales que se establecen. El resultado final de esta normativa es un sobreprecio en el recibo de la luz para los ciudadanos, mientras que las grandes empresas logran año tras año un considerable ahorro en su factura eléctrica. En su último informe, la Comisión Nacional de Mercados y de la Competencia señalaba que el coste de este concepto en 2014 fue de 550 millones de euros; en 2015, 508 millones de euros; en 2016, 503 millones de euros; y en 2017, 525 millones de euros. Según la propia CNMC, la distorsión se produce porque para el producto de 90 MW existe un número muy pequeño de ofertantes, tan solo seis, es decir, un mercado de poca competencia, lo cual desmiente la tan publicitada idea defendida por el PP en los años noventa que afirmaba con pretendida infalibilidad que los precios de la energía serían menores en un mercado de empresas privatizadas. 

5. Los servicios de ajuste del sistema

Los llamados “servicios de ajuste del sistema” son sobreprecios en el recibo de la energía que proceden del siguiente concepto: Red Eléctrica insta a determinadas centrales de gas y de carbón a producir cantidades de energía no previstas por el mercado mayorista. La elección de estas centrales está determinada por su situación geográfica estratégica. Esta ubicación excepcional autoriza a las centrales a cobrar por la energía un precio mucho más alto al establecido por el mercado. Dependiendo de la época del año, el encarecimiento se sitúa entre un 5% y un 20%.

6. La moratoria nuclear:

En 2016, los españoles terminamos de pagar la moratoria nuclear, un concepto por el cual las compañías eléctricas eran indemnizadas a través del recibo de la luz por el parón nuclear de 1983, medida que paralizó los proyectos de construcción y puesta en marcha de centrales nucleares en España. El 30 de diciembre de 1994, el último Gobierno de Felipe González aprobó la Ley de Ordenación del Sistema Eléctrico, que establecía la paralización de las obras de construcción de las centrales nucleares de Lemóniz, Valdecaballeros y Trillo II. La ley también recogía la compensación económica a Iberdrola, Unión Fenosa y Sevillana, propietarias de las centrales. El coste total pagado por los consumidores entre 1996 y 2015 ascendió a 5.717 millones de euros en una operación absolutamente exenta de transparencia que no fue debidamente explicada a la opinión pública. En este caso, como en el resto de los diferentes conceptos de pagos a las grandes eléctricas, se repite la misma secuencia: las informaciones de todo lo que rodea al sector son confusas y opacas, pese a que las cantidades inicialmente fijadas eran de 4.000 millones de euros, algunos estudios apuntan a que los consumidores han pagado más de 9.000 millones. Esta cantidad está muy por encima de los 5.717 millones de euros que “oficialmente” hemos pagado. Hay informaciones que forman parte de la letra pequeña de la actualidad y que no son explicadas por los grandes medios: en 1996 se crea el Fondo de Titulización de Activos Resultantes de la Moratoria Nuclear, un producto financiero que ha sido el gran beneficiario del grandioso sobrecoste de la moratoria nuclear y del cual no sabemos quiénes son sus propietarios porque la Comisión Nacional de la Energía no proporciona dato alguno acerca de los mismos. La Ley de Ordenación del Sistema Eléctrico de 1994 ya establecía la posibilidad de ceder la deuda a terceros, medida que se aplicó en 1996 por medio de este fondo, que se liquidó en 2015.

7. La tarifa de último recurso

 Los consumidores de la Tarifa de Último Recurso han pagado desde mediados de 2009 y hasta finales de 2013 (la tarifa desapareció en mayo de 2014) una cantidad de 1.682 millones de euros en sobrecostes en el recibo de la luz. Este precio, salvo en una ocasión específica, fue siempre superior al fijado por el mercado mayorista. El principal problema es que el ciudadano pagaba por un tiempo de tres meses un precio establecido en la subasta que resultaba ser muy superior al real, todo el dinero abonado de más se iba en gran parte a la cadena de producción y comercialización de la electricidad y, en una inadmisible cesión de competencias y funciones por parte del Estado, parte de ese dinero acababa en manos de intermediario financieros que especulan con la electricidad. 

8. La subasta de la electricidad

El “pool” es el conjunto de la subasta diaria de electricidad, y es administrado por una empresa “independiente”, OMIE, otra anomalía en un sector que debería estar gestionado íntegramente por el Estado. Por poner un ejemplo, durante el primer trimestre de 2013, los consumidores pagaron 45,41 euros por megavatio y hora en la factura, aunque el precio de la subasta fue de sólo 18 euros. Hemos acabado por asumir como normales sobreprecios que constituyen una forma de financiar a las eléctricas de forma encubierta. Por este concepto, el consumidor pagó en 2012, 258 millones de euros de sobrecostes; en 2011, 203 millones; en 2010, 498 millones; y en 2009, 445 millones. Hay que recordar que antes de 2009 las diferencias entre las previsiones y el resultado trimestral eran compensadas después de tres meses. Mediante este procedimiento, el consumidor recibía lo que había abonado de más, algo que no sucede ahora.

