El Gobierno de las togas
Si vis bellum, para bellum
Esto es una guerra, amigos, entre dos regiones del Estado: el Ejecutivo y el Judicial. El Gobierno es el canijo, el menos Estado. Y al fondo asoman ya, incluso, los carlistas
Guillem Martínez Madrid , 18/01/2020
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1- Se va a liar la del pulpo. O, al menos, todo apunta a ello.
2- Si no les gusta la judicialización de la política, pues tomen dos cazos.
3- La judicialización es un objeto no deseable. Impide la vida inteligente. Atonta. En el cuento de la Bella Durmiente impide incluso, el final, cuando el chico besa a la chica en lo que, según el constitucionalismo, es un ejemplo palpable de delito de necrofilia, que tanto les gusta a los socios separatistas y bujarras de Sánchez que bla-bla-bla. Bannon decía que “hay que freírles a noticias”. La judicialización es la adaptación de Bannon al país favorito de la Divina Providencia, por la vía católica, escuela de pensamiento que necesita un poder superior hasta para emitir fakes.
4- No obstante, la judicialización es también un objeto que explica que estamos en un punto diferente a 2011, cuando todo empezó a acabar. Es un momento de recomposición del R’78, ese objeto con poder policial y judicial, pero frágil, que ya no depende tanto de una cultura de la unanimidad como de la poli y los jueces. En este momento –no se pierdan el punto 16–, son altas instituciones judiciales del Estado las que se comportan como si esto fuera el Rif. Pero en el ínterin 2011-14, cuando esto iba en serio, eran instituciones financieras y europeas –Troika, FMI, CE– las que cumplían el rol del Ejército en un momento de, glups, involución. Rayos, qué de recuerdos.
5- Lo que indica el punto 4 es que, lo dicho, el R’78 se recompone. Pero en un punto diferente a donde lo dejó. Y con otros muebles. No dejen de leer, en ese sentido, el punto 20, que la OMS recomienda leer sentado en su mejor sillón, salvo que viva con un faquir.
6- Bueno, vamos que nos vamos. El presente artículo, como ya habrán adivinado, es a) un estado de la cuestión judicial de la política, desde la nació Cat hasta la nación Murcia, pasando por el nuevo staff de Fiscalía. Un primer acercamiento b) a ese colectivo humano denominado Justicia esp, para finalizar con un simpático popurrí denominado c) el R’78 se recompone a tomar pol XXXX del R’78. Empezamos, como no podría ser de otro modo, con el Pin Murciano.
El R’78 se recompone. Pero en un punto diferente a donde lo dejó. Y con otros muebles
7- La cosa Pin Murciano será útil para ver los excesos de judicialización con la cosa procés, pues la cosa Pin Murciano y la cosa Procés tienen grandes parecidos. Algo por otra parte común entre naciones hermanas. Si depuramos todos los ingredientes declarativos y comunicacionales, ambos casos tienen un contacto estrecho. Ahí va. Cuando un Parlamento emite una ley anti-Consti, el Gobierno le avisa –lo que es algo anecdótico– y, posteriormente, el TC declara inconstitucional e inaplicable la ley. Y a otra cosa. No pasó en Cat –donde se votaron leyes antes del posicionamiento del CT, pero donde se cuidaron mucho de aplicarlas con posterioridad–, pero supongo que pasará en Murcia. Si no pasara, si la nación murciana prosiguiera en su empeño pinivista –de pin y de procesismo–, se aplicaría el 155. Es decir, el 155, no lo que se aplicó en su día en Cat, y que coincidía con la ponencia constitucional al respecto de Fraga, rechazada en su día en el 78, e incorporada, zas, by The Constitucionalismo System, en 2017, y no apercibida como anticonstitucional por el TC, lo que tiene guasa y nos lleva al punto 20 –el constitucionalismo es, amiguitos, una puerta, de una sola dirección, a la ilegalidad absoluta–. El 155 tal y como queda en la Consti de la RFA y, por lo tanto, en la Esp, es un poco esto: un Man in Black del Gobierno, con el 155 bajo el sobaco –un artículo pensado para cuando Baviera se negara a aceptar, pongamos, una ley de aborto federal, que es un tanto el caso murciano–, entra al Palacio de la Moneda Murciana, o como se llame la sede del Gobierno Murciano, y aprieta el botón de off de la ley a offeizar. Luego, se va a comer con su familia. O a una sauna. Y no hay cadáveres ni encarcelados. Total, pa qué.
