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La vuelta de vacaciones de la política británica ha sido trepidante: en poco menos de una semana, el nuevo primer ministro Boris Johnson anunció que cerraría el Parlamento, perdió a continuación una serie de votaciones clave en la Cámara de los Comunes, fracasó en su intento de convocar nuevas elecciones y clausuró Westminster. 

La política británica sigue embarrada en una visión cortoplacista cuyas implicaciones a largo plazo son inciertas. Por ahora, el Parlamento parece haber conseguido evitar una salida sin acuerdo de la Unión Europea el 31 de octubre. El abanico de posibles escenarios políticos que se abre, sin embargo, antes de esa fecha es muy amplio.

La llegada al poder de Boris Johnson este verano, con poco menos de 100.000 votos de una militancia conservadora, rica, blanca, y escorada a la derecha, ha empujado el país al abismo de una salida sin acuerdo de la UE.

Johnson ha repetido varias veces a lo largo de la última semana que no acataría el mandato del Parlamento y que no solicitaría una prórroga. Sus palabras ahondan en la crisis constitucional que vive el Reino Unido

De cara a la galería, el experiodista ha declarado que su preferencia es salir de la UE con un acuerdo mejorado respecto al que consiguió su predecesora Theresa May. Para el primer ministro y los diputados euroescépticos radicales, el aspecto más polémico del acuerdo negociado entre la UE y el anterior gobierno británico es la cuestión de la salvaguarda irlandesa, una condición que no están dispuestos a aceptar. Esta medida, de carácter temporal, implica que el Reino Unido siga formando parte del territorio aduanero común hasta que se logre un acuerdo comercial entre las dos partes. Esta solución se ideó para evitar el establecimiento de una frontera entre Irlanda e Irlanda del Norte, lo que contravendría los Acuerdos de paz del Viernes Santo, o la realización de controles aduaneros entre Reino Unido y el Ulster, lo que implicaría una considerable pérdida de soberanía de Londres sobre este territorio.

La UE, por su parte, no está dispuesta a ofrecer nada nuevo –al fin y al cabo, la salvaguarda irlandesa fue una propuesta del gobierno de May– pero sí se ha declarado abierta a estudiar sugerencias realistas y factibles. En la práctica, sin embargo, los diplomáticos europeos han manifestado en repetidas ocasiones que el ejecutivo británico no ha aportado propuesta alguna. Además,  el propio Johnson, la semana pasada, ante las preguntas de los diputados en el Parlamento, fue incapaz de demostrar, no ya que tuviese una estrategia de negociación, sino que estuviese siquiera negociando con Bruselas.

Ante el temor de una salida sin acuerdo, el Parlamento británico ha aprobado una ley que insta al Gobierno a solicitar una prórroga a Bruselas del artículo 50 del Tratado de la UE si no logra llegar a un acuerdo en la cumbre europea del 16 y 17 de octubre. Dicha prórroga debería, aún así, ser aceptada por los 27  Estados miembros de forma unánime.

Johnson ha repetido varias veces a lo largo de la última semana que no acataría el mandato del Parlamento y que no solicitaría una prórroga. Sus palabras ahondan en la crisis constitucional que vive el Reino Unido, un país que no tiene una constitución escrita, pero que funciona en el ámbito constitucional sobre la base de convenciones y precedentes. La flexibilidad del sistema ha sido hasta ahora un elemento positivo a la hora de encontrar soluciones creativas a situaciones difíciles, como se ha visto cuando el Parlamento ha logrado imponerse sobre el ejecutivo. Pero depender de convenciones tiene un riesgo: cuando un actor político decide de forma unilateral no respetarlas, el sistema entra en crisis. 

