Tres procesos electorales en apenas un mes. Entre fines de abril y la última semana de mayo, nuestro país ha celebrado elecciones en todos sus niveles de representación institucional. Con una participación del 75%, las elecciones generales de hace tres meses se han convertido en unas de las más concurridas de la democracia española. Mientras, en el lado contrario, todavía existe entre un tercio y un cuarto del censo electoral que decide, de forma sistemática, no acudir a los comicios. 

Una abstención que en la mayoría de los casos, y más allá de situaciones personales excepcionales, está condicionada por la realidad socioeconómica de los ciudadanos, tal y como advierte el VII informe sobre exclusión y desarrollo social en España de la fundación FOESSA. Según el documento, apenas el 50% de las personas pertenecientes a las capas más desfavorecidas acude a votar de forma habitual cuando se colocan urnas en los colegios del país, frente 74% de aquellas que cuentan con más renta. 

Es decir, las situaciones de exclusión social y económica guardan una estrecha relación con el desligamiento de la participación electoral. Un extremo que ahora vuelve a aparecer en el horizonte político nacional, toda vez que la falta de acuerdo para formar Gobierno aumenta las posibilidades de que en septiembre se convoque una nueva votación. 

Los datos de FOESSA, extraídos de la encuestas periódicas que realiza la propia organización –la última actualización es de 2018–, desglosan a partir de dos indicadores los importantes desequilibrios electorales que existen en nuestro país y que definen la representatividad institucional. Por un lado, el informe analiza la exclusión de las personas extranjeras, que a raíz de la crisis y el frenazo de los procesos migratorios se ha reducido considerablemente.

Por otro lado, la fundación de estudios repasa la ausencia de canales de participación política entre los distintos estratos sociales, como pueden ser las entidades ciudadanas o las propias elecciones. En este caso, el impacto del contexto socioeconómico se ha demostrado durante los últimos años como un elemento determinante, especialmente si se analizan los hitos de la crisis de la última década. 

En 2007, apenas un 5% de los hogares contaba con alguna persona que no participaba en votaciones por falta de interés, al mismo tiempo que tampoco formaba parte de ninguna organización civil. Solo dos años después, cuando ya había estallado la recesión, el porcentaje casi se había triplicado hasta el 12,5%, reduciéndose de nuevo a la mitad en la actualidad. 

Según el informe de FOESSA, está desigualdad en la participación en política también se manifiesta en el nivel de estudios de los votantes: la brecha participativa entre aquellos que tienen el grado académico más alto es hasta 20 puntos superior a la de aquellos que solo cuentan con la primera o una titulación aún más baja.  

De igual forma, la segregación electoral también es muy evidente a nivel geográfico, con una mayor concentración de la abstención en los barrios con niveles de exclusión social más altos. El patrón se repite: cuanta más desigualdad socioeconómica existe en una concentración urbana, más grande es la segregación electoral.  

De nuevo, la crisis potenció estas situaciones. Entre 2011 y 2016, la correlación entre renta y participación política aumentó de forma sistemática en los barrios más empobrecidos y golpeados por la crisis. Una tendencia que además se proyectó a todas las ciudades del país, con las únicas excepciones de Barcelona y Sevilla.

En la actualidad, las urbes del país que demuestran mayor desigualdad de participación electoral se concentran en Andalucía, Comunidad Valenciana y Extremadura. En el lado contrario, las capitales de provincia del norte presentan la menor brecha de participación.