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No, no voy a hablar de la judicialización de la política o de la politización de la justicia en España, del proceso al procés, de la trama Gürtel, del 3% de Convergència o de otros casos en que la justicia y la política, de una forma u otra, se relacionan por estos lares. No, les voy a hablar de Italia, ese país tan extraño y a veces incomprensible. Y empiezo con dos acontecimientos recientes: la condena de dos pesos pesados de la llamada Segunda República, Gianni Alemanno y Roberto Formigoni.

Alemanno fue uno de los principales líderes de Alianza Nacional, el partido post-fascista fundado por Gianfranco Fini, ministro de Agricultura en el segundo gobierno de Berlusconi y alcalde de Roma entre 2008 y 2013. Hace unos días el Tribunal de Roma lo ha condenado a seis años de cárcel por corrupción. Los magistrados lo consideran el “hombre político de referencia de la organización Mafia Capital dentro de la Administración municipal” de Roma. Entre 2012 y 2014 Alemanno habría recibido más de 200.000 euros de los cabecillas de la red, el “rey de las cooperativas rojas” Salvatore Buzzi y el ex terrorista neofascista Massimo Carminati, condenados el pasado mes de septiembre a 18 y 14 años de cárcel, respectivamente, por asociación de tipo mafioso en el ámbito de la investigación Tierra Media. Sí, los nombres de las investigaciones siguen siendo fantasiosos: en este caso la referencia a la Tierra Media de Tolkien viene de una frase pronunciada por el mismo Carminati durante una interceptación telefónica. Buzzi y Carminati habían montado una red comparable a las de la criminalidad organizada para lograr durante años decenas de concursos públicos en la capital italiana. Con el estallido del escándalo a finales de 2014, se empezó a hablar de las cloacas romanas. No hace falta decir que todo esto influyó notablemente en las posteriores dimisiones del alcalde de centro-izquierda Ignazio Marino y en la conquista del Campidoglio por parte del Movimiento 5 Estrellas (M5E), el partido que hizo de la lucha contra la Casta su razón de ser. El director Stefano Sollima se inspirará en Mafia Capital para rodar la película Suburra. Cosas de Italia.

Unos días antes de la sentencia sobre Alemanno, el Tribunal de Casación condenaba de forma definitiva a 5 años y 10 meses de cárcel a Roberto Formigoni, expresidente de la región de Lombardia entre 1995 y 2013. Formigoni fue uno de los hombres más poderosos en la Italia de las últimas dos décadas: proveniente de la Democracia Cristiana, fue el prohombre de Comunión y Liberación, el movimiento católico fundado por don Giussani que se convirtió con los años en un poderoso lobby. Por sus cónclaves, celebrados cada año a finales de verano en Rimini, ha pasado todo el mundo: de Andreotti a Bertinotti, de los presidentes de la patronal a los líderes sindicales. Formigoni, que tras la quiebra de la DC se acercó al berlusconismo y acabó como senador de Forza Italia, hizo y deshizo a su antojo en la más rica región italiana durante casi dos décadas, llegando a ganar cuatro elecciones seguidas. Los magistrados le han considerado responsable de corrupción por haber recibido sobornos a cambio de favores políticos durante 14 años por parte de dos importantes estructuras sanitarias, el hospital San Raffaele de Milán y la Fundación Maugeri de Pavia, que quebraron en 2012. Formigoni habría obtenido más de seis millones de euros, además de vacaciones pagadas y la utilización de un yate de lujo. Desde hace una semana se encuentra en la prisión de Bollate.

El año pasado pasó algo similar con la condena a casi cinco años de cárcel del expresidente de la región de Calabria, Giuseppe Scoppelliti, hombre del berlusconismo en el profundo sur de la península. Durante sus ocho años al frente de la alcaldía de Reggio Calabria, Scoppelliti habría falsificado los presupuestos del ayuntamiento. Parecería, pues, que la justicia hace su trabajo en un país carcomido por la corrupción.

¿La patria de los sobornos?