Punto y aparte es el delirante mecanismo de subasta: después de establecidas las necesidades de consumo, las empresas declaran cuantos megavatios son capaces de ofrecer y su procedencia. El precio de la electricidad fluctúa hasta que se acuerda la oferta y la demanda. Sin ningún coste para ellas, entran en la subasta la energía nuclear y las energías renovables. Por orden de precio les secundan las centrales hidráulicas y las de gas de ciclo combinado, terminando por las más caras, las centrales térmicas de carbón. El precio final establecido es el de la energía más costosa en entrar en el sistema.

La liberalización del mercado eléctrico es una gran mentira porque la mitad de los costes son regulados. El sector es un oligopolio de cinco empresas que dirigen la “competencia”

Estos son algunos datos de uno de los escándalos más graves de la España moderna. La liberalización del mercado eléctrico es una gran mentira porque la mitad de los costes son regulados. El sector es un oligopolio de cinco empresas que dirigen la “competencia”. Pese a todas las falsedades del sistema neoliberal para tratar de estigmatizar y ridiculizar a los ciudadanos honestos que demandan información veraz acerca de cuestiones decisivas que implican privilegios inadmisibles en favor de las grandes empresas, hoy sabemos que las deudas de todo tipo, como ha ocurrido en los casos de Ecuador o Grecia, pueden reestructurarse o anularse parcialmente. Lo mismo debería ocurrir en el caso de los sobrecostes cobrados por las eléctricas en nuestro país. Las épocas de crisis son propicias para inocular miedo en la sociedad, y cuando existe miedo es más fácil tomar medidas de excepción con las que el neoliberalismo, de la mano de los gobiernos, está transformando de forma decisiva los marcos jurídicos de los países occidentales con el fin de disminuir el tamaño de los Estados para que el dominio de las grandes empresas sea irreversible.

 Las limitaciones impuestas por el Tratado de Maastrich:

Los Tratados de la Unión Europea son acuerdos con carácter vinculante entre los países miembros. Cada Tratado marca los objetivos de la Unión, las normas y leyes aplicables a sus instituciones y las relaciones entre los diferentes Estados. Cuando se aprueba un nuevo Tratado, las instituciones de la UE pueden adoptar una nueva legislación, que todos los países miembros deben aplicar de forma posterior. Los Tratados deben ser ratificados por los parlamentos nacionales de todos los Estados de la Unión Europea. Cuando se desea elaborar un nuevo tratado o reformar uno existente, se convoca a todos los países a una Conferencia Intergubernamental, formada por los representantes de los gobiernos de los Estados miembros.

Antes de la entrada en vigor del Tratado de Maastrich, los Estados podían financiarse a través de sus bancos centrales. El dinero que estos prestaban al Estado se obtenía a cambio de intereses de entre un 0,5% y un 1,5%. El Tratado de la Unión Europea o Tratado de Maastrich entró en vigor el 1 de enero de 1993 y ha sido modificado por los Tratados de Ámsterdam, Niza y Lisboa. Según su artículo 104, que es idéntico al artículo 123 del Tratado de Lisboa, se prohíbe la financiación de las administraciones públicas a través de los bancos centrales de cada país. El diseño de la política económica es responsabilidad del Banco Central Europeo (BCE), mientras que el poder de conceder dinero recae en la banca privada. El artículo 104 del Tratado de Maastrich también prohíbe al BCE prestar dinero a los Estados o comprar su deuda, de modo que cuando un país necesita financiación debe recurrir a la banca privada o emitir deuda pública. Sin embargo, los diferentes países de la zona euro pueden evitar de forma parcial la prohibición solicitando préstamos a la banca pública de sus respectivos países, siempre que esta banca exista en los mismos, aunque a día de hoy ningún país ha hecho efectivo este derecho. Si el BCE hiciera las veces de los antiguos bancos centrales, el dinero prestado a los Estados se obtendría a intereses muy bajos y no necesitaría de la intermediación de los bancos privados, mientras que los mismos establecen intereses altísimos para la obtención de un crédito. Por poner un ejemplo práctico: la diferencia estimada que supuso para España durante el año 2011 la obtención de crédito a través de la banca privada y no mediante su banco central ascendió a 23.500 millones de euros, una cifra increíble en un único ejercicio. En pocas palabras, si ni el BCE ni los bancos centrales pueden financiar a los Estados en la zona euro, eso significa que la circulación del dinero queda en manos de las élites financieras, todo un golpe a la democracia y al Estado de Derecho. El Tratado de Maastrich se publicitó como un avance extraordinario para los ciudadanos de la Unión Europea y, efectivamente, lo fue en muchos ámbitos, pero el Tratado también incluyó artículos como el citado 104, que son absolutamente nefastos para el funcionamiento de la economía de los Estados miembros.

