Incapacidad para mantener la vivienda caliente, retrasos en el pago de facturas energéticas o un gasto desproporcionado en los servicios. En España, el drama de la pobreza energética se ha incrementado de forma exponencial desde el inicio de la crisis, y aún en tiempos de recuperación y crecimiento económico sigue estancado en cifras que nos sitúan en muchos casos por encima del promedio de la Unión Europea. Así lo asegura un estudio publicado hace unos días por la fundación Funcas y la Cátedra de Energía y Pobreza de la Universidad Pontificia de Comillas, donde se advierte que cerca del 15% de la población, unos 6,8 millones de personas y 2,6 millones de hogares, siguen enfrentándose a este problema en nuestro país.

Según las cifras recopiladas por el documento, factores como no poder mantener la vivienda a una temperatura adecuada, que en 2008 afectaba el 6% de la población, se han multiplicado en los últimos años, hasta impactar sobre el 10% de los habitantes del país. Un ratio que además no ha experimentado variaciones desde 2014, cuando el PIB nacional ya estaba en una fase creciente.

Junto a esto, y para ofrecer las cifras completas y combinadas sobre pobreza energética –a cierre de 2016–,  la investigación pone de relieve otros indicadores relacionados con este fenómeno. Así, 3,6 millones de personas no pueden hacer frente a algunos de los recibos energéticos asociados a la vivienda. La falta de suministro, provocada por cortes asociados al impago, afecta a su vez a 900.000 personas, cerca del 2% de la población.

Para entender cómo se ha llegado a estas cifras, el estudio pone de relieve el incremento acelerado de los precios de la electricidad y el gas natural durante la última década, que han afectado de forma directa e inmediata a la capacidad de los hogares en su consumo energético.

De esta forma, y mientras que en 2008 los precios de estos servicios se movían prácticamente en los mismos niveles que la media de la Unión Europea, para 2016 España se había convertido en el cuarto país de la región con la electricidad más cara y el tercero donde más ha aumentado el coste unitario de la electricidad para el consumidor doméstico. En el caso del gas natural, ningún Estado ha experimentado un aumento mayor que el de España, del 54%, entre los años 2008 y 2016.

Además de esto, el documento de Funcas señala que las aristas que envuelven a este problema también guardan una estrecha relación con otros fenómenos que infieren en la pobreza general, como la desigualdad en la distribución de la renta, las políticas de austeridad o la inseguridad en el acceso a la vivienda.

A nivel europeo, el estudio señala las importantes desigualdades que existen en la incidencia y penetración del problema de la pobreza energética entre los distintos Estados de la UE. Si bien los datos corresponden al año 2010, último del que se pueden extraer cifras armonizadas de todos los indicadores sobre pobreza energética, ya para estas fechas se identifica un patrón de división entre el centro y la periferia de la región.

De esta forma, países especialmente concentrados en la zona sur de la región demuestran un comportamiento sistémico en la extensión del problema: en Bulgaria, dos tercios de la población reconocía incapacidad de mantener la vivienda a una temperatura adecuada en invierno, mientras que en Portugal el porcentaje se elevaba al 30,1%.

En el lado contrario, destacan los Estados centroeuropeos o incluso nórdicos, donde los inviernos son especialmente duros: en Dinamarca, Suecia y Finlandia la falta de confort término no se sitúa en ningún caso por encima del 2,1%.

En este sentido, el documento de Funcas y la Universidad de Comillas realiza recorrido por el seguimiento que las instituciones de la Unión Europea han ido dando a este grave problema social durante los últimos años. Las conclusiones son poco alentadoras: sin apenas peso en la agenda comunitaria hasta meses antes del estallido de la crisis, allá por 2007, la inclusión de la pobreza energética se ha trazado a través de distintas directivas o paquetes sobre energía o de salud, pero sin concretarse nunca en un política específica común sobre el asunto.

Tal y como apunta el documento, entre las razones que han frenado la puesta en marcha de medidas comunes existen elementos como los intereses internos de los Estados, el principio de subsidiariedad o el complejo marco de competencias. Las mismas, cabe recordar, que la Unión Europea sí se esforzó en poner bajo su control cuando se trataba de mecanismos de déficit u objetivos de austeridad.