El anuncio de un acuerdo entre PSOE y Podemos para gobernar en torno a un programa común ha llevado a que la mayoría de los grupos de poder económico decreten la llegada del caos. Pero, más allá de una retórica catastrofista e intencionada, existe un enriquecedor debate sobre política económica para los próximos años. Cuando se analizan los posibles riesgos de este ejecutivo, se hace referencia principalmente a las cifras de deuda y al déficit público registrados en España, muy superiores a los de 2007, al principio de la crisis. ¿Qué margen tiene un probable gobierno de coalición frente a estas limitaciones? ¿Existen alternativas a la política económica que se ha seguido en estas últimas décadas? 

Para algunos expertos, no hay tiempo que perder si se quiere mejorar el aparato productivo español, condición irrenunciable para el crecimiento a largo plazo. Raymond Torres, director de Coyuntura y Economía Internacional en FUNCAS, recomienda aprovechar el hecho de que los tipos de interés están en mínimos históricos para reducir nuestra exposición a los mercados financieros: “Lo que debería causar inquietud no son los niveles de los desequilibrios de por sí, sino la carencia de una estrategia realista para corregirlos. Cada mes, España necesita colocar cerca de 18.000 millones de euros; de momento, el Tesoro consigue financiar esas emisiones de deuda en condiciones inmejorables. Pero esto podría cambiar si los mercados exigieran un mayor rendimiento, y no lo harán si perciben que la economía combina una expansión continuada con una estrategia creíble de contención de la deuda a medio plazo”. 

Las reformas propuestas por Torres contemplan los efectos a corto y largo plazo: “Algunas acciones, especialmente en materia laboral, pueden cumplir ambos objetivos a la vez. Se trata de reducir la excesiva temporalidad en el empleo. La reforma de las pensiones, de la fiscalidad y de la educación son también urgentes. Todo ello, además, serviría para equilibrar las cuentas públicas –un empleo de buena calidad tiende a cotizar más a la Seguridad Social, y la supresión de exoneraciones fiscales incrementará los recursos públicos”. 

Pero, ¿es tan alarmante el problema del déficit y la deuda pública? Las reglas comunitarias que limitan la política económica nacional hacen referencia, en realidad, a ‘ratios’, cocientes entre un numerador –déficit o deuda pública, en este caso– y un denominador –el PIB, o Producto Interior Bruto. El ratio de déficit sobre PIB se ha situado recientemente en el 3,2% y el de la deuda pública, en un 98%. Torres aconseja una estrategia de reducción de deuda y déficit al tiempo que se fomentan medidas para que la producción crezca más, lo que lograría reducir la cuantía de estos ratios y, por tanto, de la posible alarma entre nuestros prestamistas. 

Un debate necesario 

Procede, no obstante, conocer a fondo el fenómeno de las finanzas públicas para apreciar los numerosos matices existentes. En este sentido, Lídia Brun, investigadora en la Universidad Libre de Bruselas, propone desplazar el foco del debate desde el tamaño de la deuda a su sostenibilidad, definiendo esta como “el coste del servicio de la deuda (el tipo de interés) y el ritmo de crecimiento de dicha deuda –lo que, a su vez, depende de la recaudación–, en relación con el crecimiento de la economía, es decir, con los ingresos anuales que generamos”. 

Una regla sencilla que, no obstante, exige poner mucha atención: “Una cuestión que se ha ignorado en los tratados europeos (el Pacto de Estabilidad y Crecimiento, por ejemplo) y en las recetas económicas aplicadas durante la crisis es que numerador (deuda) y denominador (PIB) no son independientes. Los recortes en gasto público reducen la deuda, sí, pero también el PIB. Si se reduce nuestra capacidad de pago, de poco nos sirve que se reduzca la deuda”. 

Lídia Brun subraya el peso de la recaudación fiscal sobre la sostenibilidad de la deuda, algo que algunos medios y analistas prefieren ignorar: “Debería preocuparnos que España siga sin reducir su brecha de recaudación, que está 8 puntos porcentuales por debajo de la media de la zona euro (38% frente al 46% del PIB de media, aproximadamente). Se nos escapa mucha recaudación a través de deducciones, bonificaciones y desgravaciones de varios impuestos (sociedades, IRPF, patrimonio…), que son esencialmente regresivas. Si la recaudación pública cada vez depende más de las rentas de trabajo (y no del capital) y de los impuestos indirectos (sobre el consumo, etc.), los aumentos de la desigualdad atacan directamente a la sostenibilidad de las finanzas públicas”.    

