Jaime Palomera es el rostro y la voz más visible del Sindicat de Llogaters, una institución colectiva nacida en Barcelona hace un par de años, y que está cambiando la percepción y la realidad y, en ocasiones, los precios del alquiler en la ciudad. El Sindicat, a su vez, es todo un fenómeno cotidiano en Barcelona y en su área metropolitana. Es un modelo reproducido en Catalunya y, cada vez más, en más zonas del Estado, que está cambiado lógicas y comportamientos en inquilinos y propietarios. En este ciclo, en el que la burbuja inmobiliaria se centra en el alquiler, con subidas abusivas y un uso del desahucio similar al sufrido en 2007, el Sindicat está adquiriendo el rol y el juego de piernas de la PAH durante el anterior ciclo, centrado en la ejecución de hipotecas. Hace prospecciones legislativas y se ha convertido en el interlocutor gubernamental sobre el tema. Antropólogo y filólogo, Jaime Palomera, formado académicamente en Londres, Nueva York y París, conoce bien el problema de la vivienda por sus estudios sobre el acceso –y deceso– a la vivienda en el barrio barcelonés de Ciutat Meridiana. En esta conversación hablamos del Sindicat, de su funcionamiento, sencillo y efectivo, y de la poética sobre el derecho a la vivienda del Sindicat, que posee en su cabeza otra lógica del acceso a la vivienda, también sencilla, sostenible, democrática y de amplia tradición en el entorno europeo próximo, pero que parece no contar, en este momento, con el apoyo del Gobierno, como se vio en su propuesta de decreto que, en estos días, fue rechazada en el Congreso.

¿Cómo y cuándo nace el Sindicat de Llogaters?

Somos vecinas y vecinos de Barcelona y del área metropolitana que detectamos una situación de burbuja en el mercado del alquiler, que los alquileres suben de manera desmesurada. Es 2016, y hay un llamamiento a construir una organización inquilina, porque se entiende que es la mejor herramienta para conquistar derechos que la burbuja estaba robando a la gente. Hay ahí asociaciones como 500x20, Observatori DESC, La hidra, Assemblea de barris per un turisme sostenible... Había desde personas afectadas por subidas del alquiler, propietarios preocupados por las expulsiones de inquilinos, gente de la universidad.

¿Con qué afiliación contáis?

En un año y medio se han hecho miembros del Sindicat 1.705 personas –pagan una cuota de 50 euros anuales–. Al mismo tiempo hay una estructura militante de personas que están participando activamente, de unas 50-60, haciendo, por ejemplo, campañas. La primera fue la campaña 'Nos quedamos', en febrero de 2018. Fundamentalmente, una respuesta al primer problema de este ciclo: las subidas abusivas y las expulsiones. Un 95% de los que llegaban al Sindicat estaban amenazados por esos dos problemas. La campaña decía: aquello que habíamos visto en el movimiento por la vivienda –demostrarnos a nosotros mismos que la Ley hipotecaria puede ser ley, pero es injusta, por lo que podemos desobedecerla parando desahucios–, también se podría trasladar a la Ley del Alquiler. La práctica de desobediencia en este caso consiste en seguir viviendo en tu casa, a pesar de haber terminando el contrato. Sigues pagando el alquiler y le demuestras al propietario que quieres seguir viviendo ahí, cumpliendo con tus obligaciones, pero a un precio justo, y que tienes los medios legales para ir a un juicio, para aguantar un juicio. Y, si lo pierdes, también tenemos los medios humanos para parar tantos desahucios como sea necesario, porque la ley está del lado de la propiedad de quién quiera especular, pero no está por encima de los Derechos Humanos y fundamentales, que ahora están siendo conculcados. Esta es la acción principal, el átomo básico del Sindicat. En este año ya son centenares de familias las que han desobedecido activamente la Ley de Arrendamientos Urbanos, como antes se desobedecía la Ley Hipotecaria. Y gracias a ello hemos conseguido centenares de renovaciones de alquiler al mismo precio, y que muchos grandes especuladores, grandes fondos de inversión, comprendan, cuando aparece el Sindicat, que van a tener que llegar a acuerdos, a negociar una salida que normalmente consiste en que la persona siga viviendo en el piso, a un precio acordado.

