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Las elecciones autonómicas andaluzas del pasado 2 de diciembre inauguraron un escenario político novedoso en España. El ensanchamiento del panorama de partidos relevantes a nivel estatal hasta abarcar cinco fuerzas políticas, dos a la izquierda y tres a la derecha, abrió una nueva era de fragmentación que, sujeta a los vaivenes lógicos de los ciclos electorales, ha venido seguramente para quedarse. La novedad en Andalucía no fue el adiós al bipartidismo, a esas alturas ya periclitado en el conjunto del país, sino la irrupción de un nuevo actor político, la extrema derecha representada por Vox, que saltó desde su intrascendencia anterior a condicionar el gobierno de la comunidad autónoma más poblada del país. Las elecciones generales del 28 de abril consolidaron ese espacio político, acto seguido ratificado (aunque con una apreciable pérdida de votos) con su secuela de los comicios locales y autonómicos del pasado 26 de mayo. Porque afectan a los fundamentos del orden democrático, las preguntas son de calado: ¿cómo reaccionar desde el sistema político a la presencia de la ultraderecha en las instituciones representativas? La implementación de medidas profilácticas en forma de cordón sanitario, de aislamiento ¿es una exquisitez buenista preñada de moralina, o un imperativo moral y político del que pende la salud democrática de un país?

 ¿cómo reaccionar desde el sistema político a la presencia de la ultraderecha en las instituciones representativas?

España es un recién llegado a esta tesitura y, a juzgar por la indefinición y la rapidez con que se ha solventado, también al debate de si el nacionalpopulismo es un interlocutor político válido y susceptible de entrar en los juegos de negociación para formar gobiernos a nivel local, regional y nacional. La falta de discusión acompañó a las negociaciones del gobierno en Andalucía, y parece que la misma tónica despunta en la conformación de alcaldías y los gobiernos regionales. El Ayuntamiento y la Comunidad de Madrid son los casos más emblemáticos, pero no únicos. Comoquiera que sea, se da por supuesto, sin mayores disquisiciones, que Partido Popular, Ciudadanos y Vox llegarán en la mayor parte de las instancias a algún tipo de entendimiento entre sí, como si la democracia se dirimiese solo como una mera suma de escaños y concejales. 

En Francia cada vez que la extrema derecha ha pasado a la segunda vuelta de las elecciones presidenciales se ha activado un “frente republicano” para concentrar el voto en los candidatos alternativos

La experiencia de algunas democracias consolidadas de nuestro entorno, en algunos casos dilatada, en lidiar con expresiones de nacionalismo desatado y excluyente ofrece unas pautas para orientarnos en el dilema de si resulta moralmente permisible, y saludable en términos democráticos, entablar negociaciones con la extrema derecha. No será ocioso reparar en los ejemplos más relevantes. En Francia cada vez que la extrema derecha ha pasado a la segunda vuelta de las elecciones presidenciales se ha activado un “frente republicano” para concentrar el voto en los candidatos alternativos a Jean-Marie Le Pen, en 2002, y a su hija Marine, en 2017. Elocuente es asimismo el caso de Alemania. Allí la experiencia del acceso al poder en enero de 1933 del nacionalsocialismo, tras el colapso de su primera experiencia de democracia durante la República de Weimar, posibilitó tras la guerra el diseño y puesta en práctica de una “democracia militante”. Esta concepción de la democracia se ha plasmado en la erección de diques para impedir que la pesadilla del desaforo nacionalista vuelva a dejar ningún resquicio abierto a la extrema derecha. Todo el abanico parlamentario sin fisuras, desde la derecha a la izquierda, desde liberales a verdes, se ha conjurado para aplicar una profilaxis implacable frente a cualquier brote de extrema derecha, del que el partido Alternativa por Alemania no es sino su última expresión, como antes lo fueron los Republikaner o el Partido Nacional Democrático (NPD), de orientación neonazi. El recordatorio reciente de Annegret Kramp-Karrenbauer, la sucesora de Angela Merkel al frente del partido demócrata-cristiano, según el cual “no puede haber cooperación con los populistas de derecha” (El País, 17-V-2019), es un toque de atención en toda regla a sus socios españoles del Partido Popular. Por las mismas fechas, Ska Keller, cabeza de lista de los verdes alemanes en las elecciones europeas, se mostraba “muy, muy impactada” (El País, 21-V-2019) porque las negociaciones de gobierno en Andalucía incorporasen a Vox.  

Cuando una fuerza política socava los valores constitutivos del orden democrático, no solo es lícito sino también necesario establecer cordones sanitarios

La filosofía subyacente en Francia y Alemania a la aplicación de medidas profilácticas en forma de cordón sanitario encuentra su fuente de inspiración en aquella tradición de la democracia que aboga por la defensa proactiva de sus valores constitutivos, aquellos que le otorgan su fundamento y finalidad. Un orden liberal y democrático, y en particular los actores políticos encargados de vehicular la voluntad popular y de velar por el interés común que son los partidos, no puede permanecer indiferente ante el cuestionamiento de principios fundamentales como son la igual dignidad humana, los derechos iguales de las personas o la soberanía popular. Cuando un partido como Vox estigmatiza como “yihadismo de género” al feminismo que vindica la igualdad real, está socavando la dignidad de ese amplio sector de la ciudadanía que puja por reducir la desigualdad que padecen las mujeres en virtud de la lotería natural del nacimiento. Cuando ese mismo partido anuncia que viene a poner remedio a la “partitocracia inútil” que ha regido en España desde la Transición, no hace sino denostar la legitimidad de los partidos políticos, con todas sus imperfecciones, para forjar y canalizar la voluntad popular, por no mencionar que lo hace recurriendo a una categoría de resabio fascista popularizada entre nosotros por el exministro franquista Gonzalo Fernández de la Mora. 

El ataque nacionalpopulista a la línea de flotación del orden democrático es una razón necesaria y suficiente para tomar en serio la recomendación formulada hace medio siglo por Dolf Sternberger, el politólogo alemán: “¡Ninguna libertad para los enemigos de la libertad! ¡Ningún compromiso con los enemigos de los compromisos! ¡Ningún derecho igual para los enemigos de los derechos iguales!”. La democracia es cuestión de aritmética, de forja de mayorías, pero también de contextos morales compartidos. Cuando una fuerza política socava los valores constitutivos del orden democrático, no solo es lícito sino también necesario establecer cordones sanitarios o, si se prefiere, resulta imperativo adoptar medidas de afirmación democrática. 

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Jesús Casquete es profesor de la Universidad del País Vasco / Euskal Herriko Unibertsitatea y Fellowen el Zentrum für Antisemitismusforschung (ZfA) de Berlín.