Tengo que decirlo en francés: “prisonniers politiques”? Porque no estoy seguro de tener el derecho de denominar “presos políticos” (o “presos polítics”, en catalán) a los políticos que acaban de ser condenados en Madrid por el Tribunal Supremo debido a su acción política en Cataluña. La Junta Electoral, en efecto, ha considerado que estas palabras (igual que exiliados) son partidistas y, por tanto, contrarias a la neutralidad política. Justo por eso estos términos han sido proscritos de los medios públicos para evocar lo que es un juicio político que acaba de cerrar un proceso político. Si no, ¿cómo podría escribir mi artículo incluso antes del veredicto, sabiendo que este se corresponderá exactamente con los deseos del partido en el poder?

Rechazar reconocer el carácter político del referéndum del 1 de octubre, y de la represión policial y luego judicial, es sacralizar la Constitución, y por tanto, sustraerla a la política democrática. Ahora bien, rechazar la política es elegir la policía. Sin embargo, la represión judicial no era la única opción. El Estado español habría podido considerar que el referéndum era nulo o no legítimo. Un acto performativo que no está autorizado no tiene efecto: si oficio un matrimonio sin tener autoridad legítima, mi palabra es papel mojado. Al contrario, calificar el referéndum como sedición es proclamar su eficacia. Por cierto, la dureza de las penas dice bastante del miedo de las autoridades: están comprendidas entre los dos fallos de la Manada, de 9 a 15 años. 

¿Y si, en lugar de sedición, hablamos de “desobediencia civil”? Esta es la forma en la que las minorías pueden intentar hacerse oír por la mayoría sin recurrir a la violencia. Condenar de una manera tan dura la desobediencia civil es hacer una apuesta peligrosa: sin duda el Estado español espera la sumisión catalana, pero ¿no se arriesga por el contrario a fomentar la violencia? Habrá que admitirlo algún día: para la democracia, la política es menos peligrosa que la policía.

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Traducción de Amanda Andrades.