Barcelona está inmersa en un ciclo de nacimiento de asambleas de barrio ante la vivienda, los barrios han identificado este problema como fundamental

¿Hay más sindicatos de este tipo en España?

En Barcelona está el Sindicat de Llogaters, pero Barcelona está inmersa en un ciclo de nacimiento de asambleas de barrio ante la vivienda. Los barrios han identificado el problema de la vivienda como el fundamental. Así, hay una pléyade de grupos de vivienda que se organizan en el propio barrio, con los que el Sindicat trabaja. Esa asociación nos da mucha fuerza, tanto en la escala barrial, como a escala de propietarios. Nos permite organizar bloques que tienen un mismo propietario. Fuera de Barcelona, en el área metropolitana, y en toda Catalunya, hay una proceso de eclosión de sindicatos de inquilinos. Ahora mismo está el Sindicat de Sant Cugat, el de Montcada, Rubí, Sabadell, nacerá uno en el Baix Llobregat, el de Girona... En Catalunya calculamos que podemos terminar el año con 15 sindicatos. En España está el de Madrid, que nació al mismo tiempo que el de Barcelona, el 12 de mayo de 2017, el de Málaga, el de Zaragoza.

¿De qué elementos de presión dispone el Sindicat?

No hay nada más fuerte que una persona que, de forma pacífica, decide desobedecer. Parece que no tenemos nada frente a una estructura legal que desprotege al inquilino y da enormes privilegios a quién decide especular, pero el trabajo diario en nuestros espacios de encuentro nos hace ver que, cuando colectivamente desobedecemos la ley, seguimos viviendo físicamente en el piso fuera de contrato, y nos presentamos en la sede de la empresa, y no nos vamos hasta que haya un acuerdo, lo cierto es que inmediatamente se producen frutos. Este año hemos comprobado que cuando hay movilización y nos plantamos, el miedo y la inseguridad cambian de bando. Cuando el empresario ve capacidad de resistencia y de establecer mecanismos legales, cuando ve que podemos resistir un juicio gracias a nuestros abogados, entiende que se expone a una lucha de desgaste, dura para el colectivo, pero también para la otra parte. En el último año hemos empezado a utilizar la denuncia por acoso inmobiliario. La ley catalana de 2007 incorpora aspectos que no están desarrollados. Hemos descubierto que el derecho es un campo de batalla. Los aspectos de la ley que se desarrollan y se implementan a diario son aquellos que reproducen el statu-quo. Pero hay otros aspectos que explican derechos sociales, que están muertos si no hay nadie que los active. Y eso hemos hecho con el acoso inmobiliario. Hay la posibilidad de denunciar por ese cargo a aquellos que, por ejemplo, no mantienen un edificio en buenas condiciones. Hemos denunciado a la familia Mas-Beya Fradera, una de las familias más ricas del Oasis Català, que quería expulsar a una inquilina, pero que ahora se expone a una multa de 900.000 euros. Estamos presionando al Ajuntament para que ese expediente prospere, y que la gran propiedad entienda que la impunidad con la que ha ido funcionando durante décadas en Barcelona ha llegado a su fin. Esto no había pasado en los últimos 60 años. Es verdad que en el ciclo de la PAH había un ciclo de resistencia contra los bancos, pero ahora es contra grandes propietarios, gestores del patrimonio y grandes fondos de inversión, y nunca se habían encontrado con un inquilinato que le decía: ahora también vamos a protegernos, y te vas a enterar de que estas cosas del alquiler son de dos partes, no de una.

La lucha por la vivienda pasa por presionar al Gobierno, que vea claro que le puede costar muy caro gobernar para los fondos buitres

La instancia legislativa del tema parece ser el Estado. Hace escasos días ha fracasado el Real Decreto Ley de medidas urgentes en materia de alquiler del Gobierno, que no apoyabais. ¿Qué lectura hacéis de esa ley?

