El pasado mes de abril, los medios de comunicación revelaban que la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil había desarticulado una organización criminal que había desfalcado 150 millones de euros a las arcas públicas en poco más de dos años.

El negocio de la droga es uno de los más lucrativos del mundo, así que, leyendo solo el titular, probablemente demos por hecho que se está hablando de narcotráfico. Probablemente nuestra mente imagine un patrón afincado en una mansión de enormes dimensiones en algún país de Sudamérica, que está al mando de un ejército de sicarios dentro y fuera de sus fronteras, dispuesto a usar la violencia para conseguir el éxito del negocio y la eliminación de la competencia. No obstante, estaríamos en un error.

Delincuencia económica

Existe otro tipo de delincuencia que sin el empleo de la violencia y sin mancharse las manos tocando un solo gramo de droga, es capaz de generar millones en un corto periodo de tiempo. Son los delitos de cuello blanco. Son los delitos de carácter económico. En esta categoría entrarían los delitos contra la Hacienda Pública, contra la Seguridad Social, la falsificación de moneda, el blanqueo de capitales y la corrupción entre otros muchos.

Estos delitos, además de ser negocios muy lucrativos, son castigados con penas notablemente inferiores a las aplicadas al tráfico de drogas. Por ejemplo, un delito contra la Hacienda Pública puede ir acompañado de penas de hasta 6 años de prisión. Por su parte, un delito de tráfico de drogas puede acarrear penas privativas de libertad de hasta 12 años. Además, la ejecución de las penas impuestas por los delitos fiscales puede llegar incluso a suspenderse, si hay un compromiso de pago de la deuda tributaria.

En 2014, el por entonces ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, cifró en 6.000 millones de euros los beneficios del tráfico de drogas en España. Ese mismo año, un estudio de la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (FEDEA), cifraba el fraude fiscal en 20.000 millones de euros [1], cifra notablemente superior a la generada por el narcotráfico.

El fraude en el mercado de hidrocarburos

La organización criminal desarticulada a la que se hacía referencia al inicio del artículo, se dedicaba fundamentalmente al fraude fiscal. Ese patrón que imaginábamos en su mansión de Sudamérica, es realmente un padre de familia responsable que acompañaba todos los días a sus hijos al colegio privado. Un ciudadano amable de un barrio residencial del que ningún vecino sospechaba. Un empresario español que parecía haber dado un pelotazo, dado el alto nivel de vida que llevaba últimamente.

En 2017, la Asociación Española de Operadores de Productos Petrolíferos (AOP) estimó que la cifra del fraude en el negocio de distribución de hidrocarburos estaba entre 270 y 540 millones de euros anuales

Cometía este delito contra la Hacienda Pública operando en el mercado de los hidrocarburos. Para que todos lo entendamos, comprando productos petrolíferos al por mayor y vendiéndolos a las gasolineras. Hablamos del carburante que todos utilizamos en nuestros vehículos diariamente.

En 2017, la Asociación Española de Operadores de Productos Petrolíferos (AOP) estimó que la cifra del fraude en el negocio de distribución de hidrocarburos estaba entre 270 y 540 millones de euros anuales. En este mismo informe [2], se indica que la Agencia Tributaria cifra el fraude de IVA en este sector en 300 millones de euros anuales.

El Grupo de Delincuencia Económica de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil es experto en combatir este tipo de delincuencia. Desde 2012, y con la ayuda de la Agencia Tributaria, ha llevado a cabo diversas operaciones policiales, desarticulando cerca de una decena de estas organizaciones criminales, y destapando un fraude de cientos de millones de euros.

Un estudio del Institut économique Molinari [3] calcula que el 43% de los ingresos anuales de cada español se destinan al pago de impuestos, incluyendo Seguridad Social, IRPF y una estimación de IVA. Este mismo estudio fija el salario medio bruto anual en 34.111 euros, por lo que aproximadamente unos 14.600 euros de cada español van a parar a la Hacienda Pública.