8- Por lo demás, el caso murciano es en parte como el caso Cat: una guerra cultural. Hace escasos minutos he estado viendo una rueda de prensa de Teodoro García Egea, secre general del PP. Esta gente está aún torpe, pero en breve funcionará a tutiplén. En el caso de hoy, nos freía a noticias facilitadas por la judicialización. Cuando acometía el pack murciano, se adentraba en el léxico procesista como un poseso. Una ley que no tendrá mucho recorrido, en fin, era utilizada para crear un marco de democracia, de pueblo, de libertades y derechos diferenciada de una democracia mangui, degenerada, de bolcheviques y separatistas ucranianos en un documental de la UFA, en plena juerga. Ofrecía, por otra parte, datos falsos. Todos. La derecha esp no ha tardado en encontrar y jugar con la mejor aportación comunicativa de una derecha peninsular. El procesismo. Que puede recrear más y mejor al disponer de la judicialización, una herramienta que sólo poseen dos objetos en Esp: el Estado y el PP. De la unión de los modos del procesismo y del constitucionalismo sólo puede salir Alien, el octavo pasajero. El caso murciano explica, por otra parte, lo que creía hacer el procesismo. Nada. O al menos, nada nuevo, declaraciones y políticas falsas, como todo el mundo, para beneficio electoral.
9- La cosa Cat, pero rapidito. Respecto de Torra. Gracias a la borroquización de la judicialización en este momento, según la JEC, y el TS, Torra es presi, pero no diputado. Vamos, que no es Presi, en tanto el Estatut especifica que para ser presi se debe ser dipu. Ha dejado de serlo gracias a legislaciones constitucionalistas/anti-ETA, emitidas por la JEC, no desmentidas por el TS, y sin que el TS falle el recurso de Torra a su juicio. Lo que es grave. Submodalidad bananero. Consecuencias: la próxima semana hay pleno, y si Torra se sienta en el hemiciclo –no te digo ya votar– se adentrará, vía judicialización, en el campo semántico usurpación-de-funciones. Que son 1-3 años de trullo, según el Código Penal, lo que puede equivaler, en el TS, a 356 años. Al menos, PP, C’s y Vox le demandarán por ello. Es posible, incluso, que los Mossos le impidan el acceso, o –paisaje soñado por Torra– lo saquen a rastras del Parlament mientras canta Els Segadors. O cualquier otro tema que no sea de los Camela. La única solución es que el TS haga público su fallo antes del pleno, y desjudicialice la cosa. Algo poco probable en quien ha judicializado la cosa, con la intención de beneficiar los posicionamientos murcianos de JxC frente a los de ERC, partido de la mayoría de Gobierno en Esp. La Fiscalía, por cierto, y en lo que puede ser un indicio de la paulatina desjudicialización que pretende el Gobierno, ha comunicado que se inclina por no considerar a Torra inhabilitado hasta que el TS abra la boca de la cara. Que, total, será en breve. Lo que es quitar testosterona murciana al asunto. Yupi.
El caso murciano explica lo que creía hacer el procesismo. Nada. O al menos, nada nuevo, declaraciones y políticas falsas, como todo el mundo, para beneficio electoral
10- Sobre la cosa Junqueras. La respuesta del TS a la sentencia del TJUE fue histórica. Es decir, señala un momento de nacionalismo, de defensa de la soberanía de la Justicia esp frente a Europa, alejándose de ella. Una soberanía inexportable, un conjunto de autoatribuciones entre las que recae su facilidad para emitir política. El éxito –momentáneo– del TS, parece no contemplar su descrédito en Europa. Insensible a su humillación, no ve que ha sido humillado en todas sus aproximaciones a Europa del caso procés –una desobediencia de cajón, de 155 alemán, no una sedición ni, mucho menos, una rebelión–. El caso Junqueras, por otra parte, ha cambiado de velocidad. Vía Parlamento Europeo, puede volver a llamar a la puerta del TJUE, o a la del TGUE. Y lo hará pero, lo dicho, a otra velocidad. Volverá al terruño, como un bumerán o una llamada de un operador de Vodafone a quien envías a freír espárragos. Y con ello, una nueva humillación, en este caso ya obvia y densa. Y tardía.