En 2018 se publicaron en los periódicos italianos 983 casos de supuesta o patente corrupción, el doble del año anterior. La mayoría de los casos concernían a las administraciones locales, las contrataciones públicas y la sanidad. Según un estudio realizado por el centro de investigación estadounidense Rand, Italia es uno de los países con el nivel más alto de corrupción en Europa, hasta el punto de que cada año se perderían más de 200.000 millones de euros, el equivalente del 13% del PIB del país, el doble que en Francia y más del triple que en Alemania.

En 2017 un 15% de las empresas italianas declararon que habían recibido propuestas de favores o sobornos, según la Comisión Europea

Más datos. En un informe de 2017, la Comisión Europea señalaba que un 15% de las empresas italianas declararon que habían recibido propuestas de favores o sobornos. En el caso español tan sólo el 1%. Ahora bien, o los empresarios españoles se callan o Italia juega en otra liga. Según Unimpresa, el nivel de corrupción en Italia conlleva un 16% menos de inversiones extranjeras y un 20% más de gastos en las contrataciones públicas. No es moco de pavo, teniendo en cuenta que Italia, la tercera economía de la UE y uno de los países del G7, lleva estancada más de una década y acaba de entrar en recesión técnica.

Los datos sobre la percepción de la corrupción concluidos por Transparencia Internacional son sumamente interesantes. En 2018 Italia subía hasta la posición 53, recuperando 17 puestos en tan sólo cuatro años gracias a la creación de la Asociación Nacional Anticorrupción (ANAC) y la aprobación de una serie de leyes para contrarrestar este fenómeno. El país transalpino se sitúa así en una mejor posición respecto a los países del Este del continente, aunque se encuentra aún lejos de España y Portugal, en las posiciones 41 y 30, respectivamente. Sin embargo, sigue siendo el país de la OCDE con la más alta corrupción percibida: el 89% de los italianos piensa que la corrupción es generalizada y el 84% que es parte de la cultura del país.

A este respecto, el Instituto de Estudios Políticos, Económicos y Sociales (Eurispes) habla de “síndrome de Botswana” y de “paradoja de Trocadero”. El primero hace referencia a una excesiva percepción del fenómeno que lleva la ciudadanía a comparar Italia con Estados difícilmente equiparables en cuanto a bienestar y riqueza. La segunda a la idea de que la percepción del fenómeno es mayor cuanto más se persiguen los fenómenos de corrupción. Raffaele Cantone, presidente de la ANAC, ha hablado a este respecto de la “escasa fiabilidad de los índices de percepción”. La cuestión no es baladí, efectivamente.

¿Una magistratura politizada?

Las investigaciones judiciales, pues, aparecen día sí y día también en todos los telediarios. Evidentemente, la criminalidad organizada tiene su parte de responsabilidad en un país en que la camorra napolitana y la ’Ndrangheta calabresa, aún más que la mafia siciliana, han penetrado ya hace tiempo en el centro-norte de la península. Y la política no es para nada ajena a estos ámbitos, al contrario.

La magistratura es un actor crucial de las dinámicas políticas italianas. Piénsese en algunos casos recientes que han copado las primeras páginas de los periódicos, como el del alcalde Mimmo Lucano, acusado de corrupción por la gestión del sistema de acogida de migrantes en el pequeño pueblo de Riace; el del fiscal de Catania, Carmelo Zuccaro, que investiga contra las ONG que operan en el Mediterráneo o el del mismo Matteo Salvini, bajo la lupa por haber bloqueado el pasado mes de agosto el desembarco de la nave Diciotti con 177 migrantes –una investigación finalmente bloqueada por un voto en contra del Parlamento–. Podríamos seguir. Más allá de cualquier valoración sobre estos casos, lo que es cierto es que la justicia es omnipresente en Italia.

No es casual, pues, que Magistratura Democrática, la corriente progresista de los jueces italianos, alertara en su reciente asamblea del riesgo de una profunda “mutación genética” de la democracia italiana. La referencia explícita era al decreto Salvini, que pondría en discusión “el fundamento igualitario y solidario de nuestro Estado constitucional”. O que uno de los hombres actualmente más poderosos en la magistratura italiana, el conservador Piercamillo Davigo, miembro del Consejo Superior de la Magistratura (el CGPJ italiano), haga frecuentemente valoraciones políticas. Así que la pregunta que cabe hacerse es si la justicia italiana está haciendo su trabajo o si al contrario está politizada.

