El 13 de junio de 2019, el señor Oriol Junqueras se convirtió en diputado del Parlamento Europeo. Adquirió esa condición por efecto directo de la proclamación de resultados de las elecciones europeas realizada por la Junta Electoral. El hecho de que en ese momento estuviera en prisión provisional no le impidió adquirir su condición de diputado. Y por ello tiene inmunidad parlamentaria incluso aunque no se le permitiera acudir a realizar el preceptivo juramento de la Constitución.

Eso significa que ese mismo día el Tribunal Supremo tenía que haberlo puesto en libertad o, al menos, pedir permiso al Parlamento Europeo para mantenerlo en prisión. También tenía que haber pedido ese permiso para poder condenarlo. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) acaba de afirmarlo así, sin titubeos.

La condena de Junqueras es ilegítima por la forma en que se dictó, sin seguir los procedimientos necesarios y vulnerando sus derechos

Por eso puede decirse, sin ningún atisbo de duda, que el señor Junqueras no tuvo un juicio justo. Se lesionaron sus derechos políticos como diputado electo al no pedir permiso para mantenerlo en prisión y juzgarlo. O sea, que con independencia de la irreprochabilidad jurídica de los argumentos del Tribunal Supremo sobre si cometió o no un delito de sedición, su condena es ilegítima por la forma en que se dictó, sin seguir los procedimientos necesarios y vulnerando sus derechos. Esa es, en estos momentos, la situación jurídica.

El Tribunal Supremo, en aquellos días, sí permitió a Junqueras acudir al Congreso de los Diputados a tomar posesión de su acta como diputado español. Seguramente lo hizo porque sabía que inmediatamente la Mesa del Congreso lo iba a suspender de su condición de diputado. Frente a eso, si no le permitieron tomar posesión de su acta europea fue porque no estaban seguros de que se fuera a dar una inhabilitación similar. Pensaban que, al prohibirle salir de la cárcel a jurar, evitaban que consiguiera inmunidad europea.

Fue una maniobra deliberada. No se le permitió acudir a jurar la Constitución para evitar que se convirtiera en eurodiputado y no tener que aplicarle las inmunidades inherentes a su cargo. Por eso, cuando ahora el TJUE dice que ya era diputado incluso antes de ese juramento, viene a poner en duda todo el procedimiento aquél: el Supremo no logró evitar que Junqueras fuera parlamentario europeo; no evitó que tuviera inmunidad y se saltó sus derechos políticos y, de paso, los de sus electores.

El TS desde el principio se ha visto como el único defensor de la Unidad de España y se ha empeñado en reprimir a la cúpula del independentismo con la mano más dura posible

Con estos antecedentes, lo más razonable ahora mismo sería poner en libertad al señor Junqueras y anular su condena, porque se dictó a sabiendas de que no se tenía autorización del Parlamento Europeo y lesionando sus derechos políticos. Sospecho que no va a pasar. El Tribunal Supremo nunca se ha tomado su papel frente al independentismo catalán como una cuestión de aplicación del derecho. Desde el principio se ha visto como el único defensor de la Unidad de España y se ha empeñado en reprimir a la cúpula del independentismo con la mano más dura posible, sin importar mucho lo que diga la ley ni respetar sus derechos fundamentales básicos. Nada indica que vaya a cambiar ahora de opinión y los ciudadanos verdaderamente respetuosos de la Constitución y la Ley tendremos que seguir esperando a que se pronuncien tribunales internacionales para saber quién tenía razón jurídicamente.

La sentencia es un mazazo a la estrategia judicial contra el independentismo. Su ejecución pondrá más en duda la imparcialidad del poder judicial español. Por si fuera poco, el Tribunal de Luxemburgo impone una interpretación de las inmunidades que puede ser aplicable a los huidos Puigdemont y Comín.

No parece que sea automático. Hay, sin duda, diferencias entre quien se vio privado formalmente de la posibilidad de adquirir la condición plena de diputado y quien no quiso hacerlo para no arriesgarse a una detención segura. Sin embargo, el texto de la decisión, y el convencimiento europeo de que los jueces europeos tampoco hubieran respetado la inmunidad del president Puigdemont llevan a pensar que es posible que éste adquiera su plena condición de eurodiputado en breve.

Así, es posible que la bestia negra del nacionalismo español vuelva pronto a nuestro territorio. Eso será sin duda un poderoso golpe de efecto. Levantará la moral de sus seguidores y pondrá a las autoridades españolas ante la disyuntiva de acatar el derecho europeo o dejar volar sus instintos represivos más allá del Estado de Derecho.

Y todo esto se debe a un Tribunal Supremo torpe, que ha ido una vez más de sobrado, saltándose las garantías de los derechos fundamentales. Un tribunal elegido políticamente al que a veces la ley parece importarle poco y que en este asunto no está actuando como un órgano de justicia, sino como un justiciero. Enmascarado. Así nos va.