El 5 de abril de 2012, ETA ya había anunciado el fin de la violencia, pero en Euskadi seguía habiendo territorios hostiles. El entonces consejero de Interior, el socialista Rodolfo Ares, acuñó un lema y emprendió una campaña: con los borrokas, tolerancia cero. Así que, cuando esa noche una llamada avisó al 112 de una pelea junto a la herriko taberna del centro de Bilbao, el jefe policial del operativo Ugartekono lo dudó y desde su despacho ordenó el ya sabido ‘entren con todo lo que tenemos’.

No importó que el agente de más alto rango en el lugar, el oficial 3389, mostrara su desacuerdo, ni que otros policías coincidieran en informar de que allí no ocurría nada. Bilbao era una fiesta. El Athletic, mucho más que un club, había vencido al Schalke 04 alemán.

Más de seis años después, seis ertzainas han sido juzgados por la muerte del joven Iñigo Cabacas como consecuencia de una pelota de goma  “perpendicular” que le golpeó con una fuerza cuatro veces mayor que lo que un cráneo puede soportar. 

Casi un mes de juicio, decenas de horas, testigos civiles y policiales, peritos y forenses para tratar de esclarecer quién ordenó cargar y quién disparó la pelota mortal. El juicio ha quedado visto para sentencia. Pero, lo contemplado y escuchado en la sala ya ha mostrado el caos organizativo y la  negligente forma de actuar de la Ertzaintza aquella noche, la falta de asunción de responsabilidades y el maltrato fìsico y verbal que algunos de los agentes allí desplegados infligieron a quienes se les acercaron en busca de ayuda.

La acusación que representa a los padres Manu Cabacas y Fina Liceranzu enmarca la muerte del joven de 28 años en el contexto político vasco de aquellos años en los que ETA había abandonado la violencia, pero la respuesta policial continuaba siendo la misma. Mantiene su petición de cuatro años de cárcel para cada encausado para que no se conceda impunidad a la violencia policial. “Significaría que el Estado de derecho nunca podrá dar respuesta a estas acciones”.

El Ministerio Fiscal y las defensas piden la libre absolución. Sin embargo, la defensa del oficial encausado –el único que se negó a disparar y a quienes responsabilizan jefes y compañeros– coincide en el planteamiento de la acusación y apela en su informe final a la necesidad de un cambio de modelo policial cercano a la ciudadanía. “Hubo pecado, pero no delito”.

De los seis ertzainas encausados, dos están ya jubilados. El entonces suboficial 5351 lleva peluca, barba y gafas. Representa el perfil de policía autoritario y orgulloso de su uniforme “En mi generación todos los ertzainas salíamos con el escudo y el verdugillo de la Academia”. Preparados para la contienda, viene a decir. “Hubo una encerrona de unos radicales”. “Disparar era absolutamente necesario”, sostiene ante el Tribunal. No importa que el jefe de la Ertzaintza lo pusiera en duda en su momento ni que el consejero de Interior, Rodolfo Ares, admitiera que pudo haber negligencia en la actuación.

A cara descubierta, como aquella noche frente a la herriko taberna, cuando se presentó a la camarera: “Hola, soy Juanjo. Meteos en el bar que mis compañeros están muy calientes”. El oficial 3389 es el único que mantiene no haber disparado. Si por él fuera, se hubiera ido nada más llegar. Mandar gente uniformada a la herriko, donde si ven llegar a los ‘cipayos’ van a tirarte de todo. “No tenía experiencia en antidisturbios. Igual no necesitábamos estar allí”. 

En el inicio de la causa, los seis ertzainas acusados se reunieron con los abogados del Gobierno vasco para preparar la estrategia de defensa. “Tenéis que decir que habéis disparado todos y así no se podrá saber quién efectuó el disparo mortal”. El suboficial se negó a asumir lo que no había hecho. Atente a las circunstancias, le advirtieron.

– La muerte se hubiera evitado si no se da la orden de disparar. 

– “¿Por qué no ordenó parar la carga? Después de todo lo que hemos visto y oído, hubiera quedado como un héroe ante la sociedad”, le pregunta la periodista el último día en los pasillos ante la sala número 3 de la Audiencia Provincial de Bilbao que le juzga.

– No se podía. Cada uno hacía lo que le parecía. Si hasta un agente de mi furgoneta salió y  desobedeció mis órdenes de permanecer dentro... Las patrullas de Seguridad Ciudadana no estaban preparadas para aquello. Fue un caos.

