En los últimos años, las políticas neoliberales han apostado por el debilitamiento de la progresividad tributaria que, unida a la reducción y privatización de las políticas de gasto, han conllevado un proceso de redistribución regresiva de la riqueza con el aumento consiguiente de las desigualdades sociales y de los niveles de pobreza. 

Las consecuencias no se producen únicamente en el ámbito económico, sino también en el social y  en el político. El informe realizado recientemente por el relator de la ONU señala los graves problemas distributivos y de cohesión social que padece la sociedad española, y resalta la intensificación de algunas tendencias racistas y xenófobas que en estos momentos son vitoreadas por los partidos de la derecha más o menos extrema.

No cabe duda: las políticas neoliberales aplicadas en España en las últimas décadas por gobiernos del PP y del PSOE  han servido para concentrar la riqueza en las élites económicas y financieras, deteriorando las rentas del trabajo  y beneficiando a las rentas del capital.

Por ello, cuando se habla de la contribución fiscal de un país, y de si esta es excesiva o no, deberíamos preguntarnos previamente sobre por qué y para qué hay que contribuir fiscalmente, y quién y cómo se contribuye. 

El análisis del sistema fiscal (y presupuestario) de un país responde a estas preguntas y tiene que definir los gastos públicos que un Estado debe financiar (que hay que definir y cuantificar) dando respuesta, entre otros, a los fallos que devienen del mercado: inestabilidad del ciclo económico, la existencia de bienes públicos, las externalidades, la competencia imperfecta o la distribución desigual de la renta. Debe señalar también quién debe contribuir y en función de qué criterios económicos y de justicia social, siempre dentro de un continuo entre mayor o menor equidad horizontal (contribuyen igual, independientemente de la fuente de renta o riqueza) y vertical (contribuye más aquel que más tiene). 

Lo importante para la clase ociosa es que no le “quiten” su dinero, su riqueza, y aún menos si es para dárselo a las clases asalariadas. Detrás obviamente hay una visión de la justicia social que desatiende

No todas las políticas, sean neoliberales o de izquierda, ponen el mismo acento en la necesidad de gasto público y por lo tanto de ingresos públicos. La política neoliberal dominante acepta a regañadientes una intervención mínima del Estado, la indispensable, como puede ser las políticas de  defensa, orden público, justicia, casi siempre todas ellas en defensa de la sacrosanta propiedad privada (del beneficio privado). Y antepone como estrategia de política económica la reducción del gasto público y, con ello, la contribución fiscal.  No hay que gastar en todo aquello que pueda proveer el mercado (para ellos casi todo) y así no hay que recaudar.

En términos macroeconómicos, las fuerzas neoliberales defienden que el aumento de los impuestos es siempre negativo para el crecimiento económico, y avalan como mecanismo de aumento del PIB aquellas políticas que reduzcan o privaticen el volumen de gasto público a través del endemoniado déficit público.

Lo importante para la clase ociosa es que no le “quiten” su dinero, su riqueza, y aún menos si es para dárselo a las clases asalariadas. Detrás obviamente hay una visión de la justicia social que desatiende, más allá de la caridad, las necesidades humanas o, tal y como señalan Martha Nussbaum y Amartya Sen, la evaluación de la capacidad sustantiva del individuo; y donde sobresale esa visión nietzscheana de la igualdad como algo artificial que nace de la envidia y “la hostilidad de las plebes para todo cuanto es privilegio y soberano”.

Es esta política neoliberal la que está detrás, entre otras, de la independencia del Banco Central Europeo (que monopoliza la producción de dinero y fija la inflación, y no el pleno empleo, como objetivo de la política monetaria), y del llamado techo de gasto y control del déficit público, que desata las pasiones más incontroladas de los representantes tecnócratas de los gobiernos en la Comisión Europea.

Así, si por distintos motivos el volumen de gasto público de un Estado presenta tensiones al alza –política de dependencia, necesidades del sistema de pensiones, políticas anti cíclicas, necesidades de gasto en educación o sanidad–, la Comisión Europea frenará semejante “derroche”, fijando un techo de gasto y consiguientemente un déficit público, atendiendo a la capacidad de recaudación que tenga la estructura tributaria de ese país.

En el fondo la idea es la siguiente: no se puede gastar para mejorar las condiciones de vida y de trabajo de las clases trabajadoras porque esto exigiría aumentar la contribución fiscal de la población y por lo tanto, siguiendo un criterio mínimo de progresividad, contribuirán  más  los que más tienen. De hecho, ante la necesidad de contribución fiscal, los neoliberales, si no queda otro remedio, se aferran sobre todo a los impuestos sobre el consumo que, precisamente, son los más regresivos.

Conviene resaltar, para que no haya dudas, que no hay evidencias empíricas acerca de que este control del déficit público sea positivo para el crecimiento económico o la creación de empleo, más bien al contrario; no se puede olvidar que realmente no hablamos de ciencia sino de ideología.

Es evidente que el Estado español presenta una estructura tributaria muy endeble. No solo por el alto porcentaje de economía sumergida o las facilidades para la evasión, la elusión, o el fraude fiscal…, sino también porque el proceso regulador que se ha seguido en las últimas décadas en materia tributaria ha supuesto una evidente reducción de los niveles de equidad horizontal y vertical, con el consiguiente aumento de las desigualdades sociales y la pobreza.

Para atender las necesidades presupuestarias, como son  la financiación del sistema de pensiones, las políticas en materia de dependencia, la sanidad y la educación públicas, el empleo de calidad, la investigación, el desarrollo y la innovación (I+D+i), las  inversiones productivas y energéticas públicas, y reducir la pobreza y los niveles de desigualdad social se necesita una potente reforma fiscal y aumentar los impuestos de los más ricos, junto con una reducción, incluso, de ciertos impuestos que crean desigualdad en la distribución de la renta, como el IVA, canalizando de esta forma los excesos de captación de rentas y riqueza de una parte mínima de la población o los altísimos beneficios de las empresas que actúan prácticamente en régimen de oligopolio hacia la financiación de estas políticas públicas. 

Sin esta reforma fiscal el aumento del gasto público per se chocará no solo con los preceptos de la Comisión Europea, sino con un sistema tributario endeble, insuficiente e injusto, haciendo recaer la financiación de los gastos públicos en la clase trabajadora. Es decir, sin mayor contribución fiscal de las clases más altas la redistribución se realiza intra-clase, dentro de la propia clase trabajadora, quitando renta a los trabajadores con empleos más dignos, para dárselo a los trabajadores con empleos más precarios o en desempleo.

Estimular el crecimiento económico y evitar la desaceleración  exige actuar con la política fiscal y la política de rentas de manera diferente a la empleada en los últimos años y dejar atrás las rebajas fiscales a las rentas del capital y las limitaciones que vienen de la Comisión Europea.

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Ramón Górriz es presidente de la Fundación 1 de Mayo.

Vicente López es director del Instituto Sindical Trabajo, Ambiente y Salud.