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Una de las paradojas más claras de nuestro tiempo, se muestra en la dificultad por encontrar un proyecto histórico colectivo que no haya perdido fuerza o no se haya desvanecido en un presente, aferrado, cada vez más, a los elementos tradicionales de identidad. En este contexto propicio para la interpretación partidista del pasado, el revisionismo ha ganado fuerza e influencia en la opinión pública, banalizando los grandes acontecimientos del siglo XX y, en especial, sus peores dictaduras. A través de los grandes canales de comunicación de masas, y con un fuerte impulso en los medios digitales e internet, se reproduce un juicio al nazismo, al fascismo, al estalinismo o al franquismo, relativizado y avalado "científicamente". No importa que se oculten o no se aporten datos: al rebajar el nivel de destrucción y represión que alcanzaron estas dictaduras y disfrazarlo de normalidad, rompen con el origen y el propio concepto de Derechos Humanos asentados tras la II Guerra Mundial; atacan, precisamente, la base de la razón democrática moderna. De ahí la importancia de mantener vivos en el debate y en el imaginario público “lugares de memoria”, como los definió Pierre Nora, que con el paso del tiempo se han erigido en una crítica a la persistencia de prácticas totalitarias, incluyendo al “mesianismo ultraliberal” que suprime toda búsqueda del bien común y cierra las posibilidades de cambio y mejora, apelando precisamente al “fin de la historia”. Gracias a esa dimensión crítica, didáctica y moral, la memoria ha llegado a determinados ámbitos mucho más allá que la propia política, jugando un papel fundamental en la lucha contra el mal de nuestro tiempo, sobre todo en la corta experiencia del siglo XXI en el que las guerras, los genocidios, las torturas… siguen haciendo muy difícil constatar cualquier progreso colectivo.

Todo ello ha sucedido de manera especialmente vertiginosa en aquellos casos que han sufrido dictaduras largas y con un alto perfil represivo. Los países situados dentro de la órbita comunista durante la Guerra Fría muestran una evolución muy clara al respecto. De la urgencia por describir los crímenes de la represión comunista, en especial durante la era Stalin, han avanzado hacia el conocimiento de la colaboración y las relaciones entre sus clases dirigentes a nivel transnacional. Por otra parte, entre los países del Cono Sur que sufrieron dictaduras militares, especialmente Argentina y Chile, la cuestión sigue estando centrada en el problema de los desaparecidos y en la discusión, política y jurídica, de las denominadas leyes de punto final. Hay otros casos muy cercanos que han tratado de vincular pasado y presente con un proyecto de redefinición política de fondo, como la investigación auspiciada por el gobierno Sarkozy en torno a los deportados por la Francia de Vichy hacia los campos de exterminio nazis pero que sufrió el efecto contrario a la hora de abordar la implicación francesa en el conflicto colonial argelino.

El debate, en definitiva, sigue estando muy presente en la vida pública de estos y otros países, tras el que se observa una fuerte división ideológica, que puede palparse desde hace tiempo en España y en la Europa meridional. Para una parte de la sociedad, el recordar la dictadura es un deber y uno de los derechos civiles más importantes, mientras que para otro gran sector, la función de la dictadura fue claramente positiva en materias como el orden público o la economía. Las posturas son casi siempre irreconciliables y muestran claramente el efecto de memorias enfrentadas. El caso español presenta prácticamente todas las características descritas para definir los métodos de los gobiernos autoritarios, pero presenta algunas peculiaridades importantes. La más clara, y quizás de la que más solemos prescindir, es que España sufrió una guerra civil que desembocó en una larga dictadura con importantes consecuencias para las generaciones futuras. En primer lugar, la sociedad de posguerra se estabilizó en torno a una fuerte división entre vencedores y vencidos, al tiempo que la dictadura convirtió la gestión de la memoria en parte sustancial de la vida cotidiana. Al mantener viva esa fractura moral con un alto componente psicológico de miedo durante prácticamente cuatro décadas, el franquismo terminó por crear una identidad nacional y una memoria única que glorificaba su acción y la propia guerra como fuente de legitimidad. A pesar de la suavización de los términos y la conmemoración de los sucesivos años de paz, nunca evolucionó realmente ni trató de construir un puente real hacia la reconciliación.

