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Los vínculos entre los gestores de los planes privados de pensiones y los políticos    

Desde finales del pasado siglo, nuestros políticos nos dicen que la inviabilidad del sistema público de pensiones hace necesario que contratemos un plan privado que sirva para complementar el futuro cobro de una pensión. En países como España existe una enorme dificultad para que las clases populares dediquen parte de sus ingresos a contratar un plan privado de pensiones; las dos razones principales son los bajos salarios y la precariedad laboral, que hace que la continuidad en un puesto de trabajo no esté asegurada (en España hay el doble de contratos temporales que en 1995). Fuera de estas cuestiones, podemos examinar con detalle algunos otros intereses para que los planes privados de pensiones adquieran cada vez más protagonismo en nuestro país y en el resto de Occidente, lo cual constituye una vieja aspiración presente en la agenda neoliberal desde comienzos de los años setenta del siglo XX.     

Los planes privados de pensiones han conseguido captar 109.244 millones de euros en España, aproximadamente el 8,5% del PIB de nuestro país. Pero esa cifra es pequeña en comparación al dinero que las entidades podrían recaudar si la población acepta la idea de que el sistema público de pensiones es inviable. Naturalmente, el proceso se produciría de forma paulatina y los nuevos trabajadores, persuadidos de que nunca cobrarán una pensión cuantiosa, comenzarán a invertir parte de su dinero disponible en planes privados de pensiones. Una de las estrategias del neoliberalismo (el capitalismo sin controles) para que la población deje de creer en un sector público eficaz y pujante consiste en abandonar la inversión en los diferentes estamentos públicos. A nivel mundial, existen dos ejemplos emblemáticos: la Sanidad y la Educación. En varios países occidentales, sus respectivos Gobiernos no invierten en estos sectores, como sí hacían antaño, las cantidades necesarias para que continúen siendo servicios excelentes, lo cual conduce a un deterioro objetivo de los mismos, que incluye un desprestigio social justificado que hace que la propia población dedique parte de sus recursos a pagar tanto una escuela privada de mayor calidad para sus hijos, como una sanidad privada más eficiente y solvente para sus familiares. El mismo resultado se produce en los países en vías de desarrollo, aunque no por desinversión, como sucede ahora en Europa, sino porque en estos países los servicios nunca han alcanzado el nivel de excelencia propio de una sociedad igualitaria y justa. De manera que es perfectamente posible menoscabar cualquier servicio público recortando la inversión hasta el punto de hacer realidad los peores presagios en cuanto a viabilidad, calidad y eficacia del mismo. El PP y el PSOE en España son dos partidos que llevan a cabo políticas económicas de derechas en consonancia con organismos como el Banco Mundial y el FMI, y con grupos de presión que influyen en la elaboración de leyes para favorecer sus intereses, que no coinciden con los intereses de los ciudadanos. Pero, además, estos grupos defienden premisas no sólo discutibles, sino falsas: como explicaba en los capítulos anteriores, lo decisivo para garantizar un sistema de pensiones viable no es el número de trabajadores, sino la riqueza generada por esos trabajadores. También debemos preguntarnos si el mismo dinero que los fondos privados de pensiones desean gestionar no puede ser manejado por la administración pública con criterios de eficacia, transparencia y bien común, y no, únicamente, en beneficio de unos pocos.      

Existen vínculos muy estrechos entre el poder político y los grupos financieros más fuertes, que han conseguido penetrar en los partidos para que estos legislen a medida de sus intereses económicos. La entidad que gestiona más dinero de planes privados de pensiones en nuestro país es el BBVA, que también hace lo mismo en gran parte de América Latina. Rafael Doménech es el actual responsable de análisis macroeconómico del citado banco. También es miembro del foro de expertos del Instituto Aviva de Ahorro (Aviva es una aseguradora), un organismo que promueve el aumento de los planes de pensiones privados. Doménech, a su vez, fue subdirector de la Oficina Económica del presidente Zapatero y en 2013 fue uno de los 12 “expertos” encargados por el Gobierno de Mariano Rajoy de elaborar un informe sobre cómo deberían ser las pensiones futuras. Esta es otra de las estrategias preferidas del neoliberalismo: convencernos de que existen personas, en virtud de su extraordinaria formación, con un criterio “superior” desde el cual decidir con una pretendida infalibilidad acerca de cualquier materia. Por supuesto, el ciudadano medio jamás podrá opinar sobre la idoneidad de las medidas tomadas, aunque estas le afecten de forma directa, algo que no sucede con quienes elaboran tales leyes, que rara vez sufren las consecuencias de las mismas. Los informes finales de estos “sabios” terminan siendo un conjunto de argumentos destinados a justificar las medidas impopulares impuestas por el gobierno de turno. De los 12 miembros del comité para emitir un informe con el cual llevar adelante el llamado “factor de sostenibilidad” (dos de los cuales fueron elegidos a propuesta del PSOE), sólo 3 eran partidarios de un sistema público de pensiones, mientras que 8 cobraban directamente de la banca o de las aseguradoras que gestionan los fondos de pensiones privados. 

El “factor de sostenibilidad” es un conjunto de coeficientes y factores que se aplicarán a partir de 2019 con el fin de reducir las pensiones a cobrar por los ciudadanos que accedan a la jubilación. El “factor de sostenibilidad” no es un invento del PP, sino que ya fue planteado en la última revisión que hizo el Gobierno de Zapatero en 2011. El aumento actual del 0,25% se deriva de una fórmula incluida en la reforma de 2013, aprobada de forma unilateral por el Gobierno del PP, que descartaba el IPC como principal indicador y lo sustituía por el Índice de Revalorización de las Pensiones (un índice que no constituye un indicador objetivo como el IPC), que tiene en cuenta varios parámetros para calcular cómo deben evolucionar las pensiones como, por ejemplo, la evolución de gastos e ingresos de la Seguridad Social durante los cinco años anteriores, en el año en curso y en los cinco años posteriores.       

Como antes comentaba, cuando existe miedo en la sociedad es más fácil tomar medidas de excepción. Como era de esperar, la crisis fue la excusa perfecta para llevar a cabo recortes sociales de todo tipo, lo cual incluía desvalorizar las pensiones: la ley decía que, si los parámetros eran muy positivos, las pensiones no podrían crecer más de un 0,5%, el doble de lo que propone el Gobierno del PP para este año, una cantidad que continuaría siendo extremadamente baja. Pero, para que se produjese ese aumento de un 0,5% que, insisto, continúa siendo insuficiente, la economía española debería registrar el mayor crecimiento promedio de su historia y avanzar a ritmos anuales cercanos al 4%. Esto ha sido expuesto por la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal española (Airef), que ha elaborado un simulador en el que se observa que, si en los próximos años la economía crece un 3,9%, las pensiones comenzarían a subir levemente a partir de 2020. El aumento en 2021 sería de un 1,5% y de un 2,45% en 2022. Todos los supuestos se calculan con una referencia de inflación del 2%, algo poco realista porque este ha sido un indicador tradicionalmente elevado de la economía española.

La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal es un organismo público “independiente” creado para garantizar que se cumpla el principio de estabilidad presupuestaria contenido en el artículo 135 de la Constitución (del que luego hablaremos). Este ente es el encargado de determinar anualmente si los parámetros utilizados por el gobierno para determinar la revalorización anual de las pensiones es el adecuado. Aunque sus recomendaciones no son vinculantes, las últimas enmiendas incorporadas al texto de la ley en 2013 incluyeron la decisión de que este organismo valide los parámetros utilizados en los cálculos para revalorizar las pensiones. El 15 de julio de 2017, la Airef publicó su valoración acerca de la subida de las pensiones en 2017, declarando que correspondía aplicar la subida del,0,25%. La Airef añadió que cabía esperar que ese fuera el aumento hasta 2022. Exactamente tres días después, el 18 de julio, el Fondo Monetario Internacional pidió limitar el aumento de las pensiones en un máximo de un 0,25% anual “para que el sistema sea sostenible y el esfuerzo de ajuste se reparta entre generaciones". 

Muchas cuestiones que atañen de forma directa a los ciudadanos y que tienen un decisivo impacto en sus vidas son decididas por personas que no llevan una vida normal ni padecen los problemas habituales del común de los ciudadanos. José Luis Escrivá Belmonte, presidente de Airef, recibe anualmente un salario bruto de 135.000 euros; por su parte, Christine Lagarde recibe cada año 458.700 euros en calidad de presidenta del FMI. Lagarde pide cada año moderación salarial en España, subida del IVA y abaratamiento del despido. También ha reclamado reducir el sueldo de los empleados públicos en nuestro país. Lagarde se subió el salario en un 11% cuando asumió el cargo de presidenta del FMI y además no paga impuestos. A su sueldo extraordinario hay que sumar dietas mensuales de 6.700 euros y el pago por parte de la entidad que preside de dietas, alojamiento, gastos de viajes, representación y manutención. Luis María Linde, gobernador del Banco de España, apuesta por retrasar hasta los 67 años la edad de jubilación. Linde es partidario de la moderación salarial, descarta subir las pensiones al ritmo del IPC y aboga por la contratación de planes privados. Luis María Linde recibe en calidad de gobernador del Banco de España un sueldo bruto de 186.800 euros anuales.

La estrategia del neoliberalismo es bastante clara: alcanzar la hegemonía y el prestigio intelectual para que su voz sea la única en ser escuchada

Siguiendo con la composición del comité de expertos encargados de asesorar al Gobierno del PP en materia de pensiones, el presidente del mismo, Víctor Pérez-Díaz, es catedrático de Sociología de la Universidad Complutense y ha colaborado en varias ocasiones con la fundación FAES-fundada por el expresidente del Gobierno, José María Aznar-, un organismo partidario de disminuir el tamaño del Estado hasta niveles irrisorios y de aplicar políticas neoliberales a ultranza, pero que, curiosamente, acepta de buen grado cualquier subvención pública. Pérez-Díaz ha formado parte del consejo asesor de Repsol, de la Fundación Caixa Galicia y de Unespa, el organismo que representa los intereses de las aseguradoras en nuestro país. La propia Unespa financia el Grupo Consultivo de Reflexión sobre Políticas Públicas, al que pertenece Pérez-Díaz, que ha elaborado dos informes sobre el sistema público de pensiones en los cuales, como es lógico, se defiende la idea de potenciar los planes privados en España.     

