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Parece mentira que sienta remordimiento mientras me expreso en estas líneas. Lo cierto es que, en este momento de contraofensiva ultraderechista patriarcal, escribir sobre los vacíos que aún persisten en nuestra LO 1/2004 puede parecer una decisión un poco arriesgada.

Hace unos días, cenando con mis amigas, les trasladé lo difícil que estaba siendo para mí seguir hablando sobre lo que se podría mejorar de esta norma y su aplicación deficiente. Junto con mis compañeras, llevo años denunciando los obstáculos a los que se enfrentan las mujeres víctimas y supervivientes de violencia machista en el entorno de la pareja y expareja, en su derecho innegociable hacia la reparación integral (a pesar de la existencia de la LO 1/2004). Aun así, es la primera vez en mucho tiempo que he dudado sobre si hablar o no de la ley. Sin embargo, una vez más, la sabiduría feminista y las conversaciones entre amigas me hicieron cambiar de opinión. Una colega me dijo: “Yo no tengo ganas de hablar de ellos, ni sobre lo que ellos hablan. Quiero desertar, seguir con lo nuestro, construyendo mundo”.

Así que pensé que debía seguir defendiendo la LO 1/2004, sin dejar de criticarla, con el principal objetivo de conseguir que el espíritu de una norma de estas características siga presente en nuestras vidas para mejorarlas. Pero, sobre todo, para que otras mujeres víctimas y supervivientes de violencia machista no incluidas en esta ley –como las víctimas de violencia sexual– puedan beneficiarse en la práctica de las medidas y derechos que contempla, sin discriminación, y con idénticas garantías.

Siempre decimos –y lo seguiremos diciendo– que la LO 1/2004 de Medidas de Protección para la Violencia de Género fue un hito histórico para las mujeres de este país. Yo también creo que para las mujeres del mundo entero las políticas públicas feministas, como el movimiento feminista, son irremediablemente internacionalistas. Los logros nos alcanzan de manera individual pero, especialmente, de forma global. Por eso, la ultraderecha –machista, racista y misógina– concibe estrategias para desmantelar y desprestigiar todas aquellas normas dirigidas a proteger y garantizar nuestros derechos. Su intención será siempre asediar todo lo que haga peligrar la ideología patriarcal. Si lo consiguen en un lugar del planeta, fácilmente lo pueden conseguir en otro. De hecho, eso es lo que estamos viendo en Brasil, EE.UU., Argentina, Polonia, Bulgaria, etc. Y desde una posición bien contraria: si las mujeres irlandesas conquistan su derecho al aborto libre, gratuito y seguro, todas nos sentimos un poco más tranquilas y satisfechas.

En este sentido, me asusta bastante que tengamos que ponernos a justificar la existencia de leyes como esta, y no es precisamente por el debate maniqueo y mentiroso que manipula la ultraderecha acerca de determinadas conceptualizaciones, con las mismas estrategias que utilizan los maltratadores machistas. Ya sabéis, esa violencia tan sádica que todas conocemos: hacerle creer a la víctima que la realidad objetiva no es cierta, que imagina cosas, que nunca lleva la razón, que se inventa la realidad, que no merece atención, que si ella ve negro, es su imaginación, porque es todo blanco, que... Temo, de nuevo, que puedan desaparecer del debate político feminista y de la agenda política otras demandas transcendentales, pendientes aún de ser abordadas con la seriedad que se merecen. Como es el hecho de que esta norma siga sin alcanzar a otras víctimas, o contemplar otras violencias machistas fuera del entorno de la pareja o expareja.

No hay que olvidar que aún, a día de hoy, a pesar de las incesantes demandas protagonizadas por el movimiento feminista, las chicas y mujeres víctimas o supervivientes de violencia sexual en este país siguen sin tener la menor idea de qué pueden hacer para ser reparadas integralmente tras haber sufrido una agresión sexual en casa, en el trabajo, en la universidad, en un bar, en la calle... “¿Denuncio?, ¿Se lo cuento a alguien? ¿Acudo a la comisaría, o debo ir antes al hospital? ¿A quién llamo? ¿Podré contar este secreto y que me crean?” Más grave es todavía que las instituciones que deben acompañarlas y protegerlas tampoco tengan nada claro cómo actuar. O peor aún: que sigan desconfiando del relato del infierno, dudando sobre si existe consentimiento y deseo, cuando el resto solo vemos violencia y coacción.