Teniendo en cuenta las cifras anteriores, el fraude cometido por la organización criminal anteriormente citada, sería equivalente a los impuestos pagados por más de 10.200 contribuyentes. Otra forma de expresarlo, sería que nos han robado 7,6 euros a cada uno de los 19,6 millones de contribuyentes. Es un problema que nos afecta a todos.

¿Cuál es su modus operandi?

¿Cómo se realiza este fraude? La organización se hace con el control de una empresa que pueda operar en el mercado de hidrocarburos. Para ello, esta sociedad tiene que cumplir ciertos requisitos según estipula la Ley 34/1998 del sector de hidrocarburos. El Real Decreto 1085/1992 por el que se aprueba el Reglamento de la actividad de distribución de gases licuados del petróleo establece que los requisitos que ha de cumplir una sociedad que quiera actuar como operadora mayorista son los siguientes:

-- Capacidad legal, técnica y financiera suficientes.

-- Suministros contractualmente asegurados, bien a través de compromisos contractuales, bien a través de producción propia.

-- Medios de recepción, almacenamiento y transporte adecuados a los suministros previstos en sus planes anuales de aprovisionamiento y a las obligaciones de existencias mínimas de seguridad.

-- Mantenimiento de existencias mínimas de seguridad establecidas reglamentariamente.

-- El cumplimiento de sus instalaciones de las condiciones técnicas y de seguridad reglamentarias.

Estas organizaciones criminales cuentan con el asesoramiento de expertos del sector, que facilita la superación de los escollos legales que pueden encontrar en el camino. Uno de ellos es por ejemplo el cumplimiento de la capacidad financiera suficiente.

El Real Decreto 2487/1994, por el que se aprueba el Estatuto regulador de las actividades de distribución al por mayor y de distribución al por menor mediante suministros directos a instalaciones fijas, de carburantes y combustibles petrolíferos, establece que estará suficientemente acreditada la capacidad financiera de un operador, cuando éste disponga de unos recursos propios afectos a la actividad de distribución mayorista de, al menos, 3 millones de euros.

A pesar de las cifras millonarias que genera este negocio, las organizaciones criminales no suelen disponer de 3 millones de euros para constituir una sociedad de estas características, y dar comienzo así a su actividad delictiva. No obstante, lo que sí pueden hacer es constituir una sociedad limitada (SL), con un capital de 3.000 euros. Luego, el administrador de dicha sociedad puede personarse en un notario y reflejar una ampliación de capital para la cual aportará un bien susceptible de una valoración subjetiva, y cuyo precio fijará en 3 millones de euros.

Estos bienes que se aportan pueden ser obras de arte, dominios web, o incluso el dibujo de un niño de primaria. Solo hará falta acreditar que ese bien sea de la propiedad del administrador. No existe obligación por parte del notario de comprobar el valor de dicho bien, y los criminales lo saben.

Una vez superados los controles del Ministerio para la Transición Ecológica, la organización tiene a su disposición una operadora al por mayor de gases licuados del petróleo. El administrador de la misma será un testaferro, una cabeza de turco, sobre la que se dirigirá en primera instancia la investigación policial y fiscal cuando el fraude salga a la luz, manteniendo así el anonimato de la cúpula de la organización.

A partir de aquí el fraude es relativamente sencillo. Para entenderlo pongamos un ejemplo de cómo funciona una empresa normal, como por ejemplo Mercadona. Mercadona compra sus productos cárnicos a la empresa española Incarlopsa, y paga IVA al comprarlos. Esto es el IVA soportado. Luego Mercadona vende esos productos cárnicos a sus clientes, y estos pagan a Mercadona el IVA de esos productos. Esto es el IVA repercutido. Por tanto, al comprar pavo en Mercadona, le estamos pagando el IVA a Mercadona, pero ese IVA es de Hacienda. No obstante, Mercadona ya ha pagado IVA por ese producto a Incarlopsa, su proveedor. Por lo tanto, a ese IVA que le han pagado sus clientes y que ha de devolver al fisco, habrá que restarle el que ya ha pagado por ese mismo producto a su proveedor. Por tanto, el IVA a pagar a final de año dependerá de la diferencia entre el precio de compra y el de venta, ya que el IVA es un 21% en ambas transacciones.