- José Ignacio Conde-Ruiz es subdirector de la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea), el laboratorio de ideas del Ibex-35, y profesor de Fundamentos del Análisis Económico en la Universidad Complutense de Madrid. Es coautor de varios análisis y estudios sobre la viabilidad del sistema de pensiones, todos ellos financiados por bancos y grandes empresas.

- Manuel Lagares Calvo es catedrático de Hacienda Pública en excedencia de la Universidad de Alcalá de Henares e inspector de la Agencia Tributaria. Durante el Gobierno de Adolfo Suárez fue subsecretario de Estado de Economía y consejero de Economía de Adolfo Suárez y Leopoldo Calvo-Sotelo. También fue consejero de la aseguradora Mapfre y director general adjunto de la Confederación Española de Cajas de Ahorros. Además, es miembro del consejo editorial del diario El Mundo.    

- Francisco Castellano Real es catedrático de Hacienda Pública en la UNED, también es jefe de la asesoría fiscal de la Confederación Española de Cajas de Ahorros.

- Miguel Ángel Vázquez Burgos es director de Análisis y estudios de Unespa, la patronal de las aseguradoras, de la cual fue responsable de comunicación.

- José Enrique Devesa Carpio es profesor del Departamento de Economía Financiera de la Universidad de Valencia. Es autor de un estudio para Fundación y Vida, un organismo que agrupa a varias de las mayores aseguradoras que operan en España y que defiende de forma activa la implementación de medidas que incentiven los planes de pensiones privados. Dicho estudio se cerró con la recomendación de que los jubilados complementen su pensión con un fondo privado.      

- Mercedes Ayuso fue la única mujer presente en el comité. Es catedrática de Econometría, Estadística y Economía Española de la Universidad de Barcelona y experta en Economía Actuarial. En 2011 publicó un estudio para la reforma de las pensiones que coincidía con el de Unespa.      

- José María Marín Vigueras es especialista en mercados financieros y catedrático de Economía Financiera y Contabilidad en la Universidad Carlos III de Madrid. También fue presidente de la Asociación Española de Finanzas, así como director del Centro de Investigación en Economía Financiera. Asimismo, forma parte del Grupo de Asesores Económicos de la Autoridad Europea de los Mercados de Valores. Se declara experto en valoración de activos financieros, gestión de carteras y riesgos e innovación financiera.     

- José Luis Tortuero es catedrático de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social en la Universidad Complutense y elaboró un estudio acerca de la reforma de las pensiones para el Gobierno de Zapatero.       

- Santos Miguel Ruesga Benito es catedrático de Economía Aplicada de la Universidad Autónoma de Madrid y experto en relaciones laborales. También ha sido representante de UGT en el consejo de administración de RTVE. Publicó un estudio sobre la financiación de la Seguridad Social en el que se abogaba por reducir las cotizaciones a la Seguridad Social-pagadas por los empresarios- a la vez que se aumentarían impuestos como el IVA.    

- Miguel Ángel García Díaz es director del gabinete de estudios de Comisiones Obreras y también imparte clases de Economía Aplicada en la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid. Es un defensor a ultranza del sistema público de pensiones.   

La estrategia del neoliberalismo es bastante clara: alcanzar la hegemonía y el prestigio intelectual para que su voz sea la única en ser escuchada. Mediante la financiación de estudios y análisis subvencionados, el movimiento neoliberal se va apropiando del discurso oficial y “experto” no sólo en materia de pensiones, sino en todos los ámbitos de la economía. Los grandes emporios financieros defienden ferozmente esta corriente de pensamiento, de manera que los informes más publicitados por los grandes medios-repletos de periodistas afines al neoliberalismo- son aquellos que promueven una disminución del tamaño del Estado y un aumento del papel de las grandes empresas en la economía. Además, el neoliberalismo ha colocado a sus defensores en los principales laboratorios de ideas y en los ministerios claves de los países occidentales: Economía, Hacienda, Obras Públicas, etcétera. El movimiento impregna también la enseñanza universitaria, un proceso que va en constante aumento desde el advenimiento del grupo neoliberal de la Universidad de Chicago, capitaneado por Milton Friedman en los años cincuenta del pasado siglo. Una vez conseguida la supremacía intelectual, el neoliberalismo tan solo ha de esperar a que su discurso penetre en todos los rincones de nuestra sociedad hasta que sea aceptado por todos como algo inevitable. El triunfo del neoliberalismo es total cuando las clases medias y bajas, golpeadas por la crisis financiera de forma inmisericorde, repiten sin pestañear el discurso de las clases dominantes. Para llegar a esto, naturalmente, se ha producido un proceso de embrutecimiento paulatino y masivo, que consiste entre otras muchas cosas en considerar el entretenimiento vano y necio como un valor positivo. El sistema también ha promovido el individualismo salvaje (el paraíso soñado por el neoliberalismo), que acaba derivando en una sociedad disgregada e incapaz de articularse contra el poder. La subcultura del neoliberalismo estigmatiza la solidaridad y la considera un signo de debilidad.    

En el año 1997, el Gobierno de José María Aznar creó el Fondo de Reserva de la Seguridad Social, aunque no hizo efectiva su primera aportación hasta el año 2000. Desde 1998, la Seguridad Social no financia la Sanidad, de manera que a partir de 1999 este organismo comenzó a registrar superávit. Las aportaciones a la llamada “hucha de las pensiones” fueron continuas desde el año 2000 hasta 2011, a excepción de los años 2008 y 2009, en ambos ejercicios existió superávit en la Seguridad Social, pero el Gobierno de Zapatero ignoró la Ley y no aportó al Fondo los 14.000 millones de euros generados. Cuando Mariano Rajoy fue elegido presidente del gobierno en 2011, la Seguridad Social ya no generaba superávit. El mismo año, el Fondo de Reserva de las Pensiones contaba con 66.800 millones de euros, alcanzando su máximo histórico de reservas. Aznar había fijado en un 3% del gasto realizado en pensiones contributivas la cantidad máxima anual a extraer del Fondo, pero Mariano Rajoy suspendió ese límite por decreto ley en los años 2012, 2013 y 2014, y también lo hizo en 2015 y 2016 a través de los Presupuestos Generales del Estado. Para disponer del dinero del Fondo, el Gobierno sólo debe notificarlo al Congreso. En la actualidad, el Fondo de Reserva cuenta con apenas 8.095 millones de euros. En 2013, el Gobierno de Rajoy dificultaba el acceso a las jubilaciones anticipadas mediante el Real Decreto 5/2013. La Ley 23/2013 endureció aún más las condiciones de nuestros pensionistas al desvincular la revalorización de las pensiones de la inflación.       

Por si esta estrategia propagandística que mezcla el miedo con la ideología neoliberal promocionada en los medios no fuera suficiente, el Gobierno ha incentivado los planes privados de pensiones de diversas formas para hacerlos más atractivos a los ahorradores. A final de 2014, el Gobierno del PP redujo por ley los cobros por gestión en los fondos de pensiones, a la vez, la Dirección General de Seguros pidió más transparencia al sector, algo que influyó en la posterior bajada de comisiones. Ya en octubre del mismo año, el Ministerio de Economía había limitado las comisiones máximas de los fondos de pensiones privados porque disminuían la rentabilidad y frenaban las inversiones en ese producto. Con estas medidas, el Ejecutivo pretendía impulsar los planes privados de pensiones, exactamente el mismo objetivo que persiguen las grandes aseguradoras y los bancos. La rebaja de comisiones en este producto fue una decisión política y no una consecuencia de la competencia en el sector. Naturalmente, la defensa de estos planes no es exclusiva del Partido Popular, sino también del PSOE: Celestino Corbacho, ministro de Trabajo entre 2008 y 2010, animó a los ciudadanos en su último año al frente del ministerio a contratar planes privados de pensiones. Las campañas de recomendación de contratar planes privados por parte de los diferentes gobiernos se intensifican a finales de año porque es entonces cuando los ciudadanos con dinero ahorrado buscan un producto que les permita pagar menos impuestos. La contratación de estos productos cuenta con enormes desgravaciones fiscales muy publicitadas por bancos y aseguradoras. 

Como decía al comienzo de este artículo, las cotizaciones de los trabajadores no son la única forma de pagar las pensiones, el Estado tiene otras vías para afrontar los gastos. Si nos centramos en el descenso de las cotizaciones como un dato aislado no conseguiremos dar una solución eficaz al problema porque partiremos de premisas falsas. Las cotizaciones se han reducido porque hay más desempleo respecto a una década atrás y porque el empleo generado desde el inicio de la crisis es de poca calidad, con una disminución continua de la masa salarial en nuestro país.       