Reducir dicha brecha de recaudación disminuiría la denominada dimensión estructural del déficit, pero su dimensión cíclica también requiere una comprensión detallada. En referencia a esta dimensión, dependiente del ciclo económico, Lídia Brun cita una conocida frase de Keynes –“tú preocúpate de estabilizar la economía, que él déficit se cuida él solito”–, para continuar profundizando: “El déficit público es un reflejo del punto del ciclo económico en el que nos encontramos, gracias al papel de los denominados estabilizadores automáticos: cuanto más crece la economía, más recaudación, y al haber menos paro, menor gasto tiene el Estado: el déficit se reduce. Sucede al revés cuando la economía entra en recesión. Este sistema de recaudación y transferencias contribuye a sostener los ingresos de las personas cuando aumenta el desempleo, suaviza la caída de la demanda de consumo y de inversión, y reduce la incidencia de insolvencias y bancarrotas cuando la economía se contrae, evitando fuertes vaivenes en la producción, y, como su nombre indica, estabilizando la economía”.  

Para Lídia Brun, “el déficit del sector público es el superávit del sector privado. Sin estos estabilizadores, las crisis serían mucho peores: todos intentaríamos ahorrar a la vez y la contracción económica sería mucho mayor. El gran aumento de la deuda pública durante la crisis es la otra cara de la moneda del gran desapalancamiento (desendeudamiento) del sector privado durante el mismo período. Además de la deuda del sector financiero que se nacionalizó con los rescates”. 

Problemas que deberían ocupar mucho más espacio 

Obsesionarse con la reducción de la deuda y del déficit puede provocar problemas adicionales, como el de olvidarse de otras vulnerabilidades de la economía, como el desempleo, según Lídia Brun: “El paro es la principal anomalía de la economía española y debería estar ocupando todas las portadas. En 2019 seguimos con más de 3,3 millones de personas en paro (14.2%) y más de 1 millón de hogares con todos sus miembros en el desempleo. La incidencia negativa que tienen estos números sobre el bienestar social es imposible de exagerar. Una cuestión que parece más candente, como es la sostenibilidad de las pensiones, está directamente relacionada con la poca capacidad de generar empleo de calidad. La recuperación del empleo, con sus salarios raquíticos y condiciones precarias, ha aumentado la incidencia de lo que se conoce como ‘pobreza laboral’: gente que es pobre aun teniendo empleo. Esto se debe en parte a que hay una gran masa de personas que ‘esperan en la puerta’, dispuestas a hacer lo que un trabajador se niegue a hacer. El poder de negociación de trabajadores y sindicatos es inversamente proporcional a la cantidad de paro que hay. En España, durante la burbuja, el desempleo apenas bajó del 8%. Estos son los niveles de paro que tienen otras economías durante las crisis. Pedirle a un país que acometa reducciones draconianas de su déficit público cuando tiene los niveles de desempleo que tiene España es indignante”. 

El sociólogo Ulrich Beck, en su conocido ensayo La sociedad del riesgo global, exponía problemas como el envejecimiento y el cambio climático como situaciones derivadas de grandes éxitos del pasado –avances médicos, mayor calidad de vida, revolución industrial, etc. Para algunos economistas, como Lídia Brun, estos desafíos constituyen, además, oportunidades para reformar una economía que todavía excluye a muchas personas: “El reto más apremiante al que nos enfrentamos como humanidad es el cambio climático. Ahí, el liderazgo del sector público para acometer una transformación productiva sistémica es crucial, y la cantidad de empleos necesarios para llevar a cabo esta tarea no es menor. A pesar de ello, los niveles de inversión pública están en mínimos históricos. Por poner un ejemplo, España es uno de los países con más sol y viento de la UE. Sin embargo, el porcentaje de energía renovable en el mix energético no alcanza el 20%, mientras que en los países nórdicos, con menos sol, supera el 40%. Reformar el mercado invirtiendo en renovables, poniendo coto al oligopolio energético y reduciendo los precios de la energía no sólo contribuiría a disminuir la pobreza energética, sino que mejoraría la productividad de las empresas y la balanza de pagos, al no tener que importar tanto petróleo (ni depender de países de dudosa calidad democrática). Esto me parece más prioritario que reducir el déficit”.  

