El 17 de noviembre de 2018, surgió en Francia un movimiento sin precedentes desde mayo de 1968. Cientos de miles de personas se movilizaron contra un aumento de la tasa al combustible anunciado por el gobierno de Emmanuel Macron. Si bien Francia ha sido históricamente un país de protesta, esta movilización apareció como algo innovador, inusual tanto en su composición sociológica como en sus modos de acción. Los manifestantes que vestían sus chalecos amarillos –que todos los automovilistas deben tener en el coche– venían de sectores populares poco acostumbrados a participar en movimientos sociales. Se podía encontrar desde trabajadores pobres a mujeres de clase trabajadora, pasando por jóvenes de entornos rurales.

Había una paradoja. Aunque los Chalecos Amarillos se centraron principalmente en cuestiones materiales  –a priori similares a las de los sindicatos– estos desconfiaban de las organizaciones sindicales tradicionales, o incluso las repudiaban. A pesar de la participación individual de muchos militantes sindicalistas en el movimiento, la relación no terminará nunca de cuajar. Ni siquiera tras algún tímido intento de acercamiento un mes después del inicio de las protestas. Hoy, los Chalecos Amarillos siguen juntándose en sus “actos” (jornadas de acción) cada sábado, pero las rotondas que ocuparon inicialmente han sido evacuadas y las manifestaciones semanales a menudo no reúnen ya más que a varios cientos de personas aquí y allá por todo el territorio.

El 17 de noviembre de 2018 cientos de miles de personas se movilizaron en toda Francia contra el aumento de la tasa al combustible

Para algunos, el movimiento de los Chalecos Amarillos era una señal más del debilitamiento y el aislamiento de los sindicatos franceses. En tan sólo tres meses, los Chalecos Amarillos le arrancaron al Gobierno lo que las confederaciones sindicales no habían logrado en treinta años: una subida indirecta de los salarios de casi 10.000 millones de euros. La sensación de humillación era aún más palpable tras una década de derrotas en las batallas sindicales, cuyas estrategias se habían revelado ineficaces frente a la agenda neoliberal aplicada por los gobiernos de izquierda y derecha. El presidente derechista Nicolas Sarkozy se jactaba alegremente en 2008 de que “cuando hay una huelga en Francia, ya nadie se da cuenta”.

Pero vaya si se nota. El país está prácticamente paralizado desde el pasado 5 de diciembre por las huelgas contra la reforma del sistema de pensiones, y es la ola más larga de huelgas continuas en la historia contemporánea francesa. Lanzado por los principales sindicatos, la CGT a la cabeza, el movimiento ya es histórico tanto por su nivel de apoyo, como por su composición y su duración. Si bien esta huelga tiene todas las características clásicas de una movilización social francesa, también es verdad que ocurre en un momento de grave crisis social y atrae a una serie de actores nuevos en la partida, entre ellos los Chalecos Amarillos.

La reforma de las pensiones

El sistema de pensiones que los trabajadores están luchando por defender está profundamente arraigado. El actual modelo de aseguración por repartición fue fundado tras de la Segunda Guerra Mundial por Ambroise Croizat, un ministro comunista y exmilitante de la Resistencia, que también estableció el sistema de Seguridad Social, “la Sécu”.

Desde hace setenta años, las pensiones funcionan según el principio de solidaridad intergeneracional, en el que las cotizaciones de los trabajadores activos financian los pagos a los pensionistas. Algunos sectores de trabajadores se benefician de “regímenes especiales” que les permiten jubilarse más temprano, debido a las condiciones más duras en las que trabajan o a características de su trabajo: desde trabajadores ferroviarios hasta operarios de instalaciones de alcantarillado, así como los bailarines de ópera.

El aumento de la esperanza de vida de la población francesa ha ofrecido a varios gobiernos el argumento para transformar dicho sistema. Desde principios de la década de 1990, se han introducido varias medidas para alargar los años de cotización necesarios para percibir la pensión completa. Pero no sin resistencias.

En 1995, el anuncio de la abolición de los “regímenes especiales” incendió el país: durante tres semanas, las huelgas en el sector público y el transporte, así como las movilizaciones masivas (con la participación de dos millones de personas, según el sindicato CGT) llevaron a Francia a la parálisis y la reforma fue finalmente abandonada.

Aun así, durante los años 2000, otros proyectos de reformas se han ido implementando, a pesar de las fuertes movilizaciones de contestación. Estas, sin embargo, sólo implicaban dimensiones técnicas, como alargar el periodo de cotización, y no los principios del conjunto del sistema.