El inexplicable gasto en armamento     

El actual Gobierno del Partido Popular es perfectamente conocedor de que los gastos en armamento y el aumento del presupuesto del Ministerio de Defensa son cuestiones enormemente impopulares. Por esta razón, los costes y las partidas presupuestarias implicadas son de difícil interpretación al estar envueltas en el mayor secretismo. Así, si nos preguntamos cuál es el gasto del Estado en Defensa nos encontraremos con una respuesta compleja. De acuerdo con el informe de 2017 del Centre Delàs d’Estudis per la Pau, organización asociada en España al Instituto Internacional de Estudios para la Paz de Estocolmo (SIPRI), la cantidad real asciende a 18.776 millones de euros, cuantía que supera el 1,6% del PIB y que poco tiene que ver con el 1% declarado por el Ministerio de Defensa. Para sustentar estos datos, Delàs incluye en su informe algunas partidas que deberían estar incluidas en el presupuesto del ministerio como la seguridad social de los militares, la mutua militar, la Guardia Civil, que continúa siendo un cuerpo militar o el propio Centro Nacional de Inteligencia (CNI), dirigido por un militar y en el cual trabajan militares hasta alcanzar el 50% de su plantilla. Este falseamiento de las cuentas no es exclusivo del Gobierno del PP y ha sido una práctica común de todos los gobiernos en democracia. Otro ejemplo es que las misiones que las Fuerzas Armadas llevan a cabo en el exterior son sufragadas por el Fondo de Contingencia, un fondo destinado a gastos imprevistos en cualquier organismo de la Administración. El coste de estas misiones se eleva a más de 1.000 millones de euros anuales. Por otro lado, es el Tesoro Público el estamento que se hace cargo de los intereses derivados de la deuda pública en proporción al gasto militar del Estado. Otro paradigma de esta forma de proceder tan poco transparente es la entrega de subvenciones para el desarrollo de nuevas armas por parte del Ministerio de Industria. Estas prácticas forman parte de la ingeniería contable diseñada por los sucesivos gobiernos para que el Ministerio de Industria financie en concepto de I+D+I a las empresas que fabrican armamento a un interés del 0% a devolver en 20 años. 

La ley española de comercio de armas tan solo exige al gobierno informar de a qué países se exportan las armas    

Todo el proceso de fabricación de armamento en nuestro país está diseñado de manera extraordinariamente opaca. La ley española de comercio de armas tan solo exige al gobierno informar de a qué países se exportan las armas, así como del volumen económico de la exportación. La ley no obliga a que se revele el nombre de la empresa vendedora ni el tipo de arma suministrado, al contrario, la ley permite eufemismos como el de “material aeronáutico” para describir sistemas de abastecimiento de combustible en vuelo que posteriormente se utilizarán en bombardeos. Lo mismo se puede decir del resto del material de guerra (ametralladoras, pistolas, misiles y bombas) que se esconde tras expresiones ambiguas como” material de Defensa”. Por su parte, el Parlamento sólo puede controlar los productos una vez fabricados y entregados, mientras que el gobierno no investiga si el material vendido es utilizado para reprimir a la población, para su venta en el mercado negro internacional o para suministro de terceros países. La Junta Interministerial Reguladora del Comercio Exterior de Material de Defensa y Doble Uso (JIMDDU) es el organismo gubernamental que evalúa todas y cada una de las exportaciones de armas con el fin de evitar que las mismas se empleen para violar los derechos humanos o para cometer crímenes de guerra. La labor de control de este ente, en la práctica, es inexistente puesto que sus actas de deliberaciones tienen un carácter secreto al tratarse de documentos clasificados. El porcentaje de operaciones de venta de armas denegadas por el JIMDDU es de un exiguo 1%, de lo cual se deduce que no es un órgano de control efectivo, sino más bien un ente creado para no recibir una reprimenda formal de otros organismos de control más eficaces y transparentes.     

La ausencia de control por parte del JIMDDU explica perfectamente lo sucedido el 19 de septiembre de 2017, cuando la Comisión de Defensa del Congreso rechazó vetar la venta de armas españolas a Arabia Saudí pese a su violación continua de derechos humanos en la guerra de Yemen, un conflicto emprendido por una coalición de países liderada por la dictadura saudí. La propuesta incluía suspender los contratos en vigor y prohibir los nuevos, y se hacía eco de las reclamaciones de algunas ONG y del Parlamento Europeo. Esta iniciativa fue presentada por Unidos Podemos, Esquerra Republicana de Cataluña y el PDCat, y fue derrotada con los votos del PP, el PSOE y Ciudadanos. Según consta en informes elaborados en la campaña Armas bajo control por Amnistía Internacional, Greenpeace, Oxfan Intermón y Fundipau, España ha suministrado armas a Arabia Saudí por valor de 650 millones de euros desde el comienzo de su intervención en Yemen en 2015. La guerra de Yemen ha causado una catástrofe humanitaria en el país: han muerto más de 10.000 civiles; al menos 11 millones de yemeníes pasan hambre; 22 millones necesitan ayuda humanitaria; hay más de 2 millones de desplazados que se encuentran privados de sus necesidades básicas y que están expuestos a la violencia de múltiples formas, así como a la falta de alimentos, agua y medicinas. Además, Navantia, el astillero público destinado a la construcción civil y militar está construyendo cinco corbetas para Arabia Saudí por valor de 2.000 millones de euros, un contrato que constituye la mayor operación de exportación de la historia del astillero. Este contrato vas mucho más allá de la construcción de las corbetas y también presta asistencia en tecnología militar, desarrollo de sistemas de control, combate para barcos de guerra, mantenimiento de las naves una vez entregadas y programas de adiestramiento y formación en el país saudí y en España. Nuestro país también ha aceptado fabricar junto a Arabia Saudí sistemas de defensa para otros países. Por último, el CNI ha firmado un acuerdo con el Ministerio de Defensa saudí en materia de información clasificada en el ámbito de la Defensa. A estos acuerdos, que se han firmado con una de las dictaduras más crueles y sanguinarias del mundo, se ha llegado eludiendo proporcionar información detallada de los mismos al Congreso.      

Para autorizar estas operaciones de venta a Arabia Saudí, el Gobierno declaró algo tan inconsistente y vago como que disponía de garantías de que las armas destinadas a la dictadura saudí no serían desviadas. El mismo día, el Congreso también rechazó el veto de exportación de armas a Irak con la excusa de que no se ha demostrado que las Fuerzas Armadas iraquíes actúen sin respetar los derechos humanos. En los últimos años, las empresas armamentistas españolas han vendido material de guerra a Irak por valor de más de 100 millones de euros, y militares de nuestro país participan en la formación del Ejército y la Policía de Irak. Continuando con la inmensa tomadura de pelo al ciudadano, la Comisión de Defensa aprobó por iniciativa del PSOE (sin que se hiciera mención de Arabia Saudí e Irak) una resolución que exige al Gobierno "denegar o revocar la autorización de exportación de armas a aquellos Estados en los que haya una situación de represión y violencia política interna y existan indicios racionales de su uso para cometer graves violaciones del derecho internacional de los derechos humanos". Todos estos criterios se cumplen en el caso de Irak, luego resulta imposible comprender la postura del PSOE en este sentido.     

Desde que Navantia fue fundada en 2005, tan solo obtuvo beneficios en 2007, el resto de ejercicios se saldaron con enormes pérdidas que llegaron a ser de 230 millones en 2016. Por esta razón, incluso José María González “Kichi”, alcalde de Cádiz por Podemos, pidió algo tan incomprensible como negociar la venta de las corbetas con Arabia Saudí, algo que aprobó la diputación de Cádiz en 2016 con los votos del PP, Por Cádiz Sí Se Puede, PSOE, IU, Partido Andalucista y la abstención de Ganemos Jerez. No obstante, el contrato más importante que puede obtener Navantia es el que podría firmar con Australia, país en el que ha resultado ser finalista de una licitación para construir 9 fragatas por valor de 30.000 millones de dólares. 

Punto y aparte es la cuestión de los llamados Programas Especiales de Armamento (PEA). Amparados en la opacidad de las leyes, los PEA fueron negociados durante los dos Gobiernos de José María Aznar. En un principio, consistían en la adquisición de aviones Eurofighter, tanques Leopard, vehículos Pizarro y fragatas F-100, a los que hubo que sumar 14 grandes programas de compra que en aquel entonces se cuantificaron en 20.000 millones de euros para su fabricación en los 25 años posteriores. Pero el número de programas se amplió a 21, con lo cual la ya de por sí astronómica cifra pasó a ser de 37.000 millones de euros, un verdadero agujero en el ministerio. Según Pere Ortega, presidente de Delàs, “Los programas están llenos de anomalías y de perversiones”. Desde su inicio fueron diseñados para que no constasen en los Presupuestos Generales del Estado y se financiaron mediante créditos extraordinarios no sujetos al control del Parlamento. La compra de armas no se imputa al déficit en el momento en que estas se pagan sino cuando se recepcionan. La mayoría de ellas fueron recibidas por las Fuerzas Armadas en años anteriores, y por eso no computan de cara al déficit público. Esta forma de proceder es parte de la ingeniería contable de la que antes hablaba. El importe de esos créditos es de 18.000 millones y se ha devuelto una parte ínfima que no llega a los 4.000 millones, luego estamos frente a una situación similar a la pérdida del dinero público invertido en el rescate bancario. En cualquier caso, las cifras son dispares debido a la total falta de transparencia. Así, según la ministra de Defensa entre 2008 y 2011, la fallecida Carmen Chacón, la deuda era de 30.000 millones de euros, mientras que Pedro Morenés, ministro entre 2011 y 2016, declaraba que su cuantía era de 14.000 millones.       

La adquisición de equipos de alta tecnología para el Ejército se debía, entre otras cosas, a la enorme presión del gigante europeo Airbus, un consorcio industrial aeronáutico participado por Francia en un 49,56%, por Alemania en un 40,56% y por España en un 9,88%. Airbus puso en marcha varios programas de fabricación de aparatos de guerra como el nuevo avión de combate Eurofighter F-2000; los helicópteros de combate Tigre y NH-90; y el de transporte militar A-400M. Estos cuatro proyectos están a día de hoy en fase de fabricación y su coste asciende a 22.500 millones de euros. La compra de tanques Leopard (con su limitadísima capacidad operativa) rondará los 2.500 millones de euros; la adquisición de los vehículos Pizarro tendrá un coste de 1.000 millones. Los buques de guerra encargados a Navantia tienen un valor de más de 8.060 millones de euros.      