la diferencia estimada que supuso para España durante el año 2011 la obtención de crédito a través de la banca privada y no mediante su banco central ascendió a 23.500 millones de euros

En febrero de 2012, el Banco Central Europeo mostró a las claras algo que todos sabíamos de una u otra forma: que no es lo mismo ser un ciudadano de a pie que un gran banco. En esos días, el BCE llevó a cabo varias operaciones con el fin de refinanciar a la banca europea a través del plan LTRO. Mediante este sistema, los bancos recibieron un billón de euros a devolver en un plazo de tres años a un interés del 1%. Meses después, el pánico a las peores consecuencias de la crisis y el temor a la desaparición del euro condujo al BCE, de la mano de Mario Draghi, a adoptar un plan de compra de deuda pública de los países europeos en apuros. La prensa habla continuamente de una actuación heroica por parte del BCE para salvar al euro, pero esto no es exactamente así. Como ya hemos comentado, el BCE tiene prohibida de forma expresa la compra directa de deuda pública de un país en el llamado mercado primario, pero sí puede hacerlo a través del mercado secundario mediante las operaciones de mercado abierto denominadas REPOS. Desde 2012, el uso de estas operaciones por parte del BCE se ha convertido en algo habitual. Mediante esta práctica, el BCE compra a los bancos los bonos del Tesoro de los diferentes Estados de la Unión Europea a un precio determinado, comprometiéndose a devolver esos bonos a los mismos bancos a un precio también fijado. Cualquier operación que involucre a un banco conlleva una contrapartida: las entidades obtienen dinero del BCE a un interés de entre el 0% y el 1% y continúan comprando deuda pública de los diferentes Estados de la Unión Europea a intereses mayores. De manera que el BCE no adquiere deuda pública de forma directa, sino que lo hace a través de los bancos privados alimentando de forma permanente este círculo vicioso.

El 23 de marzo de 2017, El Banco Central Europeo celebró una subasta de liquidez con el fin de dotar de dinero a las entidades financieras para estimular el crédito. Un total de 474 entidades se acogieron a esta medida y recibieron 233.500 millones a un 0% de interés hasta marzo de 2021. Fue la segunda operación más importante de concesión de liquidez después de la de junio de 2016, cuando el BCE prestó a las entidades bancarias, también al 0%, un total de 399.288 millones de euros en una subasta a la que acudieron 514 bancos, según informes del propio BCE. 

El Tribunal Constitucional alemán ha expresado sus dudas acerca del programa de compra de deuda del BCE en varias ocasiones, la última vez en agosto de 2017. Después de examinar varias demandas, los jueces del tribunal germano dictaminaron que la medida del BCE podría exceder sus competencias al tener una influencia decisiva en la política financiera de los países de la UE, y remitió la causa al Tribunal de Justicia de la Unión Europea para que se pronuncie. En cualquier caso, difícilmente el Constitucional alemán sería capaz de vetar al Bundesbank para que este banco no participe en la financiación de compra de títulos de otros países puesto que el banco federal alemán es el mayor contribuyente del BCE. El tribunal germano recibió tres recursos de inconstitucionalidad, entre ellos el del economista Bernd Lucke, fundador y exdirigente de la formación nazi Alternativa para Alemania (AfD). A través del mercado secundario, el BCE ha adquirido casi 176.000 millones de euros de deuda pública española, lo que supone el 11,8% del total de capital invertido por el banco. Así, la deuda soberana de nuestro país se convierte en la cuarta con mayor presencia en la cartera del BCE tras Italia (245.582 millones), Francia (282.373 millones) y Alemania (355.595 millones).

 El desastre del rescate bancario

España es el país europeo que más dinero ha perdido en el rescate bancario en comparación al resto de economías del continente. La cifra asciende a 60.613 millones no recuperables, lo que supone el 80% del dinero invertido, un total de 76.410 millones de euros. La principal razón es que el dinero suministrado a la banca llegó demasiado tarde-2012, en comparación a los años 2008 ó 2009 en los que otros países otorgaron ayuda a sus sistemas financieros-, que los bancos o cajas que recibieron el rescate estaban en estado de ruina, sin proyectos solventes debido a su escaso crédito y que el carácter jurídico de las cajas de ahorro fue un impedimento para su saneamiento. El dinero perdido por España asciende al 4,3% de nuestro PIB frente al 1,3% de Alemania, el 0,2% de Italia, o el 0,6% de Reino Unido. Todo ello pese a las reiteradas afirmaciones del Gobierno de que esto nunca ocurriría y de que el rescate no nos costaría ni un euro a los ciudadanos. Los bancos estadounidenses fueron multados por el Gobierno federal con 150.000 millones de dólares por malas prácticas, mientras que los datos de la Comisión Nacional del Mercado de Valores hablan de 45 millones de euros en multas por el mismo motivo a las entidades de nuestro país, una cifra absolutamente ridícula que no constituye una forma de disuasión para prevenir posibles malas prácticas en el futuro. Por cierto, que de los 635.000 millones de dólares inyectados por el Tesoro de EE. UU. a sus bancos, estos devolvieron el dinero con intereses, hasta el punto de que el Gobierno de Estados Unidos no sólo ha recuperado todo el dinero invertido, sino que ha ganado 88.500 millones de dólares. Las cifras hablan por sí solas: la cantidad de 60.613 millones de euros perdidos en el rescate bancario español equivale a 55 años de complemento salarial del pacto entre el PP y Ciudadanos; a 10 años de la renta mínima propuesta por el PSOE; o a 9 años del presupuesto anual en sanidad de la Comunidad de Madrid. 