Desde principios de la década de 1990, se han introducido varias medidas para alargar los años de cotización necesarios para percibir la pensión completa

El proyecto que defiende hoy el primer ministro Edouard Philippe, inspirado por un lobby activo de fondos buitre internacionales como BlackRock, pretende justamente transformar radicalmente el funcionamiento: Los trabajadores de todos los sectores tendrán que pagar por el mismo periodo y el cálculo de sus pensiones se basará en toda su vida laboral, incluidos los periodos de desempleo (a diferencia del cálculo actual, basado en sus veinticinco años mejor pagados, en el sector privado, o sus últimos seis meses, en el sector público). Y tendrán que seguir trabajando hasta por lo menos los sesenta y cuatro años de edad para recibir una pensión completa.

En julio de 2019, el Alto Comisario para las Pensiones, Jean-Paul Delevoye –que se ha visto forzado a dimitir el pasado 16 de diciembre por las revelaciones de un supuesto delito de conflicto de intereses por sus lazos con compañías aseguradoras–, avanza los primeros detalles del proyecto de ley. Los sindicatos convocaron una primera jornada de huelga el 13 de septiembre en el transporte público en París: se cerraron 10 de las 12 líneas de metro con conductor. 

Sumándose a la huelga

A pesar del aviso, el Gobierno no renuncia a su reforma. Las principales confederaciones sindicales deciden hacer un nuevo llamamiento a la huelga nacional, esta vez reconducible. 

La excepción fue la CFDT –la mayor confederación sindical de Francia. Desde la década de 1980, ha tomado un giro marcadamente reformista, defendiendo el “diálogo social” como su forma dominante de compromiso tanto con las empresas como con el Estado y convocando raramente a huelgas. En el pasado, ha suscrito una legislación controvertida que ha provocado profundas crisis internas y la salida de miles de miembros (como en 1995, por ejemplo).

La CFDT ha defendido durante años un sistema “universal” como el que propone el Gobierno, aunque no está de acuerdo con algunos detalles del plan de Macron, en lo que respecta a los trabajadores con condiciones de trabajo más duras y la “edad de pivote” para el pago de una pensión completa. La confederación se ha sumado a una sola jornada de movilización, y no a la llamada a la acción intersindical.

El 5 de diciembre los sindicatos de la RATP (metro y bus de París), la SNCF (red ferroviaria), de las escuelas públicas, Air France, los controladores aéreos, operarios de la energía, gas, refinerías, trabajadores de la Justicia y de la Policía, pero también trabajadores del sector privado y profesiones liberales (abogados) se movilizan de manera importante: se cancela el 90% de los trenes en toda Francia, 11 líneas de metro cerradas y hasta el 70% del personal de la enseñanza va a la huelga. Los días 5 y 17 de diciembre salen a la calle entre 615.000 y un 1,8 millones de personas, también en ciudades pequeñas y medianas, en un contexto en el que la represión es muy fuerte y la violencia policial está la orden del día, desanimando a mucha gente a manifestarse.

Desde entonces la huelga sigue adelante. Es cierto que la movilización se ha ido desinflando, dado el coste elevado de una huelga prolongada, pero mantiene un nivel significativo: entre los ferroviarios casi uno de cada tres trabajadores estaba en huelga el día de nochevieja y algunas líneas de metro siguen estando muy afectadas.

El apoyo de la opinión pública sigue siendo mayoritario, a pesar de la ofensiva mediática contra la huelga y las molestias que esta puede causar en el día a día

Cabe señalar, además, que la “renovación” de la huelga se refiere principalmente al transporte de la capital, mientras que en otros sectores afectados, como las escuelas, por ejemplo, el seguimiento ha demostrado ser mucho más incierto y coincide principalmente con las jornadas importantes de manifestaciones. En el sector privado, las huelgas son menos numerosas y se concentran principalmente en las grandes empresas.

Además, el apoyo de la opinión pública sigue siendo mayoritario, a pesar de la ofensiva mediática contra la huelga y las molestias que esta puede causar en el día a día. Desde el principio, los políticos y los medios de comunicación han intentado hacer pasar la huelga por un movimiento corporativista, a la vez que hacían concesiones a muchos grupos individuales (policías, controladores aéreos, bomberos, asistentes sanitarios, bailarines de ópera, etc.).

Si la opinión pública parece estar a favor de la abolición de los regímenes especiales, el Gobierno es simplemente incapaz de explicar por qué las reformas están destinadas a beneficiar al resto de la población. Así, tras más de un mes de huelga, el 63% de los franceses apoya el movimiento y el 75% desea que se retire parte o la totalidad del proyecto de la reforma, síntoma de que al Gobierno le resulta difícil explicar en qué beneficia la reforma al conjunto de la población.