También me parece muy poco ético que desde el movimiento político feminista se siga aún sin demandar medidas, con la contundencia que se merecen, que permitan a las mujeres migrantes agredidas sexualmente –y que se encuentra en una situación administrativa irregular– denunciar a sus empleadores o a sus agresores sexuales sin el miedo latente a poder ser expulsadas, como consecuencia de una Ley de Extranjería que sigue sin ser modificada para evitar este supuesto. Como denunciamos en Amnistía Internacional en el informe “Ya es hora de que me creas. Un sistema que desprotege a las víctimas de violencia sexual”, las empleadas domésticas siguen expuestas a un continuum normalizado de violencia sexual, para poder salir adelante. Sus empleadores gozan de la impunidad propia de cualquier agresor sexual, con el añadido de que, a diferencia de otros delitos en los que se han cometido graves vulneraciones de derechos humanos, si la víctima denuncia, puede ser castigada. Suena un poco a película de terror, a distopía, ¿verdad? Pues es lo que sucede a diario en este país.

Todas estas preocupaciones tienen que ver con un pequeño descubrimiento de hace unos años: mientras escribía mi tesis doctoral, caí en la cuenta de que el movimiento feminista había centrado tanto sus esfuerzos en conseguir una ley integral como la LO 1/2004, que la lucha contra las violencias sexuales había pasado a segundo plano. Las víctimas de violencia sexual habían sido ciertamente abandonadas en la teoría y en la práctica. De hecho, casi toda la bibliografía que utilicé para mi tesis (salvo algunas excepciones de grandes teóricas feministas españolas) era anglosajona o de América Latina. Solo escasas organizaciones feministas siguieron acompañando a las víctimas y supervivientes de violencia sexual. 

Afortunadamente, hace unos cuatro años que el movimiento feminista de nuevo volvió a ser el primero y único que retomó, como sucedió en los años 70, la lucha contra las violencias sexuales. Contra esa violencia que busca el control de nuestros cuerpos y de nuestra libertad sexual. Combatirla es, una vez más, prioritario en la agenda feminista. No está, sin embargo, en la agenda política.

A pesar de todos estos esfuerzos, la realidad es que aún el Estado español, sus políticas públicas, las medidas y acciones que se incorporan en estas, las decisiones judiciales, las actitudes de algunos profesionales y la constante duda patriarcal que sobrevuela todas las ideologías –acerca de cómo nos comportamos las mujeres cuando intentamos ejercer nuestra libertad sexual y nuestros derechos sexuales– sigue evidenciando un panorama en el que las violencias sexuales son todavía cuestionadas, invisibilizadas y normalizadas.

Desgraciadamente, en este país las mujeres agredidas sexualmente representan aún “aquellas vidas que no se clasifican como vidas que valgan la pena”, como dice Butler. Cuando comenzó a implementarse esta ley en el 2005 quería revertir el derecho patriarcal pensado en su origen desde lo masculino. Hoy, arrastradas por el neofascismo español y por la ultraderecha radical, no debemos ni podemos perder de vista esa larga lista de demandas y derechos humanos que aún necesitan ser conquistados.

Sigamos defendiendo la Ley Integral. Pero, por favor, insisto, no dejemos de criticarla. Para mejorarla, para convertirla en una aliada que nos haga sentirnos más seguras. Pero, sobre todo, para demostrar que una norma es capaz de cambiar la vida de millones de mujeres en este país, y en el planeta entero, con el único objetivo de que podamos ser plenamente libres hoy, y dentro de quinientos años.

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Bárbara Tardón es doctora en estudios interdisciplinares de género e investigadora de Amnistía Internacional.