Los bancos estadounidenses fueron multados con 150.000 millones de dólares por malas prácticas, mientras que los datos de la CNMV hablan de 45 millones de euros en multas por el mismo motivo a las entidades de nuestro país

El Gobierno del Partido Popular ha manejado dinero público con absoluta irresponsabilidad y nos oculta que el rescate financiero podía haber sido menos costoso para el ciudadano. Del mismo modo, la banca y la sociedad en su conjunto, con una mejor inversión y con más transparencia, hubieran salido beneficiadas después de una crisis de estas proporciones. Un ejemplo de que las cosas pueden hacerse mejor es Holanda y su banco ING, junto a ABN Amro, la joya de la corona para los holandeses. Al inicio de la crisis, Holanda se vio obligada a inyectar 10.000 millones de euros en ING, un banco enormemente expuesto al mercado hipotecario de Estados Unidos. Los directivos de ING decidieron entonces tomar un nuevo rumbo: el banco disminuyó de tamaño y centró sus operaciones en el mercado europeo. ING abandonó sus inversiones en banca financiera y de inversión para focalizarse en operaciones de banca tradicional, convirtiéndose en un banco más seguro y con más recursos que le permiten hacer frente a cualquier contingencia. Para llegar a esta situación, la entidad holandesa vendió múltiples negocios en Estados Unidos, Canadá y Gran Bretaña y también se deshizo de sus aseguradoras en Argentina y Corea del Sur. Estas operaciones significaron unos ingresos para el banco de más de 40.000 millones, lo que demuestra que la eficacia y la sostenibilidad son criterios más importantes en el negocio bancario que el tamaño, que además puede ser un factor de riesgo para la economía de todo un país: el primer listado de los llamados “bancos sistémicos” se elaboró en 2011 en el seno del Consejo de Estabilidad Financiera y en él figuraban las entidades que por su tamaño y en caso de tener problemas de solvencia podían hacer quebrar la economía de todo un país y extender los problemas al resto del mundo. Continuando con el caso de ING, la entidad holandesa fue capaz de devolver al Estado holandés más dinero del que fue necesario para rescatar al banco. A diferencia del caso español, ING pactó con el Estado una devolución de dinero con intereses al 12,5%. A este dinero hubo que sumar 1.400 millones de euros procedentes de la venta del negocio de ING en Estados Unidos. Como consecuencia de la nueva gestión, ING se ha convertido en uno de los bancos más eficientes, solventes y mejor gestionados del mundo.

 Según datos de Eurostat, España también tiene el dudoso honor de ser el país de la Unión Europea que mayor coste ha debido de asumir sobre el déficit público a causa de las ayudas a la banca. En el período 2008-2016, el coste tuvo un impacto de 48.000 millones en el déficit. Sólo en el ejercicio de 2012, el año en que se aprobó el rescate a la banca, que debió ser asumido por el Estado como gasto propio, las ayudas al sector bancario ascendieron a 38.300 millones de euros, lo que supone un 40% más que el total de ayudas que recibieron los bancos griegos. No hablamos solamente de mala gestión, sino también de falta de transparencia: cada año se destinan ayudas a los bancos de las que no se informa de forma detallada. En 2016, el Estado inyectó 2.370 millones de euros que se utilizaron en la recapitalización del FROB y en la devolución a los minoristas de parte del dinero que habían perdido por el fraude de la salida a bolsa de Bankia. Es muy difícil obtener ciertos datos porque no todas las ayudas figuran en el déficit público ni tampoco está reflejado el dinero que fue recuperado por la amortización de los activos nacionalizados. Estas anomalías en la contabilidad llevaron a Eurostat a elaborar nuevos indicadores para calcular las ayudas al sector bancario y su impacto real en el déficit público. De esta manera, se usa la resta de los pasivos asumidos por cada país para pagar los rescates, a la que hay que restar los activos nacionalizados para reducir deuda. Con este nuevo parámetro, España sería el tercer país de la Unión Europea cuya deuda habría aumentado más a causa del rescate a la banca con 43.000 millones de euros a finales de 2016, únicamente superado por Alemania e Irlanda.