¿Cultura de la huelga? 

Siendo uno de los países con mayor conflictividad laboral de toda Europa, se podría pensar que los franceses han acabado acostumbrándose a las huelgas que paralizan regularmente sus vidas cotidianas. Los tertulianos del establishment han llegado a inventar el concepto de “gréviculture” o “cultura de la huelga”, con el que no cesan de machacar a la opinión pública, mientras que los medios de comunicación presentan a los usuarios como rehenes de los huelguistas. ¿Estará calando dicho discurso en la sociedad?

Evidentemente, no todo el mundo participa de la misma manera en las huelgas. Desde los años 70, con la extinción progresiva de los bastiones obreros, como la fábrica de Billancourt de Renault, las huelgas han ido progresivamente concentrándose en el sector público. En un contexto de precarización de las condiciones de trabajo y de tercerización de la economía, los trabajadores franceses se movilizan poco, y cuanto más pequeña la empresa, menos propensos son a hacer huelga.

El número de días de huelga en el sector privado se redujo de más de 3 millones en los años 70 a entre 250.000 y 500.000 en los años 90 y 2000

En efecto, hoy en día, solo el 8% de los trabajadores franceses del sector privado están sindicados; según el sociólogo Jean-Michel Denis, el número de días de huelga en el sector privado se redujo de más de 3 millones en los años 70 a entre 250.000 y 500.000 en los años 90 y 2000. Las acciones de huelga también han perdido su ímpetu: los paros de menos de dos días aumentan mientras que los de más de dos días disminuyen. Los empleados favorecen cada vez más las formas de lucha más cortas o indirectas, como los paros, las peticiones, las ralentizaciones o el trabajo por encargo.

Sin embargo, aunque las huelgas han ido decayendo, en los últimos tiempos en los conflictos laborales los trabajadores siguen estando atados a esta forma de acción colectiva y a los sindicatos como forma de organización. También merece la pena señalar que la opinión pública está a niveles parecidos a aquellos del último gran conflicto contra la reforma de las pensiones del 95, cuando se logró abortar los planes del Gobierno.

Entonces se habló mucho de la “huelga por procuración”, huelga de algunos trabajadores apoyados por aquellos que no están en condiciones de permitirse dejar de trabajar. Actualmente, este formato parece ampliarse y las cajas de resistencia se llenan de donaciones a través de las redes sociales, logrando niveles sin precedentes. La mayor caja ha recibido más de dos millones de euros en un mes.

Se ha generado algo de debate en torno a esta cuestión, ya que esto permitiría tranquilizar las conciencias de trabajadores que donan dinero, y que hubieran podido participar más activamente en el conflicto. Non obstante, esto atestigua la concentración de rabias que subyacen alrededor de la cuestión de las pensiones.

El punto de convergencia

Incluso si la “reforma” no acaba unificando todas las pensiones, sí está sirviendo precisamente como elemento de articulación de un frente común de los diferentes sectores en lucha en su contra.

Un ejemplo ilustrativo es, de hecho, el caso de las trabajadoras de los servicios de emergencia: desde marzo del pasado año llevan encadenando jornadas de huelgas y movilizaciones. Sus acciones han terminado por encontrar el apoyo de diferentes servicios y niveles en la jerarquía hospitalaria.

No son pocos los profesores, empleados de la sanidad y estudiantes universitarios que acuden a los bloqueos en las cocheras de autobuses o del metro

A esto hay que añadir, igualmente, varias batallas en el sector de la enseñanza en los últimos meses: tras el movimiento en contra del nuevo sistema de acceso a la Universidad –que penaliza a los estudiantes con menores recursos–, los profesores de secundaria se negaron a corregir las pruebas del Bachillerato –equivalente a la PAU–, y rechazaban de frente un sistema que rompía con el principio de universalidad de este diploma como pasaporte para el acceso a la enseñanza superior. Más recientemente, las escuelas de Francia sufrieron un trauma a causa del suicidio en el lugar de trabajo de una directora de escuela primaria. En una lúcida carta, la maestra justificó su acción explicando cómo había ido desgastándose  por el aumento creciente de sus tareas y  la importante pérdida de recursos en la escuela.

Estos conflictos parecen reflejar una crisis social mucho más amplia, caracterizada por un incremento de la pobreza en Francia. En este contexto, no sorprende que una reforma que afecta a todos los asalariados genere una solidaridad generalizada, bien sea en la opinión pública o entre los piquetes. No son pocos los profesores, empleados de la sanidad y estudiantes universitarios que acuden a los bloqueos en las cocheras de autobuses o del metro. Tampoco han tardado tampoco mucho los Chalecos Amarillos en hacer acto de presencia ante la dinámica de la movilización general. ¿Pero se puede finalmente hablar de convergencia?