En julio de 2016, el Tribunal Constitucional dictó una sentencia que declaraba irregular el sistema de compra de los Programas Especiales de Armamento, que se aplicaba desde 1997. Tras la deuda de 37.000 millones de euros “se ocultaban sobrecostes, deficiencias de gestión y trato de favor hacia las empresas fabricantes de armamento”. Estas son las conclusiones del informe del Tribunal de Cuentas tras analizar seis PEA, aunque existen 15 programas más no auditados, cuyos sobrecostes ascienden a más de 3.300 millones de euros. Tomando como referencia la investigación del Tribunal de Cuentas, Unidos Podemos defendió en abril de 2017 una proposición no de ley en la Comisión de Defensa para solicitar la urgente revisión de todos los Programas Especiales de Armamento. La investigación debería incluir la etapa de Aznar y fue rechazada al no recibir el apoyo del PP, el PSOE y Ciudadanos. La diputada socialista, Miriam Alconchel, calificó como “demagogia” la intención de realizar una auditoría para investigar los años de gestión del Gobierno de Zapatero. Finalmente, la proposición fue rechazada, como suele ocurrir en nuestro país, con el acuerdo de los dos grandes partidos que se turnan en el poder como guardianes del orden (injusto) establecido.    

Desde Delàs se insiste en los enormes sobrecostes debidos a una pésima planificación: por poner un ejemplo, en 2011 Navantia fabricó un submarino que no flotaba, el S-80, por esta razón fue necesario dedicar tres años más para su correcta puesta a punto. Cuatro unidades de este submarino fueron encargadas en 2004 por el Gobierno de Aznar (cuando este estaba ya en funciones) y su coste ascendía a 2.135 millones de euros, de los que aún no se ha hecho ningún pago. Otro caso delirante fue la compra de los 235 tanques Leopard, que no podían ser transportados por ninguna aeronave española puesto que los aviones de transporte A-400, que también fueron adquiridos a través de los Programas Especiales de Armamento, sólo tienen capacidad para cargar 40 toneladas, cuando el peso de un tanque Leopard es de 60 toneladas. Debemos preguntarnos quién gana con la adquisición de material que el Estado no necesita. El retraso en la entrega de proyectos debido a los altos costes supuso una acumulación de intereses para realizar los pagos. Inexplicablemente, si los retrasos corrían por cuenta de la empresa fabricante, esta no era penalizada por el gobierno. Esto sucedió en el caso de Navantia y la entrega de buques BAM, cuya multa debió ascender a 31,7 millones de euros, pero se paralizó “sin causa justificada” según se detalla en el informe del Tribunal de Cuentas. Protegidas por el artículo 182 de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, las empresas recibieron las adjudicaciones sin que se hiciera publicidad de las mismas. Una anomalía injustificable en una de las industrias más corruptas del planeta, que debería estar sujeta a más controles.     

A finales de 2011, Constantino Méndez, entonces Secretario de Estado de Defensa compareció ante el Congreso para explicar el estado de los Programas Especiales de Armamento y declaró: “Es imprescindible revisar el modelo de adquisiciones empleado durante 15 años porque es insostenible para una buena política de armamento y material”. El Ministerio de Defensa reconoció que no podía abonar la enorme factura de los PEA sin un aumento del presupuesto, algo impensable en el actual contexto de reducción del déficit. Méndez, añadió: "No deberíamos haber adquirido sistemas [de armas] que no vamos a usar, para escenarios de confrontación que no existen y con un dinero que no teníamos entonces ni ahora". Méndez compareció a petición propia ante la cámara para reconocer que el modelo de adquisiciones tenía “causas estructurales” que habían permanecido “larvadas” y que poseían una “naturaleza industrial”. Méndez acusó a los gobiernos del PP de posponer el pago de tales adquisiciones, en lo que calificó como "un auténtico, ejercicio de prestidigitación" y "frenesí de nuevos ricos". La consecuencia de estos ejercicios de ingeniería financiera es que las compras no pueden hacerse con cargo a los presupuestos ordinarios porque paralizarían el presupuesto del ministerio durante 20 años. Como podemos ver, no existen las mismas limitaciones al gasto en armamento que las que el poder desea imponer al gasto en pensiones. Por eso se han invertido cantidades inadmisibles en la compra de armas, recurriendo para ello a dudosas operaciones contables, mientras que el poder emite de continuo mensajes que tratan de hacernos creer que el sistema público de pensiones es inviable. Del mismo modo, ambas cuestiones reciben un tratamiento totalmente diferente por parte de los medios de comunicación. Mientras algunos medios contribuyen a crear miedo en la población a través de la manipulación y el falseamiento de datos con el fin de potenciar los planes privados de pensiones, la cuestión de los Programas Especiales de Armamento ha permanecido en la más absoluta opacidad durante años.       

El presupuesto del Ministerio de Defensa aumentó un 32% el año pasado. Este aumento está en consonancia con los nuevos planes de nuestros socios de la OTAN de incrementar los presupuestos de Defensa de todos los países de la organización hasta alcanzar el 2% del PIB en 2024. La medida se acordó durante la Cumbre de Newport (Gales), celebrada los días 4 y 5 de septiembre de 2014. El Gobierno de España remitió a finales de 2017 una carta al secretario general de la Alianza Atlántica, Jens Stoltemberg, en la que se comprometía a incrementar en más de un 80% su gasto militar en los próximos 7 años. Únicamente cinco naciones pertenecientes a la OTAN cumplen con el nivel de gasto del 2% del PIB: Estados Unidos, Reino Unido, Grecia (con gastos principalmente en nóminas), Estonia y Polonia. España prevé aumentar el gasto hasta 2024 en alrededor de entre un 1,5% y un 1,6% y no alcanzaría el 2% acordado en Newport hasta 2028. En realidad, la Cumbre de Newport no obligaba a los países a llegar a este porcentaje, sino que daba indicaciones precisas para que los países que no llegaban al 2% paralizasen los recortes en gasto militar con el fin de aumentarlos posteriormente en términos reales respecto al crecimiento del PIB. La Cumbre de Newport sí determinó como objetivo que el 20% de los gastos de Defensa se destinarían a adquirir equipos militares, lo cual incluye programas de investigación y desarrollo y supone un incentivo para la industria armamentista, que ve garantizados sus multimillonarios ingresos. La ministra de Defensa, María Dolores de Cospedal, solicitó el consenso entre Gobierno y oposición para aprobar una ley que proteja jurídicamente los gastos militares y también pidió garantizar la financiación a largo plazo de los Programas Especiales de Armamento.

Este blindaje, sumado al incremento de los gastos en Defensa de los países de la OTAN garantiza la supervivencia de la industria armamentista. Por poner un ejemplo doloroso y sangrante: España está examinando la posibilidad de adquirir el cazabombardero F-35, el avión de combate más sofisticado del mundo, fabricado por la mayor empresa de producción de armas del planeta, la estadounidense Lockheed Martin. Según el gigante norteamericano, el precio de cada aeronave asciende a entre 90 y 115 millones de euros. Como es natural, la industria militar basa su enorme poder en la existencia de conflictos y guerras y en el miedo a una conflagración entre los diferentes países. Los responsables de los grandes emporios militares justifican sus enormes ingresos amparándose en la cantidad de riqueza generada y en los puestos de trabajo creados por las empresas fabricantes de armas. En 2007 se llevó a cabo un estudio dirigido por Robert Pollin y Heidi Garret-Peltier, del Departamento de Economía de la Universidad de Massachussets, en el mismo se estudiaba el impacto de una inversión de 1.000 millones de dólares en seis ámbitos diferentes: gasto militar, reducción de impuestos (que, según los autores, conlleva un aumento del consumo interno), Sanidad, Educación, transporte público y rehabilitación de casas en cuanto a reparación de infraestructuras y modernización de las mismas. El estudio se apartaba de consideraciones de carácter ético y pretendía llegar a conclusiones estrictamente prácticas. Para su realización, los autores utilizaron un modelo de análisis económico desarrollado por el nobel de Economía del año 1973, Wassily Leontief. El resultado final del estudio fue extraordinariamente favorable respecto a cualquier inversión en sectores civiles: si la inversión se lleva a cabo en Sanidad o en rehabilitación de viviendas, la generación de puestos de trabajo es un 50% superior a los puestos creados por la industria militar. Este resultado se duplica en la comparativa entre el sector educativo o el de transporte público respecto al militar. En el estudio también se calculó el salario medio de los puestos de trabajo creados en cada uno de los seis sectores. El salario más alto se recibiría en el sector educativo, seguido por el sueldo cobrado en el sector de armamento, Sanidad, rehabilitación de viviendas, reducción de impuestos y, finalmente, transporte público. A todos los sectores les correspondería un sueldo medio por encima de lo que los autores llaman "mínimo para una vida decente" ya que la mayoría se situarían entre 32.000 y 64.000 dólares anuales. Estudios similares a este fueron publicados por Seymur Melman, profesor emérito de la Universidad de Columbia, y también por James Medoff, profesor de Economía de la Universidad de Harvard, ambos en la década de los años ochenta del pasado siglo.       

En definitiva, la Cumbre de Newport apremió a los países miembros de la OTAN a congelar los recortes en materia de Defensa para después hacer un aumento paulatino de la inversión. La prensa apenas recogió esta petición, sin embargo, cuando se habla de mantener nuestro actual sistema de pensiones, los argumentos en contra se repiten de forma insistente en los medios de comunicación. Parece que el equilibrio presupuestario sólo está en juego cuando se habla de las pensiones y de otras inversiones de carácter social, pero no cuando se pide un aumento anual del gasto en partidas presupuestarias de dudosa utilidad para el país, que acaban teniendo una inexplicable prioridad sobre otras más importantes.       