Cuando el primer ministro anunció el cierre de las cámaras, el movimiento fue legal, pero supuso romper una convención secular; de la misma forma, que  Johnson deje en el aire si va a cumplir la ley y solicitar un aplazamiento de la fecha de salida de la UE ahonda en la crisis constitucional. Incluso se ha llegado a discutir si la reina, cuyo papel es meramente testimonial en la práctica, podría vetar esta ley, algo que está en su poder. No lo hará, como no frenó el cierre del Parlamento, porque Isabel II quiere preservar su papel neutral, precisamente respetando las convenciones de la política británica.

La decisión de defender una salida de la UE sin acuerdo sean cuales sean las consecuencias forma parte de una estrategia bien calculada por parte del excalde de Londres para seducir y atraer hacia el Partido Conservador a aquellos que votaron a favor de salir de la UE en 2016 y han perdido la confianza en los tories. Muchos de ellos votaron en las pasadas elecciones europeas por el Partido del Brexit, liderado por Nigel Farage, en parte como protesta. Este obtuvo un 30,5% de los votos frente a un 8,8% de los conservadores. La táctica de Johnson parece estar funcionando. Según una encuesta reciente, por primera vez desde marzo más de la mitad de los que votaron por salir de la UE meterían en la urna las papeletas de la formación de Johnson. 

Además, casi la mitad de todos los votantes consideran que el Partido Conservador se ha convertido de facto en el partido del brexit. La radicalización del discurso ha alienado incluso a importantes figuras conservadoras, que declaran “no reconocer a su partido”. La expulsión la semana pasada de 21 diputados que votaron en contra del gobierno, varios de ellos exministros, ha ahondado en la crisis de la formación.

Las últimas encuestas vaticinan una intención de voto del 35% para los conservadores, 25% para los laboristas, 16% para lo liberales demócratas y 11% para el Partido del Brexit

Detrás de la estrategia de Johnson está su asesor principal, Dominic Cummings, el director de la campaña Vote Leave que defendía la salida de la UE. Cummings, que ni siquiera es miembro del Partido Conservador, fue “reprobado” por el Parlamento británico en marzo por negarse a declarar ante una comisión parlamentaria que investigaba el uso de noticias falsas durante la campaña del referéndum en 2016. Su nombramiento como consejero del primer ministro levantó ampollas en el Parlamento, incluso entre los diputados conservadores.

Muchos le atribuyen la estrategia de tierra quemada que está siguiendo Johnson, desde la radicalización de su discurso, enfocado únicamente en seducir a los más euroescépticos –Johnson ha llegado a decir que prefería “estar muerto en una zanja” antes que pedir una prórroga– hasta la decisión de expulsar a los diputados conservadores. El Daily Mail, un diario conservador, publicó que Cummings habría dicho en privado que las negociaciones con la UE son una “farsa”. Varios diputados conservadores han pedido a Johnson que reconsidere y prescinda de Cummings antes de que su estrategia se lleve al partido por delante.

Johnson ha hecho oídos sordos a las advertencias y está ya claramente en precampaña electoral. Su plan pasa ahora por intentar ganar unas elecciones, que sin embargo no ha logrado convocar. Necesita para ello la aprobación de dos tercios del Parlamento, y la oposición en bloque ha acordado no votar a favor de la convocatoria hasta que una prórroga de la fecha límite esté asegurada.  

La negativa de la oposición se debe en parte a la desconfianza que provoca el primer ministro: la elección de la fecha de los comicios es potestad del gobierno una vez aprobada la moción para celebrarlos, y los partidos de la oposición desconfían de Johnson y de las maniobras que pueda idear para sacar al país de la UE sin acuerdo. Entre otras cosas, no confían en que las elecciones sean el 15 de octubre como propone, sino en una fecha posterior al 31 de octubre, con la salida sin acuerdo ya consumada. 

En estos momentos Boris Johnson está atado de pies y manos con una ley que le impide salir sin acuerdo y una oposición que no lo deja ir a elecciones generales. Algunos estrategas políticos consideran que su desgaste va a ser importante y que en esta situación no es mala estrategia retrasar la convocatoria de elecciones.