El sistema es especialista en distorsionar u ocultar datos con el fin de presentar la realidad de una forma más amable. Así, en el “Informe de fiscalización del proceso de reestructuración bancaria, ejercicios de 2009 a 2015”, el Tribunal de Cuentas estima que los recursos comprometidos en la reestructuración bancaria en nuestro país entre 2009 y 2015 ascienden a 122.122 millones de euros, aunque el órgano puntualiza diciendo que “no todos los componentes de este conjunto de recursos comprometidos representa, en términos económicos, un coste”. La valoración final del coste total del proceso de reestructuración bancaria no puede cerrarse mientras no finalicen todos los procesos de reestructuración. La cifra de 122.122 millones de dinero público involucrados de una u otra forma en el rescate bancario no incluye los avales entregados por el Estado a los bancos y cajas por valor de 85.965 millones de euros ni la deuda del banco “malo”, Sareb, completamente avalada por el Estado, cuyo importe asciende a 43.476 millones de euros. Si sumamos el total de cantidades, el dinero público comprometido llega a los 251.563 millones de euros, el 20% del PIB de nuestro país. Las sociedades examinadas en el informe del Tribunal de Cuentas son el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB), los tres Fondos de Garantía de Depósitos que aún existían hasta octubre de 2011, el Fondo de Garantía de Depósitos de Entidades de Crédito y el Banco de España. Con semejantes cantidades encima de la mesa dedicadas a proteger el negocio bancario, no es extraño que se vean comprometidas las partidas presupuestarias destinadas a educación, sanidad, dependencia o pensiones ni que toda la política económica se vea enormemente condicionada.

La cifra de 122.122 millones de dinero público involucrados de una u otra forma en el rescate bancario no incluye los avales entregados por el Estado a los bancos y cajas por valor de 85.965 millones de euros ni la deuda del banco malo

El Gobierno dijo una y otra vez que el rescate se hacía para salvar a los ahorradores, pero para eso ya está el Fondo de Garantía de Depósitos, que protege los ahorros depositados en imposiciones a plazo fijo en entidades bancarias de nuestro país hasta un máximo de 100.000 euros por persona física o jurídica. El rescate bancario fue, en realidad, un rescate a la banca alemana y francesa. El dinero fue otorgado a España a través del FROB, que lo inyectó en los bancos españoles que, una vez recuperada su solvencia, pudieron seguir devolviendo sus préstamos, principalmente a los bancos de Alemania y Francia y, en menor medida a los de Reino Unido y Holanda. No es extraño que, tras el anuncio del rescate a la banca española, las bolsas de Alemania y Francia subieran un 4%. 

En realidad, la reestructuración bancaria en España incluía la conversión de las cajas de ahorros en bancos-medida que ya había sido recomendada por el FMI en mayo de 2010-, algo que constituía una operación prioritaria para el Gobierno del PSOE y para la banca privada desde el inicio de la crisis: el negocio de estas entidades era una tentación enorme para los bancos españoles, puesto que las cajas llegaron a tener en depósitos la mitad del ahorro total del país y controlaban el 65% de las operaciones del sector. Las cajas estaban presentes en todos los rincones de España y fueron el motor económico durante los 50 años anteriores a la crisis. La cuantía de la obra social en 2009 llegó a ser de 1.776 millones de euros anuales. La crisis fue la excusa perfecta para acometer este negocio. Con el argumento de que fueran más competitivas, se decidió que las cajas fueran privadas y que tuvieran accionistas. La propaganda y los eufemismos utilizados son esenciales para solapar la verdad ante la opinión pública, de manera que el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero y el Banco de España decidieron obligar a las cajas a convertirse en bancos, pero no por la vía legal, sino aumentando de tal forma los estándares de solvencia de estas entidades que la única solución para sus gestores fue la conversión en bancos. La ratio de solvencia pasó, en un primer momento, de un 4% a un 8% para, posteriormente, situarse en un 10% inalcanzable para la mayoría de ellas. Este nivel de solvencia no fue recomendado por el Parlamento español ni por ningún otro ente democrático, sino que fue sugerido por el  Acuerdo Internacional Basilea III, un pacto al que llegaron los miembros del Consejo de Estabilidad Financiera, un organismo no democrático en el cual participan los países económicamente más importantes del mundo, entre los cuales está España, a los que hay que sumar dictaduras como China o Arabia Saudí y naciones con un claro déficit democrático como Brasil, Rusia y Turquía.