La noche en que Íñigo Cabacas salió a disfrutar de la victoria de su equipo y terminó herido de muerte (además hubo varios heridos por pelota de goma), agentes de la Policía Autónoma vasca volvieron a demostrar que la banalidad del mal siempre es un peligro acechante. No hace falta ser un desalmado o tener intenciones malévolas. Basta con negarse a ser persona. A pensar.

Y, en estas llegó el Ugarteko [jefe de operaciones].

Durante las últimas semanas de juicio, se han sucedido testimonios dramáticos entre sollozos de jóvenes que nada tienen que ver con la víctima, ni con el caso pero que cuentan bajo juramento lo que sintieron y vieron.

“Tenía un coágulo de sangre. Empezaba a sangrar por la boca y la nariz. Fui donde un ertzaina. Le pedí una ambulancia. Le dije que eran unos asesinos, que habían reventado la cabeza a un chaval”, recuerda Itxaso, una enfermera que atendió a la víctima herida de muerte.

– “Tú, quién eres, ¿la novia perdida?”, jura la joven que le respondió el agente.

– Muchas gracias por cuidar a mi hijo. ¿No conocías a Íñigo, verdad?

– No. No habíamos coincidido. 

Y, Fina Liceranzu abraza emocionada a una mujer, desconocida hasta entonces, que quiere contar la verdad.

Alberto, su entonces novio y ahora marido, jura ante el Tribunal que se dirigió a la Ertzaintza con las manos en alto. “Paren, paren, no pasa nada”. Pero no le hicieron caso y le propinaron dos porrazos.

Unai relata que se acercó a un ertzaina y le rogó, por favor, ayuda, pero la respuesta fue de burlas y risas. Y, cuando lo recuerda, se rompe y llora. “Entré en pánico y un ertzaina le dijo a otro señalándome: ‘mira la nena, cómo llora el hijo puta de él’”.

También declaran los ertzainas de servicio aquella noche. A menudo, relatan versiones tan contradictorias de lo que hicieron y vieron que pareciera habitaban en universos paralelos. 

Y, entonces llega Ugarteko. El más esperado. El 3316. El juicio comenzó el 9 de octubre y cuando él –paso firme, cartera en mano– se encamina al lugar de los testigos, es 24. La sala presenta lleno total. Miradas, gestos y algún insulto aislado. La  expectación es tan grande que hasta el oficial que no vio necesario cargar regresa al banquillo de los acusados para escuchar a quien desde el inicio marcó en rojo su nombre como culpable.

Ugarteko podía negar a quienes sostienen que él dio la orden de cargar pero no puede desmentir su  voz en las grabaciones: “entren con todo a la herriko”. Así que, opta por lo esperado. En ningún momento dijo que debían disparar pelotas de goma. “No le digo que usen escopetas, porras o silbatos”. 

– ¿Por qué, sabiendo que estaban disparando y que había un herido, no mandó parar?, le pregunta la presidenta del Tribunal. 

– ¿Les digo que se vayan? Tenía que cortar aquello.

No hay respuesta verosímil sin faltar a la verdad. Porque los testimonios de algunos jefes y ertzainas, la propia estructura policial le señalan como el máximo responsable del operativo policial. El único que disponía de toda la información de lo que estaba ocurriendo.

El jefe de patrulla de la Ertzaintza testifica ese mismo día que Ugarteko era el encargado de darle órdenes, de decirle dónde tenía que ir y qué debía hacer. Por eso, cuando le mandó ir al callejón, fue y le dijo que solo había gente de celebración, bebiendo.

Unos segundos más tarde, Ugarteko ordena entrar con las cuatro furgonetas en la herriko y cortar los incidentes. ¿Qué incidentes?

La acusación particular que representa a la madre y al padre de la víctima considera que ha quedado acreditado que en la plazoleta no pasaba nada. Hubo una pelea, en la que se vieron involucradas varias personas pero pronto se fueron por su propio pie. “No hay pelea, no hay herido, no hay agresión. Pero, aún así, el 3316 (Ugarteko) sigue mandando recursos”, sostiene la acusación.

Durante su informe final de dos horas y media, la letrada Jone Goirizelaia insiste en la petición de cuatro años de cárcel para cada uno de los seis ertzainas encausados porque actuaron de manera conjunta. “Unos ordenaron y otros dispararon”, sabiendo que no había distancia suficiente  y sin advertencia previa de la carga. Y lo hicieron contra quienes como Íñigo, estaban de fiesta, sin participar en incidente alguno. 

La letrada defiende que para entender los hechos hay que recordar el contexto político vasco en el año 2012. La sociedad vasca afronta un nuevo camino, pero la Policía actúa igual. En las grabaciones de aquel día se observa que la herriko es una obsesión para el jefe de operaciones. Otro ertzaina se refiere al local como “territorio hostil” y a quienes lo frecuentan los tilda de “radicales”.