Cambiar las reglas, cuanto antes, para ser soberanos

Pero todos estos cambios, necesarios, tienen difícil cabida en una Zona Euro que adolece de un diseño disfuncional para la aplicación de determinadas políticas públicas. Lídia Brun resume este panorama en una reflexión que induce a la preocupación: "La configuración actual de la Zona Euro, con una moneda única pero sin mecanismos fiscales y de transferencia comunes, contiene un sesgo deflacionario importante, porque el crecimiento del gasto en un país se ‘escapa’ hacia los demás, generando desequilibrios exteriores, y los diferenciales de inflación crean brechas de productividad, sin que haya un tipo de cambio flexible para re-balancearlos. Además, la lógica del Pacto de Estabilidad y Crecimiento constriñe y desarticula la política fiscal. Por su lado, las inyecciones de liquidez del BCE no consiguen canalizarse hacia la economía productiva, sino que se desvían por el circuito financiero, con riesgo de inflar los activos financieros y crear burbujas".

Otros economistas coinciden en esta percepción de disfunción institucional. Esteban Cruz es investigador en la Universidad de Lisboa y presidente de la Red Modern Money Theory España (Teoría Monetaria Moderna), un colectivo que ha incrementado recientemente su influencia en numerosos países –Estados Unidos, entre ellos– y que aboga, en definitiva, por un cambio radical en las políticas económicas, con el pleno empleo y la estabilidad de precios como metas irrenunciables.  

Esteban Cruz considera que la falta de soberanía monetaria afecta lesivamente a la autonomía económica y a la democracia: “Cualquier Estado que haya renunciado a la administración de su moneda, como España y el resto de los países de la zona euro, está sometido al chantaje de los llamados mercados. Una vez abierta la veda, los objetivos presupuestarios pasan a un primer plano, provocando la retirada de aquellas políticas económicas y sociales que no gustan a las élites. La Unión Monetaria Europea está diseñada para que funcione como un dique contra la democracia”. 

“La realidad es que el signo y tamaño de las cuentas públicas no debería ser entendido más que como un resultado contable derivado del logro de los objetivos macroeconómicos y sociales que democráticamente elegimos en comunidad. Fijarse como prioridad un objetivo presupuestario específico es renunciar de facto a tus políticas económicas sociales”. 

Cruz subraya que buena parte de la izquierda está atrapada en los límites del déficit y la deuda, y que se limita a solucionar el problema con una mayor recaudación a los más pudientes: “A los ricos hay que gravarles por justicia social, para que no acumulen un abominable poder que luego ejercen sobre el Estado y las políticas públicas. Pero el dinero no crece en sus bolsillos y es preciso conocer el verdadero origen de este. En realidad, es el diseño disfuncional de las instituciones europeas –supervisión externa de las cuentas, libertad de movimiento de capitales– el causante de esta farsa que permite a los ricos tener la sartén por el mango y que concede a las empresas la constante posibilidad de deslocalizarse”. 

“La izquierda está equivocada, pero, una vez hecha la renuncia a cambiar las reglas de juego, no puede hacer otra cosa, por muchos cálculos optimistas que realice sobre recaudación y efectos multiplicadores. Esto se traduce en promesas incumplidas y desesperanza, cabreo, confusión, y la instrumentalización de estos sentimientos por parte de la extrema derecha. No debería tenerse miedo a que un discurso radical tenga un coste electoral elevado. Tenemos una serie de mitos interiorizados que pueden chocar de entrada con el cambio de paradigma, pero renunciar a la batalla cultural no solo es un suicidio político, sino que supone también vaciar la democracia de significado, tomando a los ciudadanos como incapaces”. 

Aumentar la recaudación fiscal, reducir las desigualdades, impulsar reformas para incrementar la productividad a largo plazo, hacer pedagogía sobre las limitaciones que los tratados europeos han construido sobre las economías nacionales… Este próximo gobierno se enfrenta a numerosos retos combinados. Actuar con decisión y rapidez podría ser una ventaja: para Raymond Torres: “La política monetaria acabará por normalizarse: solo con que los tipos de interés aumentaran en un punto, las cargas financieras se encarecerían en cerca de 12.000 millones, casi el doble que el presupuesto de investigación, desarrollo e innovación”. Pero, como nos recuerda Lídia Brun, el servicio de la deuda no lo es todo, sino que hay que prestar atención a numerosísimas dimensiones para no hacernos aún más daño. Un debate enriquecedor que esta próxima legislatura sin duda merece. 

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