“Donde la prensa es libre y todo hombre es capaz de leer, todo está a salvo”
Thomas Jefferson

“No cojo ni un solo periódico, ni siquiera leo uno al mes, y me siento infinitamente más feliz por ello”.
Thomas Jefferson

La crisis de los medios de comunicación lleva camino de asimilarse a la del teatro, ese género con una mala salud de hierro que lleva agonizando –en teoría– al menos desde el estreno de La venganza de Don Mendo. No es que no exista, por supuesto (al menos la de los medios). Es más, si hay alguna discrepancia de análisis sobre el estado actual del sector en España es sobre el número de crisis que soporta. Son graves, desde luego, la laboral (no solo el paro, sino una precariedad que roza la servidumbre de la gleba) y la económica. Pero como alivio de la primera, por primera vez en la Historia, o desde el estreno de La venganza… nunca hubo tantas empresas, o proyectos periodísticos, creadas por profesionales, lo que compensa –o es consecuencia– que nunca hubo tan pocos editores profesionales gestionando los medios. O en realidad, tan pocos editores, dada la enorme concentración existente. Y como consuelo de la segunda, tenemos la ventaja de que, al contrario de otros sectores afectados por los cambios tecnológicos o los signos de los tiempos, nuestro “producto” sigue teniendo demanda. 

Aunque roce la frivolidad jerarquizar las miserias, el deterioro en los aspectos profesionales es incluso más grave que en los económicos, porque no son coyunturales, y ya existían en tiempos de vacas gordas. Es bien sabido que los periodistas, después de los políticos, y a la par de los miembros de la judicatura, son las profesiones que más han caído en picado en la apreciación social desde que se puede opinar. No creo que haga falta detallar las razones de la caída en desgracia de la clase política, y en cuanto a la justicia, además de sus propios méritos para el descrédito, de su paso por ella siempre sale descontenta una de las partes, cuando no las dos. Pero ¿a qué se debe la pérdida de confianza en los medios o en sus profesionales?

Paradójicamente, la sociedad española tiene unos estándares nórdicos de valoración de la importancia de los medios de comunicación, según el Pew Research Center. Lo malo es que la confianza en ellos se sitúa en la parte sur, y no solo en lo geográfico. Incluso, al igual que en Suecia y Dinamarca, no hay apenas diferencia en la apreciación entre el público de derechas y el de izquierdas, mientras hay un abismo entre la confianza de quienes mantienen posiciones populistas (26%) y aquellos que no (51%). 

Al tiempo, seis de cada diez españoles, según el PRC, piensa que los medios no informan de manera equilibrada, un porcentaje únicamente superado en Grecia, y similar al de El Líbano, Corea del Sur o Chile.  

Esa desconfianza hace que las fuentes informativas en las que beben los españoles difieran bastante de las del europeo medio. Aquí también se puede hablar de dieta mediterránea, porque solo en España e Italia Google y Facebook compiten con los medios tradicionales, y en los tres países del sur de Europa es donde la audiencia de los medios públicos es menor, al menos en el análisis que hacía el PRC en 2017.

Los españoles no solo no se fían de sus medios: los acusan de echar leña al fuego. Según el barómetro del CIS de octubre de 2018, el 13,6% de los encuestados atribuían la crispación política a los medios/los periodistas (a los políticos el 52,3%, pero a los siguientes chivos expiatorios de la lista, empresarios y poderes económicos, solo los acusaba el 2,5%). 

En resumen, el espectáculo de ilusionismo que practican los medios mainstream y buena parte de los organismos profesionales, que con una mano agitan la bandera de la libertad de expresión y sacan la pancarta contra la crisis el día del patrón, mientras con la otra ejecutan, más o menos en la oscuridad, maniobras para ejercer su influencia o proteger sus negocios, funciona relativamente. Pero de momento, esa parece ser la única estrategia realmente existente. The show must go on.

¿Hay alternativas? Claro. La primera, e inmediata, es la derogación de la Ley Mordaza, responsable, en buena aunque no en única medida, de que en el Mapa de la Libertad de Prensa en 2019 de Reporteros sin Fronteras, España ocupe el puesto 29 de 180 países. Es la mitad de la zona amarilla, calificada como “satisfactoria”, que no lo es tanto si tenemos en cuenta que están delante no solo Portugal (12), sino los menos obvios Jamaica (8), Costa Rica (10), Estonia (11), Surinam (20), Samoa (22), Namibia (23), Cabo Verde (25) y Ghana (27). La vieja Ley Mordaza y la nueva, la Digital. Es paradójica la coexistencia de esa ley con la resolución de Bruselas que insta a “proteger la libertad de los medios de comunicación y la libertad de expresión en las artes contemporáneas, promoviendo la creación de obras de arte que den voz a las preocupaciones sociales, alienten el debate crítico e inspiren una contranarrativa”.

