Una década después del inicio de la crisis, los estragos producidos por años de recortes del gasto público en ámbitos como la sanidad o la educación se siguen dejando notar. También otras medidas, asociadas a la privatización de estos servicios o las leyes que limitaban el acceso a los mismos. Es el caso, por ejemplo, del Real Decreto que puso en marcha en 2012 el Partido Popular y que excluía de la Sanidad a un grupo importante de la población. El 2016, el Gobierno de Mariano Rajoy reconoció que la medida había dejado sin servicios de salud a más 800.000 inmigrantes.

Los problemas para estos colectivos, sin embargo, no acaban ahí: según datos que ha publicado recientemente por el INE, los que sí consiguen acceder a los servicios de salud los hacen en condiciones de desigualdad con el resto de la población. Según el instituto de estadística, los extranjeros, especialmente aquellos con origen fuera de la UE, acuden menos a la sanidad que el resto de la población: hasta 16 puntos porcentuales menos si se trata de un especialista y 25 si es un dentista. 

Estas situaciones, que también afectan a otros grupos vulnerables como las personas de bajos ingresos, guardan relación con el deterioro en la eficiencia de los servicios públicos: recortes, fin de la gratuidad, privatizaciones, barreras geográficas… De esta forma, las barreras de acceso, que ya existían antes la reforma de 2012 y que se vieron potenciadas por la norma, provocan en muchas ocasiones que la población migrante sea más propensa a usar otros servicios de salud como las urgencias, o decidan visitar menos a los médicos de cabecera y los especialistas.

Los datos del servicio nacional de estadística, recogidos en un módulo especial de salud de la Encuesta de Condiciones e Vida, señalan que la desigualdad de origen ocurre en distintas capas, incluidos los servicios de sanidad más primarios: mientras que 8 de cada 10 personas con nacionalidad española consultó al médico de familia al menos una vez durante el último años, el porcentaje entre extranjeros apenas supera el 71% en el caso de ciudadanos de la UE, y no alcanzó el 70% en el caso de los de fuera de la región.  

Pero los extranjeros no son los únicos a los que afectan las dificultades de acceso a los servicios sanitarios. Al igual que ocurre en la educación, la exclusión también se reproduce en función de los niveles socioeconómicos de la población: las capas con menos estudios o rentas bajas acuden menos a los especialistas sanitarios y arrojan peores datos de salud y alimentación.

De esta forma, y según los datos del INE, las personas pertenecientes al primer quintil de ingresos –las rentas más bajas– son las que menos han acudido al médico de familia (78,5%), a los distintos especialistas (43,8%) y al dentista (35,3%) durante el último año.

Por el lado contrario, el último quintil, el más pudiente, es el que más disfrutó de estas visitas, especialmente en los dos últimos servicios: un 57,7% de la población más rica del país acudió a un especialista en los últimos meses, mientras que un 60,6% lo hizo al dentista. Son 14 y 25 puntos más, respectivamente, que el grupo más desfavorecido.

Las desigualdades de renta entre los grupos de población y su acceso a la sanidad se explican en gran parte por los sobrecostes que supone la sanidad para los hogares más desfavorecidos. Según los datos del módulo, para casi uno de cada diez hogares del primer quintil los gastos en asistencia médica supusieron una carga pesada, mientras que para el grupo con más ingresos el porcentaje ascendió solo al 5,6%. La brecha es de 12 puntos si se recurre a los costes de la asistencia dental y se multiplica por tres –11,9% frente a 4,6%– si se analiza el coste de la medicación.

Estas cargas económicas relacionadas con el gasto sanitario también tienen un componente de género muy significativo: son tres puntos porcentuales más altas para las mujeres si se trata de asistencia médica (9,2%) y de medicamentos (9%).

Por otro lado, los datos del INE señalan cómo pueden afectan estos condicionantes socioeconómicos en la prevalencia de las costumbres asociadas a la salud y a la alimentación de la población.

De esta forma, las personas del primer quintil arrojan peores datos en términos de masa corporal que el de la población con más ingresos. Y lo hacen tanto en la falta de la misma como en los ratios de sobrepeso: un 4,3% del grupo de menos ingresos tiene un peso insuficiente, un punto más que el conjunto más rico. En el otro extremo, en el primer quintil hay un 15% de prevalencia de la obesidad, frente al 9% del grupo con más ingresos.

En cuanto a la actividad física y el tiempo que dedica la población al deporte, también existen desigualdades importantes, incluidas las de género. Los hombres dedican casi 50 minutos semanales más al ejercicio físico que las mujeres. En el caso de los extranjeros de fuera de la UE, la diferencia con la población nacional es de casi una hora. Ocurre lo mismo con el nivel educativo y económico, con una brecha de 58 y 52 minutos, respectivamente, entre los grupos mas alejados de los dos conjuntos.