11- Precisamente por ello, aparece en el horizonte la idea de un indulto. No como una forma de paliar una judicialización desproporcionada y politizada y con resultados absurdos, sino como una manera de frenar la erosión de la Justicia esp. Como una manera, en fin, de proteger de sí misma a la Justicia esp. Con indulto, todo el recorrido en Europa –TEDH, tal vez, lo dicho, TJUE y TGUE– que le queda a esa sentencia dadá sería paralizado. Zas. Sería un momento cero, para relajarse y mirar atrás sin ira. Y, luego, hala, a volver a judicializar.
12- Puigde y Comín –en breve, Ponsatí– son otro caso. Su suplicatorio ya ha llegado al Parlamento Europeo. Es cuestión de tiempo que se vote y acepte. Si para entonces ya ha sucedido el indulto, puede que no haya ni juicio. O que sea por desobediencia/inhabilitación. El pack Puigde, por otra parte, carece en Europa del respeto que suscita el pack Junqueras. Percibido como usuario del nuevo autoritarismo populista nacionalista, no ha sido aceptada su incorporación en el Grupo Verde. Cuando Puigde lo pidió, el Grupo Verde buscó, me dicen, la cámara oculta. Por otra parte, los parlamentarios europeos están haciendo chiribitas con la llegada, junto a Puigde, de todo el monto del periodismo procesista, incomprensible, y que ayuda a visualizar lo de Puigde como nueva extrema-derecha ejerciendo política en medios. En general, en el Parlamento Europeo, hoy se pueden ver en tiempo real dos derechas radicales que no se consideran tal cosa. Como la derecha PP-C’s-Vox, que en sus alocuciones miente –aluden a que Puigde robó, un delito que en la sentencia es tan endeble que no suma condena, pero un indicio de que no pueden hablar en el hemiciclo de sedición sin que nadie muera de risa, y sin que la erosión de la Justicia esp aumente–. Puigde miente también: habla de estricta obediencia a la ley en sus actos, en tanto que la desobediencia institucional, esa cosa húngara y polaca, está culturalmente penalizada en Europa. El Parlamento Europeo votará el suplicatorio, todo apunta a ello, más contento que una chinche, pero con la pena de no ampliarlo a PP-C’s-Vox.
La judicialización se ha visto como un potencial tras el nombramiento de los cargos gubernamentales de la cosa justicia. El ministro del ramo y la fiscal
13- La judicialización se ha visto como un potencial tras el nombramiento de los cargos gubernamentales de la cosa justicia. El ministro del ramo y la fiscal. Quizás esos dos cargos se han de leer como un pack.
14- Juan Carlos Campo, me informa un amigote que estuvo en su toma de cartera –no asistió la derecha judicial ni la derecha judicial pepera, dos conceptos parecidos, pero diferentes; no se pierdan el punto 16; ese no asistir es guerra fría, próxima a la guerra a secas–; es un tipo afable y perteneciente al mundo judicial, esa manera de hablar y de pensar. Hace unos meses hablé con él informalmente. Me impresionó su defensa y valoración profesional de Marchena, juez a quién no veía como a un juez más, sino como a uno especialmente competente y demócrata. Quizás, Campo es el poli bueno del binomio ministro-fiscal. Y su rol es el de facilitar, desde la mano izquierda, la renovación del CGPJ, entre amigos, con rollo profesional, sin que la sangre llegue al río. Algo difícil, pues el CGPJ es el río, que es el morir. Una institución deteriorada. En países con pasado fascista, esa institución contribuyó a desnazificar los juzgados –en Alemania fue un éxito: se consiguió bien entrados los 60. Vamos, que contribuyó el CGPJ, pero también, y mucho, la biología; el CGPJ alemán, impidió, por tanto, la reproducción, que es parte importante de la biología–. Aquí, pues no está tan claro. Salvo individualidades, la Justicia Esp carece de grandes franquistas, que pueden ejercer su cargo siempre que no digan las palabras mágicas en una sentencia. No suelen hacerlo. Lo que hay, y por un tubo –no se pierdan el punto 16– es su continuidad biológica, una cultura democrática, pero autoritaria, restrictiva, nacionalista, idealista y reaccionaria denominada constitucionalismo.