No estamos, por supuesto, en contra de extender los contratos de alquiler. Pero hacerlo en plena burbuja lo que hace es que los propietarios, previendo subidas a futuro gracias a la burbuja, en lugar de cobrar 100 euros más por un contrato de 3 años, exigen 200 o 300. Y no solo eso, el decreto permitía subidas interanuales disparatadas. Un propietario, cuando firma un contrato, puede decir: el primer año te cobraré 1.000, el segundo 1.200 y el tercero 1.500. Pues bien, los fondos, lo que están haciendo ahora con los contratos de 7 años que debían firmar, era lo siguiente: los tres primeros años te cobramos 1.000, el cuarto y el quinto 1.200, y el resto 1.500. Se lo dijimos al Gobierno: no podemos aceptar contratos más largos sin regulación de precios, porque es completamente contraproducente. Es una temeridad en un contexto de burbuja. Es convertir los contratos en una cárcel. No se puede tomar ninguna medida de extensión de contratos sin incorporar al mismo tiempo una regulación de precios, como la que se practica en muchos lugares del mundo. Y el Gobierno no sólo está dejando de regular precios, sino que está dejando de revertir cosas que son auténticos disparates, como la batería de privilegios fiscales que gozan los fondos buitres, que no pagan impuestos de sociedades. Se permite que, en lo que es un proceso de acumulación sin precedentes en nuestras ciudades, los fondos sigan acaparando viviendas. Se quedan no sólo con las viviendas de los pequeños propietarios, sino con las de los grandes propietarios de las burguesías locales, a una velocidad brutal. Y no solo se las quedan, sino que suben los precios sistemáticamente, sin importarles quién vive en esas viviendas, porque lo que tienen que hacer es garantizar la rentabilidad que han prometido a sus inversores. Además, les bonificamos fiscalmente.

Si el Gobierno no toca esto, no es por un interés general, sino por el interés de Blackstone, de Lone Star y de otros fondos buitres. La lucha por la vivienda pasa por presionar al Gobierno, que vea claro que le puede costar muy caro gobernar para los fondos buitres, y no para las mayorías sociales. Otra anomalía: los honorarios de unos agentes inmobiliarios que contratan los propietarios los paga el inquilino. Eso es una estafa a mano armada. Y otra: al finalizar un contrato se puede expulsar a un inquilino sin ningún tipo de justificante, aunque el propietario no necesite la vivienda. Y otra: la anomalía de tener 3 millones y medio de viviendas vacías en todo el Estado, y que eso no se esté fiscalizando, empezando con las que tienen los bancos y los fondos, con multas y expropiaciones. Hablamos de un tercio de toda la vivienda vacía de Europa.

Veo que el Sindicat aporta una lógica integral sobre la vivienda. ¿Podría esbozarla?

El Sindicat no es un lobby, una asociación de consumidores, una asociación que defiende los derechos de los inquilinos... No es un movimiento a la defensiva, es a la ofensiva: queremos cambiar el sistema de vivienda en España, y ponerlo a la altura de la Educación y de la Sanidad. Eso no pasa solo por hacer vivienda pública, como nos dicen todos. En un país con un 1,5-2% de vivienda pública, tardaríamos décadas y necesitaríamos una inversión ingente para tener un parque de vivienda pública a la altura del sistema de Educación o Sanidad que tenemos. La solución pasa por regular el mercado privado, en defensa del interés general. Si en este país se pueden expropiar miles y miles de propiedades de pequeños agricultores para construir infraestucturas, ¿cómo no se va a intervenir en el mercado privado para garantizar el derecho a la vivienda y acabar con una anomalía y un escándalo democrático, como lo es que cada 5 minutos de desahucie una familia en este país. Se están desahuciando, ahora mismo, tantas familias como en el peor momento de la crisis hipotecaria. Los beneficios inmobiliarios ya están al mismo nivel que en 2007, como el número de desahucios. Este decreto que ha caído porque el Gobierno del PSOE quiso lanzar un decreto de espaldas a la ciudadanía, sin incorporar las demandas que son mayoritarias –hasta el punto que 8 de cada 10 personas son favorables a regular–, y que hay sido tumbado, no significa que el Gobierno no siga teniendo el imperativo constitucional y ético de intervenir con un decreto, para el que cuenta con apoyo parlamentario. Podemos, Compromís, Bildu, ERC e incluso PDeCAT. Sólo faltaría PNV. ¿Sería capaz el PNV de tumbar un decreto, de tumbar el cuarto decreto tumbado en la historia de la democracia cuando hay ese espectro de partidos a favor? En esta legislatura tiene que salir un decreto de alquiler valiente sí o sí, o la derecha va a ganar, porque se va a entender que la izquierda es incapaz de hacer cosas para la mayoría, por lo que no hay razón para votar izquierdas. Si no demuestran esa capacidad, obviamente lo que viene es el trifachito.

queremos cambiar el sistema de vivienda en España, y ponerlo a la altura de la Educación y de la Sanidad

¿Cuál es la situación de la regulación del precio del alquiler en el entorno europeo? 