la pregunta que cabe hacerse es si la justicia italiana está haciendo su trabajo o si al contrario está politizada

¿Es una pregunta sesgada? Según el Grupo de Estados contra la Corrupción (GRECO), un organismo del Consejo de Europa, en Italia existe un “inevitable riesgo de politización, real y percibida, de la magistratura”. La periodista Annalisa Chirico, autora del libro Fino a prova contraria. Tra gogna e impunità. L’Italia della giustizia sommaria (Marsilio, 2016), llega a hablar de “república judicial” y afirma que en Italia “la justicia es política porque la magistratura ha conquistado una preeminencia excepcional, ha asumido el rol de suprema autoridad encargada de aplicar el código moral en lugar del penal, con el objetivo de imponer el ‘buen ejemplo’”.

Piero Sansonetti, director del periódico Il Dubbio, sostiene que la Asociación Nacional de Magistrados (ANM) es “una fuerza política, polemiza con el gobierno, interviene en qué leyes se deben hacer y en cómo se deben hacer, pone en discusión continuamente el equilibrio de poderes”. Sansonetti recuerda las decenas de gobernadores y administradores locales detenidos o derribados por investigaciones judiciales acabadas finalmente en absoluciones y se pregunta: “Si existe una parte de la magistratura evidentemente empeñada en dar caza a los políticos, ¿esto no crea una herida muy profunda en el sistema democrático?”. Posiciones que comparte también otro periodista, Massimo Bordin, histórico director de Radio Radicale.

El agujero negro de Tangentópolis

Para entender algo debemos dar un salto atrás de al menos veinticinco años, cuando estalló el escándalo de Tangentópolis. Aún quedan en los ojos de muchos italianos las imágenes de las monedas lanzadas contra el líder socialista Bettino Craxi en la primavera de 1993 o del juicio televisado por el súper soborno Enimont, por el que pasaron todos los prohombres de la Primera República Italiana. Ese escándalo de corrupción, que en el fondo tenía que ver con la cuestión de la financiación de los partidos, se llevó por delante toda una clase política y un sistema de partidos, empezando por las formaciones que habían gobernado el país durante medio siglo, la Democracia Cristiana y el Partido Socialista.

Ahí acabó una época y empezó otra. Ahí se vivió una verdadera mixtificación de los jueces que llevaban las investigaciones del caso “Manos Limpias”: Francesco Saverio Borrelli, Gherardo Colombo, Gerardo D’Ambrosio, Piercamillo Davigo y sobre todo Antonio Di Pietro, a quien los medios de comunicación convirtieron en un verdadero héroe nacional. Simultáneamente se vivió otro proceso, el de la mixtificación de la sociedad civil italiana. Se fue imponiendo un relato que mostraba cómo frente a unos políticos corruptos existía una ciudadanía que era víctima del sistema y una magistratura incorruptible que estaba salvando al país.

En los años siguientes, efectivamente, ha habido, por un lado, un aún más claro proceso de politización de la magistratura, que se ha sentido cada vez más legitimada para intervenir, con declaraciones, manifiestos y decisiones, en las dinámicas políticas italianas. Por el otro, ha habido cada vez más magistrados que han dejado la toga para meterse en política: del mismo Di Pietro, que fundó su partido, Italia de los Valores, y acabó siendo ministro en los gobiernos de Romano Prodi, a Michele Emiliano, actual gobernador de Apulia por el Partido Demócrata, pasando por el expresidente del Senado Pietro Grasso, el actual alcalde de Nápoles Luigi de Magistris, la exministra de centro-izquierda Anna Finocchiaro y un sinfín de otros exmagistrados prestados a la política, tanto en la izquierda como en la derecha (Tiziana Parenti, Franco Frattini, Alfredo Mantovano, Felice Casson, Antonino Ingroia, etc.).  

Sin embargo, los niveles de corrupción, real y supuesta, no han disminuido. Quizás han aumentado. E Italia se ha encontrado de un día para otro sumergida en el ventennio berlusconiano donde la justicia, una vez más, ha jugado un rol crucial entre las acusaciones del Cavaliere de que los magistrados eran todos unos rojos y las denuncias de parte de la magistratura y de toda la izquierda de que Berlusconi era un corrupto. Italia se ha quedado embarrada en estos rifirrafes durante dos décadas. Sin avanzar. Y sobre todo sin ajustar cuentas con lo que había significado Tangentópolis.