15- La fiscal general sería, por tanto, el poli malo. Fiscal de carrera, se la ha relacionado con el comisario Villarejo. Uno de los motivos es que, en efecto, estaba relacionada con Villarejo. Para algunos, eso significa que es a) usuaria de las cloacas de la Justicia esp. Para otros, que b) es usuaria de la Justicia esp, ese punto opaco, inexplicable, ilógico, autosuficiente, con férreas leyes internas. No sé si es más inquietante a) que b). En todo caso, su acceso a la Fiscalía General se interpreta como un gesto agresivo de Sánchez ante la agresividad PP-C’s-Vox que viene. Es alguien que conoce las reglas del juego –como atestigua su relación con Villarejo–, y no sólo las reglas del juego que conocemos. El PP ha recibido su nombramiento en modo guerra cultural. Ha aducido que es un cargo político –momento en el que murieron diez gatitos–, que no está preparada –en efecto, lo estaría más si cada mañana desayunara un bebé, dato que no he podido confirmar, denme tiempo–, y que su nombramiento es “judicialización de la política húngara o polaca” –son grandes; están resignificando el concepto judicialización y el concepto Hungría y Polonia–. El PP ha interpretado que el CGPJ no haya evaluado por unanimidad su acceso al cargo, de manera que su secretario general, y hasta el gato, anda diciendo que el CGPJ se ha pronunciado en contra. Las guerras culturales son eso. Fakes. Si participan instituciones de justicia en ello, pues lo son más profundamente. En principio, me dicen, Delgado es una persona que se encargará de desactivar supercicutas para la cosa Cat, en un intento de desjudicializar aquel murcianismo. Pero los monstruos siempre acaban haciendo cosas para los que no estaban fabricados. Frankenstein, un monstruo fabricado para hacer un mundo mejor y sin muerte, en su primera escapada se peló una niña. El monstruo del Lago Ness, fabricado para aparecer en el Lago Ness, nunca ha aparecido en el Lago Ness. Los monstruos van a su bola. De ahí su nombre.
El acceso de Dolores Delgado la Fiscalía General se interpreta como un gesto agresivo de Sánchez ante la agresividad PP-C’s-Vox que viene
Un indicio llamativo de que habrá guerra, de que están preparando la guerra, y del bando que está invirtiendo más en armamento, es otro nombramiento. En el PP. El consejero de Justicia, Interior y Víctimas de la Comunidad de Madrid –el constitucionalismo y el procesismo tienen nombres tan largos porque siempre debe aparecer en ellos el palabro víctima– ha sido nombrado secretario de Justicia e Interior del PP. Conocerán a Enrique López de otras películas, como Voy beodo en moto y sin casco, me para la poli y me, hips, hacen dimitir del TC. Me comentan que este nombramiento equivale a comunicar en público que el PP va a hacer la guerra judicial, que lo va a llevar todo –cualquier ley; se puede hacer con cualquier ley que suponga aumento de gasto, pues desde enero es aplicable la reforma constitucional exprés– a instancia judicial. Que la renovación del CGPJ irá a bayoneta y casa por casa. Que esto va a ser la guerra total. Lo que nos lleva al famoso punto 16.
16- Enrique López es miembro de una de las dos familias que integran el bando hegemónico en el poder judicial en Esp. Es decir, que integran una parte fundamental e importante del Estado. Y que va a ir a la guerra. Una familia son los peperos –se les llama así, no es cosa mía–. Se trata de altos cargos judiciales que lo son por la vía política. López, pepero, así, ha sido vocal del CGPJ y miembro de TC, dibujando ahí, como tantos otros, su carrera judicial y la politización de esas instituciones. Siendo importantes y de peso, ese tipo de personas no concilian el respeto del grupo que conforma la mayoría en el mundo judicial esp, denominados conservadores, a secas. La dimisión de López del TC por ir trompa en moto, por ejemplo, fue una decisión de esa mayoría conservadora, que no del PP. ¿Quién o qué es esa mayoría conservadora? Es una respuesta difícil: es el PP, pero no es el PP. Es algo por encima de él. Los jueces conservadores –se autodenominan así– se consideran a sí mismos Estado. Y/, por lo mismo, Esp. Es decir, una tradición solo interrumpida, desde el siglo XIX, en dos ocasiones, con dos breves repúblicas. Es más, se consideran los lectores de esa tradición a través de los siglos y Regímenes. Lo que explica la existencia de valores por encima de la ley que cualquier ley debe confirmar.