Las demás medidas deberían ser el resultado de un debate entre las partes interesadas, siempre que a las partes no les interese únicamente dejar las cosas como están, o practicar el gatopardismo, esa actitud que la aristocracia siciliana aprendió sin duda durante la dominación española. Hay una serie de recomendaciones, considerandos y normas que han venido elaborando distintas instancias europeas los últimos años, y cuya aplicación en España ha sido como si tocasen el tambor. Las conclusiones del Grupo de Alto Nivel (HLG) sobre Pluralismo y Libertad de los Medios de Comunicación, de la Comisión Europea, de enero de 2013; las conclusiones del Consejo y de los Representantes de los Gobiernos de los Estados Miembros, sobre la libertad y el pluralismo de los medios de comunicación en el entorno digital (febrero de 2014) o la resolución del Parlamento Europeo, de 3 de mayo de 2018, sobre pluralismo y libertad de los medios de comunicación en la UE. 

El Consejo Estatal de Medios Audiovisuales

El HLG y, un año después, el Consejo de Representantes de los Estados miembros, instaban a los Estados a tener “consejos de medios de comunicación independientes, con una afiliación política y culturalmente equilibrada y socialmente diversa. Sus candidaturas deberán ser transparentes, con una función de control y equilibrio. Estos consejos tendrían competencias para investigar quejas, pero también comprobarían que las organizaciones de medios publicaran un código de conducta y revelaran detalles sobre la propiedad, las declaraciones de conflictos de interés, etc. Deberían tener poderes de aplicación real, como la imposición de multas, la obligación de publicar o transmitir disculpas, o la eliminación del estatus de periodista”. El Estado miembro Reino de España no solo no tiene una autoridad reguladora audiovisual, independiente o no, sino que el Consejo Estatal de Medios Audiovisual (CEMA), previsto en la Ley General de la Comunicación Audiovisual de 2010, se lo cargó el Gobierno de Rajoy en 2012. Sus funciones pasaron a integrarse en la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, siguiendo una lógica parecida a la que permite a las Juntas Electorales regir lo que no saben, es decir, el seguimiento informativo de las campañas. 

Un organismo corregulador

A raíz del escándalo de las escuchas del News of the World –o de su descubrimiento público, porque sus métodos ya eran conocidos–, el ejecutivo británico encargó una investigación sobre la cultura, las prácticas y la ética de la prensa británica a Sir Brian Leveson Henry, un juez retirado. Después de interrogar durante casi dos años a cerca de 400 personas (periodistas, políticos, policías, celebridades), la primera conclusión a la que llegó es que la Press Complaints Commission (PCC), el organismo autorregulador, “a pesar de haberse establecido como un regulador y, por tanto, haber creado ciertas expectativas, realmente no es un regulador. En realidad, es un organismo para tramitar quejas”. No sé lo que habría opinado de la Fundación que en España se ocupa de estas cosas. En su meticuloso informe (1.985 páginas), el juez británico concluía que el organismo debería “escuchar las quejas de los individuos contra aquellos que incumplen los estándares y ordenar rectificaciones apropiadas, al mismo tiempo que anima a los periódicos a que internamente traten las quejas de forma más rigurosa; tener un papel más activo a la hora de promover altos estándares, incluyendo la facultad para investigar los incumplimientos serios y sistemáticos e imponer las sanciones adecuadas, y ofrecer un servicio de arbitraje justo, rápido y barato para gestionar cualquier demanda civil que afecte a las publicaciones de sus miembros”. 

Financiación y Publicidad

Las conclusiones del HLG, por ejemplo, recomendaban que cualquier financiación pública a organizaciones de medios debían basarse en criterios no-discriminatorios, objetivos y transparentes que se hubiesen dado a conocer con antelación a todos los medios de comunicación. Sin embargo, la actual Ley de Publicidad y Comunicación Institucional de 2005, además de afectar únicamente a la Administración General del Estado, no especifica los criterios de adjudicación (y permite interpretaciones como la que hizo el Ministerio de Sanidad en 2012, otorgando a La Razón más del doble de la inversión publicitaria que a El País). 

A la hora de acordar ayudas económicas, las instituciones no deberían atenerse solo al principio darwinista de reforzar a los medios más fuertes (sobre todo en un momento en el que las mediciones de audiencia son más que interpretables) y tendrían que primar la diversidad de miradas, el pluralismo territorial y lingüístico, la calidad del empleo de los medios, la existencia y publicación del código de conducta, la transparencia –y biodiversidad– en la propiedad… en consonancia con la resolución aprobada por el Parlamento Europeo en mayo de 2018, en la que se pedía una especial atención “al acceso de las minorías, las comunidades locales y regionales, las mujeres y las personas con discapacidad a los medios de comunicación” y destacaba “que todos los ciudadanos tienen derecho a acceder a información independiente en su lengua materna, ya se trate de una lengua estatal o de una lengua minoritaria”. 