El desastre de la reforma del artículo 135 de la Constitución    

Una de las cuestiones más trascendentes para nuestro país en materia de recursos públicos fue la reforma del artículo 135 de la Constitución (respaldada por los dos grandes partidos, PP y PSOE), que se aprobó con 316 votos a favor y 6 en contra el 2 de septiembre de 2011 e introdujo en la Carta Magna el principio de estabilidad financiera para limitar el déficit. En uno de sus puntos se dice: “Los créditos para satisfacer los intereses y el capital de la deuda pública de las Administraciones se entenderán siempre incluidos en el estado de gastos de sus presupuestos y su pago gozará de prioridad absoluta. Estos créditos no podrán ser objeto de enmienda o modificación, mientras se ajusten a las condiciones de la Ley de emisión”. Después de la reforma, el artículo se refiere a la necesidad de aprobar una ley orgánica que desarrolle los principios contenidos en el mismo. Esto se realizó el 27 de abril de 2012 mediante la aprobación de la Ley Orgánica 2/2012 de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera. Si bien podemos pensar que la intención inicial era ofrecer al mundo algunas medidas que otorgasen credibilidad a nuestra política fiscal a largo plazo, en un tiempo en que todos los indicadores económicos de España eran nefastos, no es menos cierto que, finalmente, se homologó el marco legislativo de nuestro país a los requerimientos del Tratado de Coordinación y Gobernanza en la Unión Económica y Monetaria, un acuerdo que meses después firmaron y ratificaron los países miembros de la zona euro, que establecía en su artículo 3.2 que “las provisiones para la estabilidad presupuestaria deben tener fuerza legal en los países firmantes, preferiblemente en las constituciones”.

Buena parte de la deuda pública española está en manos de inversores y bancos extranjeros

En la actualidad, buena parte de la deuda pública española está en manos de inversores y bancos extranjeros, en concreto el 50,54%, lo cual supone una cantidad de 431.948 millones de euros. El artículo 135 garantiza el cobro de esa deuda, y lo hace no sólo para los bancos extranjeros, sino también para los españoles. Pero ¿cuál era la situación en 2011? En esa fecha, la banca española acumulaba deudas con los bancos extranjeros por valor de 226.000 millones de euros en préstamos y en títulos de deuda pública, cantidad que, a finales de 2017, se había reducido hasta situarse en 93.000 millones; mientras que nuestras grandes empresas debían a bancos extranjeros 496.000 millones de euros, cifra que pasó a ser de 175.000 millones en el mismo período. Los más beneficiados por esta reducción de la deuda fueron los bancos alemanes y los franceses y, en menor medida, los holandeses y los británicos. Como contrapartida, según datos del Banco de España, la deuda exterior del país ha aumentado un 12% desde el inicio de la presidencia de Rajoy y se sitúa en niveles cercanos a los dos billones de euros, a la vez, los bancos españoles han reducido sus deudas con los bancos extranjeros en un 44% y las empresas de nuestro país en un 48%.   

El Banco Central Europeo se financia a través de los bancos centrales de los países de la Unión Europea (incluyendo aquellos que no pertenecen al euro), de manera que se ha producido una reducción de la deuda de los bancos privados mediante una gran transferencia de dinero público (dinero de todos nosotros) a través del BCE. Es fácil de entender puesto que Alemania controla casi el 18% del capital del Banco Central Europeo, Francia algo más del 14%, Italia el 12,3% y España el 8,8%.     

En diciembre de 2011, pocos meses después de la reforma del artículo 135 de nuestra Constitución, el Banco Central Europeo prestó a los bancos de la zona euro 489.200 millones de euros a devolver en tres años. El BCE exigió como aval deuda pública y préstamos bancarios de calidad (no calificados como activos tóxicos). A esta medida se acogieron 523 entidades bancarias. Mediante este mecanismo, la banca española, que entonces era enormemente reticente a conceder préstamos a particulares y empresarios, tomó dinero prestado del BCE con el cual saldó buena parte de las deudas contraídas con la banca privada alemana y francesa. Así fueron devueltos 140.000 millones de euros en tiempo récord. Apenas dos meses después, en febrero de 2012, el BCE repitió la operación y puso a disposición de la banca privada (recordemos que el BCE no puede prestar dinero a los Estados ni a los bancos centrales de cada país ni tampoco puede comprar su deuda) otros 530.000 millones de euros a devolver en tres años por las entidades. En este último caso, el número de bancos que se acogieron a la subasta fue de 800. Los bancos españoles tomaron 150.000 millones, una cantidad inaudita teniendo en cuenta el peso de España en el BCE y el porcentaje que nuestro país representa en la zona euro (el 11%). “Casualmente”, a lo largo de 2012 la banca española devolvió dinero a bancos extranjeros por valor de 170.000 millones. Entidades privadas de Alemania, Francia y Holanda recibieron casi el 60% de esta increíble cantidad mientras el crédito continuaba restringido.    

La tercera gran operación de inyección de dinero por parte del BCE se produjo en marzo de 2015, tras comprobar el supervisor europeo que la deuda a la banca privada era devuelta a una velocidad considerablemente menor respecto a 2011 y 2012. Desde el BCE se anunció que se iba a adquirir deuda pública y privada a las entidades por valor de más de 700.000 millones de euros anuales. El resultado era previsible: bancos británicos, franceses y alemanes fueron los más beneficiados por la medida y recuperaron más de 100.000 millones de euros.     

La llamada “regla de gasto” está recogida en el artículo 12 de la Ley Orgánica 27/2012, y fue creada para dotar de forma jurídica al nuevo artículo producto de la reforma de la Constitución. Este conjunto de medidas actúa limitando el crecimiento del gasto público, que no puede aumentar por encima del crecimiento del PIB. Esto significa que, si los ingresos de cualquier administración crecen más allá del aumento del PIB, los ingresos sobrantes se deben utilizar para pagar la deuda. La única excepción es que el crecimiento fuera debido a un cambio en la normativa de impuestos. Toda esta arquitectura legal deriva, finalmente, en que el pago de la deuda no se produzca de una forma práctica o a discreción, sino por ley y de forma obligatoria, lo cual conduce a situaciones tan absurdas como la que sucedió hace casi un año, cuando el Ayuntamiento de Madrid anunció que el superávit del ejercicio 2016 ascendía a 1.022 millones de euros (el de 2017 fue de 1.120 millones). El deseo de los responsables del consistorio madrileño era que parte del superávit de 2016 fuera destinado a fines sociales, pero la ley lo impidió con el fin de que ese dinero se destinase a pagar la deuda, algo totalmente legal en virtud del artículo 135 de nuestra Constitución. El Ministerio de Hacienda intervino las cuentas del Ayuntamiento de Madrid tutelando semanalmente las operaciones del consistorio. El entramado legal se ha convertido en el parapeto de quienes defienden la injusticia. Las leyes protegen a la banca hasta extremos delirantes: muchas entidades bancarias ¡penalizan! A quienes devuelven los préstamos antes del plazo exigido, con lo cual, sólo en 2016, este tipo de sanciones tuvieron un coste para el Ayuntamiento de Madrid de más de un millón ochocientos mil euros.    

Pero, no nos engañemos, varias Comunidades Autónomas y decenas de ayuntamientos incumplen la regla de gasto sin consecuencia legal alguna, luego es fácil pensar que estamos ante una decisión política por parte del ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, que desearía, una vez más, hacernos ver que no es posible llevar a cabo una política económica fuera de los actuales parámetros neoliberales, y menos en un ayuntamiento de la importancia del madrileño. Pero esta no es la única razón que motivó la intervención del Ministerio de Hacienda. En realidad, el conjunto de administraciones españolas tuvo un superávit de más de 7.000 millones en 2016. Desde la Unión Europea no se percibe el desglose de las cuentas de toda España, sino el conjunto de las mismas. El dinero procedente del superávit de un ayuntamiento como el madrileño puede servir para embellecer las cuentas de la Hacienda pública española ante nuestros socios de la Unión. No es, por tanto, un castigo administrativo, sino político, además de una cuestión de conveniencia para el Gobierno central. El ministro Montoro, además, teme que otras administraciones imiten a Madrid y demuestren que se puede hacer una política económica eficiente con un fuerte componente de inversión social.

La reforma del artículo 135 no fue acompañada de ninguna medida más allá, que no es poco, de garantizar el pago de la deuda por encima de cualquier otra cuestión, lo cual supuso legalizar la debilitación del Estado de bienestar. España pasó así de ser un Estado social a un Estado indefenso ante los vaivenes de la economía de mercado, no sujeta a controles democráticos de ninguna clase. La reforma impuso a nuestro país el deber de no endeudarse, algo muy sensato, pero no se hizo distinción alguna sobre si el endeudamiento se producía para realizar inversiones en infraestructuras, para garantizar los servicios sociales o para cualquier otra inversión importante más allá de garantizar a la banca privada la recuperación de su dinero, conseguido, por otra parte, mediante mecanismos poco eficientes además de inmorales que garantizan el poder omnímodo de la banca privada sobre los Estados. En el artículo 1º de nuestra Carta Magna, España se define como “un Estado social y democrático de Derecho, que propugna como valores superiores de su ordenamiento jurídico la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político”. ¿Qué sucede si no se desarrollan leyes capaces de hacer realidad las aspiraciones recogidas en nuestra Constitución en cuanto a igualdad y justicia social? Poco a poco, políticos partidarios del neoliberalismo modifican leyes y crean normas y marcos jurídicos que socavan el Estado de Derecho hasta construir un modelo de sociedad diferente al Estado de Bienestar surgido en Europa y Estados Unidos tras la Segunda Guerra Mundial. Estos políticos, aunque hayan sido elegidos democráticamente, no tienen vocación de servidores públicos y quieren hacernos creer que el nuevo modelo es el único posible, ese modelo se muestra como una maquinaria al servicio de las élites que se sirven, para perpetuar su dominio, de los recursos del Estado al que aspiran a destruir.     