17- Hay pocos jueces de izquierdas, de hecho. Y no están bien considerados. La razón: no acceden, mayormente, vía oposiciones, sino por el cuarto turno, tras 6 años como abogados. Forman parte de otra casta. Es decir, no forman parte de la casta. José Luis Requero, un juez-tipo conservador –ultraconservador, Opus, rollo anti-gay, TS, exCGPJ por voto PP– lo explica en una entrevista que veo en Los Genoveses –el mayor y mejor estudio del PP, en su deriva desde el Aznarato; trabajo sólido, de titanes, que explica la precariedad intelectual del periodismo local: sigue estando en la Red y en libre acceso–. Preguntado por el hecho de que el PP manda sobre los jueces, Requero corrige al periodista. Viene a decir que es lo contrario, que los jueces –conservadores– mandan sobre el PP y le nutren de ideas. Por así decirlo, los jueces son como creía ser la ANC respecto del Govern en los glory days. O como, absolutamente distinto y distante –salvo en su efectividad–, el PNV respecto del Gobierno Vasco, cuando gobierna el PNV. En esta guerra que viene, el PP pondrá las fakes, la comunicación y la campaña de acoso y derribo. La rentabilidad política. Pero las órdenes y las tácticas vendrán de sus jueces. Sin comunicarlas, sin verticalidad. Comparten una cultura, esa cosa que funciona sin palabras ni planos. Mandan. Hay que tenerles en cuenta. Hay que respetar sus tiempos y lenguaje. Y no quieren meterse en política. Entendiendo política como un brazo político, en el que no participan, porque está debajo de ellos, que para eso hicieron oposiciones. En esta guerra está en juego la soberanía. Es decir, la autonomía de amplias zonas del Estado frente al mismo Estado, la soberanía también frente a Europa, ese ente que no entiende la democracia esp. Y la soberanía del Estado frente a unas autonomías, pero no frente a otras, con las que no se comparte cultura, ese lenguaje sin palabras. E, importante, también se luchará por el gran legado de Aznar. MAD como capital financiera de Iberoamérica. MAD como pelotazo. En negocios que necesitan un socio que mire a otra parte cuando toca: el Estado. Requiere, en fin, del poder político, que con el judicial solo todo es más torpe y menos fluido.
Preguntado por el hecho de que el PP manda sobre los jueces, Requero corrige al periodista. Viene a decir que es lo contrario, que los jueces –conservadores– mandan sobre el PP y le nutren de ideas
18- Esto va a ser una batalla entre dos regiones del Estado. El Gobierno y el Judicial, donde el Gobierno es el canijo, el menos Estado. Y, como decían los clásicos: “¿Quién detiene palomas al vuelo / volando a ras del suelo / Poder contra Poder?”. Lo que nos lleva al punto 19.
19- Supongo, a su vez, que el alto mando aliado está en la Oficina Nacional de Prospectivas y Estrategia de País a Largo Plazo, que es el nombre de lo de Iván Redondo. Y que, o bien está planificando qué hacer si en el futuro cae un meteorito en Écija, o está viendo venir todo esto que les he dibujado. En todo caso, el Gobierno esp, como cualquier otro Gobierno mundial salvo el chino –planifica con 100 años de margen; sí, el de Corea del Norte, con 5.000 años, pero tiene poco que planificar, es cierto–, carece de tiempo y capacidad de planificar futuros. Los fondos de pensiones se los peló Rajoy, el Estado del Bienestar está suprimido de la Consti desde este enero, no hay una idea clara de socialdemocracia. Por todo ello, cabe suponer que esa oficina de planificación del futuro está planificando el presente, el momento en el que los jueces lleguen con el cuchillo nepalí en la boca.