Las cajas eran fundaciones sin ánimo de lucro que se regían por la ley de sociedades limitadas. Sus consejos de administración estaban formados por representantes de las Comunidades Autónomas y de los ayuntamientos en diferentes proporciones que eran fijadas por cada comunidad. Como no tenían accionistas, tampoco podían cotizar en bolsa, lo que planteaba nuevos problemas legales. Con el fin de sortear esta cuestión, a las cajas se les dio la posibilidad de convertirse en bancos o bien de depositar todo su dinero en bancos creados por ellas. Así, el Estado, a través del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) podría entrar en su accionariado e inundar a la nueva entidad de dinero público. La medida garantizó que ninguna caja desapareciese porque aquellas que no lograsen aumentar su solvencia serían intervenidas por el Estado. El marco jurídico que facilitó estas operaciones fue aprobado por el Gobierno del PSOE en julio de 2010. Según la Confederación Española de Cajas de Ahorros (CECA), los 1.776 millones de euros invertidos en obra social en 2009 generaron 1.425 millones de euros de beneficios y 33.600 empleos directos o indirectos. Aún es pronto para evaluar el impacto de la entrada de inversores privados en las cajas, pero, con los criterios de rentabilidad que la banca tradicional aplica, lo más normal es que la obra social disminuya hasta hacerse casi insignificante, aunque lo poco que en este sentido se lleve a cabo será muy publicitado por los bancos. En cualquier caso, por generosos que sean los nuevos gestores, en ningún caso se alcanzarán los niveles de inversión en obra social que realizaban las cajas porque la ley decía que debían destinar, al menos, el 50% de los beneficios a Reservas Obligatorias para garantizar su solvencia, y el resto a obra social. De resultas de la interpretación de la ley, las cajas destinaban entre un 60% y un 70% a sus reservas y entre un 30% y un 40% a la obra social. 

Según la CECA, los 1.776 millones de euros invertidos en obra social en 2009 generaron 1.425 millones de euros de beneficios y 33.600 empleos directos o indirectos

En el momento en que estalló la crisis financiera, la situación de algunas cajas en España era desastrosa a causa de la mala gestión y de la corrupción. El mejor ejemplo de ello es Bankia. Por dar tan solo unos datos: en 2008, los gestores de la entidad, capitaneados por Miguel Blesa, dieron luz verde a la compra del City National Bank, con sede en Miami, por 628 millones de euros. A la vez, en un inadmisible gesto de despilfarro se adquirió una mansión para las posibles visitas de directivos de la caja a la ciudad por valor de 10,5 millones de euros. La mansión había sido comprada cinco años antes por 2,5 millones de euros. En 2010 sonaron las primeras alarmas sobre el estado real del banco de Miami, al que hubo que inyectar 233 millones de euros, en 2011 la entidad necesitó más capital y recibió 242 millones adicionales. También fue polémica la concesión de un crédito de ¡1.000 millones de euros! a Martinsa-Fadesa, la única entidad inmobiliaria española de gran tamaño que quebró durante la crisis financiera de 2007-2008. El dinero fue concedido en 2006 por Carlos Vela, responsable de créditos de Bankia, que apenas un año después fue contratado por la inmobiliaria. En 2008, Martinsa-Fadesa solicitaba el concurso de acreedores. Durante aquellos años, Bankia aumentó artificialmente su balance con activos tóxicos procedentes de la burbuja inmobiliaria y sus consejeros disfrutaron de sueldos millonarios (un número de 17 directivos cobraron 71 millones de euros en cuatro años). Otro ejemplo nefasto de la gestión de la caja fue la oferta de participaciones preferentes, cuya emisión resultó ser una estafa que continúa en manos de la Justicia. La Audiencia Nacional ha apreciado “indicios de criminalidad” en Miguel Blesa por crear este producto. Hoy sabemos que, desde Caja Madrid, de cara a su fusión con Bancaja, se mintió respecto al verdadero número de activos tóxicos que estaban en su poder; ambas entidades declararon tener en conjunto 11.000 millones de euros en activos inmobiliarios irrecuperables, mientras que la cifra real ascendía a más de 30.000 millones. 

Pese al desastre general de las cajas, había varias cuyos parámetros eran envidiables como Unicaja, Kutxa, BBK o Caja Duero. El resultado final del despropósito bancario fue que el Estado aprovechó la crisis para inyectar dinero a los bancos y también a las cajas para luego entregar estas últimas a los primeros a un precio menor. En España, como en Europa, se juega con dinero público (nuestro dinero) con el escudo de las leyes, que favorecen siempre a la banca o con mecanismos legales creados a medida de los poderosos en la más absoluta opacidad para burlar la ética más elemental.

Con la venta de las cajas al sector bancario también se perdió algo estratégico para todo Estado de Bienestar: la oportunidad de crear una banca pública con un parque de vivienda protegida asequible para la población con menos recursos. En lugar de ello, gran parte de las viviendas públicas fueron entregadas a fondos privados extranjeros a un precio irrisorio. Uno de los ejemplo más sangrantes es el del Ayuntamiento de Madrid: según el informe provisional de la Cámara de Cuentas de Madrid, un órgano de control al que corresponde el examen económico presupuestario de la Comunidad de Madrid, el Ayuntamiento de Madrid gobernado por Ana Botella (PP) “vulneró las más elementales reglas de buena gestión” en 2013 al vender 1.860 viviendas públicas protegidas a dos sociedades pertenecientes al fondo buitre Blackstone (el mayor propietario inmobiliario del mundo) por valor de 128,5 millones de euros. El dictamen de este órgano describía con detalle multitud de irregularidades en la venta por parte de la Empresa Municipal de Vivienda y Suelo (EMVS) del Ayuntamiento de Madrid de parte de su cartera de viviendas en régimen de alquiler y con opción a compra.