El neoliberalismo se muestra cada vez con menos complejos y su lenguaje es más descarado y avasallador. Sólo así se entienden las palabras del ministro alemán de Economía, Wolfang Schaüble, quien, en 2015, durante la reunión entre el entonces ministro griego de Finanzas, Yannis Varoufakis, con el Eurogrupo, formado por los ministros de Economía y Finanzas de la eurozona y los representantes de la troika —BCE, Comisión Europea y Fondo Monetario Internacional—, le espetó al ministro griego: “¡No se puede permitir que las elecciones cambien el programa económico de un Estado miembro!”. Toda una declaración de intenciones no sólo de Schaüble, sino de la mayoría de nuestros políticos, decididos a saltar por encima de los poderes democráticos. El llamado Eurogrupo es un organismo que no existe en la legislación europea, que no está sometido a controles democráticos y que no recoge actas oficiales acerca de sus deliberaciones.

Punto y aparte es el impacto de la ley desde el punto de vista jurídico, puesto que, al incluir en nuestra Constitución un artículo que garantiza mediante el desarrollo de una ley orgánica la estabilidad presupuestaria, se corre el riesgo de que cualquier política económica expansiva de carácter social sea calificada como inconstitucional. Esto es absurdo en la medida en que se considera la devolución de la deuda como una prioridad que acaba siendo asumida por todos como un axioma sagrado e irrebatible que no tiene en cuenta que hasta los organismos internacionales partidarios de la austeridad y del neoliberalismo se han visto obligados a cambiar de modelos económicos debido tanto a sus diagnósticos errados como a sus “soluciones” ineficaces.   

Otros casos de inadmisible despilfarro de dinero público

No son tópicos ni eslóganes vacíos, es la realidad: hay dinero para rescatar a la banca y a las autopistas, para adquirir armas y para otras cosas que se ocultan a la población, pero a la hora de aumentar la cuantía de las pensiones todo son excusas y palabras huecas. Estos son algunos ejemplos.     

- Mejora de las cuentas de la Seguridad Social:

La crisis se ha convertido en la excusa perfecta para llevar a cabo políticas de recortes sociales que se nos explican como inevitables. El coste de revalorizar las pensiones con el IPC es de aproximadamente 1.500 millones de euros anuales. Respecto a esta cifra, el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha dicho de forma rotunda “No hay recursos suficientes para subir las pensiones”. Se dice de continuo que hay pocos cotizantes, pero hay más de los que había en los años inmediatamente anteriores a 2018. Los datos de la Seguridad Social no dejan lugar a dudas y nos dicen que las cotizaciones sociales aumentaron en 2017 en 6.500 millones de euros, luego no parece descabellado asumir una subida de pensiones ajustada a la subida del IPC. 

- Planes privados de pensiones:

La cuantía que el Estado destina anualmente a desgravar los planes de pensiones privados asciende a 5.000 millones de euros, una cantidad que supera holgadamente el triple de los 1.500 millones de euros reclamados por los pensionistas. Sería mucho más útil desde el punto de vista de la eficacia económica, destinar esas cantidades a revalorizar las pensiones antes que a favorecer a un grupo de ahorradores privados. 

- Rescate de las autopistas de peaje:     

En octubre del pasado año, el Gobierno envió a Bruselas el Plan Presupuestario en el cual se cifra en 2.000 millones de euros el coste del rescate a las autopistas de peaje. Iñigo de la Serna, ministro de Fomento, ha declarado en varias ocasiones que el Gobierno en ningún caso pagará los más de 5.000 millones de deuda de las autopistas, pero parece que la batalla será larga y, como siempre ocurre en España, el poder político nos ocultará la verdad hasta que un medio de comunicación consiga destaparla. Varios fondos de inversión se han quedado con la deuda de las nueve autopistas que habían quebrado en 2012 y han contratado a Houlihan Lokey, una firma especializada en litigios (que intervino en casos como el de Abengoa o el de Lehman Brothers) para que les represente en las negociaciones con Fomento.  La deuda está en manos de cuatro fondos buitre: Taconic Capital, Atlestor, Strategic Value Partners y Kingstreet Capital. También se encuentran implicados, aunque con participaciones menores, Deutsche Bank, JP Morgan y Goldman Sachs. Entre todos suman el 80% de la deuda, el resto está en poder del ICO, un 9%, Bankia y otras entidades menores. Respecto a la cifra de 2.000 millones planteada por el Ministerio de Fomento, el Gobierno miente a sabiendas porque a esa cantidad hay que sumarle 2.000 millones más que corresponden a la inversión realizada por las empresas concesionarias más los costes de expropiación que llegan a 1.800 millones, que aún están pendientes de pago. La cifra final reclamada por los fondos será de 5.800 millones de euros. Las nueve autopistas quebradas representan la cuarta parte de la red de carreteras de pago de España y registran diariamente una intensidad media de 4.220 vehículos, una cifra ridícula que no aumentará significativamente cuando las autopistas estén en manos del Estado, luego alguien deberá explicarnos la ruinosa planificación que llevó a su construcción y la dudosa operación de compra por parte del Estado que sí repercutirá de forma directa en el déficit público.

 - El escándalo de la plataforma Castor:

La plataforma Castor se encuentra a 21 kilómetros de las costas de Vinaròs, en la provincia de Castellón, y fue construida con el fin de explotar un antiguo pozo de petróleo bajo el lecho marino.  El depósito tiene una capacidad de 1.900 millones de metros cúbicos y la idea inicial era inyectar gas natural con el fin de extraerlo en tiempos de escasez o de cese de las importaciones. La plataforma Castor era propiedad de la empresa Escal UGS, un consorcio participado por ACS, empresa presidida por Florentino Pérez en un 66,67%, y por CLP, propiedad de la canadiense Dundee Energy Limited, que posee un 33,33%. El proyecto incluía una conducción submarina y una factoría en Vinaròs, y su coste estimado ascendía a 1.700 millones de euros. El plan fue aprobado por el Gobierno de Zapatero mediante Real Decreto del 16 de mayo de 2008, siendo ministro de Industria Miguel Sebastián. Las primeras operaciones de inyección de gas comenzaron en abril de 2012. Los técnicos pensaron en introducir el gas de forma paulatina para que este desplazase el agua que se encontraba en el interior del pozo submarino, pero los planes comenzaron a torcerse cuando el depósito empezó a llenarse.

A comienzos de septiembre de 2013, dieron comienzo una serie de temblores que llegaron a sumar cerca de mil seísmos, que no fueron de gran magnitud, aunque los tres más fuertes sí fueron percibidos por las poblaciones de Vinaròs, Benicarló y Alcanar, alcanzaron los 4 grados en la escala de Richter y crearon gran preocupación entre los vecinos de las localidades afectadas. El 16 de septiembre de 2013, José Manuel Soria, en aquel tiempo ministro de Industria, ordenó parar las actividades de la plataforma al confirmarse su relación con los temblores. Para tomar esa decisión, el ministro tuvo en cuenta los pronunciamientos científicos del Instituto Geográfico Nacional y del Instituto Geológico Minero de España. Los técnicos del Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT) también analizaron la oleada de seísmos y enviaron un informe al Gobierno de España, que el 3 de mayo de 2017 anunció que la plataforma no reanudaría su actividad. El estudio del MIT concluyó que los terremotos eran debidos a la inyección del gas, pero exculpó a Escal UGS y a la Administración cuando aseguró que el fenómeno no podía preverse con los “estándares de la industria”. Lo único cierto es que la falla tectónica de Amposta se había movido durante meses por la actividad de la plataforma Castor.

El 4 de octubre de 2013, el Consejo de Ministros anunció que abonaría 1.350 millones de euros a Escal UGS, aunque la empresa exigía 1.700 millones por el cierre de la plataforma. La cantidad abonada a la concesionaria de la plataforma Castor será pagada durante 30 años por los ciudadanos a través del recibo del gas, que en España cuenta con 7 millones de usuarios. La compensación que se pactó con Escal UGS era de 1.350 millones, pero el pago a plazos en el recibo del gas más los intereses hará que la cantidad llegue a 4.700 millones de euros. Este procedimiento fue diseñado por el Ministerio de Industria con el fin de que el dinero no tuviera impacto en el déficit público. El Gobierno adjudicó a Enagás la administración y el mantenimiento de la instalación y fue esta empresa la que pagó la indemnización en noviembre de 2014, tal como comunicó a la Comisión Nacional del Mercado de Valores. En diciembre del pasado año, el Tribunal Constitucional anuló varios artículos del Real Decreto ley de 2014 que permitió el cobro de la indemnización multimillonaria por parte de Escal UGS. Pese a ello, el PSOE no ha solicitado a Escal UGS la devolución de la indemnización y el Gobierno del PP, siempre del lado de los poderosos, declaró a través de su ministro de Energía, Álvaro Nadal, que “El Constitucional sólo cuestiona el instrumento utilizado y no concluye, en ningún caso, que se hubiera producido un pago indebido al titular del almacenamiento sino que considera que hubiera bastado con que la decisión se hubiera aprobado mediante el procedimiento legislativo ordinario de urgencia en vez del Real Decreto ley”. En otras palabras, el ministro Nadal nos dice que no existe problema moral alguno porque la injusticia es legal desde el punto de vista jurídico y que lo único improcedente es el mecanismo legal que autoriza el pago. Delirante.      

La privatización del sector público español

De todas las negligencias cometidas por los gobernantes españoles en los últimos años, tal vez la más trascendente y decisiva para nuestro país fue la decisión de acabar con el pujante sector público. El proceso se inició en los Gobiernos de Felipe González y continuó con los de Aznar, Zapatero y Rajoy. Durante los Gobiernos de Felipe González, el Estado recaudó 13.200 millones en 80 grandes operaciones privatizadoras. Fundamentalmente, se ejecutaron dos tipos de privatizaciones: en primer lugar, las de empresas no rentables y las de aquellas en las que los técnicos consideraban que el Estado no debía permanecer en su accionariado con el fin de promover su sostenibilidad económica; en segundo lugar, las de empresas que sí eran rentables y podían recaudar dinero, fue el caso de las grandes joyas como Endesa, Repsol, Telefónica o Argentaria (entidad resultante de la fusión de diferentes entidades de la antigua banca pública española). La principal idea que los Gobiernos de González deseaban transmitir era que debía existir una colaboración entre el sector público y el privado para que determinados bancos fueran accionistas permanentes de las empresas públicas. Pero todo ello era el germen de una privatización plena en un futuro cercano.