¿Qué sucede en el mercado de los hidrocarburos? Que el funcionamiento es diferente. Las operadoras al por mayor adquieren los productos petrolíferos sin IVA y lo venden con IVA. Este es el funcionamiento normal en este sector. Por lo tanto, la diferencia entre el IVA repercutido y soportado es enorme. La práctica totalidad de IVA repercutido se debería devolver a las arcas públicas. Es decir, en torno al 21% de los ingresos. Dado que el número de litros de combustibles que se venden diariamente es bastante elevado y que el precio de este producto es elevado, ese 21% de los ingresos se traduce en cifras millonarias.

Las operadoras controladas por organizaciones criminales, no devuelven este IVA, sino que elevan el IVA soportado hasta cifras similares a las del IVA repercutido, utilizando para ello operaciones comerciales ficticias. De esta manera minoran la cuota a devolver a la Hacienda Pública. En otros casos, simplemente dejan de operar con esas operadoras y crean otras nuevas, dejando que el testaferro que la administraba asuma las consecuencias legales de dicho fraude.

Un problema más allá del fraude fiscal

Una operadora al por mayor como puede ser REPSOL, CEPSA, BP o GALP entre otras, vende el carburante a las gasolineras a un precio ligeramente superior al de compra más los impuestos. En el caso de estas operadoras fraudulentas, al no pagar IVA, pueden ofrecer el producto hasta un 21% más barato que sus competidores que sí lo pagan. Esta práctica, además de un fraude fiscal millonario, también provoca la salida de los competidores más pequeños del mercado, al no poder competir con los precios de estas operadoras.

La Agencia Tributaria, se percata de dicho fraude al final del ejercicio fiscal, cuando la sociedad ha presentado la declaración del año anterior. Esto ha dado margen a que las organizaciones venderán durante un año millones de litros de combustible, generando un fraude de enormes dimensiones, y que blanqueen gran parte de ese dinero, invirtiéndolo en bienes raíces, vehículos de alta gama, embarcaciones de recreo o transfiriéndolos a paraísos fiscales a los que las autoridades españolas tienen difícil acceso.

La Comisión Nacional de los Mercados y Competencia publica un listado actualizado de operadores al por mayor de productos petrolíferos. En ese listado se puede observar el gran número de operadores que han sido inhabilitados, principalmente por llevar a cabo actividades ilícitas como las descritas. También se aprecia como otros muchos se dan de alta y de baja en un espacio de tiempo relativamente corto, lo que deja serias dudas de si su intención es la de entrar en el mercado o la de defraudar.

Este es un problema que nos afecta a todos, y que requiere la atención del Gobierno. Demanda que se lleven a cabo medidas importantes en el sector que pongan fin a estas prácticas ilícitas. La Guardia Civil y la Agencia Tributaria lucha contra este tipo de delincuencia, pero de nada sirve desmantelar una organización criminal de este tipo, si al mismo tiempo están surgiendo otras nuevas. No pueden luchar contra un sistema que favorece este tipo de actividades.

Notas:

[1] En dicho estudio, cuyo título es: “El hueco que deja el diablo: Una estimación del fraude en el IRPF con microdatos tributarios.”, se cifra la evasión del IRPF en 2008 en alrededor de 20.000 millones de euros, que equivaldría a aproximadamente un 1,7 % del PIB.

[2] Memoria de 2016 de la AOP.

[3] El estudio se titula: “The Tax Burden of Typical Workers in the EU 28-2017”.

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