A pesar de lo que nos dicen falsos expertos –cuya mayoría trabaja en el sector; vamos, que no son expertos neutrales–, en Europa hay países como Dinamarca que, desde hace décadas, tiene casi todo el mercado regulado. En el entorno no sólo hay regulaciones como las que nos suelen aludir, como la francesa y alemana –insuficientes; marcan un límite de precio de mercado, que legitima el precio de mercado, y que se puede superar un 10% o 20%; los alquileres, en esos países, no suben tanto, pero siguen subiendo–. En Suecia se fijan los precios. Como en el Estado de Nueva York hay juntas municipales, en las que participan sindicatos de inquilinos y la Cámara de la Propiedad para fijar un precio. Eso no supone una involución del mercado inmobiliario. Las regulaciones de precios que ponen en la mesa una parte de la izquierda institucional no solucionarían el problema. La solución pasa por bajar el precio del alquiler un 60%. Si queremos hacer lo que dice la relatora de la ONU, que ha venido aquí por segunda vez en pocos años a pegarle bronca al Gobierno, deberíamos destinar no más del 30% al pago del alquiler y de los suministros relacionados. Las administraciones deben hacer bajar el precio.

Habéis anunciado una huelga de alquileres, la primera desde los años treinta. ¿Cómo va la cosa?

La huelga es una herramienta de autodefensa que podemos utilizar si la otra parte sigue desposeyéndonos y haciéndonos la vida imposible. Eso se ha hecho en el mundo del trabajo. En la vivienda se había hecho en los años treinta. Seguimos creyendo que es una herramienta útil. En la mayoría de casos estamos consiguiendo que, desobedeciendo la ley y continuando con el pago del alquiler, acabemos llegando a acuerdos, demostrando que el propietario no puede subir un 50%, sino sólo el IPC. Hoy mismo hemos conseguido, tras un conflicto largo con una de las más importantes socimis, que cotiza en bolsa. Quería expulsar a todos los vecinos, y los ha acabado renovando al mismo precio. Pero, en este año entendemos que, si el Gobierno no interviene el mercado y seguimos en esta coyuntura de especulación desaforada, una de las herramientas y acciones pase por una huelga de alquileres, especialmente en el caso de bloques en manos de propietarios únicos. En el caso del área metropolitana de Barcelona hay todo un conjunto de bloques que está en pocas manos;  sus vecinos, y nosotros, nos hemos planteado que si la empresa no entiende que tiene que hacer renovaciones de contratos a un precio justo, vamos a pasar a una siguiente fase, en la que todos los bloques van a dejar de pagar. La fecha es la primera semana de febrero. Te explico. Fuimos a Medasil, una gestora que trabaja para varios fondos internacionales. Gestionaba muchos de los bloques que se quedó Goldman Sachs que luego vendió a Axa, la aseguradora, que tiene una división inmobiliaria. Ocupamos la sede de Medasil. Los vecinos no se han ido de sus pisos, en lo que es desobediencia y un acto de heroísmo frente a la resignación ante las subidas. Hemos conseguido que Medasil, el gestor, hable con Axa, para ver si están dispuestos a una negociación colectiva. La propia ocupación fue un éxito. Cada vez que hacemos una de estas acciones, no nos damos cuenta, pero conseguimos algo que en otros países ya existe: prefiguramos cambios legales. En este caso, hacer valer el derecho a la organización: terminamos sentados en una mesa con los representantes de estos grandes fondos buitres, con representantes de los bloques, haciendo que la propiedad tenga que reconocer a una persona como representante de más de 200 familias. Eso ya es un éxito. La ley, y el propietario lo sabe, dice que los inquilinos no tienen derecho de organizarse de ningún modo.