El acuerdo de paz colombiano, firmado a finales de noviembre de 2016, no pone un punto final en las responsabilidades de los actores involucrados en el conflicto. En el marco de las negociaciones se creó la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) para juzgar los crímenes y las violaciones de los derechos humanos en que incurrieron la guerrilla o las fuerzas del Estado durante los años en que duró la violencia. Además, durante las conversaciones de paz que se desarrollaron entre 2012 y 2016 las organizaciones de mujeres lucharon para que ciertos crímenes, como el reclutamiento ilícito o la violencia sexual, no se pudieran amnistiar.

La Sala de Reconocimiento de Verdad, de Responsabilidad y de Determinación de los Hechos y Conductas de la JEP abrió el pasado mes de marzo el caso 007 sobre el alistamiento involuntario y la utilización de niñas y niños en el conflicto armado colombiano. La Sala investiga, además del reclutamiento ilícito, “otros comportamientos que pudieron haber puesto en riesgo la vida, la integridad física o psicológica y el desarrollo de niños y niñas, y que afectan a sus derechos, por ejemplo la violencia y la esclavitud sexual, la planificación y abortos forzados de los cuales las niñas fueron las principales víctimas; la imposición de trabajos incompatibles con su condición de niños; la limitación a su libertad para abandonar las filas; y la imposición de castigos o penas crueles, inhumanos o degradantes, que según los relatos contenidos en los informes que ha conocido la Sala, van desde la imposición de trabajos forzados hasta los fusilamientos”. 

la planificación reproductiva se convirtió en obligatoria en las FARC a partir de 1993 y el método que se aconsejaba era Norplant, un implante subcutáneo de Levonorgestrel, que sólo puede ser usado por mujeres

Cuando se abrió el caso 007, la totalidad de las investigaciones se referían a las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia-Ejército del Pueblo (FARC-EP) y se contabilizaban más de 5.000 víctimas. La JEP además tiene documentado que las FARC-EP reclutaron a jóvenes por debajo de los quince años, con lo que el grupo guerrillero violó sus propias directrices. Aunque en total se calcula que los reclutamientos forzosos de menores de 18 años entre 1960 y 2016 se acercarían a los 17.000 por parte de todos los actores en conflicto.  

El próximo 9 de diciembre catorce líderes de la guerrilla de las FARC-EP declaran por el caso 007. Con vistas a esa fecha, Women's Link Worldwide, una organización internacional en defensa de los derechos de las mujeres y de las niñas, presentó, el pasado 4 de octubre, el informe Violaciones a derechos reproductivos de mujeres y niñas en el interior de las filas de las FARC-EP: una deuda con la justicia. Consta de 35 testimonios extraídos de fuentes secundarias (ONGs, centro de la memoria histórica, investigaciones académicas...), además del caso representativo de Helena (nombre ficticio), una mujer reclutada por las FARC a los catorce años y obligada a abortar y a usar anticonceptivos, en el marco, dicen en Women's Link, de una práctica sistemática y generalizada en la organización guerrillera. “Su caso representa las violaciones de los derechos reproductivos de muchas mujeres y niñas dentro de grupos armados en el marco del conflicto armado colombiano: esterilizaciones, abortos, embarazos y anticoncepción forzados, formas de violencia que muy pocas veces han sido reconocidas por la justicia, tanto a nivel nacional como internacional, mucho menos si se cometen en las filas de los grupos armados”, afirma el documento presentado.

Según datos recopilados por 070, un medio digital de la Universidad de Los Andes, la planificación reproductiva se convirtió en obligatoria en las FARC a partir de 1993 y el método que se aconsejaba era Norplant, un implante subcutáneo de Levonorgestrel, que sólo puede ser usado por mujeres. Estas muchas veces no sabían en qué consistía lo que se les suministraba ni cuáles eran sus efectos secundarios. El secretariado de las FARC vigilaba que la anticoncepción obligatoria se cumpliera y ordenaba el aborto para las mujeres que se quedaban embarazadas. Se calcula que se producían mil abortos forzados al año. Y que, como el 40% de los combatientes de las FARC eran mujeres, prácticamente la mitad de los integrantes de la guerrilla habrían sido potenciales víctimas. O víctimas en acto, ya que se vigilaban los ciclos menstruales de las mujeres y con quién mantenían relaciones sexuales, un control social que se cernía sobre todas las combatientes.  

La novedad y el establecimiento de un precedente

Mariana Ardila, abogada de Women's Link, comenta que uno de los objetivos de su acción es que se vaya más allá del caso 007, dado que este no trata abusos cometidos contra mujeres adultas, y que el de la violencia sexual y contra los derechos reproductivos de las mujeres se convierta en un caso temático único. 

Ardila espera que el 9 de diciembre los dirigentes de las FARC reconozcan que las esterilizaciones, los abortos y la anticoncepción forzados respondían a una práctica generalizada y sistemática aplicada en su organización, como ya ha ocurrido con los secuestros que perpetraban.  

La novedad del caso 007 reside en que no sólo se investigan las violaciones de los derechos humanos contra la población civil o los adversarios, sino también las cometidos dentro de las propias filas de las FARC

La novedad del caso reside en que no sólo se investigan las violaciones de los derechos humanos contra la población civil o los adversarios, sino también las cometidos dentro de las propias filas de las FARC, contra sus miembros. Con ello, como destaca Ardila, se establecería uno de los primeros precedentes a nivel global en la investigación, depuración y reparación de daños a las mujeres víctimas de sus propios compañeros o superiores en rango militar. 

