Las negociaciones entre PSOE y Unidos-Podemos para alcanzar un acuerdo presupuestario que trascienda los PGE-2019 y asegure la estabilidad parlamentaria del actual Gobierno hasta el final de la legislatura indica que ambos grupos políticos han aprendido de lo que ocurrió en el Parlamento este pasado mes de julio, una situación que no debería repetirse.

La esperanza que se generó en la mayoría social, tras el desalojo del PP del Gobierno por la moción de censura, no debe ser truncada después del rechazo obtenido por el Gobierno socialista a cuenta de su objetivo de déficit y el techo de gasto para preparar los Presupuestos de 2019.

El ejemplo lo tenemos bien cerca. En Portugal los partidos de izquierda fueron capaces de interrumpir el ciclo de la derecha en el poder. También existían grandes divergencias en materias tan importantes como la propia relación de Portugal con la Unión Europea. El nuevo ciclo político del país vecino está reportando resultados alentadores para la inmensa mayoría de sus ciudadanos.

Se equivocaría el Partido Socialista si se hiciera eco de las voces de algunos representantes de la Comisión Europea que piensan que puede y debe prescindir de las fuerzas políticas que le permitieron ganar la moción de censura. El tiempo de los gobiernos de mayoría absoluta pertenece al pasado y, a tenor de sus resultados, no se les va a echar en falta.

Las políticas presupuestarias de la Comisión Europea, basada en la austeridad contractiva y en reformas estructurales, como la del mercado de trabajo, además de fracasar en términos económicos, han tenido graves efectos en la mayoría social de nuestro país. La devaluación salarial, la elevada temporalidad, la rotación laboral, la feminización del paro, la reducción de la tasa de cobertura de las prestaciones de desempleo, el empeoramiento de la calidad de las mismas, la pérdida de poder adquisitivo de las pensiones, todo ello ha generado un incremento de la pobreza y la desigualdad social.

La política económica española no puede estar condicionada por los intereses del Gobierno alemán, que defiende a sus ciudadanos. Nuestro Gobierno debe distanciarse de los dictados de la Unión Europea, de la misma manera que lo ha hecho el Gobierno de Portugal.

El PSOE no puede pretender que los partidos que le ayudaron a conseguir el Gobierno –uno de ellos tiene casi tanta representación parlamentaria como él y, en conjunto, mayor representatividad electoral–, renuncien a sus posiciones políticas, sobre todo, cuando algunas de las actuales propuestas se alejan de las que antes defendía cuando estaba en la oposición.

Tampoco Unidos-Podemos puede ignorar la esperanza depositada por millones de personas en acabar con las políticas austericidas y con una práctica política, la del partido Popular, basada en la corrupción. Al mismo tiempo, debe ser consciente del frágil equilibrio parlamentario.

La aprobación del techo de gasto debería servir para orientar unos Presupuestos Generales que faciliten el empleo estable y con derechos; que recuperen el poder adquisitivo de los trabajadores y las trabajadoras y de las personas pensionistas, la calidad de los servicios públicos y la mejora de la protección social; y se avance hacia el necesario cambio de modelo productivo, apostando por la educación y la formación, la ciencia y la innovación, la industria, las energías limpias y la sostenibilidad.

Los objetivos de déficit y deuda del Pacto de Estabilidad y Crecimiento se han flexibilizado, en la práctica y en la legislación, durante estos últimos años. Pero la postura del Gobierno alemán no se ha modificado: sigue oponiéndose a un mayor crecimiento económico y del empleo de calidad.

El marco económico establecido por el Pacto de Estabilidad y Crecimiento no puede ser el elemento que determine la política presupuestaria que necesita nuestro país. Precisamente es este Pacto el que impide un techo de gasto más ambicioso, y por tanto, reduce el crecimiento económico y la sostenibilidad del modelo social.

Resulta relevante que reputados administrativistas, como el catedrático Tomás de la Quadra-Salcedo, consideren que la propia Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera (LOEPSF) –aprobada en 2012 y que desarrolla el funesto artículo 135 de la Constitución después de su reforma– infringe en su propio artículo 15 la separación de poderes establecida por nuestra Constitución. Ya que atribuye a las dos Cámaras una participación en la determinación de los objetivos de estabilidad y deuda pública, lo que popularmente se conoce como “techo de gasto” o “senda de déficit”, antes de que el propio gobierno presente su proyecto de Presupuestos.

Para mejorar la situación de una parte muy importante de los trabajadores y trabajadoras de nuestro país no basta con impulsar el crecimiento económico, condición necesaria pero no suficiente. Para alinear este crecimiento con las necesidades sociales se debe combinar una política presupuestaria expansiva con una profunda reforma de la negociación colectiva y de los derechos laborales cercenados, de forma que se reequilibre el poder de los trabajadores y empresarios en la empresa.

Es necesario abordar una profunda reforma fiscal que asegure la financiación de las políticas sociales. Eso solo es posible en el marco de un incremento de los impuestos para quienes disfrutan de elevados privilegios fiscales –grandes empresas, rentas de capital y personas de renta elevada que, utilizando un variado elenco de medidas de desgravación y deducción fiscal, eluden una parte importante de sus obligaciones tributarias. De esta forma, se estaría reforzando al mismo tiempo la justicia fiscal y la progresividad del sistema fiscal, ya que en los últimos años se ha producido un notable desequilibrio en la carga tributaria en contra de las rentas del trabajo y a favor de las rentas empresariales y de las rentas más altas.

Desde una perspectiva sindical, es particularmente relevante que se produzca una aproximación por arriba de los tipos que gravan las rentas del trabajo y del capital, dado que la tributación de las rentas del capital es notablemente inferior a las del trabajo.

Por último habría que destacar que resulta preocupante que entre los temas consensuados por Unidos-Podemos y el PSOE para ser debatidos no aparezca una profunda modificación de la actual legislación laboral, ya que es, principalmente, en la distribución primaria de la renta, entre trabajo y capital, donde se está generando la creciente desigualdad de la sociedad española. 

Reforzar el erosionado poder de negociación de los trabajadores, y de sus sindicatos, es imprescindible para construir una sociedad más justa y más libre, y ello pasa, al menos, por 1) limitar las causas del despido; 2) reducir los distintos tipos de contratos temporales, suprimiendo el contrato indefinido para emprendedores; 3) modificar sustancialmente el contrato de obra y servicio; 4) recuperar los salarios de tramitación para los despidos improcedentes; 5) otorgar a los trabajadores la capacidad de decisión sobre la readmisión o no en la empresa si el despido es improcedente y es producto de un contrato temporal; 6) recuperar la prevalencia del convenio sectorial; y 7) restituir la ultraactividad de los convenios.

----------------

Ramón Gorriz es presidente de la Fundación 1º de mayo. Bruno Estrada es economista, adjunto al secretario general de CC.OO.