Licencias y contrataciones

Una función esencial del resucitado Consejo Audiovisual sería cumplir el encargo del Europarlamento de comprobar si los Estados miembros asignan licencias de emisión conforme a criterios objetivos, transparentes, proporcionales y no discriminatorios. El texto que la Cámara europea transmitió a la Comisión recomendaba también prohibir en la contratación pública la participación de empresas cuyo propietario en último término también sea propietario de una empresa de medios de comunicación, o que, como mínimo, sea totalmente transparente. Asimismo, propone exigir a los Estados miembros informar periódicamente sobre toda la financiación pública de las empresas de medios de comunicación y que se controle con regularidad toda la financiación pública puesta a disposición de los propietarios de medios; y por supuesto, que esos propietarios “no deben haber sido condenados o declarados culpables de ninguna infracción penal”. 

En el tema de licencias, el nuevo Gobierno debería remediar el limbo legal en que sobreviven, o no, los medios de comunicación comunitarios, que llevan una década esperando que se desarrolle la Ley General Audiovisual y contemple su caso. 

Comités de informativos

“Me quedé pasmado ante los testimonios de periodistas que sintieron que podían haber sido presionados para hacer cosas que no eran éticas o que iban en contra del código de conducta. Por tanto, creo que el nuevo organismo independiente de autorregulación debe establecer una línea directa de denuncias y animar a sus miembros a incluir en los contratos de los redactores cláusulas de conciencia para protegerles en caso de negarse a hacer algo”.

El Lord Justice Leveson, un veterano de los tribunales penales, sufriría un auténtico shock si supiese que cinco de cada diez periodistas españoles han sido presionados en alguna ocasión y tres de cada diez varias o muchas veces. Y que en las tres cuartas partes de los casos, las presiones han sido efectivas. En seis de cada diez ocasiones, las presiones venían de sus propios directivos, y en una de cada dos, el motivo era la noble defensa de los intereses de los directivos/la empresa, según el Informe anual de la profesión periodística 2018 de la APM. Leveson, en sus conclusiones, hacía recomendaciones como que la Guía de la Asociación de Jefes de Policía (los máximos responsables de Scotland Yard tuvieron que dimitir por no haber investigado las denuncias de malas prácticas) “debe explicar más al detalle los riesgos de consumir alcohol en el contexto de una invitación informal (sin que necesariamente haya una prohibición total)”. En el contexto español, quizá sea más efectivo que los medios de comunicación se tengan que dotar de un comité de informativos, elegible por sufragio universal entre los informadores, y del que no pueden formar parte miembros del equipo directivo. 

Ley Orgánica de Garantías del Derecho a la Información de la Ciudadanía (LOGDIC)

Las demandas anteriores son tan evidentes que, con anterioridad a las resoluciones europeas, ya aparecían recogidas en un borrador de una Ley Orgánica de Garantías del Derecho a la Información de la Ciudadanía (LOGDIC) que el Foro de Organizaciones de Periodistas, que integran los sindicatos del sector y los dos Colegios profesionales existentes entonces, el de Cataluña y el de Galicia, presentó en 2004 a los grupos parlamentarios y al presidente del Congreso. Hasta ahora, sin respuesta. La LOGDIC tendría que definir la figura del periodista profesional, es decir quién lo es y quién no (ahora lo es todo aquel a quien contrate, o le deje escribir, una empresa) y del freelance y colaborador, y establecer sus derechos y deberes. Entre ellos, los derechos de autoría (en España son del medio, no del periodista), la cláusula de conciencia y el secreto profesional. 

También los derechos de la ciudadanía, tanto el de acceder a una información precisa y plural como a poder defenderse de aquella que no lo sea y le afecte personalmente. Como escribió Sir Barry Leveson, “el precio de la libertad de prensa no deban pagarlo aquellos que sufren, de forma injusta y atroz, a causa de los medios de comunicación, y no tienen suficientes mecanismos para obtener una reparación. No existe profesión organizada, comercio o industria en la que los fallos serios de unos pocos se pasen por alto debido a las cosas buenas que hace la mayoría”. 

La nueva mayoría de gobierno tiene la obligación de acometer esas reformas solicitadas desde las instancias europeas. “Las autoridades tienen el deber no solo de abstenerse de aplicar restricciones a la libertad de expresión, sino también la obligación positiva de adoptar un marco regulador y jurídico que fomente el desarrollo de unos medios de comunicación libres, independientes y pluralistas”, dice una de las conclusiones aprobados en el Parlamento Europeo en mayo de 2018. En todo ese debate necesario, es preciso que estén representados los sectores afectados. Se supone que los grupos parlamentarios encarnan la voluntad popular, pero no estaría de más que la sociedad civil participase de alguna forma. Y, desde luego, los editores no representan a los periodistas (sobre todo porque, según advierte el Observatorio del Pluralismo de los Medios de la Comisión Europea, “la propiedad de los medios de comunicación sigue estando muy concentrada, lo que constituye un riesgo considerable para la diversidad de la información y los puntos de vista representados en los contenidos mediáticos”). 

Claro está que existe otra alternativa. La clásica en la gobernación española que llevó a Noel Clarasó a definir a un hombre de Estado como aquel que se pasa la mitad de su vida haciendo leyes y la otra mitad ayudando a sus amigos a no cumplirlas.