“La administración sirve con objetividad a los intereses generales”. Así comienza el artículo 103 de la Constitución. Los elementos humanos, escogidos por mérito y capacidad, han de aplicarse para la consecución del fin indicado. Pero esto no debe ser así solo al ingresar sino que debe mantenerse siempre, igual que la idea fundamental del compromiso con lo público, a pesar de que la Administración no sepa motivar a los buenos empleados.

Entre la gran variedad de cuerpos administrativos, hay uno singular de gran raigambre e influencia en las decisiones superiores: los abogados del Estado, colectivo al que yo me incorporé hace 35 años. Si bien en la II República hubo algún ministro con ese origen, en la etapa de la dictadura proliferaron, desde el cuñadísimo Serrano Suñer hasta los postreros que ocuparían cargos de alta responsabilidad.

También la alta cualificación de los Abogados del Estado ha facilitado que bastantes fueran cooptados –y ellos aceptaran– para asesorar y dirigir alguna empresa o entidad, con altas remuneraciones y a menudo para litigar precisamente contra el Estado. La preparación intensa y la experiencia en el ejercicio profesional les hace idóneos para dar ese salto o dedicarse al ejercicio privado de la abogacía desde despachos de renombre.

Siempre hubo algunos miembros de este cuerpo en instituciones públicas (en mi caso, como parlamentario, junto con otro compañero, en 1996), pero la gran eclosión se produjo con la llegada de Rajoy a La Moncloa. Bajo su gobierno, un número muy considerable de abogados del Estado, sobre todo de la llamada “promoción gloriosa” –la del marido, ya en Telefónica, de la entonces vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría–, coparon altos cargos como nunca antes había sucedido. Es importante que personas cualificadas jurídicamente alcancen estos puestos, pero la sobreabundancia que se produjo durante esa etapa condujo, además de a un sentimiento de vanagloria colectiva, a una sobreexposición y a cierta crítica social sobre los mandarines.

No es fácil conjugar la posición de alto cargo y la objetividad jurídica, sobre todo cuando se trata de poner reparos a cualquier propósito del superior. El riesgo de ser en exceso complaciente con los deseos del señorito debe evitarse. Si emites objeciones jurídicas, te presionan. Si se hace más veces, se debería reflexionar sobre cómo modular la legítima ambición y la honestidad.

Los meritorios aguantaban con paciencia. Muchos lograron colocarse en empresas del IBEX. En los sectores eléctrico, energético, bancario y de comunicaciones se reubicaron, con salarios extraordinarios, numerosos abogados del Estado, no tanto por sus servicios a este sino por los prestados al partido y los ‘poderes’, en el sentido más proceloso. La imagen dañó a todos. Las malditas puertas giratorias. Algunas compañeras muy relevantes acabaron en grandes despachos jurídicos donde más que su sapiencia (apenas ejercida) vale su capacidad para conseguir clientes por sus abundantes relaciones tejidas.

A esta identificación abrumadora con el PP se unió otro dato que ponía en defecto la sensibilidad social de algunos abogados del Estado en una situación de alarmante crisis social: fueron muy burócratas y no les tembló la mano para aplicar draconianas medidas que golpeaban duro a las clases medias y, sobre todo, a las bajas. Son los que se quedaron en la repetición hueca de la expresión “Estado de derecho”, olvidando que en el calificativo del artículo 1 de la Constitución le preceden “Estado social y democrático”.

Más recientemente, la posición de un número no despreciable de abogados del Estado se encrespó gravemente con el “procés catalán”. El Gobierno Rajoy –que nada hizo por solucionar el tema, salvo incendiarlo durante años– lo criminalizó, dejándolo en manos de una judicatura muy conservadora por esencia.

Inicialmente se acusó a los independistas del delito de rebelión, pero el nuevo gobierno retiró tal acusación. Era una imputación política sin pies ni cabeza jurídica que el Tribunal Supremo rechazó por unanimidad, resultando muy acertada la decisión de la nueva abogada general del Estado. Después, tras la contundente sentencia del tribunal de Luxemburgo sobre la inmunidad de Oriol Junqueras, la Abogacía General, en un intento obligado por dar cumplimiento a la justicia supranacional, propuso algo básico: la necesidad de subsanar la falta de solicitud de suplicatorio a la Eurocámara.

Estas dos decisiones encresparon sobremanera a diversos abogados del Estado, ahora movilizados, que anteponen sus ideas (muy respetables por sí solas) conservadoras y patrióticas a lo que es sentido profesional al servicio de los intereses generales estatales, cuya acción dirige el gobierno (artículo 97 de la Constitución). La identificación tan abrumadora de abogados del Estado con el Ejecutivo del PP ya fue muy negativa para su imagen, igual que la utilización de cargos directivos para dar el salto a grandes empresas, saltos facilitados, si han sido buenos, por el partido gobernante a través de sus canales con el sector económico.

Hoy la mitad de abogados del Estado trabajan en el sector privado. Es legítimo que quieran ganar más dinero y ejercer su actividad en un sector más motivador. Pero también hay que recordar que aquellos que optamos vocacionalmente por esta profesión estaremos siempre al servicio del Estado –gobierne quien gobierne– y no de una ideología o intereses.

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Jesús López Medel es abogado del Estado.