¿En busca de un nuevo impulso?

Con este movimiento de huelgas, los sindicatos han logrado al menos una victoria. Al lanzar un movimiento popular, intersectorial de huelga con un apoyo amplio en la población, las centrales –principalmente CGT y Sud – han demostrado que esta forma de conflictividad social sigue siendo relevante en Francia.

Si bien esto no tiene por qué marcar definitivamente una inversión de tendencia en la crisis de las organizaciones sindicales, sí debiera servir para matizar las profecías prematuras que anuncian a su defunción. También representa un revés para el Gobierno y su estrategia de menosprecio hacia estas organizaciones como actores claves en el diálogo social, que ha sido la regla desde la reforma laboral de 2017.

¿Pero significa esto que el movimiento sindical se ha convertido en un elemento más en el espacio de la contestación –junto con los movimientos que se salen de estos esquemas, como los Chalecos Amarillos o el movimiento altermundialista, los movimientos ecologistas u organizaciones civiles?

La respuesta no está clara. Aunque parte de los Chalecos Amarillos llamaron públicamente a unirse a las movilizaciones sindicales, converger con estas diferentes dinámicas de contestación y conflicto no parece ser una prioridad para los sindicatos.

El 3 de noviembre de 2019, Chalecos Amarillos de toda Francia se reunieron en una “asamblea de asambleas” en la cual votaron una resolución que animaba a participar en la huelga del 5 de diciembre. No resulta tan sorprendente, ya que, a lo largo de todo este año, muchos Chalecos Amarillos acabaron haciendo suyos eslóganes típicos de los sindicatos, por la subida de los sueldos o contra las privatizaciones. De la misma manera, han sufrido la represión en sus puestos de trabajo, mediante amenazas de despido por su apoyo o participación al movimiento.

Aunque el secretario general de la CGT, Philippe Martinez, consideró positivamente dicha resolución, esto no se ha traducido en una voluntad de diálogo oficial entre los sindicatos y los Chalecos Amarillos. Los lazos se tejen, sin embargo, por la base, sobre todo en las ciudades medianas, como en una jornada acción el 28 de diciembre. Podemos señalar dos factores a tener en cuenta para entender esto.

Aunque los sindicatos llaman a todo el mundo a participar en sus días de acción, siguen estando divididos y son generalmente poco proclives a mezclar las luchas

Por un lado, los Chalecos Amarillos se han ido fragmentando en una multitud de fuerzas activas. Algunos han tomado una ruta “comunalista”, proyecto de inspiración libertaria, sostenido por el grupo de Commercy. Otros han anunciado la creación de un “lobby ciudadano”, que coordine luchas locales mediante la acción de colectivos ciudadanos independientes. Por fin, otros mantienen una coordinación en el marco de la “asamblea de asambleas”, persistiendo en las formas de militancia ensayadas y probadas de manifestaciones y ocupaciones de rotondas.

Otros tantos han dejado de lado sus chalecos, aunque participan activamente en cantidad de causas y grupos que se movilizan en el conflicto. Aunque los sindicatos llaman alegremente a todo el mundo a participar conjuntamente en sus grandes días de acción, siguen estando divididos (recordemos que la CFDT no acaba de engancharse al movimiento) y son generalmente poco proclives a mezclar las luchas. Las confederaciones no financian ellas mismas las cajas de resistencia y tampoco invitan a sus militantes a participar en otros combates que no sean los propios, con sus propias demandas.

El momento está sembrado de interrogantes. Si tras mes y medio de conflicto sobre las pensiones, el movimiento parecía mostrar signos de fatiga, otros sectores parecen relanzar la contestación y darle aire. Así, las profesiones liberales y los trabajadores de las refinerías llamaron a sumarse al movimiento el 9 y 11 de enero.

Ahora que las aspiraciones sindicales de cara a una huelga general parecen estar creciendo de nuevo, las distintas formas de movilización social parecen coexistir más que federarse. Frente a una misma ofensiva neoliberal autoritaria, encarnada por un Gobierno que pretende imponer su único y sacrosanto programa, sólo cabe esperar que las organizaciones sindicales estén a la altura y sepan adaptar su rol a los nuevos tiempos y a estas dinámicas.

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Maxime Quijoux es sociólogo y politólogo, investigador del CNRS. Guillaume Gourgues es profesor e investigador en la Universidad de Lyon II.

Traducción de Luis Emaldi. 

Este artículo se publicó originalmente en inglés en Jacobin.