¿Qué explica que una guerrilla, que teóricamente busca la liberación de un pueblo someta a tales violaciones de la libertad sexual y reproductiva a sus combatientes? “En general, en los conflictos armados siempre hay control de la natalidad”, afirma Ardila. La organización se suele escudar en que no se puede permitir perder a mujeres combatientes y en que los niños pequeños pueden ser utilizados por el enemigo. Por tanto, si bien la violación estaba prohibida en los estatutos de las FARC, se consideraba un crimen y era supuestamente castigada, la obligatoriedad de la planificación familiar estaba recogida en los documentos de las FARC. 

La carga de la planificación familiar recaía sobre los cuerpos de las mujeres. Bien como destino de los medicamentos anticonceptivos, puesto que no consta que se usara el preservativo como principal medio de evitar embarazos; bien como sujeto sobre el que se ejerce la violencia en forma de abortos indeseados con riesgos físicos según las condiciones en que se practicaran y a veces con secuelas psicológicas. A las mujeres se les enajenaba la propiedad de su cuerpo, no a sus compañeros varones.   

Guerrillas y patriarcado

“Una guerrilla no escapa a la violencia patriarcal”, afirma Carolina Jiménez Sánchez, profesora de Derecho Internacional de la Universidad de Málaga. Aunque una guerrilla tiene particularidades respecto a otro tipo de organizaciones porque responde, teóricamente, al ideal de un pueblo unido en pro de una causa. Por eso la participación de las mujeres en las guerrillas puede ser mayor que en otras instituciones. Pero ese involucramiento de las mujeres en la lucha armada no está libre de la discriminación, a veces en forma de violencia y represión de sus libertades sexuales y reproductivas. Además, se suele incurrir en un reparto arquetípico de labores según el género. Aunque, como precisa Jiménez, en las guerrillas en general, y en las FARC en particular, se dan múltiples experiencias. En principio, el reparto de tareas busca ser igualitario: todos participan en el combate y también en la intendencia, en la retaguardia. Pero en algunas organizaciones, sobre todo las de tinte marxista, como las FARC, también pesa la idea de que si bien las mujeres son valiosas, lo son al servicio del hombre, que es el protagonista de la revolución.

Jiménez atribuye a dos factores la multiplicidad de experiencias de las mujeres en la guerrilla. En primer lugar, a los modos de alistamiento. Así, si hay mujeres que se unieron a las FARC por conciencia política, también hay otras que se incorporaron coaccionadas o por necesidad, porque en su entorno no tenían otro medio de vida que no fuera participar en el conflicto armado. Las más susceptibles de sufrir abusos, según Jiménez, serían las segundas, aunque las primeras seguirían siendo víctimas porque, aunque  por convicción, estarían dejando el control de su vida a la organización. Jiménez añade que, probablemente, los alistamientos forzosos se concentrarían en los tiempos más recientes, a partir del momento en que las FARC se estancaron, se desideologizaron y comenzó a irrumpir el narcotráfico. 

También cree que puede influir el grado de politización del grupo. Así, apunta que, en el marco colombiano, el Ejército de Liberación Nacional (ELN) era una organización más politizada y menos violenta, mientras que las FARC eran una guerrilla menos política, lo que podría haber influido en la mayor existencia de abusos. 

El grado de politización puede ayudar a entender las razones de alistarse en una guerrilla: puede ofrecer una oportunidad de emancipación femenina, de lograr una mayor libertad que en la sociedad de la que surge, de tomar conciencia de la opresión que se sufre como miembro de un pueblo y también como mujer, como ocurrió con el EZLN, en México, o en el Kurdistán, donde las combatientes han convertido sus derechos en la principal causa de su lucha contra el Daesh.

Otras fuentes de desigualdad 

La desigualdad de la situación de las mujeres, en concreto en las FARC, no reside únicamente en si su reclutamiento fue forzoso, o no, en si su incorporación a la guerrilla tuvo lugar en fechas más recientes o más lejanas. También obedece al lugar que se ocupara dentro de la organización, como señala Ardila: “Sólo las mujeres que tenían relaciones en espacios de poder dentro de las FARC estaban autorizadas a tener hijos. Pero las mujeres sin poder en la organización no podían”. 

¿Tiene que ver la situación que vivían las mujeres en las FARC con la ausencia o la presencia de mujeres en su cúpula? Johanna González, del Instituto de Estudios Políticos de Burdeos, y Rocío Maldonado, de la Universidad Autónoma Metropolitana de Xochimilco-México, explican en un artículo sobre las mujeres guerrilleras en Colombia y Perú la contradicción existente entre la escasa visibilidad de las mujeres de las FARC antes de las negociaciones de paz y el alto porcentaje de su participación como combatientes. La atribuyen a la ausencia de lideresas en la definición ideológica, la orientación del movimiento y la estrategia militar, lo que llevó a que las reivindicaciones por una mayor equidad de género estuvieran ausentes durante décadas del ideario y del discurso oficial de la guerrilla. 

Si con el acuerdo de paz en Colombia no ha llegado la impunidad a los crímenes, ello no significa que todas las mujeres que sufrieron violaciones a sus derechos reproductivos vayan a verse reparadas. Ello, por por varias razones. En primer lugar, porque denunciar ser víctima de delitos sexuales es complicado por el estigma que impone en todas las sociedades. A ello se suma que haber estado un buen número de años en una organización vertical, jerárquica, en la que se enseñaba a obedecer y a desconfiar del otro, en que pesaba un férreo control social, puede dificultar aún más la denuncia. Y todo esto se agrava si las víctimas continúan residiendo en áreas aún bajo control de las FARC, ahora desmovilizadas.

Si Jiménez considera que hay que continuar vigilantes para evitar que haya amnistías, también cree que hay que estar pendientes de cómo se están afrontando las estrategias postconflicto, y en cómo se está gestionando la incorporación de las antiguas combatientes a la vida civil, porque puede que no se vean reconocidas en los talleres de cocina y costura que se les están ofreciendo.