La Cámara de Cuentas desveló que el Ayuntamiento de Madrid entregó información privilegiada a cuatro empresas acerca de las condiciones de venta. También se supo que las empresas presentaron ofertas antes de que el concurso fuese público. Las conclusiones del informe son rotundas: en la venta al fondo Blackstone se ignoraron los procedimientos legales de contratación, pero también los más elementales criterios de eficacia en el manejo del dinero público, que deben ser, junto a la ética, las normas principales en la gestión de las administraciones. Entre los reproches dirigidos por la Cámara de Cuentas al Ayuntamiento de Madrid estaba el cuestionamiento de la gestión de la unión de empresas formada por la empresa Itaca Desarrollos Urbanos y Promociones y por Desarrollos Creaziona, grupo que recibió casi 2,4 milones de euros del Ayuntamiento de la capital a cambio de interceder en la operación entre el consistorio y los llamados fondos buitre. El órgano fiscalizador afirma que las únicas pruebas de la existencia de esos trabajos fueron las facturas de cobro. “No queda otra constancia de la intermediación realizada, que las facturas por dichas intervenciones, que en el caso de las 18 promociones asciende a 2.397.775 euros”. La Cámara de Cuentas también sostiene que el Ayuntamiento pagó una comisión por la venta de viviendas a Fidere (un fondo buitre propiedad de Blackstone), tomando como referencia que el consistorio había contratado a esta empresa en 2012 para vender unos solares. El ingreso máximo que como comisionista podía recibir Fidere ascendía a 2,26 millones de euros. Según la Cámara de Cuentas, ese contrato “parecía no tener relación” con las viviendas puesto que no se trataba de los inmuebles listados, en cualquier caso, la Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo de Madrid utilizó ese contrato para pagar a Itaca por su labor de mediación con Fidere en la compra de las 18 promociones de vivienda protegida.

Con la venta de las cajas al sector bancario también se perdió algo estratégico para todo Estado de Bienestar: la oportunidad de crear una banca pública con un parque de vivienda protegida asequible para la población con menos recursos

En su informe acerca de esta operación, la Cámara de cuentas concluye que, al inicio del proceso de venta, la Empresa Municipal de Vivienda y Suelo desconocía el valor objetivo del mercado de los bienes a vender, que renunció a un informe técnico realizado por personal especializado en calcular ese tipo de bienes, así como por empresas de tasación homologadas, y lamenta que las viviendas fueran vendidas por 30,5 millones menos del valor establecido por la propia empresa municipal. El informe también condena que el Ayuntamiento mostrase una valoración de la empresa Price Waterhouse Coopers, una de las cuatro auditoras más importantes del mundo, que había asesorado a la propia Fidere, la empresa adjudicataria. Según el informe de la Cámara de Cuentas, “carece de la condición de informe técnico la valoración hecha por Price Waterhouse Coopers, que no sólo carece de validez como tasación de la cartera inmobiliaria a enajenar según sus propias manifestaciones, sino que además se revelará en la fase de negociación posterior con la que resultaría adjudicataria, como asesora de esta última”. La Cámara de Cuentas recalcó que la venta de 18 promociones de vivienda pública a Fidere y a las dos sociedades del fondo buitre Blackstone “contraviene el reglamento de Adjudicación de Viviendas de Protección Pública de la EMVS aprobado por el Ayuntamiento de Madrid en 2008 y modificado en 2012, que impide la venta de viviendas de protección pública a entidades jurídicas que previamente no hayan quedado vacantes en los procedimientos de adjudicación previstos en el propio reglamento”. El informe de la Cámara de Cuentas finaliza diciendo que la EMVS vendió 1860 pisos “sin la existencia de pliegos de condiciones de la venta” y “aplicando exclusivamente las reglas de mercado” al fondo de inversión.

 La exalcaldesa de Madrid, Ana Botella, afirmó siempre que los titulares de las viviendas públicas no verían cambios sustanciales en las condiciones de alquiler tras la venta al fondo buitre Fidere, pero en varios casos el fondo aumentó el precio anual del alquiler, que pasó de 4.388 euros a 6.183 euros anuales, lo que suponía una subida del 40%. A los inquilinos se les concedió un plazo de dos años para adaptarse a las nuevas condiciones. También hubo cambios en los nuevos contratos concedidos, que se firmaban por un tiempo de un año, mientras que antes la validez era de dos. La Cámara de Cuentas llamó la atención sobre el hecho de que, una vez traspasada la titularidad de las 18 promociones de vivienda a Fidere, el Ayuntamiento no hiciese un seguimiento para garantizar que las viviendas continuaran teniendo un carácter social, y censura “que no se estableciera una comisión o instrumento adecuado y control para asegurar el cumplimiento por la compradora de las obligaciones que esta se ha subrogado”. En definitiva, la Cámara de Cuentas considera que el Ayuntamiento de Madrid se desligó de sus obligaciones de proteger las condiciones sociales de la vivienda pública aun cuando estas habían sido vendidas a un fondo buitre. Pero la actuación de Fidere va mucho más allá de la anulación del carácter social de las antiguas viviendas de protección porque este fondo llegó incluso a usar las promociones como aval con el cual solicitar préstamos a bancos.