Para una parte de la sociedad, el recordar la dictadura es un deber y uno de los derechos civiles más importantes, mientras que para otro gran sector, la función de la dictadura fue claramente positiva

El caso español, por tanto, no puede englobarse junto a ninguno de los modelos descritos anteriormente, pero tampoco queda radicalmente fuera de ellos. La dictadura terminó hace más de cuatro décadas y en lugar de una onda expansiva como la que reflotó la sociedad de posguerra europea, España tuvo que enfrentarse a una fuerte crisis económica. En ese contexto quedó enmarcada la Transición, algo que, unido al propio desarrollo político y legal del proceso, dificultaría desde el comienzo las posibilidades de consolidar una verdadera memoria democrática, que fuese capaz de revertir el marco creado durante la dictadura, y de hacerlo además, en poco tiempo y de forma positiva e integradora. Frente a otras cuestiones simbólicas no menos espinosas donde sí se plasmó el consenso, la cuestión de la memoria no se abordó por la fuerte división existente sobre el riesgo y las consecuencias políticas que supondría realmente aceptar el pasado. La conocida como Ley de Amnistía (Ley 46/1977 de 15 de octubre de 1977), eliminaba la responsabilidad ante cualquier delito político cometido hasta diciembre de 1976. Habría que esperar más de treinta años para que se volviera a debatir, y finalmente se aprobara, un proyecto de ley sobre la memoria histórica, cuya aplicación generó una fuerte controversia (finalmente fue aprobada el 31 de octubre de 2007, conviene no olvidarlo, por 185 votos a favor y 137 en contra), y que, como todo parece indicar, pasaría a manos de Vox, en el nuevo escenario político andaluz.

El punto más conflictivo sigue siendo el de la reparación moral de las víctimas, ya que la rehabilitación del nombre de los vencidos y los represaliados bajo el franquismo encuentra una fuerte oposición en determinados sectores que ideológica o corporativamente se sienten amenazados por esta dimensión pública de la memoria. Para evitar el permanente bloqueo y la utilización política del pasado, hay que encauzar el debate hacia la dimensión representativa que la memoria colectiva posee, con independencia de sus variantes y adscripciones. En otras palabras, tiene que dejar de ser interiorizada como una amenaza, como la manifestación de un deseo de venganza por parte de sus detractores. La necesidad no parece menos perentoria ahora cuando lo que está en juego es el propio proyecto de futuro. Una de las claves para que esto no suceda pasa por terminar con el calvario que viene sufriendo las familias de las víctimas de la guerra y de la dictadura que buscan aún a miles de desaparecidos y seres queridos. Igualmente, pasa por satisfacer las demandas de todas aquellas personas que sufrieron algún tipo de condena, castigo, torturas o maltrato, y que han visto sistemáticamente denegadas todas sus solicitudes de revisión de las sentencias de los tribunales militares de la dictadura hasta la fecha. Terminar con esa anomalía viene igualmente de la mano de la consolidación del proceso de apertura y de acceso a los archivos y de aquellas fuentes documentales que siguen siendo inaccesibles todavía hoy. Hay trabajos muy complejos y costosos, como las exhumaciones, el mapa de fosas, la depuración laboral, el exilio, la expropiación económica, los trabajos forzados, las cárceles, la Brigada Político Social, y una larga nómina de estudios que deben tener continuidad y que precisan de las fuentes en todo momento para poder ser contrastados. Solo así podrán ser incorporados al conocimiento y al conjunto de la sociedad, con independencia de las ideas, la memoria familiar o el perfil político de cada cual. Sigue siendo necesario un cambio en los registros y en la pedagogía de esta materia, que pueda incorporarse sin problemas ni objeciones ideológicas de los centros en los distintos niveles del curriculum educativo. La transmisión de los datos y resultados de décadas de investigación, permitirá a las siguientes generaciones abordar el tema desde otra perspectiva diametralmente opuesta a la actual. La necesidad de aprendizaje en esta materia, por tanto, sigue marcando el debate hacia las implicaciones que para la sociedad tuvieron aquellos fenómenos violentos que se interiorizaron y se transmitieron de manera diferenciada a través de la memoria oficial de los vencedores sobre el silencio y el olvido deliberado de los vencidos. Especialmente por ello hay que insistir, por último, aunque bien pudiera ser lo primero, en la necesidad de no obviar ni omitir a todas aquellas víctimas y colectivos que sufrieron persecución por parte de la izquierda durante la guerra civil, y que fueron apropiados como mártires de la dictadura incluso antes de que terminara el conflicto. El mejor argumento contra los enemigos de la memoria que anteponen este y otros argumentos “revanchistas” son las armas propias de una disciplina como la historia, metodológica y conceptualmente, rigurosa. Y en este camino tan sólo se han dado los primeros pasos por la reconstrucción sincera, metódica, documentada, y contrastada de nuestro pasado reciente, que debe integrarse con total normalidad en una memoria que sirva al conjunto de la sociedad y no a las lógicas interesadamente heredadas del pasado.

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Gutmaro Gómez Bravo es profesor titular del Departamento de Historia Moderna y Contemporánea de la Universidad Complutense de Madrid.