Cuando Aznar llegó a La Moncloa en 1996, el Estado sólo conservaba un 21% de Telefónica; un 10% de Repsol; un exiguo 3,8% en Gas Natural; un 28,1% de Argentaria; y altísimas participaciones en Tabacalera, un 52,4%, y en Endesa, un 67%. Durante el primer año de la primera legislatura de Aznar el Estado ingresó 27.000 millones de euros, el 70% de esta cantidad fue obtenida a través de venta en la bolsa. El total de empresas privatizadas por Aznar asciende a cincuenta. En contra de las ideas que propugnan muchos cargos del PP de aquella época, la venta de las empresas no contribuyó a reducir el déficit para posibilitar el cumplimiento de los criterios económicos impuestos por el Tratado de Maastrich. La razón es que las privatizaciones reducen el nivel de deuda pública, pero no el de déficit estructural, puesto que sólo producen beneficios el año de la venta.

El Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero fue el que menos privatizaciones llevó a cabo. La mayoría de los planes fueron proyectados al final de la segunda y última legislatura y no llegaron a materializarse. Entre los proyectos fallidos estaba la privatización parcial de AENA, que fue anunciada en 2010, pero que no se hizo realidad hasta febrero de 2015 durante el primer Gobierno de Mariano Rajoy. Por cierto, que la privatización de AENA fue un mal negocio para el Estado, siempre celoso de proteger a los poderosos en detrimento, si fuera necesario, de sus propios ciudadanos: el precio de salida por acción fue de 58 euros, que al cierre de la primera jornada de cotización en bolsa de la compañía se situaba en 70 euros. Sólo en ese primer día, algunos fondos de inversión ganaron 800 millones con una empresa propiedad de todos los ciudadanos. Un año después de la salida a bolsa, la acción cotizaba a 94 euros, precio que llegó a 135 euros un año y medio más tarde. Aunque el Estado conserva el 51% de AENA, la privatización ha supuesto un negocio de oro para una minoría, que son los que pueden disfrutar del máximo beneficio en esta operación. Los grandes fondos de inversión son propietarios de 31% del capital de una empresa que construimos entre todos. Zapatero tuvo que desistir también de su intento de vender el 30% de la Sociedad Estatal de Loterías y Apuestas del Estado porque la crisis afectaba de tal forma a toda la zona euro, que los potenciales inversores no tuvieron el coraje necesario para afrontar la operación.

El Gobierno de Rajoy, pese a llevar 7 años en el poder, aún no ha acometido ningún proyecto privatizador de gran envergadura. Desde el Ministerio de Economía se ha manifestado en alguna ocasión la intención de privatizar empresas como Indra, IAG, Correos o Cesce, pero en este Ejecutivo, a diferencia de aquellos que presidía José María Aznar, no existe el mismo entusiasmo a la hora de llevar a cabo estos proyectos. Una de las razones es que España ha entrado en la senda de la recuperación y ha visto una mejora en todos sus indicadores económicos, pero esa mejora aún es leve y precisa de cifras que la apuntalen ante la opinión pública. La sociedad, aun percibiendo mejoras en la economía, todavía tiene reciente en su memoria la crisis financiera de 2007-2008. Nuestros políticos lo saben y han comprendido que, en medio de condiciones de trabajo dominadas por la precariedad, nadie vería con buenos ojos nuevas operaciones de liberalización y privatización porque se han hecho tradicionalmente para entregar empresas enormemente rentables a grandes grupos de empresarios afines a PP y PSOE y a grandes fondos de inversión. Así se han detenido las ventas de AENA, Renfe y Adif. La creación de una gran empresa ferroviaria, una vez privatizadas las empresas que gestionan la red, respondía a una vieja aspiración de Rajoy, que albergaba la idea de dividir Renfe en cuatro empresas diferentes, con ámbitos de negocio distintos: el material rodante de la compañía, la gestión del parque de trenes, el tráfico de pasajeros y el mantenimiento y la logística de los trenes. En el Gobierno también existía el temor a que la operación fuera torpedeada por los poderosos sindicatos ferroviarios.

Algunos de nuestros políticos más importantes pasaron a cobrar de las grandes empresas privatizadas       

El Estado aún conserva el control de Renfe, Adif, Puertos del Estado, Correos, Navantia, RTVE, Enusa y Tragsa. Banca Mare Nostrum, resultado de la fusión de varias cajas, y Bankia, intervenida por el Estado, también son parte del sector público.       

Pero, en mi opinión, la principal razón de que el Gobierno no desee afrontar en este tiempo de frágil recuperación un nuevo proceso de privatizaciones se debe a que la opinión pública no ha digerido aún el rescate a la banca porque existen multitud de datos que demuestran que el rescate no fue eficaz, ni justo ni honesto.

La privatización de empresas públicas sirvió para que los recién llegados a la dirección de las mismas aprobasen sueldos increíblemente altos para sí y para sus equipos, además de planes de pensiones acordes a esos sueldos, a los que hubo que sumar primas y gratificaciones de todo tipo que convertían en millonarios a los nuevos gestores.

La estrategia de las llamadas “puertas giratorias” tiene su principal origen en las privatizaciones. Así, algunos de nuestros políticos más importantes pasaron a cobrar de las grandes empresas privatizadas. Felipe González fue consejero de Gas Natural desde finales de 2010 hasta marzo de 2015. Durante la última legislatura de Felipe González, Gas Natural adquirió Enagás, empresa que controlaba la casi totalidad del negocio del gas en nuestro país. Sólo en su último año como consejero, González recibió 127.000 euros como retribución. Aznar es consejero de Endesa (empresa que fue privatizada durante su primer Gobierno en la que fue la mayor operación de privatización de la historia de España) desde 2011, y recibe entre 300.000 y 400.000 euros anuales de sueldo; Miguel Boyer, exministro de Economía del PSOE (un engaño más de esta formación hacia los ciudadanos porque Boyer fue patrono de la fundación FAES, laboratorio de ideas de Aznar de marcado carácter neoliberal, desde 2002), fue consejero de Red Eléctrica desde 2010 hasta 2014, año en que falleció, también fue vicepresidente de la constructora Fomento de Construcciones y Contratas, y presidente de CLH, la antigua petrolera Campsa. Pedro Solbes, exministro de Economía con González y Zapatero, que abogó por la venta de Endesa a la italiana Enel, es en la actualidad consejero de Enel. Elena Salgado, exministra de Economía de Zapatero, que también promovió la venta de Endesa a Enel, trabajó como consejera de la filial de la empresa italiana en Chile hasta 2015. Salgado también es consejera de Trilantic Capital Partners, un fondo de inversión, de Nueva Pescanova y de Abertis, la empresa dedicada a la gestión de autopistas e infraestructuras de telecomunicaciones.

No nos engañemos, el poder, en algunas ocasiones y por pura conveniencia, actúa escondiendo sus pecados, en otras los muestra de forma descarada: una de las primeras decisiones de Juan Villalonga tras asumir la presidencia de Telefónica en 1996 fue nombrar  consejeros independientes a dos de los vocales del Consejo Consultivo de Privatizaciones (un órgano jurídico presidido por Luis Gámir, exministro de Adolfo Suárez y de Calvo Sotelo, encargado de emitir el dictamen jurídico acerca de la idoneidad de las privatizaciones), Gaspar Ariño y Juan Antonio Sagardoy, que habían contribuido en el dictamen del Consejo Consultivo para dar la aprobación de la venta de lo poco que quedaba de la entidad en manos del Estado. En Telefónica también trabajan la esposa de Mariano Rajoy (hasta 2011); el marido de la vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría (desde marzo de 2012); o Elvira Aznar, hermana del expresidente Aznar. Pero el caso más llamativo de fichaje político en Telefónica es el de Eduardo Zaplana, exministro de Trabajo de Aznar, que firmó un ERE que afectaba a 15.000 trabajadores de Telefónica en 2003. No se conocen las funciones que Zaplana lleva a cabo en la multinacional española. Luis Carlos Croissier, ministro de Industria con Felipe González justo cuando se elaboraba la normativa para liberalizar en España el monopolio del mercado de hidrocarburos, es consejero de la petrolera Repsol desde 2007. Isabel Tocino, exministra de Medio Ambiente, es consejera de Enagás desde 2014 y vicepresidenta del Banco Santander España, además de presidenta del Banco Pastor. Ángel Acebes, exministro de Interior en el Gobierno de Aznar, es consejero de Iberdrola. Al igual que Isabel Tocino, Ana Palacio, exministra de Exteriores de Aznar, es consejera de Enagás y también del gigante energético portugués EDP. También desde 2014, Antonio Hernández Mancha, exsecretario general del PP, trabaja como consejero de Enagás. El antiguo presidente del Tribunal de Defensa de la Competencia (TDC), Gonzalo Solana, también es consejero de Enagás y lo mismo podemos decir de quien fuera secretario general de Industria hasta febrero de 2014, Luis Valero.