20- El Bienestar ha desaparecido. Este Gobierno son sus últimos minutos, que pueden crear un legado y una velocidad inesperadas en la plaza. O no. Quitar el Bienestar es un hecho violento. Y, en efecto, en la última década se ha producido violencia legislativa. Con ella, con contrarreformas, la policía y el judicial tienen nuevos roles, aún no exhibidos en toda su fortaleza. Es lo que les decía que el R’78 se ha consolidado, pero lejos del R’78. El rey, con sus ausencias –no ha evaluado la transformación de la Consti en su título territorial y en el de Bienestar, ni las reformas constitucionalistas, que no constitucionales–, y sus presencias –por lo contrario, el 3-O evaluó la payasada procesista/murciana como golpe de Estado; ni los hechos, ni la sentencia del TS, que se aplicó, ni la justicia alemana, ni el TSJE le han dado la razón–, parece ser una pieza clave en todo este cambio sin moverse de sitio. O, al menos, así lo ha entendido la competencia. Bienvenidos al punto 21.
21- Carlos Javier Borbón Parma es el heredero de la cosa carlista. Es decir, del ala liberal. El carlismo conservador, en los 70, estaba vinculado al Estado y al fascismo italiano –dos herramientas con las que se peló el carlismo social y popular, en Montejurra, en el 76, y que podía haber tenido algún papel determinante en Navarra y en algún otro punto–. En su momento, en el 76, ese carlismo popular era pro-autodeterminación y federalista, estaba por el socialismo autogestionado, en plan yugoslavo, y se integraba en los partidos de oposición al Régimen. Llegó a estar, creo incluso, en el momento fundacional de IU. Durante la Transi, el entonces heredero, Carlos Hugo, fue haciendo oposición a Juan Carlos. En cada momento en el que Juan Carlos se decantaba hacia una opción conservadora y de Régimen, emitía comunicado. Lo que era emitir presión. Emitir un eh-estamos-nosotros. Si todo esto falla, si esto se queda corto, estamos nosotros para emitir monarquía. Bien, pues esto es lo que ha hecho –por primera vez en décadas– Javier Borbón Parma en un comunicado. Es un texto que, necesariamente, tiene poco itinerario político y presencia en la realidad política y mediática. Salvo la de percibir un desgaste en la monarquía, un perceptible cambio de orientación en el negocio, del que surge ese comunicado, ese eh-estamos-ahí por si la metéis hasta el cuello. El comunicado explica el meterla-hasta-el-cuello. A saber: a) habla de un mundo global, en el que lo interno no existe ni es exportable ni traducible, b) habla del peligro de cerrarse a Europa, como UK y algunos países orientales, c) habla de partidos esp –que, por contexto conforman la derecha esp– que carecen de “servicio al bien común”, con un discurso que d) “abandona el diálogo para crear relato populista e identitario”, e) alude al concepto “Régimen del 78”, f) pondera favorablemente el Gobierno de coalición, g) aboga por el diálogo en política, h) aboga por el diálogo y una solución pactada en Cat, i) que “frente a los pueblos de las Españas (...) no podemos caer en politización de la justicia, ni judicialización de la política”. Y, j), viene a calificar de populismo a la oposición a este Gobierno de coalición. Vamos, que presenta, punto a punto, una monarquía diferente a la vitoreada en el Congreso. Y que, además de vitoreada, puede llegar a ser la bandera de un bando en esta guerra. Si no quiere serlo, ya está tardando. Más que su primo, el carlista. ¿Son primos, no?
1- Se va a liar la del pulpo. O, al menos, todo apunta a ello.
2- Si no les gusta la judicialización de la política, pues tomen dos cazos.
3- La judicialización es un objeto no deseable. Impide la vida...
Autor >
Guillem Martínez
Es autor de 'CT o la cultura de la Transición. Crítica a 35 años de cultura española' (Debolsillo), de '57 días en Piolín' de la colección Contextos (CTXT/Lengua de Trapo), de 'Caja de brujas', de la misma colección y de 'Los Domingos', una selección de sus artículos dominicales (Anagrama). Su último libro es 'Como los griegos' (Escritos contextatarios).
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