Tras la adquisición de las 18 promociones de viviendas públicas pertenecientes al Ayuntamiento de Madrid, el fondo buitre Fidere se dedicó a llevar a cabo diversas prácticas de extorsión hacia los inquilinos

Tras la adquisición de las 18 promociones de viviendas públicas pertenecientes al Ayuntamiento de Madrid, el fondo buitre Fidere se dedicó a llevar a cabo diversas prácticas de extorsión hacia los inquilinos. Los afectados explican que Fidere, de forma unilateral, rescindía el contrato de alquiler a los vecinos de un inmueble determinado, posteriormente, el fondo no aceptaba los recibos de pago de los inquilinos, a los que denunciaba por impago. Otra de las prácticas mafiosas llevadas a cabo por el fondo consistía en el envío de burofax para avisar a las familias de que debían abandonar el inmueble con motivo de obras a realizar en el mismo. Siete familias del edificio situado en el número 10 de la calle Lope de Vega de Madrid fueron avisadas mediante este procedimiento de que debían dejar sus casas por unas supuestas obras en el bloque, aunque los trabajos nunca se iniciaron. En mayo de 2017, se produjo la primera sentencia judicial contra Fidere cuando el juzgado número 43 de Primera Instancia de Madrid evitó un desahucio de una familia con un menor de dos años a la cual Fidere no renovó el contrato de alquiler pese a que estaban al corriente de todos los pagos y que residían desde hacía diez años en la vivienda. La sentencia está todavía sujeta a una posible apelación ante la Audiencia Provincial de Madrid. La juez entendió que Fidere estaba en la obligación de garantizar las condiciones del contrato firmado por la Empresa Municipal de la Vivienda y el Suelo con los inquilinos antes de la venta al fondo buitre. Otra de las quejas de los vecinos hace referencia a la falta de mantenimiento en los edificios, tarea que corresponde al fondo comprador. El Ayuntamiento de Ana Botella facilitó a Fidere hacer una inversión mínima con la cual garantizarse un reembolso mayor sin responder a obligación legal alguna para con los inquilinos de los inmuebles. En octubre de 2017, la Sección 30 de la Audiencia Provincial de Madrid reabrió por la vía penal la causa de la venta de 1860 viviendas públicas a Fidere.

La compra de las 18 promociones de la EMVS tuvo un coste de 128,5 millones de euros para Fidere en 2013, un precio a todas luces irrisorio. Fidere mantiene las denuncias por desahucio pese a las varias sentencias que se han producido para evitar la expulsión de los vecinos de sus casas. Con frecuencia, la ley se convierte en el parapeto tras el cual proteger de forma legal una injusticia, así, el precio de cada vivienda adquirida por Fidere ascendió a 68.000 euros, mientras que el precio actual de venta de las mismas es exactamente el doble. La explicación es que al valor de 68.000 euros se le debe aplicar un coeficiente de actualidad que corresponde al plan de la Comunidad de Madrid de 2005, fecha de construcción de la mayoría de las viviendas vendidas a Fidere. Lo llamativo es que, en 2013, cuando el fondo adquirió los pisos al Ayuntamiento de Madrid, el dinero solicitado por el consistorio no incluía el citado coeficiente. Hoy, en 2018, el fondo buitre Fidere vende y alquila parte de las 1.860 viviendas compradas al Ayuntamiento al doble del precio pagado al consistorio, y puede hacerlo legalmente porque, aunque las condiciones de venta del Ayuntamiento obligaban al fondo buitre a mantener las mismas condiciones a las familias con contrato vigente con la EMVS, a partir de la siguiente renovación los requisitos legales podrían cambiar. A partir de entonces, el fondo tuvo potestad legal para aumentar los alquileres en porcentajes superiores al 14% anual. No es necesario decir que las personas que acceden a este tipo de viviendas son ciudadanos que por sus condiciones económicas no pueden comprar una casa en el mercado libre.

En definitiva, tanto la reestructuración bancaria como la construcción de viviendas protegidas que posteriormente fueron vendidas a fondos buitre a precios menores son operaciones acometidas por nuestros gobernantes con dinero público. En ambos casos se habla de cantidades extraordinarias que no se escatiman a la hora de rescatar a la banca privada, sin embargo, cuando se habla de la viabilidad de las pensiones todo son inconvenientes para su mantenimiento. 

Continuará...