En 2005, Telefónica fichó a Alfredo Timmermans para dirigir la representación institucional de la compañía en Estados Unidos. Timmermans fue responsable de Comunicación en la Moncloa cuando se produjo el atentado del 11-M. En un hecho sin precedentes en la historia periodística de nuestro país fue denunciado por varios corresponsales a través del Círculo de corresponsales extranjeros, formado por cientos de periodistas de los medios más importantes de todo el mundo. El Círculo difundió una carta en la que denunciaba informaciones erróneas por parte del Gobierno de Aznar con el fin de que la prensa adjudicase a ETA la autoría del brutal atentado. El nombramiento de Timmermans se produjo nada más cesar en su puesto como secretario de Estado, algo que violaba la Ley de Incompatibilidades.  Rodrigo rato fue contratado por Telefónica en enero de 2013, después de haber sido imputado por la Audiencia Nacional por presunta ocultación de información durante el procedimiento de salida a bolsa de Bankia. En 2005, Narcís Serra, ex vicepresidente y exministro en varios Ejecutivos de Felipe González, fue contratado por Telefónica para diferentes cargos en Brasil y Chile. En la primavera de 2017, Serra fue revalidado en esos puestos pese a su imputación por parte de la Audiencia Nacional por administración desleal y reparto de sobresueldos en Catalunya Caixa (después de que la caja catalana recibiera una inyección de dinero público), entidad de la que era presidente. Javier Nadal, que fue director general de Telecomunicaciones entre 1985 y 1995, fichó en 1995 por Telefónica, ocupando el cargo de presidente de la filial argentina, posteriormente fue presidente de Telefónica Perú, director general de relaciones institucionales y vicepresidente ejecutivo de la Fundación Telefónica.    

José Folgado, exsecretario de Estado de Gastos y Presupuestos del Ministerio de Economía, exsecretario de Estado de Economía y exsecretario de Estado de la Energía, es el actual presidente de Red Eléctrica Española (REE). Arsenio Fernández de Mesa, exdirector de la Guardia Civil, está en el consejo de REE desde febrero de 2017. Ángeles Amador, exministra de Sanidad con Felipe González, también es consejera de Red Eléctrica Española desde 2005. Matías Rodríguez Inciarte, ministro de la Presidencia durante el corto mandato de Leopoldo Calvo Sotelo, fue uno de los consejeros mejor pagados del IBEX 35, con más de 3,5 millones anuales, por cierto, que su fondo de pensiones es de más de 47 millones de euros. Inciarte estuvo en el consejo del Banco de Santander hasta 2017. Abel Matutes, que posee una gran fortuna personal, fue ministro de Exteriores de Aznar, también fue consejero del Banco de Santander hasta 2014 y consejero de Metrovacesa durante un breve período en 2015. El exministro de Exteriores, Industria, y Ciencia y Tecnología de Aznar, Josep Piqué, fue presidente de la aerolínea Vueling entre 2007 y 2013; consejero delegado de OHL, el gigante constructor propiedad de Juan Miguel Villar Mir, exministro del presidente del Gobierno durante el franquismo ,Carlos Arias Navarro, desde 2013; consejero de SEAT desde enero de 2017; consejero de Abengoa desde julio de 2017; consejero de AENA desde octubre de 2017; y consejero de la aeronáutica ITP desde diciembre de 2017. Agustín Conde, exdiputado del PP y exalcalde de Toledo entre 1995 y 1999, recibió 108.000 euros en calidad de consejero de Red Eléctrica Española durante siete meses, justo antes de ser nombrado Secretario de Estado de Defensa a finales de noviembre de 2016. Miquel Roca i Junyent, uno de los siete padres de la Constitución, es consejero de Endesa, vocal de la constructora ACS y secretario en los consejos de Abertis y Banco Sabadell.  Guillermo de la Dehesa, exsecretario de Economía con Felipe González, fue consejero delegado del Banco Pastor hasta junio de 2002, año en que pasó a formar parte del consejo del Banco de Santander. De la Dehesa también ha sido asesor internacional del banco estadounidense, Goldman Sachs, y vicepresidente no ejecutivo de Amadeus IT Holding.  Marcelino Oreja Arburúa, exdiputado europeo por el PP e hijo del exministro de UCD y exdiputado del PP, Marcelino Oreja, es consejero de Enagás desde 2012 y consejero de MIBGAS, el organismo que gestiona el mercado del gas en España.

Hay muchos más nombres, todos ellos han sido importantes cargos públicos y están bien relacionados con las altas esferas del poder. En ocasiones, nuestros políticos han utilizado los resquicios que deja la ley para burlar el régimen de incompatibilidades. Este fue el caso de Elena Salgado que, tras abandonar la vicepresidencia económica en el Gobierno de Zapatero, tan solo tardó tres meses en fichar por Endesa Chile. Un informe de Hacienda concluyó que Salgado podía desempeñar el puesto en la filial chilena de Endesa porque no había participado en resolución alguna que afectase a Endesa en Chile. El dictamen de Hacienda permitió a Elena Salgado seguir cobrando su sueldo como exministra, lo que equivalía al 80% del salario que recibía en el Gobierno. Todo lo escrito debe servir para que sepamos de parte de quien están nuestros “servidores” públicos.

Es más que evidente que la contratación de políticos por parte de las empresas privatizadas no responde a criterios de idoneidad desde el punto de vista de la preparación técnica, sino que los grandes emporios aprovechan los contactos y las influencias de estas personas, que tienen la capacidad de llegar a donde ningún ciudadano normal puede llegar e incluso de influir mediante presiones de todo tipo en las grandes decisiones a tomar por estos grupos. Estos antiguos altos cargos también poseen información privilegiada acerca de múltiples cuestiones relacionadas con los intereses de las grandes empresas.

La venta de la mayor parte del pujante sector público español ha sido un negocio ruinoso para el Estado. Las empresas se vendieron y el país recibió grandes beneficios los años de las ventas, principalmente en1996, pero el Estado dejó de ingresar anualmente las enormes cantidades de dinero que estas empresas proporcionaban a las arcas públicas. El caso de las eléctricas ilustra a la perfección la patraña de los diferentes gobiernos de que una liberalización, unida a una privatización del sector público abarataría los precios. En Francia no se han privatizado las grandes eléctricas, que continúan en manos del Gobierno, y nadie en el país galo, a diferencia del caso español, considera un problema el precio de la energía.

Es imposible calcular cuánto dinero recaudaría nuestro país anualmente si el sector público no hubiera sido privatizado. Algunas empresas como Argentaria, la antigua banca pública española, se han integrado dentro de grandes grupos como el BBVA. Otras, como Endesa o SEAT, han sido adquiridas por grupos extranjeros y han acometido operaciones en el exterior que no podrían haber realizado siendo empresas públicas. Lo mismo se puede decir de Iberdrola y de Telefónica, compañías que han crecido enormemente gracias a su expansión internacional. En cualquier caso, el beneficio neto antes de impuestos de las tres grandes eléctricas, Endesa, Iberdrola y Gas Natural en España durante el período 2008-2015 fue de más de 37.000 millones de euros. Sólo Endesa, una de las joyas del antiguo sector público obtuvo un beneficio en España durante 2017 de 1.463 millones de euros, una cifra que por sí sola bastaría para financiar el aumento de la subida de las pensiones respecto al IPC. El volumen de negocio de Telefónica en España en 2017 asciende a 12.653 millones de euros. La antigua aerolínea pública, Iberia, de cuyo accionariado antes de su privatización total formaban parte únicamente British Airways y American Airlines, logró unos ingresos en España en 2017 de 4.851 millones de euros.  Las ganancias obtenidas por las dos principales compañías petrolíferas españolas, Repsol y Cepsa, ascendieron a más de 3.000 millones de euros en 2017, aunque los beneficios de ambas empresas proceden en su mayor parte del exterior y su accionariado es mayoritariamente extranjero.    

Existen muchas más formas de corrupción diferentes a las descritas en este artículo. Algunas se encuentran en el nivel autonómico de nuestra Administración, otras en el nivel municipal, y todas ellas son legales: hay multitud de organismos cuya auténtica función desconocemos, que fueron creados expresamente para garantizar un futuro plácido y tranquilo a los antiguos cargos más importantes de cada región y cada municipio, y en todas ellas nuestros políticos reciben salarios generosos. En toda España, hay miles de fundaciones y organismos de todo tipo que se financian a través de las autonomías y los ayuntamientos, su labor está escasa o nulamente fiscalizada y no sabemos bien para qué sirven, pero sospechamos que constituyen un premio a algunos políticos por su lealtad hacia el partido de turno. Muchos de los antiguos dirigentes encuentran acomodo en estos entes porque su falta de experiencia laboral o su nula formación dificultarían enormemente su acceso al mercado de trabajo. Es necesario llevar a cabo una titánica labor de investigación que esclarezca de forma precisa cuántos de estos organismos son realmente prescindibles. También es preciso revisar, precisamente, el acceso de ex cargos públicos a una pensión cuando apenas han trabajado como servidores públicos; lo mismo se puede decir de aquellas personas que reciben salarios altísimos en la empresa privada y, simultáneamente, cobran pensiones procedentes de su actividad pública.

Estamos obligados a creer en España. Sólo nos falta una mejor gestión para ser un país sobresaliente. España fue un país sin apenas impuestos hasta inicios de los años ochenta del pasado siglo, aunque, es cierto, contaba con unos ingresos procedentes de las empresas públicas de los que no dispone ahora porque estos acaban en manos privadas después del proceso de privatizaciones. Incluso así-con menor renta per cápita, con salarios más bajos, con peores infraestructuras, con un PIB menor, con menos nivel educativo, con un Índice de Desarrollo Humano inferior al actual, con un poder de compra considerablemente más bajo y con menos recursos por parte del Estado-, fuimos capaces de salir de cada una de las crisis que se presentaron a lo largo del siglo XX, y cuando llegó el siguiente episodio de dificultades económicas, el país estaba mejor y más preparado que antes. Sólo ahora se percibe un horizonte de penurias en el cual las personas más jóvenes tienen serias dudas de si van a vivir en condiciones similares a las de sus padres. Es más, casi todos ellos, desgraciadamente, están convencidos de que vivirán peor que sus progenitores, y eso incluye un acceso más restringido al sistema de pensiones que, como estamos comprobando, también será menos generoso con los futuros pensionistas. En nuestra mano está el utilizar las redes sociales para hacer pedagogía, salir a las calles de forma pacífica a reconquistar nuestros derechos y comportarnos como ciudadanos cada vez más informados y responsables a la hora de entregar nuestro voto.