El año 2008 marcó un antes y un después en el panorama social y económico en España, afectando a gran parte de los quehaceres diarios de la población. En algunos ámbitos, como el de vivienda, el impacto ha llegado a ser definitivo: junto al drama de los desahucios, la recesión que dio comienzo hace algo más de una década ha supuesto el fin de una era, la de la propiedad como forma masiva de acceso a un hogar. Así lo asegura el estudio ¿Más alquiler, más inseguridad?, que explora el creciente peso del alquiler como forma de tenencia al mismo tiempo que se asienta como modelo de precariedad residencial.

De esta forma, durante los últimos años el alquiler se ha convertido en la vía más sencilla para acceder a la vivienda, pero también como la que provoca más inseguridad social y económica, hasta el punto de que cerca de la mitad de las personas que sufren riesgo de pobreza y exclusión viven arrendadas.

Según el documento, la relación entre el alquiler y la inseguridad residencial se manifiesta de forma destacada en varios colectivos heterogéneos: jóvenes, migrantes, familias monoparentales o personas como poco recursos, que además son los que más han tendido hacia el arrendamiento en los últimos años.

Entre los primeros, la población de menor edad, las cifras son muy significativas: el número de hogares jóvenes que vivían en propiedad se redujo cerca de 10 puntos entre 2013 y 2017, pasando del 60% al 50%. Durante el mismo periodo, el arrendamiento en este grupo aumentó del 31,6% al 43,2%.

Esta tendencia creciente hacia el alquiler se manifiesta de igual forma en el resto de grupos que tradicionalmente han tenido más problemas de acceso a la vivienda a través de la propiedad. Un extremo que ha terminado por potenciar una polarización en el uso de las opciones habitacionales más inseguras, como es el propio arrendamiento, con el agravante de que en los tiempos anteriores en la crisis nuestro país se caracterizaba por la estabilidad residencial.

De esta forma, si en 2016 cerca del 45% de la población que sufría riesgo de pobreza y exclusión vivía de alquiler en España, entre los que tenían una situación socioeconómica más estable el porcentaje de arrendamiento apenas ascendía al 20%. En el conjunto de Europa la diferencia era bastante menos abultada, con ratios del 40% y 25% para las mismas situaciones, respectivamente. 

Este contexto ha terminado por situar a nuestro país como el sexto país de la región con mayor percepción de inseguridad residencial, con cerca de un 7% de los hogares españoles que considera que es probable o muy probable que tengan que cambiar de vivienda por motivos económicos. 

La percepción de inseguridad se vuelve aún más evidente en función de las distintas variables sociodemográficas, como pueden ser el desempleo –16% de inestabilidad–,  o la nacionalidad –un tercio de los migrantes no comunitarios sufre inseguridad residencial, mientras que los residentes de otros países de la UE el porcentaje multiplica por cinco al de los autóctonos–.

En última instancia, estas apreciaciones sobre la seguridad residencial se materializan en los ratios de movilidad forzosa asociados a cada situación habitacional. Y, de nuevo, el alquiler se destaca como la fórmula más expuesta, con el 18% de los hogares que viven en alquiler de mercado en España en riesgo de tener que abandonar su vivienda por problemas económicos.

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Este artículo ha sido elaborado a partir de lo expuesto en el artículo ¿Más alquiler, más inseguridad?, de Juan A. Módenes, del Centro de Estudios Demográficos de la Universitat Autònoma de Barcelona, publicado en el Observatorio Social de “la Caixa”.