Un detalle pormenorizado de los hechos y un alegato contra la impunidad policial respaldado por diversas sentencias del Tribunal Supremo y de Estrasburgo. Debe haber condena para que la policía  “no tenga patente de corso” y sus actuaciones no estén amparadas por la “impunidad”.

El Ministerio Fiscal no ha cambiado su opinión tras lo escuchado y visto en la sala. Lee durante una hora su relato y pone el foco en los aspectos jurídicos. Recompone los hechos como un puzzle que no encaja. Cree a los acusado pero no cree a los testigos que dicen que levantaron las manos pidiendo ayuda, ni a quienes sintieron que los disparos parecían un fusilamiento. Si hubiera sido así, el juicio sería por un “gran número de muertos”. Califica de “inverosímiles” éstos y otros testimonios.

Tampoco da crédito a los de algunos testigos de los ertzainas: “son contradictorios” y dice que es sabido que mienten porque fueron más los que dispararon.

Critica la falta de control de las armas usadas y el registro de pelotas tras los incidentes en el llamado búnker de la Ertzaintza, cuando ya se sabía que había un herido grave. Bajo su criterio, no hay delito y pide la absolución de los seis encausados. “No ha habido acción maliciosa o imprudencia”. Destaca la profesionalidad y preparación de los ertzainas acusados. Y, concluye: no se puede determinar quién disparó. No se puede determinar que el artefacto fuera consecuencia de la orden dada y no se ha probado quién dio la orden de disparar.

La defensa del oficial, el abogado y profesor universitario Iñaki Irizar, reconoce parte de la tesis de la acusación: “Es cierto, no pararon porque se encontraban en territorio hostil”. “Alguien se precipitó”.  “Ugarteko tenía obsesión con la herriko y mandó a las patrullas con una finalidad concreta a la zona hostil”. “Se llegó a una situación intolerable”, que a su defendido le dio la impresión “de que alguien buscaba una sarracina”. “El uso de pelotas de goma podría haber causado más muertos. Hubo tres heridos y no llegaron a juicio”. 

 “No comete un delito quien lleva a cabo un acto dentro de la legalidad”. No hubo delito porque a 25 metros el disparo era reglamentario. No podían causar daño. Pero, ello no quiere decir que no hubiera pecado”. 

Hace un alegato a favor de un cambio de modelo policial más democrático.

“Deben cambiar los protocolos y también el trato humano. Una de las testigos dijo que desde ese día mira a la policía como enemiga. Eso es lo que tenemos que cambiar. Eso es hacer justicia. Si se cambia la actitud policial,  cambiará la forma de respuesta ciudadana”.

Las dos defensas del resto de agentes asumen las tesis de la Fiscal para pedir la libre absolución y califican de “falsas” y “bochornosas” las declaraciones como testigos de otros ertzainas. Son muchos los testigos civiles y policiales que han testificado que la situación era de fiesta y normalidad en la zona. Tampoco hubo policías heridos ni daños en el mobiliario urbano. Pero, aluden a la batalla campal que hizo necesaria la intervención.

Así queda el juicio visto para sentencia. Los padres han asistido a las 12 sesiones desde la primera fila. Solo el día que testificaron los forenses abandonaron la sala. Han estado acompañados por el cariño de amigos de su hijo y de muchos jóvenes. En el exterior, se han celebrado concentraciones de apoyo frente a la Audiencia y una manifestación multitudinaria por las calles de Bilbao pidiendo justicia.

Y, ¿ahora? En sus nombres, la acusación pide justicia al Tribunal. Han recorrido el largo y sinuoso camino hasta el juicio ignorados por las instituciones. Rodolfo Ares se comprometió como consejero de Interior a promover una investigación interna. Ha quedado acreditado en el juicio que nunca se hizo. 

Tienen miedo de que la muerte quede impune. Cuando Pilar Jiménez, la fiscal, en la penúltima sesión anuncia que mantiene su petición de absolución, Fina se rebela. Y, en la calle frente a los periodistas, entre lágrimas, habla: “La fiscal nos ha humillado como padres, porque dice que no es delito. No sé de dónde viene, dónde vive y quién es ella para decir eso, después de toda la gente que ha declarado. Nuestro hijo está en el cementerio, nos lo han matado, nos ha humillado, nos ha denigrado”.

“Este procedimiento debe servir para reflexionar sobre cómo hacemos las cosas. Cada día tenemos una oportunidad. Se lo debemos a todos los que creen en la Justicia. Hagan justicia”, son las últimas palabras que en sus nombres pide la acusación al Tribunal.