Justicialismo a la italiana

Mientras tanto, la mixtificación de la sociedad italiana siguió adelante, utilizada hábilmente también por el mismo Berlusconi, que supo sortear la ola de la antipolítica hija de la investigación de Manos Limpias. Como explica el historiador Giovanni Orsina en Il berlusconismo nella storia d’Italia (Marsilio, 2013), el berlusconismo debe entenderse también como una “apología del país real”, es decir, como un fenómeno que se apoya en el “mito antipolítico de la sociedad civil”. Berlusconi desarrolla una propuesta hipopolítica que se opone frontalmente a la hiperpolítica de la Primera República y a su estrategia ortopédica y pedagógica respecto a la sociedad. Se propone así establecer una nueva confianza entre instituciones y pueblo con un programa de reducción de la presencia del Estado y la construcción de una nueva clase política que proviene de la misma sociedad civil.

Esto explica también por qué, cuando estalla la crisis económica y el berlusconismo empieza a declinar, un libro como La Casta de los periodistas Gian Antonio Stella y Sergio Rizzo –publicado en 2007– se convierte en un verdadero súper ventas. Los ciudadanos italianos encontraron ahí una fácil explicación de todos los males del país: una clase política corrupta hasta la médula. Los políticos no eran nada más que unos ladrones. Todos. El terreno estaba sembrado desde hace años. Sin embargo, la pregunta surge espontánea: ¿puede un sistema político ser corrupto cuando la sociedad es sana? O dicho de otra forma, ¿cómo puede ser que si la sociedad no es corrupta lo sean sólo los políticos? Siempre he pensado que la clase política no es nada más y nada menos que el espejo de la sociedad.

Ese mismo 2007 Beppe Grillo organizará el primer Vaffanculo Day (“A tomar por culo Day”, literalmente) y pondrá las bases para el nacimiento del M5E, que declarará la guerra a los supuestos privilegios de la clase política al grito de “honestidad”. Los grillini se presentaban indirectamente como los continuadores de una revolución inacabada, la de Tangentópolis. De ahí el surgimiento, o mejor dicho el reforzamiento, de un populismo punitivo que defienden no solamente el M5E sino también la Liga y un sector importante de los medios de comunicación, con el periodista-estrella Marco Travaglio, actual director de Il Fatto Quotidiano. En Italia se habla a este respecto de “justicialismo”, término que no tiene vinculación alguna con el peronismo argentino.

Como afirma Giorgio Fontana, “la derivación italiana de los poderes a la magistratura y la policía –y el deseo de que suplan al trabajo político– es uno de los peores daños de la dialéctica berlusconismo/antiberlusconismo”. Según Marco Boato, uno de los protagonistas del Sessantotto italiano, fundador de Lotta Continua y diputado con los Radicali y los Verdes en las décadas siguientes, esta ola de justicialismo ha sido “el fruto de las lógicas de emergencia: antes en la lucha contra el terrorismo, luego contra la mafia y finalmente contra la corrupción política. Y los que se oponían a estas lógicas de emergencia en nombre del Estado de derecho eran acusados de ser cómplices de los terroristas, de los mafiosos o de los corruptos. El justicialismo de hoy está cada vez más cargado de odio y desprecio”.

¿Nos extraña, pues, que Salvini apruebe ahora el llamado decreto Seguridad y que esta medida, según el instituto Tecnè, encuentre el apoyo del 63% de los italianos? La cuestión de fondo es crucial: ¿cuándo se supera la sutil línea roja que separa el poder judicial del ejecutivo y el legislativo? ¿Hasta dónde puede intervenir la magistratura? No son cuestiones menores. Al contrario. Y esto, evidentemente, no implica que los corruptos se vayan de rositas, sino que evitemos que sea la justicia la que marque el tiempo a la política y que acabemos, aquí y ahí, bajo la amenaza de un gobierno de los jueces.

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Steven Forti es profesor asociado en Historia Contemporánea en la Universitat Autònoma de Barcelona e investigador del Instituto de Historia Contemporánea de la Universidade Nova de Lisboa.