Roban trabajos; solo quieren disfrutar de los servicios públicos; no contribuyen al Estado del bienestar... Los mitos sobre la migración, una y mil veces repetidos, se desmotan casi a la misma velocidad que lo que tardan en emitirse. Y siempre se hace con estudios solidos, datos contrastados y argumentos de peso. Todo lo contrario a los discursos xenófobos sin fundamento. Según datos recientemente publicados por Eurostat, las tasas de empleo de la población autóctona y de los migrantes en España apenas se encuentran a cuatro puntos de diferencia. Si solo se cuentan los migrantes europeos, el ratio mejora las tasas de los nacionales. Y esto teniendo en cuenta las dificultades que pueden afrontar muchos de ellos para acceder al mercado laboral: idioma, permisos de trabajo, de residencia…

Según las cifras del portal estadístico europeo, España, que sigue teniendo una de las tasas de paro más altas de la UE –15,28% según el INE–, cerró 2017 con un ratio de empleabilidad del 66%. Son algo más de cuatro puntos porcentuales que la de los migrantes de fuera de la Unión Europea, del 61,6%, y más baja que la de las personas comunitarias que residen en el país, del 66,5% durante el año pasado.

Si se toma como referencia el conjunto de la Unión Europea, la situación es algo más desigual, tanto por un lado como por el otro. Los migrantes comunitarios tienen una tasa de empleo total del 75,4%, casi dos puntos y medio más alta que la de población autóctona de los 28 países de la UE. En el caso de los extranjeros no comunitarios, la brecha se amplia hasta 10 puntos porcentuales, con un ratio de empleo del 63%.

De forma individualizada, llama la atención el caso de Italia. Sometido las últimas semanas a los chascarrillos, amenazas y, finamente, medidas xenófobas y racistas de su primer ministro Matteo Salvini, en el país transalpino existe aún menos diferencia que en España entre los ratios de empleo de autóctonos (62,3%), comunitarios (64%) y extranjeros de fuera de la UE (62,1%). Ocurre los mismo en otros países de la UE con gobiernos antinmigratorios y políticos radicales. En Polonia, los extranjeros –tanto de dentro como de fuera de la UE– tienen tasas de empleo más altas que la población nacional. En Hungría, por su parte, hay más porcentaje de trabajadores entre las personas comunitarias y solo 1,5 puntos menos entre las personas de fuera de la Unión Europea.

En el debate migratorio, una vez se supera la barrera de discursos como “no trabajan” o “solo quieren aprovecharse de las ayudas”, muchas veces se recurre al miedo sobre el ‘robo’ de puestos de trabajo –pese a la contradicción argumental– para atacar la llegada de migrantes. Tampoco es cierto. Antes de la crisis, los migrantes no solo venían a trabajar, sino que también generaban empleo: hasta 241.000 personas de fuera de España tenían una empresa o habían empezado una actividad autónoma en el país en 2007.

Por otro lado, durante los años más duros de la recesión la llegada de migrantes a España se redujo de forma constante, pasando de cerca 269.000 en el segundo semestre de 2008 a 128.000 en los primeros seis meses de 2013. En ese tiempo, no solo no redujo la tasa de paro en el país, si no que el ratio de desempleo siguió aumentando de forma imparable: pasó del 11,25% al 26,09% durante esos cinco años. Es más, justo cuando comenzó a descender la tasa de desempleo en España, 2014, también volvieron a crecer las llegadas de migrantes al país.

Recientemente, el nuevo presidente del Partido Popular, Pablo Casado, dejó en su cuenta de Twitter uno de esos mensajes contra la migración que no se sustenta bajo ningún dato ni estudio mínimamente serio. Horas después, el político se retractó en rueda de prensa de parte de sus palabras sobre las últimas llegadas de personas a España a través del Mediterráneo. El marco, en cualquier caso, ya se ha establecido y el miedo instaurado: vivimos una oleada masiva de llegadas descontroladas, algo que no puede soportar el estado de Bienestar y mucho menos dando papeles para todos. Ninguna de las afirmaciones encaja con la realidad.

En Europa, la llegada de migrantes y refugiados ha caído sustancialmente en los últimos dos años, y también lo ha hecho el número de personas que llegaban a través del Mediterráneo, donde la mortalidad es más alta que nunca. En España, las llegadas por mar sí han aumentado en los últimos meses, con 21.000 personas en lo que va de 2018, tres veces más que en el mismo periodo de 2017. Son cifras, sin embargo, tremendamente alejadas de las que arrojaba Italia en 2017, con cerca de 94.000 personas llegando por mar. También suponen un porcentaje muy bajo comparado con el total de entradas en el país, una tendencia que se lleva repitiendo muchos años.

En términos estructurales, no es que el estado de Bienestar no pueda soportar la inclusión de migrantes, si no que ha sido demostrado en numerosas ocasiones que es beneficioso para su sostenibilidad. En 2011, tras el estallido de la crisis, un estudio de la Caixa concluía que la población migrante aportaba más al Estado de bienestar que lo que recibía de él. Esto es, impuestos, tasas y transferencias que van a parar a los servicios públicos y el gasto estatal. En los últimos días, otro estudio del Centro Nacional de Investigación Científica de Francia confirma que esta es una tendencia que se lleva repitiendo más de 30 años en España y el continente: los migrantes y refugiados tienen un efecto positivo sobre las economías de los Estados, su poder recaudatorio y el empleo.

Esto se une a las numerosas recomendaciones para que la migración se convierta en una de las soluciones principales a los problemas demográficos y de envejecimiento de los países.