El politólogo Juan Linz dijo una vez que no conocía a nadie que hubiera escrito o que pudiera escribir un libro sobre el nacionalismo español, puesto que este no parecía ser un tema de estudio para los académicos. Finalmente, con el paso de los años se han escrito algunas páginas muy interesantes, pero ciertamente los litros de tinta vertidos en hablar de los nacionalismos periféricos superan con creces a los utilizados para caracterizar el nacionalismo que se identifica con el Estado.

Uno de los motivos que suelen esgrimirse para explicar esto es que durante los años ochenta y noventa el nacionalismo español era inexistente, o en todo caso, había tomado nuevas formas liberales y democráticas para alejarse deliberadamente de los cuarenta años de franquismo precedentes. La idea “conservadora-tradicionalista” de España había quedado desacreditada para siempre, e incluso algunos símbolos nacionales habían resultado dañados por su monopolización por parte de la dictadura. La rojigualda era un claro ejemplo de esto. Durante la etapa de la transición, muchos partidos evitaban incluso pronunciar el nombre “España” en público.

Sin embargo, la llegada de José María Aznar a la presidencia del país en 1996 –sobre todo a partir de su mayoría absoluta en 2000– supuso una primera etapa de “re-españolización” del Estado. Esta pérdida de complejos del nacionalismo español topó con el paréntesis de la España plural de Zapatero que, fracasada finalmente, abrió la puerta a la intensificación del hecho nacional con un recrudecimiento de los nacionalismos en liza: el mayoritario y los minoritarios. Con relación a los últimos, el catalán sobresaliendo especialmente.

Llegados a este punto, Vox aparece entre otros motivos como consecuencia del fracaso de la España plural y como reacción a la amenaza de una hipotética secesión catalana. Cerrado el horizonte plurinacional, y ante el peligro de la desmembración del Estado, resurge la vieja idea conservadora-tradicionalista de España que el aznarismo solo se había atrevido a intuir. Los elementos ya los conocemos: España como Nación histórica basada en el mito de los reyes católicos y la reconquista, Castilla como portadora de la identidad etnocultural alrededor de la cual se forjó el Estado, la Corona como símbolo de unidad y permanencia de la comunidad nacional. En este contexto, la anti-España vuelve a ser la de siempre: rojos y separatistas. El PSOE, Podemos y los independentistas catalanes y vascos son todos ellos golpistas, traidores, desleales, hundepatrias.

Sin embargo, los eventos recientes a resultas del conflicto catalán parecen haber abierto una brecha insoslayable entre los independentistas y la izquierda española. Ambos tienen motivos de sobra para sus respectivas indignaciones: los unos, abandonados a su suerte ante un Partido Popular que no dudó en impulsar el encarcelamiento de personas inocentes y en reprimir un movimiento pacífico y democrático. Los otros, asqueados por una cerrazón secesionista que marca la agenda política alrededor de unas cuestiones profundamente incómodas para sus expectativas electorales.

A pesar de estas legítimas reservas, e incluso teniendo en cuenta las evidentes diferencias de proyecto político, el sentido común dicta que ante un peligro compartido más vale unirse para evitar males peores. El programa de Vox, progresivamente influyente sobre los del PP y Ciudadanos, va mucho más allá de las tácticas políticas a corto y a medio plazo. Es un auténtico manifiesto autoritario que dispara contra las mujeres, los colectivos LGTBi, los migrantes, las clases populares y trabajadoras y las minorías nacionales. Si las fuerzas progresistas y nacionalistas se pusieron de acuerdo para echar al partido más corrupto de Europa, ¿cómo no van a hacerlo para mantener a la extrema derecha apartada del poder?

La próxima decisión práctica en este sentido va a ser la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado. Las contradicciones de un posible acuerdo ya las sabemos. El PSOE va a tener que pactar la gobernabilidad del Estado con aquellos que quieren socavarlo, mientras que los independentistas catalanes contribuirían a sostener un ejecutivo del cual quieren dejar de depender. Todo ello, además, a las puertas de los juicios contra los líderes del procés, que caldearán sin duda el ambiente durante la próxima primavera. 

Aun así, y siendo bastante crítico con la pasividad del PSOE ante la vulneración de derechos en Cataluña, no veo en qué le beneficiaría al independentismo un gobierno sostenido por Vox más que la continuidad del ejecutivo de Pedro Sánchez. Todo esto sin citar las no menos importantes mejoras materiales que prevén las nuevas cuentas para las clases populares y trabajadores (también) de Cataluña. Incluso para el propio movimiento secesionista, un gesto de diálogo y un mensaje de firmeza democrática ante lo que puede venir no es una mala jugada con relación al electorado moderado que se pretende convencer para la causa independentista.

Por último, cabe subrayar una cuestión que a menudo el independentismo pasa por alto. La concepción de Vox como un agente externo que justificaría la necesidad de acelerar la independencia para la propia supervivencia de Cataluña no solo infravalora las dificultades objetivas de realizar la secesión, sino que no tiene en cuenta el potencial de crecimiento de Vox y su ideario dentro de Cataluña. La extrema derecha no es un problema español del cual hay que escapar –léase, independizarse–, sino que del Ebro hacia arriba existe también el caldo de cultivo suficiente para el arraigo de este tipo de proyectos políticos, que por el momento absorben Ciudadanos y el PP. Vox es pues, sin duda, un problema común. Y hay que afrontarlo conjuntamente.

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Carles Ferreira (@carlesferreira) es profesor de Ciencia Política en la Universidad de Girona.