Johnson tiene aún, sin embargo, algo de margen de maniobra para intentar convocar elecciones o no pedir la prórroga, pero son estrategias arriesgadas y sin precedentes. Podría lograr llevar al país a las urnas presentando una moción de confianza contra su propio gobierno. Si pierde y no se conforma un nuevo ejecutivo en un plazo de 14 días, se iría automáticamente a elecciones. Pero esta estrategia implica el riesgo de que la oposición logre formar gobierno. Otra alternativa para no pedir la prórroga y mantener su pedigrí sería dimitir y dejar que otro –probablemente Corbyn– la solicite y usarlo en su contra en una campaña electoral. Y otras estrategias, a cada cual más extravagante, sería solicitar la prórroga por carta pero adjuntar otra misiva que anulase la primera, o incluso pedir a un Estado de la UE que vete la prórroga.

Johnson parece tener una fe ciega en su capacidad para ganar una contienda electoral. Todos los analistas coinciden en que intentará presentar la contienda como un plebiscito sobre la salida de la UE, en el que él defendería la voz del “pueblo” que quiere el brexit frente al Parlamento que quiere frenarlo. Si lograse la mayoría absoluta lo interpretaría como un mandato popular para seguir adelante con una ruptura con Bruselas sin acuerdo.

Las últimas encuestas vaticinan una intención de voto del 35% para los conservadores, 25% para los laboristas, 16% para lo liberales demócratas y 11% para el Partido del Brexit. Se espera, sin embargo, una volatilidad del voto muy alta en las semanas previas a las elecciones. Con estas cifras, Johnson ganaría, pero parece muy improbable que llegue a obtener la mayoría absoluta. 

Además, las encuestas se equivocaron de forma clara en las dos últimas elecciones y en el resultado del referéndum. En 2017, el Partido Laborista recortó una desventaja de casi 20 puntos porcentuales en las encuestas para quedarse a solo un 2% de los conservadores el día de las elecciones. Nadie descarta que una remontada pueda volver a ocurrir. Por otra parte, las dimisiones de su hermano, Jo Johnson, de la ministra Amber Rudd, y de la líder conservadora en Escocia, Ruth Davidson, así como la expulsión de 21 diputados con mucho pedigrí, han debilitado la posición de Johnson de cara a su reelección.

Esta última semana ha dejado clara las líneas maestras de la estrategia de Johnson: abrazar la salida sin acuerdo de la UE cueste lo que cueste para seducir al voto euroescéptico y presentarse en las próximas elecciones como una víctima del Parlamento y como el campeón de “la gente” que quiere brexit. 

Además, tanto el cierre del Parlamento como la expulsión del partido de los 21 diputados conservadores son otra muestra clara de su estrategia política: fidelidad ciega a su proyecto o utilizará todos los medios en su poder para apartar a quien se oponga. 

Con el Parlamento cerrado oficialmente desde la noche de este lunes 9 de septiembre, pese a las protestas de los diputados, todas las decisiones que tome el gobierno en las próximas cinco semanas no podrán ser escrutadas por el poder legislativo. Johnson lo aprovechará también para continuar con su precampaña electoral y volver a retomar la iniciativa política que ha perdido esta últimos días. Las decisiones que tome durante este periodo marcarán con total seguridad la agenda del parlamento cuando se reabra el 15 de octubre

Desde junio de 2017, cuando Theresa May perdió su mayoría absoluta en unas elecciones que convocó ella misma con la intención de salir reforzada, la política británica se ha convertido en un laberinto sin salida. Los próximos meses prometen una serie de batallas parlamentarias y electorales –se da por descontada ya la convocatoria de elecciones generales anticipadas, solo queda por saber la fecha– e incluso un posible referéndum, que serán cruciales para salir del laberinto y decidir el futuro del país.

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Mario Cuenda García es estudiante de doctorado en Historia Económica en la London School of Economics. Estudió un grado en Economía, Política y Filosofía en la Universidad de Warwick. Lleva viviendo en Reino Unido cinco años.